STC6100-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6100-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00522-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 29 de marzo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Alfonso Agudelo Herrera, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento y la Fiscal\u00eda Local de Apoyo 14 CAVIF, ambos de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-05630. <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Seg\u00fan se extrae del escrito inicial y los anexos, el ac\u00e1 actor, producto de la aceptaci\u00f3n voluntaria de cargos en sede de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, fue condenado a la pena de 36 meses de prisi\u00f3n (sin subrogados ni beneficios punitivos) por el delito de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb (radicado 2015-05630) mediante sentencia del 2 de diciembre de 2020 proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Villavicencio, confirmada en su integridad en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de ese Distrito Judicial el 16 de febrero de 2021 (providencia contra la cual no se interpuso el recurso de casaci\u00f3n). <\/p>\n
Dirigi\u00f3 el accionante su queja contra las referidas decisiones por cuanto, en primer lugar, desatendieron su manifestaci\u00f3n de retractaci\u00f3n al allanamiento, dado que no existi\u00f3 una correcta explicaci\u00f3n por parte de la fiscal\u00eda sobre las consecuencias jur\u00eddicas de la aceptaci\u00f3n de la responsabilidad. <\/p>\n
Similar reproche formul\u00f3 respecto de la abogada defensora que lo asisti\u00f3 en el tr\u00e1mite, Edna Julieth Ruiz G\u00f3mez, de quien afirm\u00f3 que no lo asesor\u00f3 ni inform\u00f3 debidamente pues, aqu\u00e9lla le habr\u00eda indicado que aun acogi\u00e9ndose a los cargos podr\u00eda acceder a los beneficios de suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena o de la prisi\u00f3n domiciliaria, lo cual no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Es decir, sostuvo que, su voluntad \u00aben la aceptaci\u00f3n de cargos, estuvo determinada por un error, a consecuencia de una equivocada explicaci\u00f3n, pues no fui informado de manera adecuada sobre las consecuencias de la aceptaci\u00f3n [\u2026] como lo manda el art\u00edculo 16 de la ley 1826 de 2017 [\u2026] no tuve la informaci\u00f3n necesaria y suficiente para tomar tan grave decisi\u00f3n en mi contra y esta falencia tampoco fue advertida por el juez correspondiente (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, como explicaci\u00f3n de la tardanza para interponer el presente amparo, adujo que se debi\u00f3 a que elev\u00f3 en el mes de marzo de 2021 solicitud de acceso al expediente y a los registros de audios de las diligencias realizadas en el proceso, obteniendo respuesta solo hasta el 15 de diciembre de esa anualidad. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 que se deje sin efecto \u00abla aceptaci\u00f3n de cargos del suscrito accionante respecto del delito de violencia intrafamiliar […] y las consecuentes sentencias de diciembre 2 de 2020 del Juzgado 7 Penal Municipal y de febrero de 16 de 2021 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio (\u2026) ordenar a los accionados cumplir con el procedimiento que corresponda teniendo en cuenta la p\u00e9rdida de valor del allanamiento\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Una magistrada integrante de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio, defendi\u00f3 la sentencia que le correspondi\u00f3 proferir a esa corporaci\u00f3n que, en lo que es objeto puntual de la queja, analiz\u00f3 lo concerniente a la retracci\u00f3n del allanamiento por parte del procesado, llegando a la conclusi\u00f3n en aqu\u00e9lla oportunidad que, no existi\u00f3 una afectaci\u00f3n de su consentimiento y que su manifestaci\u00f3n voluntaria de aceptaci\u00f3n estuvo debidamente informada, pues \u00ab(\u2026) cont\u00f3 con la asesor\u00eda de una abogada de confianza [y] le fueron explicadas de manera detallada las consecuencias del allanamiento (\u2026)\u00bb. De otro lado, sostuvo que la demanda tutelar incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Edna Julieth Ruiz G\u00f3mez, quien fuere abogada defensora de Agudelo Herrera en el referido tr\u00e1mite penal adujo que, contrario a lo se\u00f1alado por este, su actuaci\u00f3n fue diligente, comprometida y brind\u00f3 una asesor\u00eda t\u00e9cnica adecuada, pese a las dificultades para comunicarse en muchas ocasiones con \u00e9l; adem\u00e1s, formul\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Provincial de Villavicencio, destac\u00f3 que no intervino en la causa en cuesti\u00f3n como Ministerio P\u00fablico, sino que la representaci\u00f3n de este estuvo a cargo de la Personer\u00eda Municipal. <\/p>\n
4. La Fiscal 11\u00aa Local de esa ciudad, tras relacionar lo acontecido en el tr\u00e1mite penal resalt\u00f3 que, al momento de la diligencia de imputaci\u00f3n de cargos, garantiz\u00f3 que el imputado entendiera la comunicaci\u00f3n y las eventuales consecuencias de su aceptaci\u00f3n, adem\u00e1s, aqu\u00e9l estuvo asistido por una profesional del derecho por lo que \u00abno observ\u00f3 deficiencia, coerci\u00f3n o alteraci\u00f3n alguna en el procesado\u00bb <\/p>\n
5. La Personer\u00eda Municipal de Villavicencio, sostuvo que ning\u00fan derecho fundamental del actor vulner\u00f3 con su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los requisitos de inmediatez y subsidiariedad; del primero porque \u00abla censura tuitiva se presenta transcurrido m\u00e1s de 1 a\u00f1o despu\u00e9s de la expedici\u00f3n de la determinaci\u00f3n del tribunal accionado (\u2026)\u00bb; y, del segundo, porque no recurri\u00f3 dicha sentencia a trav\u00e9s del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el quejoso reiterando la argumentaci\u00f3n del escrito inicial, es decir, insistiendo en las falencias que tuvo su defensora al asesorarlo respecto de las consecuencias de la aceptaci\u00f3n de cargos. De otro lado, refut\u00f3 los criterios que tuvo la Sala a quo para desestimar el resguardo puesto que, frente a la inmediatez, recalc\u00f3 que para presentar la demanda resultaba indispensable acceder al expediente y en concreto a los registros de la audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n y, en lo que a la falta de interposici\u00f3n del recurso extraordinario se refiere, lo justific\u00f3 en la \u00abfalta de medios econ\u00f3micos [pues] no le ha sido posible pagar los honorarios de manera adecuada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y si se cumple con el requisito de la subsidiariedad; y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas por el querellante al condenarlo a la pena de 36 meses de prisi\u00f3n por el delito de violencia intrafamiliar (sentencia de segunda instancia del 16 de febrero de 2021) desatendiendo su manifestaci\u00f3n de retractarse del allanamiento a los cargos. <\/p>\n
2. Presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La Corte ha se\u00f1alado que la tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una v\u00eda sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico ha consagrado para salvaguardarlos. <\/p>\n
En ese sentido, se ha destacado la necesidad de verificar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, en forma previa a efectuar cualquier otra consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido en la tutela, toda vez que ellos se erigen en requisitos esenciales del mecanismo, que definen si se est\u00e1 en presencia de un asunto susceptible de protecci\u00f3n en esta sede de naturaleza excepcional. Tambi\u00e9n ha insistido la Corte en que a falta de cualquiera de los aludidos presupuestos debe negarse la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
3. La inmediatez. <\/p>\n
3.1. Este principio impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de un semestre a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Este postulado, ciertamente no se cumple en la presente acci\u00f3n, dado que, desde la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Villavicencio que confirm\u00f3 la condena del ac\u00e1 actor el 16 de febrero de 2021, respecto de la formulaci\u00f3n de la presente demanda constitucional el 11 de marzo de 2022, se super\u00f3 con amplitud el t\u00e9rmino se\u00f1alado como razonable por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n tempestiva de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de embates contra providencias judiciales. <\/p>\n
3.2. Ahora, el interesado expuso que la demora para acudir a la salvaguarda se explica en que solo pudo tener acceso al expediente del proceso en diciembre del a\u00f1o pasado, luego de elevar en dicho sentido varias solicitudes a las autoridades cognoscentes. <\/p>\n
Ciertamente, dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones suficientes que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por condiciones como la interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, las referidas situaciones no se probaron ni se alegaron por parte del actor, pero adem\u00e1s, la circunstancia a partir de la cual aqu\u00e9l pretendi\u00f3 exculpar su tardanza para acudir al amparo, como lo indic\u00f3 la Hom\u00f3loga a quo, no resulta suficiente para prescindir de dicho an\u00e1lisis, pues el solo hecho de no acceder al expediente no es obst\u00e1culo para formular la acci\u00f3n si en cuenta se tiene que los elementos de soporte de la queja bien los pudo solicitar con la misma demanda, sin descartar la posibilidad de que fuere el mismo juez de tutela quien los requiriera a los accionados como insumo para resolver sobre lo pertinente, si es que respecto de ellos el gestor dirige con \u00e9nfasis el reclamo. <\/p>\n
4. De la incuria. <\/p>\n
Por otra parte, como raz\u00f3n adicional del fracaso del auxilio, especial menci\u00f3n debe efectuarse al descuido que se advierte del tutelante y su defensa relativo al agotamiento del recurso de casaci\u00f3n, que bien pudo interponer contra la sentencia del ad quem, mecanismo id\u00f3neo con que contaba para plantear ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n sus reproches frente a la actuaci\u00f3n procesal y las irregularidades que, supuestamente, incidieron en su allanamiento a cargos. En lo atinente, esta Corte ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
Igualmente ha referido que, <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
De manera que, ante el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que exist\u00edan al interior del juicio penal no puede esta justicia excepcional erigirse como remedio \u00faltimo para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los recursos o los medios de defensa judiciales legalmente establecidos, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En definitiva, el car\u00e1cter intempestivo de la s\u00faplica y el desperdicio de los medios de defensa legalmente previstos por el ordenamiento, requisitos generales de la protecci\u00f3n rogada, son criterios suficientes que conducen indefectiblemente a ratificar su improcedencia, por lo cual, no hace falta an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas, sin duda condicionadas a la superaci\u00f3n de estos presupuestos. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Se confirma la improcedencia del auxilio porque, el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n criticada, sin que se advierta una raz\u00f3n que justifique dicha tardanza. <\/p>\n
5.2. Adicionalmente, el tutelante actu\u00f3 con incuria porque no recurri\u00f3 por v\u00eda de casaci\u00f3n la providencia que en segunda instancia confirm\u00f3 su condena, desaprovechando la posibilidad de plantear las alegaciones que por este mecanismo propone ante el \u00f3rgano de cierre de la justicia penal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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