STC6108-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6108-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 70001-22-14-000-2022-00038-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo el 5 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfredo Junieles Arrieta contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan de Betulia, Sucre, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal, el Fondo Ganadero de Sucre S.A. y su agente liquidador, as\u00ed como las partes e intervinientes en los asuntos con radicado n\u00b0 2004-00034 y 2008-00178. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el accionante acude al presente instrumento para reclamar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la \u00abdignidad personal\u00bb, la \u00absupremac\u00eda normativa de la Constituci\u00f3n, debido proceso, defensa, trabajo y acceso a la administraci\u00f3n de Justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis expuso, que \u00abPOR TENER UN INTERES JURIDICO LEGITIMO COMO TERCERO INTERVINIENTE\u00bb acude a la presente senda excepcional, habida cuenta que en virtud de mandato que le fue otorgado en el a\u00f1o 2008 por el Fondo Ganadero de Sucre S.A., demand\u00f3 ejecutivamente a Manuel Jim\u00e9nez Vergara (radicado n\u00b0 2008-00178), con el prop\u00f3sito de hacer exigible una obligaci\u00f3n contenida en un pagar\u00e9, asunto donde el Juzgado Primero Civil del Circuito con Funciones Laborales de Corozal orden\u00f3 seguir adelante con el cobro compulsivo, y actualmente se adeudan m\u00e1s de \u00ab$650.000.000\u00bb, as\u00ed como sus honorarios, los cuales corresponden al \u00abVEINTE POR CIENTO (20%) DEL TOTAL DEL DINERO QUE ARROJE LA LIQUIDACION DEL CREDITO MAS LAS COSTAS JUDICIALES\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, aunque desde el inicio del litigio se solicit\u00f3 al Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan de Betulia el embargo del remanente de los bienes cautelados dentro de la ejecuci\u00f3n adelantada por Arturo Jim\u00e9nez contra el mismo obligado (radicado n\u00b0 2004-00034), con relaci\u00f3n al predio \u00abLAS CHISPAS\u00bb puso a \u00f3rdenes del despacho del Circuito los dineros embargados \u00abEN CUANT\u00cdA DE $31.000.000.00\u00bb, pero respecto del bien \u00abLAS DELICIAS\u00bb que no fue objeto de remate, \u00abES UN REMANENTE QUE QUEDO (sic) O SOBRO (sic) EN EL PROCESO DE LA REFERENCIA\u00bb, por lo que debe ponerse inmediatamente a \u00f3rdenes de la ejecuci\u00f3n de mayor cuant\u00eda, y no ordenar el levantamiento de la cautela, tal y como se dispuso en auto del 17 de enero de los corrientes. <\/p>\n
3. En raz\u00f3n de lo anterior, solicita que se \u00abrevoque el ordinal tercero del auto de fecha enero 17 del a\u00f1o 2.022 y\/o lo aclare en el sentido de que el inmueble denominado LAS DELICIAS con matricula (sic) inmobiliaria NUMERO 342-0023177 continua (sic) embargado dentro del proceso que cursa en el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES LABORALES DE COROZAL-SUCRE DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA DEL FONDO GANADERO DE SUCRE S.A., contra MANUEL JIMENEZ VERGARA, [que] se distingue con el n\u00famero de RADICACION: 2.008-00178-00, por haberse embargado el remanente de los bienes embargados o el remanente de lo que se llegare a desembargar por el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES LABORALES DE COROZAL-SUCRE\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo Civil Municipal de San Juan de Betulia, Sucre, inform\u00f3 que, al interior de la ejecuci\u00f3n seguida por Arturo Jim\u00e9nez contra Manuel Jim\u00e9nez Vergara, el Juzgado Civil del Circuito de Corozal solicit\u00f3 \u00abel embargo del remanente de los bienes embargados m\u00e1s no el embargo de los bienes que se llegaren a desembargar\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abel predio denominado LAS DELICIAS con matr\u00edcula inmobiliaria No 342-0023.177, al no ser objeto de remate por ende o l\u00f3gica no hay remanente\u00bb. <\/p>\n
2. Manuel Emiro Jim\u00e9nez Vergara, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que el actor \u00abgoza de otra herramienta jur\u00eddica para hacer efectivo el pago de sus honorarios profesionales, tal es el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, establecido en el C\u00f3digo General del Proceso, o puede atacar por la v\u00eda civil el incumplimiento del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales suscrito con su poderdante\u00bb. <\/p>\n
3. El tambi\u00e9n vinculado Jes\u00fas An\u00edbal Remolina Fontalvo, luego de manifestarse frente a los hechos del escrito de tutela precis\u00f3, que ciertamente en el a\u00f1o 2008 como gerente principal del Fondo Ganadero de Sucre SA, le otorg\u00f3 poder al gestor del amparo para que en representaci\u00f3n de la sociedad adelantara proceso ejecutivo contra Manuel Jim\u00e9nez Vergara, pero el Juzgado Municipal de San Juan de Betulia \u00abESTA EMPECINADO EN DESEMBARGAR EL INMUEBLE LAS DELICIAS (\u2026) CON EL AGRAVANTE QUE EL SE\u00d1OR MANUEL JIMENEZ INMEDIATAMENTE TRASPASA EL INMUEBLE\u00bb. <\/p>\n
La Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo declar\u00f3 improcedente el resguardo presentado contra el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan de Betulia, por considerar que el actor carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, pues \u00ab-en definitiva- el directo beneficiado o perjudicado con la decisi\u00f3n que se adopte en este tr\u00e1mite ser\u00e1 siempre la persona (natural o jur\u00eddica) que integra el extremo procesal, y no su abogado, quien solo tiene un inter\u00e9s \u201cindirecto\u201d en las resultas del respectivo proceso. De ah\u00ed que, por lo general, se requiera poder especial para actuar en favor de un lado de la Litis, a menos que se trate de prove\u00eddos que definan una situaci\u00f3n particular del abogado, tales como el monto de sus honorarios en un incidente de regulaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 76 del CGP, que no es el caso del accionante, pues ni siquiera existe tr\u00e1mite alguno respecto de la regulaci\u00f3n de sus honorarios, precisamente porque a\u00fan funge como representante judicial de la sociedad, FONDO GANADERO DE SUCRE, hoy liquidado, de manera que en lo personal no se le percibe quebrantado ning\u00fan derecho fundamental\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 lo resuelto, insistiendo en que s\u00ed tiene inter\u00e9s para promover la presente acci\u00f3n, comoquiera que en el a\u00f1o 2008 suscribi\u00f3 \u00abUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS\u00bb con el Fondo Ganadero de Sucre S.A. \u00abPARA INICIAR Y LLEVAR HASTA SU CULMINACION UN PROCESO EJECUTIVO SINGULAR CONTRA EL SE\u00d1OR, MANUEL JIMENEZ VERGARA (\u2026) Y ES EL MOMENTO Y [AQU\u00c9L] NO ME HA PAGADO LOS HONORARIOS PROFESIONALES\u00bb, siendo una de las razones, dice, porque \u00abESTA SOCIEDAD FUE LIQUIDADA EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL A\u00d1O 2.017 POR INTERVENCION DIRECTA QUE HIZO LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES\u00bb, pero por auto del 15 de diciembre de esa anualidad dicha autoridad se\u00f1al\u00f3, que \u00abEL LIQUIDADOR TIENE EL DEBER DE CONTINUAR CON LA GESTION Y EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES A FAVOR DE LA DEUDORA OSEA EL FONDO GANADERO DE SUCRE S.A., DE ACUERDO A LO ANTES EXPUESTO EL PROCESO 2.008-00178-00 SE ENCUENTRA INCOLUME O VIGENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL y PROCESAL\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer inicialmente, si el solicitante est\u00e1 facultado para interponer la presente salvaguarda, y en caso de superarse lo anterior, si el Juzgado Promiscuo Municipal de San Juan de Betulia, Sucre, incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho al ordenar por auto el 17 de enero de 2022, el levantamiento del embargo de los bienes que no fueron objeto de remate al interior del proceso ejecutivo singular seguido por Arturo Jim\u00e9nez contra Manuel Jim\u00e9nez Vergara, radicado n\u00b0 2004-00034. <\/p>\n
2. Del poder especial para interponer la tutela. <\/p>\n
Sin perjuicio de la especial naturaleza del resguardo constitucional, al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa ya sea por activa o por pasiva, as\u00ed como la debida representaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el derecho de postulaci\u00f3n, el canon 10 del Decreto 2591 de 1991 prev\u00e9, que la tutela \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, si bien toda persona puede ejercer la acci\u00f3n directamente o a trav\u00e9s de otra, cuando \u00e9sta no es representante legal o agente oficioso en las condiciones previstas en la ley, al abogado que la ejerce \u00aba nombre de otro a t\u00edtulo profesional\u00bb, se le exige acreditar su calidad y el mandato judicial (T-550\/93), precis\u00e1ndose que en tal caso, \u00abtodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Se resalta. <\/p>\n
Este razonamiento se ampli\u00f3 y fue profusamente expresado en sendas providencias dictadas por dicha Corporaci\u00f3n, al se\u00f1alar que al acudir ante el juez constitucional para ejercer la defensa de derechos fundamentales, es necesario acreditar el mandato que no se confunda con cualquier otra gesti\u00f3n que pudiera hab\u00e9rsele encomendado al togado, en tanto: \u00abla falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (CC T-207\/97, T-674\/97, T-526\/98, T-530\/98, T-693\/98, T-695\/98, T-088\/99, T-0002\/01 y T-975\/05, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s de compartir la anterior postura, esta Sala, en repetidas oportunidades ha sostenido, que \u00abning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa\u00bb (CSJ STC, 11 mar. 2009, rad. 00001-01, citada entre otras en STC1792-2021, 25 feb. 2021, rad. 00013-01). <\/p>\n
Tal requerimiento es a\u00fan m\u00e1s estricto cuando la salvaguarda se dirige contra una actuaci\u00f3n jurisdiccional, en la medida en que, \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico [proceso] judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, citada entre otras en STC9425-2021, 28 jul. 2021, rad. 00360-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Conforme a las premisas que acaban de verse, de la revisi\u00f3n que la Corte realiza al asunto, prontamente advierte que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de mantenerse, toda vez que el memorialista carece de poder para actuar en este caso, y en tal virtud ninguna decisi\u00f3n de fondo puede adoptarse. <\/p>\n
En efecto, observa la Sala que, si bien el abogado Luis Alfredo Junieles Arrieta afirma acudir en nombre propio a la tutela por tener \u00abUN INTER\u00c9S JUR\u00cdDICO LEG\u00cdTIMO\u00bb en el preanotado proceso coercitivo, en raz\u00f3n a que all\u00ed se orden\u00f3 el embargo de los remanentes a favor de otro asunto de igual naturaleza seguido por su mandante, el Fondo Ganadero de Sucre S.A. contra Manuel Jim\u00e9nez Vergara, donde el pago de sus honorarios depende de las resultas del mismo, es preciso memorar que los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar vulneraci\u00f3n de sus propios derechos en las controversias en que act\u00faan en nombre de otros, pues no se puede comunicar la violaci\u00f3n de normas superiores en defensa de intereses que le son ajenos, si se tiene en cuenta que \u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (STC7979-2020). <\/p>\n
Adicionalmente, el actor no alleg\u00f3 mandato para promover el presente mecanismo supralegal en nombre del Fondo Ganadero de Sucre S.A., sin que el otorgado en el prenombrado tr\u00e1mite judicial pueda reputarse como especial para acudir al resguardo constitucional, habida consideraci\u00f3n que no fue extendido para formular la acci\u00f3n, lo que significa que carece de postulaci\u00f3n para actuar en este asunto. <\/p>\n
En dicho sentido, trat\u00e1ndose del ruego tuitivo en que se act\u00fae por conducto de apoderado, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Sala, y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la (\u2026) tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (ver, entre otras, las sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; STC 4 feb. 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01; STC12146 de 2021, 16 sep. de 2021, rad. 01614-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional <\/p>\n
Aunque el accionante al replicar la decisi\u00f3n constitucional de primera instancia se\u00f1al\u00f3, que pese a que desde el a\u00f1o 2017 se declar\u00f3 terminado el proceso liquidatorio de los bienes que conformaban el patrimonio de la sociedad Fondo Ganadero de Sucre SA, el liquidador tiene el deber de continuar con la gesti\u00f3n y el respectivo seguimiento de los procesos judiciales a favor de la liquidada, entre ellos la ejecuci\u00f3n en la que representa los intereses de \u00e9sta, observa la Sala que se trata de hechos nuevos que no pueden ser ahora analizados, pues al no haber sido puestos en consideraci\u00f3n del despacho querellado, \u00e9ste no pudo defenderse en su debida oportunidad, sin que pueda en este momento ser sorprendido con una decisi\u00f3n al respecto, pues, de ser as\u00ed, se le desconocer\u00eda su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso\uff0e <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la transgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos de superiores (\u2026) tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, comoquiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se desata el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (STC1468-2021). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Con las precisiones se\u00f1aladas, se ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n de la salvaguarda, toda vez que el solicitante carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar lo actuado en la susodicha controversia donde act\u00faa como apoderado judicial del Fondo Ganadero de Sucre S.A., por no aportar el respectivo poder especial. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo mediante telegrama o por otro medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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