STC6105-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
STC6105-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01456-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Edgar Enrique Sandoval Castro le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado Doce Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a Axa Colpatria Seguros S.A. y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00192. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, pidi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara a las autoridades querelladas \u00abrevocar los autos proferidos dentro del proceso (\u2026) con radicaci\u00f3n 2021-00192, y disponga el juzgado (\u2026) a dictar el correspondiente auto de mandamiento de pago ejecutivo\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que, entre el 14 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2003 se desempe\u00f1\u00f3 como gerente de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio \u2013 Transmilenio S.A., cargo amparado por la \u00abp\u00f3liza de responsabilidad civil para servidores p\u00fablicos n\u00b0 8001482738\u00bb expedida por Axa Colpatria Seguros S.A., cuyo objeto es el \u00abpago de los gastos de honorarios profesionales que se acusen por concepto de la defensa judicial de los funcionarios o exfuncionarios de Transmilenio (\u2026) como el cargo de Gerente General, al tenor de lo establecido por el numeral 1.3 \u2018coberturas b\u00e1sicas\u2019 de [dicho seguro]\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Comit\u00e9 de Conciliaciones de Transmilenio le inici\u00f3 acci\u00f3n de repetici\u00f3n (2 abr. 2019) por \u00abla condena arbitral en contra de Transmilenio por la suma de $54.170.295.715\u00bb a favor [d]el Consorcio Transmasivo S.A. y Somos K S.A.\u00bb, ya que \u00abparticip\u00f3 en la adjudicaci\u00f3n de la licitaci\u00f3n p\u00fablica n\u00famero 007 de 2002 de la fase II del Sistema de Transmilenio en la que se encontraba incluida la operaci\u00f3n del Corredor Vial Bogot\u00e1 – Soacha\u00bb, de manera que manifest\u00f3 en ese litigio \u00abla viabilidad del pago del riesgo asegurado (\u2026) de la p\u00f3liza [enunciada]\u00bb (29 ag.). <\/p>\n
Adver\u00f3 que, en vista de ello, inform\u00f3 a Axa Colpatria Seguros la ocurrencia del siniestro y present\u00f3 la correspondiente afectaci\u00f3n y reclamaci\u00f3n de pago del seguro, petici\u00f3n que aquella no objet\u00f3. Por ello, le formul\u00f3 demanda ejecutiva por $160.000.000 para \u00abcubrir los gastos que por concepto de honorarios profesionales debe sufragar a su apoderado, para su defensa judicial en el proceso de acci\u00f3n de repetici\u00f3n\u00bb; sin embargo, el Juzgado Doce Civil del Circuito de esta capital neg\u00f3 la orden de apremio, porque \u00abcon la p\u00f3liza de seguro n\u00b0 8001482738 expedida por Axa Colpatria Seguros, presentada como t\u00edtulo ejecutivo, no se aportaron los documentos se\u00f1alados por el art\u00edculo 1077 del C\u00f3digo de Comercio, por lo que carece de t\u00edtulo ejecutivo al tenor de lo dispuesto por el art\u00edculo 422 del C.G.P.\u00bb (21 may. 2021), prove\u00eddo que el superior refrend\u00f3 el 3 de diciembre \u00faltimo. <\/p>\n
Acus\u00f3 esas directrices de \u00abarbitrarias y antijur\u00eddicas\u00bb, en raz\u00f3n a que no tiene otro mecanismo de defensa judicial contra \u00ablas providencias lesivas a su derecho constitucional al debido proceso y a sus intereses patrimoniales\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Doce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 remiti\u00f3 el enlace contentivo del expediente digital denunciado y se opuso al amparo por \u00abincumplimiento del requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Confrontado el escrito genitor con la prueba recaudada en el plenario, pronto se anuncia la prosperidad del ruego, por los motivos que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
1.1.- Edgar Enrique Sandoval Castro aduce la violaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales porque el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 al zanjar el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l interpuesto contra el interlocutorio que \u00abdeneg\u00f3 el mandamiento de pago\u00bb en la Litis que le promovi\u00f3 a Axa Colpatria Seguros (Rad. n\u00b0 2021-00192), lo convalid\u00f3 \u00edntegramente (3 dic. 2021), \u00ab(\u2026) exponiendo unas consideraciones que no pueden ser de recibo jur\u00eddico\u00bb, por lo que busca se \u00abrevo[que] los autos proferidos dentro del proceso (\u2026) 2021-00192, y disponga el juzgado (\u2026) a dictar el correspondiente auto de mandamiento de pago ejecutivo\u00bb <\/p>\n
1.2.- Los medios suasorios adosados al paginario permiten advertir, que: <\/p>\n
i)- El Juzgado Doce Civil del Circuito de esta capital se abstuvo de librar \u00abmandamiento de pago\u00bb, en raz\u00f3n a que \u00abno se demostr\u00f3 que junto con la reclamaci\u00f3n se entregaron los documentos se\u00f1alados por la norma (art. 1077 del C. de Co.)\u00bb, a saber, \u00ablos \u2018comprobantes\u2019 que demuestren \u2018la ocurrencia del siniestro\u2019 y \u2018la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida\u2019\u00bb (21 may. 2021). <\/p>\n
ii)- El impulsor apel\u00f3 esgrimiendo, que \u00abse dio estricto cumplimiento a lo se\u00f1alado por el inciso primero del art\u00edculo 1.077 del C.Co., esto es, la comprobaci\u00f3n de la ocurrencia del riesgo asegurado, lo que se hizo con la presentaci\u00f3n a la aseguradora de la notificaci\u00f3n al demandado en repetici\u00f3n o a su apoderado, del auto admisorio de la demanda y la viabilidad de pago del riesgo asegurado, allegando a la aseguradora en la reclamaci\u00f3n presentada, la cuant\u00eda, debidamente razona[da] y justificada, del valor de los honorarios profesionales del abogado que representar\u00e1 al demandado en repetici\u00f3n, por la debida defensa judicial dentro del proceso de repetici\u00f3n, gasto amparado por la p\u00f3liza por concepto de -Gastos de Defensa- contrato que se le present\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de seguros demandada con la reclamaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
iii)- El ad quem al dirimir el medio vertical rese\u00f1\u00f3 que \u00ab[u]na p\u00f3liza de seguro s\u00f3lo presta m\u00e9rito ejecutivo transcurrido un mes contado desde la fecha en que el asegurado o beneficiario le entreg\u00f3 al asegurador la reclamaci\u00f3n de pago del siniestro, acompa\u00f1ada de los documentos que lo demuestren y, en su caso, de la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, como lo precisan los art\u00edculos 1053 y 1077 del C\u00f3digo de Comercio, sin que, en adici\u00f3n, hubiere sido objetada\u00bb (3 dic.). <\/p>\n
En tal virtud, indic\u00f3 que para librar \u00aborden ejecutiva\u00bb es indispensable que \u00abel demandante aporte la p\u00f3liza respectiva, y que pruebe que radic\u00f3 en las oficinas de su ejecutada la documentaci\u00f3n que efectivamente acredite la ocurrencia del riesgo asegurado y la cuant\u00eda del detrimento patrimonial. Al fin y al cabo, la obligaci\u00f3n del asegurador es condicional (Co. de Co., art. 1045, num. 4) por manera que si no se configura -y evidencia- el hecho futuro y contingente \u2018cuya realizaci\u00f3n da origen a la obligaci\u00f3n del asegurador\u2019 (art. 1054, ib) deber\u00e1 negarse la orden suplicada\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 expresando que, <\/p>\n
\u00abEn el caso que ocupa la atenci\u00f3n del Tribunal, (\u2026) la documentaci\u00f3n allegada no autoriza afirmar el cumplimiento de los requisitos aludidos porque, seg\u00fan las condiciones particulares \u2018la selecci\u00f3n de los profesionales encargados de la defensa corresponder\u00e1 a la entidad tomadora, los funcionarios que \u00e9sta designe o los asegurados, quienes para su aprobaci\u00f3n presentar\u00e1n a la compa\u00f1\u00eda la propuesta correspondiente, incluidos los impuestos y grav\u00e1menes, ya sean fiscales, tributarios u otros legalmente establecidos, y que por este motivo formen parte del costo de los servicios de gastos de defensa [P\u00e1g. 37 Archivo 004Prueba.pdf], sin que se hubiere demostrado que se verific\u00f3 ese tr\u00e1mite previo, o cuando menos que, en su momento, se hizo la solicitud de benepl\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abSi bien es cierto que, seg\u00fan la p\u00f3liza, \u2018la aseguradora se pronunciar\u00e1 sobre la cotizaci\u00f3n de honorarios del abogado, gastos judiciales y\/o costos de defensa, en la brevedad posible y m\u00e1ximo dentro de los cinco (5) d\u00edas h\u00e1biles siguientes al recibo de la documentaci\u00f3n que acredite los mismos\u2019, vencidos los cuales \u2018se entender\u00e1n aceptados los honorarios del abogado de conformidad con la cotizaci\u00f3n(es) presentada(s) [P\u00e1g. 39 Archivo 004Prueba.pdf], no lo es menos que, en todo caso, debi\u00f3 probarse que se pidi\u00f3 la aprobaci\u00f3n, con el fin de establecer si la ejecutada permaneci\u00f3 silente y dio lugar a un asentimiento t\u00e1cito\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, predic\u00f3 que, \u00abaunque se alleg\u00f3 el escrito de reclamaci\u00f3n, no luce conforme con los requisitos previstos en la cl\u00e1usula relativa a \u2018aceptaci\u00f3n de documentos a solicitar en caso de siniestro\u2019, desde luego que aplicados, en lo pertinente, para una acci\u00f3n contenciosa administrativa, que fue promovida contra Sandoval\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, confirm\u00f3 la providencia impugnada. <\/p>\n
1.3.- As\u00ed las cosas, avizora la Sala una irregularidad en la decisi\u00f3n del Tribunal convocado, al analizar el \u00abinterlocutorio de 21 de mayo de 2021\u00bb, pues inobserv\u00f3 que al tratarse de la definici\u00f3n de alzadas contra \u00abfallos o autos\u00bb, el superior tiene un \u00e1mbito competencial de gesti\u00f3n delimitado por el art\u00edculo 328 de la Ley 1564 de 2012, es decir, que ha de \u00abpronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
De este modo, la guarda suplicada se hace viable, en la medida que el iudex plural que conoci\u00f3 de la \u00abapelaci\u00f3n\u00bb, no examin\u00f3 como correspond\u00eda la problem\u00e1tica suscitada, en tanto, se inmiscuy\u00f3 en el estudio de una tem\u00e1tica que en ning\u00fan momento fue puesta a su consideraci\u00f3n por el apelante, en contraposici\u00f3n de lo establecido en el referido precepto, sin que confluya alguno de los eventos de excepci\u00f3n contemplados en dicha norma. <\/p>\n
No era de la \u00f3rbita del juez de segundo grado dilucidar sobre \u00ablas condiciones particulares de la cl\u00e1usula relativa a \u2018aceptaci\u00f3n de documentos a solicitar en caso de siniestro\u2019\u00bb, de la p\u00f3liza de seguro n\u00b0 \u00ab8001482738\u00bb, que se\u00f1ala: \u00ab\u2018la selecci\u00f3n de los profesionales encargados de la defensa que corresponder\u00e1 a la entidad tomadora, los funcionarios que \u00e9sta designe o los asegurados, quienes para su aprobaci\u00f3n presentar\u00e1n a la compa\u00f1\u00eda la propuesta correspondiente, incluidos los impuestos y grav\u00e1menes, ya sean fiscales, tributarios u otros legalmente establecidos, y que por este motivo formen parte del costo de los servicios de gastos de defensa\u00bb, para solventar lo relacionado con la desestimaci\u00f3n del \u00abmandamiento de pago, por cuanto sobre ese \u00edtem ning\u00fan reparo expuso Edgar Enrique, ni el estrado de primer grado, lo que conlleva, de suyo, la transgresi\u00f3n de los \u00abderechos de las partes\u00bb y hace posible la intervenci\u00f3n excepcional del \u00abjuez de tutela\u00bb en este caso. <\/p>\n
Seg\u00fan lo descrito, es evidente que el accionado, desbord\u00f3 la competencia como juez de segundo grado, pues dentro de esta no se encontraba la de profundizar en el estudio de \u00ablas condiciones de la p\u00f3liza de seguro\u00bb, cercenando con ello los efectos jur\u00eddicos del t\u00edtulo b\u00e1culo del compulsivo. <\/p>\n
1.4.- T\u00e9ngase en cuenta que el principio de congruencia, tambi\u00e9n presente en la segunda instancia de los procesos judiciales, \u00absupone la realizaci\u00f3n del principio tantum devolutum quantum appelatum, que se traduce en que la competencia del superior frente a una apelaci\u00f3n solitaria se halla limitada para revisar lo desfavorable y, en esa medida, el marco de competencia del juzgador lo constituyen las referencias f\u00e1cticas, jur\u00eddicas y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisi\u00f3n que se impugna\u00bb (STC3665-2020, reiterada en la STC3470-2022), directriz que no se atendi\u00f3 en este evento por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En un caso de similares contornos, esta Corte dijo: <\/p>\n
\u00abDe lo rese\u00f1ado, se avizora que el ad-quem convocado, tal y como lo dijo el juez constitucional de instancia, omiti\u00f3 pronunciarse de forma expresa frente a los reparos y sustentaci\u00f3n expuestos por el recurrente en su oportunidad y, por el contrario, dirigi\u00f3 sus funciones a emitir argumentos sobre los cuales no plante\u00f3 inconformidad el extremo pasivo, y con ello revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, vulnerando, por tanto, las prerrogativas de las partes\u00bb (STC6049-2018, reiterada en la STC3470-2022). <\/p>\n
Y en posterior oportunidad, cavil\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abContrastado los fundamentos de dicha decisi\u00f3n con los preceptos citados con antelaci\u00f3n, advierte la Corte que la Colegiatura acusada desatendi\u00f3 las reglas de congruencia establecidas en los mismos, ya que a punto de resolver la alzada propuesta por los demandados, aqu\u00ed actores, no solo desbord\u00f3 los l\u00edmites que \u00e9stos le impusieron con dicho mecanismo, sino que tambi\u00e9n desconoci\u00f3 el motivo, la raz\u00f3n y los hechos que fundamentan y delimitan las pretensiones alegadas en dicho juicio declarativo de responsabilidad\u00bb (STC2618-2020, reiterada en la STC3470-2022). <\/p>\n
Ergo, err\u00f3 la Corporaci\u00f3n confutada al soslayar el examen de lo relacionado con el \u00abprove\u00eddo\u00bb de 21 de mayo de 2021, respecto de la inconformidad que Sandoval Castro mostr\u00f3 contra aquel y, el cual, \u00able marca el l\u00edmite\u00bb para brindar soluci\u00f3n de cara al mecanismo impugnatorio aludido. <\/p>\n
2.- De acuerdo con lo discurrido, el auxilio impetrado ser\u00e1 otorgado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: CONCEDER la tutela instada por Edgar Enrique Sandoval Castro. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 que, en el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas contadas desde el enteramiento de esta providencia, tras dejar sin efectos el interlocutorio de 3 de diciembre de 2021, se pronuncie de nuevo sobre el \u00fanico t\u00f3pico en que fue apelado el auto de 21 de mayo de 2021 por la parte demandante del proceso n\u00ba 2021-00192, atendiendo los par\u00e1metros aqu\u00ed expresados. <\/p>\n
Segundo: Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6105-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA STC6105-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01456-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Edgar Enrique Sandoval Castro le instaur\u00f3 a la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63657","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63657","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63657"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63657\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63657"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63657"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63657"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}