STC6107-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6107-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01464-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que la Comercializadora Internacional Ferromarina S.A.S. le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y al Juzgado Primero Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Santa Marta, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos 47001 31 53 001 2014 00121 00\/01 y 47001 22 13 000 2017 00129 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara dejar sin efectos los fallos de 8 de noviembre de 2021 y 29 de abril de 2022 y, en consecuencia, dictar uno nuevo \u00abteniendo en cuenta otros aspectos demostrativos de mala fe del demandante en el ejecutivo (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos, se deduce que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de Antonio Mar\u00eda Caballero Aduen y en contra de la Comercializadora Internacional Ferromarina S.A.S. por $460.000.000 como capital, m\u00e1s los intereses de plazo y mora, con respaldo en una letra de cambio que se hizo exigible el 10 de febrero de 2014 (15 ag. 2014), notificado en estado del d\u00eda 20 siguiente y dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n (27 mar. 2015). <\/p>\n
Indic\u00f3 la gestora que el Tribunal Superior de dicha ciudad encontr\u00f3 fundado el recurso de revisi\u00f3n que interpuso y declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado desde la \u00aborden de apremio\u00bb, inclusive, tras estimar que el emplazamiento de la pasiva se surti\u00f3 indebidamente al no haberse efectuado en un medio de cobertura nacional, sino local, sin que se hubiese saneado la aludida irregularidad (27 jul. 2020). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, en tal virtud, el a quo mand\u00f3 obedecer al superior (16 abr. 2021), luego de lo cual propuso la \u00abexcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria directa derivada del t\u00edtulo valor\u00bb que aquel declar\u00f3 no probada y orden\u00f3 continuar con el cobro (8 nov. 2021), decisi\u00f3n que convalid\u00f3 el ad quem (29 abr. 2022). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con las \u00faltimas providencias se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque desconocieron que: i) No se interrumpi\u00f3 la prescripci\u00f3n, en raz\u00f3n a que la causal de invalidaci\u00f3n (indebida notificaci\u00f3n) era atribuible al demandante, al paso que estaba acreditada la \u00abmala fe\u00bb y \u00abnegligencia\u00bb con que \u00e9ste actu\u00f3 al sacar provecho del error cometido por el juzgador al se\u00f1alar el medio de comunicaci\u00f3n en el que se deb\u00eda publicar el \u00abemplazamiento\u00bb, a m\u00e1s que no agot\u00f3 la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb en la oficina y una casa que tiene en Santa Marta, a pesar de conocer las direcciones, pero s\u00ed lo hizo en e-mails que no registr\u00f3 en C\u00e1mara de Comercio para dicho fin; ii) El t\u00edtulo base del recaudo se encuentra prescrito, en tanto venci\u00f3 en el a\u00f1o 2014 y, desde el \u00abmandamiento de pago\u00bb (15 ag. 2014) hasta que tuvo conocimiento del libelo trascurrieron m\u00e1s de 6 a\u00f1os; y, iii) El t\u00e9rmino prescriptivo es \u00abobjetivo\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Superior de Santa Marta narr\u00f3 lo surtido en la segunda instancia del juicio cuestionado, se atuvo a las reflexiones vertidas en el desenlace confutado y destac\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito pregon\u00f3 la inviabilidad del ruego porque la tutelante pretende utilizarlo como una tercera instancia para modificar decisiones ejecutoriadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien, el reclamo constitucional se dirige tambi\u00e9n contra el veredicto proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, esta Corte analizar\u00e1 \u00fanicamente el dictado en segunda instancia, comoquiera que fue el que dirimi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- De entrada, se observa el decaimiento del resguardo, debido a que el fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Santa Marta (29 abr. 2022), que ratific\u00f3 el de primer grado que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, al no encontrar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria (8 nov. 2021), no luce antojadizo, ni arbitrario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a tal conclusi\u00f3n, explic\u00f3 que de acuerdo con el art\u00edculo 422 del C\u00f3digo General del Proceso los documentos aportados como soporte del compulsivo deben \u00abconten[er] una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible\u00bb y, evidenciar \u00abque la deuda const[a] por escrito\u00bb, \u00abprov[i]en[e] del deudor o de su causante\u00bb y \u00abconstituy[e] plena prueba en su contra\u00bb, de modo que en el sub judice el \u00abt\u00edtulo ejecutivo lo constituye una letra de cambio. <\/p>\n
Despu\u00e9s, trajo a colaci\u00f3n la sentencia SC5515-2019 que en punto a la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, predic\u00f3 <\/p>\n
\u00ab(\u2026) 4. El ordenamiento interno reconoce la prescripci\u00f3n como el \u00abmodo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse pose\u00eddo las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales. Se prescribe una acci\u00f3n o derecho cuando se extingue por la prescripci\u00f3n\u00bb (art. 2512 C.C.), \u00abla prescripci\u00f3n que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones\u00bb (art. 2535 C.C.). <\/p>\n
4.1. Para el sub judice interesa la prescripci\u00f3n extintiva, a la cual el legislador patrio confiere no solo el alcance de extinguir la acci\u00f3n, sino el derecho mismo, de suerte que al abrirse paso dicho fen\u00f3meno fenece toda posibilidad de ejercicio del derecho, por la necesidad de brindar certeza y seguridad jur\u00eddica a derechos subjetivos (\u2026). <\/p>\n
Sin embargo, (\u2026) resulta necesario para su configuraci\u00f3n, a m\u00e1s del trasegar completo del tiempo dispuesto en la ley para el oportuno ejercicio del derecho, una actitud negligente, desde\u00f1osa o displicente del titular. <\/p>\n
Desde esta perspectiva si el titular de un derecho de cr\u00e9dito dilapida su potestad de procurar del obligado el cumplimiento, o si ejercido este no atiende debidamente las cargas procesales que el ordenamiento impone, quedar\u00e1 expuesto a ver como su derecho se extingue por el modo de la prescripci\u00f3n, sin desconocer que \u00e9sta es susceptible de suspensi\u00f3n o interrupci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
4.2.2. La interrupci\u00f3n parte del supuesto de la ocurrencia de hechos a los que el legislador le reconoce eficacia jur\u00eddica para impedir que se consolide el fen\u00f3meno extintivo, como son el ejercicio del derecho por parte de aquel contra quien corre la prescripci\u00f3n, ora del reconocimiento del derecho ajeno por el prescribiente, que tiene como efecto que el periodo que hubiera trascurrido hasta ese momento ya no se cuenta para el t\u00e9rmino extintivo, de manera que comienza uno nuevo, cuya naturaleza y duraci\u00f3n ser\u00e1 la misma de aquella a que sucede; y se da, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 2539 del C.C., natural o civilmente, lo primero por \u00abel hecho de reconocer el deudor la obligaci\u00f3n, ya expresa, ya t\u00e1citamente\u00bb y lo segundo \u00abpor la demanda judicial\u00bb, siendo esta \u00faltima la que resulta de inter\u00e9s para el caso en estudio. <\/p>\n
4.2.2.1. La interrupci\u00f3n civil de la prescripci\u00f3n tiene lugar en virtud del apremio que realiza el titular del derecho al deudor para exigir la obligaci\u00f3n, que podr\u00e1 ser por requerimiento privado y por escrito por una sola vez, ora mediante la conminaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del apremio judicial, resulta indispensable para su eficacia el acatamiento cabal de lo dispuesto en el art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual la interrupci\u00f3n se da y hace inoperante la caducidad el d\u00eda en que se presente la demanda, siempre y cuando el auto admisorio de la demanda o el auto de mandamiento de pago se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o, puesto que de superar dicho plazo los mencionados efectos solo se producir\u00e1n, si es del caso, con el enteramiento al demandado. Sin embargo, el ejercicio oportuno de la acci\u00f3n judicial carecer\u00e1 de eficacia para interrumpir la prescripci\u00f3n cuando concurran las siguientes circunstancias (art. 95 C.G.P.): (\u2026) <\/p>\n
5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de la nulidad sea atribuible al demandante (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, cit\u00f3 la STC15474-2019 en la que esta Corte hizo referencia a las STC1688-2015 y STC8814-2015, concluyendo que \u00absi el actor incumple de manera culposa la carga de impulsar el juicio en orden a enterar dentro del a\u00f1o a la pasiva del mandamiento de pago, no se puede beneficiar \u00e9sta con la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb, acotando que: <\/p>\n
(\u2026) cuando es declarada la \u00abnulidad\u00bb procesal, comprendiendo ello la \u00abnotificaci\u00f3n\u00bb del auto admisorio o de la orden de apremio, impostergablemente le incumbe al juzgador dilucidar, en el pronunciamiento en que as\u00ed dispone, dos aspectos a saber: uno, determinar si al demandante le es o no imputable la invalidez hallada (inciso 1\u00ba del numeral 5\u00ba de la norma 95 del C\u00f3digo General del Proceso); y, otro, una vez depurado ello, manifestarse expresamente acerca de los efectos que depar\u00f3 la nulidad declarada referente a la \u00abinterrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb y\/o la \u00abinoperancia de la caducidad\u00bb (inciso 2\u00ba, numeral 5\u00ba, art\u00edculo 95, ibidem)\u2026\u00bb. <\/p>\n
En dicho sentido, precis\u00f3, de un lado, que en los t\u00e9rminos del canon 789 del C\u00f3digo de Comercio \u00abLa acci\u00f3n cambiaria directa prescribe en tres a\u00f1os a partir del d\u00eda del vencimiento\u00bb y, de otro, que, si bien es cierto, en la providencia que declar\u00f3 pr\u00f3spero el recurso de revisi\u00f3n y accedi\u00f3 a la nulidad de todo lo actuado en el coactivo (29 abr. 2022), no incluy\u00f3 en su parte resolutiva \u00abel efecto de la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n y la inoperancia o no de la caducidad\u00bb, como lo exige el inciso 2\u00b0 del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 95 del C\u00f3digo general del Proceso, tambi\u00e9n lo es que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el an\u00e1lisis de la Sala de Decisi\u00f3n de aquella ocasi\u00f3n fue explicit\u00f3 en descartar el que existiera mala fe en cabeza del ejecutante, al concluir, luego de analizar el material probatorio, que aqu\u00e9l demostr\u00f3 inter\u00e9s en finiquitar el tr\u00e1mite correspondiente a la notificaci\u00f3n de su contraparte, lo que de suyo deja por fuera del escenario procesal el elemento subjetivo a que se hizo menci\u00f3n in extenso en las citas jurisprudenciales tra\u00eddas a colaci\u00f3n en este prove\u00eddo, de las que se desprende que para que se produzca el fen\u00f3meno prescriptivo no basta con que se verifique el simple paso del tiempo, sino que, adem\u00e1s, es necesario que se demuestre que la parte contra la que se aduce tal sanci\u00f3n, haya actuado con desidia o mala fe, abandonando la carga procesal que le era menester, lo que aqu\u00ed no ocurri\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En ese horizonte, razon\u00f3 <\/p>\n
Finalmente, coligi\u00f3 que el t\u00e9rmino prescriptivo se interrumpi\u00f3 al no ser objetivo, \u00abno existir mala fe en el ejecutante y por ende no tener culpa en la nulidad decretada\u00bb, en tanto su conducta fue diligente. <\/p>\n
3.- Independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la querellante, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuya finalidad no es servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
4.- Ergo, surge clara el fracaso de la s\u00faplica supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por la Comercializadora Internacional Ferromarina S.A.S. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6107-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6107-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01464-00 (Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que la Comercializadora Internacional Ferromarina S.A.S. le instaur\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}