STC6110-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6110-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2022-00080-01 <\/p>\n
(Aprobado en sala virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 7 de abril de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la tutela que la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor) le instaur\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2019-00354-00. <\/p>\n
1.- La gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al estrado accionado \u00abdejar sin efecto todo lo actuado desde la expedici\u00f3n del auto admisorio de la demanda, inclusive, de fecha 28 de enero de 2020\u00bb y, en consecuencia, profiriera \u00abauto que rechace la demanda por carecer de jurisdicci\u00f3n\u00bb o, en subsidio, \u00abdeje sin efecto la sentencia de \u00fanica instancia de fecha 27 de octubre de 2021\u00bb y dicte \u00abun nuevo fallo, que tenga en cuenta todas las directrices impartidas por el Tribunal, que garantice el respeto y la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales desconocidos\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, en el proceso verbal sumario de cancelaci\u00f3n y reposici\u00f3n de t\u00edtulos valores que Aguas Kpital C\u00facuta S.A. ESP promovi\u00f3 en su contra, en sentencia de 27 de octubre de 2021, resolvi\u00f3 de manera anticipada: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: DECRETESE LA CANCELACION de las facturas n\u00fameros: Tasa 5854; Tasa 5855; Tasa 5856; Tasa5920; Tasa 5921; Tasa 5922; Tasa5986; Tasa 5987; Tasa 5988; Tasa 6052; Tasa6053; Tasa 6118; Tasa 6119; Tasa6184; Tasa 6185, correspondientes al a\u00f1o 2016; Tasa 6251; Tasa 6252; Tasa 6323; Tasa 6324; Tasa 6467; Tasa 6468; Tasa6469; Tasa 6549; Tasa 6550; Tasa6551; Tasa 6621; Tasa 6622; Tasa 6623; Tasa6693; Tasa 6694; Tasa 6695; Tasa6765; Tasa 6766; Tasa 6767; Tasa 6840; Tasa6841; Tasa 6842; Tasa 6944; Tasa6945; Tasa 7016; Tasa 7017; Tasa 7088; Tasa 7089, correspondientes al a\u00f1o 2017; Tasa 7256, Tasa 7257; Tasa 7323; Tasa7324; Tasa 7390; Tasa 7391; Tasa7472; Tasa 7473; Tasa 7474; Tasa 7552; Tasa7553; Tasa 7554; Tasa 7625; Tasa7626; Tasa 7627; Tasa 7698; Tasa 7699; Tasa7700; Tasa 7771; Tasa 7772; Tasa7773; Tasa 7844; Tasa 7845; Tasa 7846; Tasa7917; Tasa 7918; Tasa 7919; Tasa7990; Tasa 7991; Tasa 7992; Tasa 8063; Tasa 8064, correspondientes al a\u00f1o 2018 y Tasa 8137; Tasa 8138; Tasa 8139; Tasa8213; Tasa 8214; Tasa 8215; Tasa8289; Tasa 8290; Tasa 8291; Tasa 8365; Tasa8366; Tasa 8367; Tasa 8441; Tasa8142; Tasa 8443; Tasa 8522; Tasa 8523; Tasa8524; Tasa 8599; Tasa 8600; Tasa8601; Tasa 8700; Tasa 8701; Tasa 8702; Tasa8780; Tasa 8781; Tasa 8782, correspondientes al a\u00f1o 2019 a favor de la parte demandante AGUAS KAPITAL CUCUTA S.A ESP, representada legalmente por el se\u00f1or Hugo Iv\u00e1n Vergel Hern\u00e1ndez, conforme a las razones que se dejaron sentadas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: en CONSECUENCIA, oficiar a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER – CORPONOR-, para que proceda a la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos valores facturas debidamente individualizadas, si \u00e9stas se encuentran bajo su custodia, las cuales fueron relacionadas anteriormente, para lo cual se le concede el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, conforme a las razones plasmadas en la presente providencia. <\/p>\n
TERCERO: SIN COSTAS, por no aparecer causadas. <\/p>\n
CUARTO: NOTIFICAR la presente providencia, de conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 295 del C.G.P., y 9\u00b0 del Decreto legislative No. 806 de 2020, advirtiendo a las partes que, contra la misma, no procede recurso alguno, por ser un asunto verbal sumario, tramitado en \u00fanica instancia (par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que dicha providencia \u00abtiene la potencialidad de causar un grave detrimento al patrimonio p\u00fablico, ya que las facturas de liquidaci\u00f3n oficial de la tasa retributiva que se ordenaron cancelar por la suma de TRECE MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($13.202.972.735,oo), implicar\u00eda en la pr\u00e1ctica, la exoneraci\u00f3n de una obligaci\u00f3n que estaba a cargo del particular y a favor de una entidad de derecho p\u00fablico, con grave violaci\u00f3n al ordenamiento legal y al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el despacho querellado cometi\u00f3 varias \u00abactuaciones antijur\u00eddicas\u00bb, puesto que desnaturaliz\u00f3 la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 398 del C\u00f3digo General del Proceso, al desconocer que \u00ablas facturas aportadas con la demanda, no eran t\u00edtulos valores, sino verdaderos actos administrativos, expedidos por una autoridad p\u00fablica en ejercicio de una funci\u00f3n administrativa\u00bb, lo que denotaba una \u00abfalta absoluta de jurisdicci\u00f3n y competencia\u00bb para conocer de las controversias suscitadas con dichos documentos y, aunque se aceptara que estos revisten esa connotaci\u00f3n, igualmente olvid\u00f3 que aquella \u00abest\u00e1 exclusivamente reservada al acreedor o titular de los derechos patrimoniales contenidos en un t\u00edtulo valor que haya sufrido su extravi\u00f3, perdida, hurto o deterioro\u00bb, m\u00e1s no para los \u00abdeudores\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que tampoco se percat\u00f3 que las mencionadas facturas \u00abno estaban extraviadas, perdidas o hurtadas, y que por el contrario, estaban en poder de la sociedad actora\u00bb, pese a que con el informe que rindi\u00f3 en el litigio puso de presente tal circunstancia, am\u00e9n que tambi\u00e9n \u00abomiti\u00f3 cumplir, o hacer cumplir, el procedimiento de notificaci\u00f3n personal del auto admisorio de la demanda de conformidad con lo consagrado en el art\u00edculo 612 del C\u00f3digo General del Proceso \u2013CGP, teniendo en cuenta que (\u2026) es una entidad de derecho p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que en la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento neg\u00f3 la solicitud de nulidad de lo rituado que elev\u00f3, argumentando que \u00abla obligaci\u00f3n de notificar personalmente el auto admisorio de la demanda al buz\u00f3n electr\u00f3nico de las entidades p\u00fablicos, s\u00f3lo se hizo exigible desde la expedici\u00f3n del Decreto 806 de 2020, y la demanda impetrada hab\u00eda sido admitida y notificada con anterioridad a la entrada en vigor del citado decreto\u00bb, sumado a que el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que no podr\u00e1 delatar la invalidaci\u00f3n quien haya omitido evocarla \u00abcomo excepci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 su desacuerdo con lo precedente, porque \u00abla obligaci\u00f3n de notificar personalmente el auto admisorio de la demanda en contra de las entidades p\u00fablicas mediante mensaje de datos enviado al buz\u00f3n de correo electr\u00f3nico establecido para el efecto (\u2026) estaba consagrada desde la promulgaci\u00f3n de la Ley 1564 de 2012\u00bb y, dentro de las excepciones previas taxativamente establecidas en el art\u00edculo 100 ib\u00eddem, no hay alguna ligada con el indebido enteramiento del rese\u00f1ado prove\u00eddo. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que, frente a tal negativa y cimentada en lo expuesto, interpuso los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, sin \u00e9xito, ya que el a quo mantuvo inc\u00f3lume la determinaci\u00f3n y el superior declar\u00f3 improcedente la alzada por tratarse de un debate de \u00fanica instancia. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta relat\u00f3 lo acaecido en el pleito confutado y dijo estar presto a acatar lo que se disponga al final del tr\u00e1mite. <\/p>\n
La Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que los hechos y pretensiones que la originan \u00abno guardan relaci\u00f3n con alguna acci\u00f3n u omisi\u00f3n en que haya incurrido esta Agencia frente al caso en concreto\u00bb. <\/p>\n
Aguas Kpital C\u00facuta S.A. ESP se opuso al resguardo, aduciendo que este no tiene \u00abrelevancia constitucional\u00bb y que no atiende los requisitos de subsidiariedad e inmediatez, por lo que est\u00e1 siendo utilizado por la accionante para revivir una discusi\u00f3n ya zanjada por el juez natural. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de C\u00facuta concedi\u00f3 el auxilio, tras estimar que el proceder del funcionario increpado configura los defectos org\u00e1nico y f\u00e1ctico aducidos, ya que \u00abno era competente el Juzgado Primero Civil del Circuito de la ciudad para conocer del litigio suscitado entre Aguas Kpital C\u00facuta S.A. ESP y la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional de la Frontera Nororiental respecto de las facturas de cobro de la tasa retributiva, comoquiera que, ello corresponde a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u00bb, si en cuenta se tiene que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, esos instrumentos son \u00abactos administrativos\u00bb y no \u00abt\u00edtulos valores\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, acot\u00f3 que aunque se les otorgara esa condici\u00f3n, \u00ablas facturas de cobro arrimadas en copia al proceso civil objeto de esta acci\u00f3n de tutela, las mismas en su mayor\u00eda no cumplen con el requisito de haber sido aceptadas expresamente por el deudor para ser exigibles ejecutivamente por la v\u00eda civil ordinaria\u00bb, por lo que habr\u00eda en dicho asunto, \u00abdesde el punto de vista procesal, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, aspecto que tambi\u00e9n se hace palmaria por la clase de s\u00faplica elevada, dado que esta \u00abse encuentra en cabeza es del beneficiario o acreedor de los mismo, es decir, del leg\u00edtimo tenedor, que en este caso ser\u00eda CORPONOR y no AGUAS KPITAL, porque este \u00faltimo es el usuario deudor, y las facturas nunca se han extraviado, eso no corresponde a la realidad\u00bb, pues \u00ablas mismas se encuentran en lugar conocido sea en poder de CORPONOR o en los tr\u00e1mites administrativos o jurisdiccionales contencioso administrativos, es decir en poder de su tenedor leg\u00edtimo, por lo que la demanda debi\u00f3 ser inadmitida y\/o rechazada, por el juzgador civil\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, dej\u00f3 sin efectos lo surtido desde el auto admisorio y mand\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta que, dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la comunicaci\u00f3n de lo resuelto, \u00abproceda a dar aplicaci\u00f3n a las disposiciones del inciso segundo del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso, rechazando la demanda por falta de jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- Impugn\u00f3 Aguas Kpital C\u00facuta S.A. ESP insistiendo en lo esbozado en su respuesta, agregando que \u00abel hecho que las facturas de tasa retributiva sean consideradas como actos administrativos, de modo alguno limita o excluye que las mismas sean expedidas y notificadas con todas las formalidades y requisitos previos en las normas contables y tributarias para esta clase de t\u00edtulos valores\u00bb, siendo las primeras \u00abprecisamente las que contiene o define el C\u00f3digo de Comercio\u00bb; que se aplic\u00f3 \u00abindebidamente\u00bb el precedente citado en relaci\u00f3n con el primero de los desafueros que se sugiri\u00f3 probado, dado que se \u00abdesconoci\u00f3\u00bb que para que el amparo fuera viable era necesario que la interesada demostrara que en el litigio reprochado puso en conocimiento \u00ablas circunstancias de incompetencia absoluta y dicha situaci\u00f3n fue desechada por los jueces de instancia\u00bb; y que no estudio lo expuesto al replicar la demanda tuitiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los reparos esgrimidos por Aguas Kpital C\u00facuta S.A. ESP en la impugnaci\u00f3n, de entrada, se advierte la ratificaci\u00f3n del veredicto de primer grado, pero por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
1.1.- La recurrente afirma que lo suplicado no proyecta una discusi\u00f3n que tenga la relevancia exigida en esta sede, en tanto lo que observa es la intenci\u00f3n de reabrir un debate sobre aspectos de \u00edndole legal, como lo son la \u00abcompetencia de la justicia ordinaria\u00bb y \u00ablas discrepancias del actor sobre la acreditaci\u00f3n de determinados supuestos relevantes\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en lo atinente a dicho t\u00f3pico, la guardiana de la Carta Pol\u00edtica ha precisado que este sendero tiene tres finalidades, a saber: \u00ab(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acci\u00f3n de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acci\u00f3n de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces\u00bb (CC. SU-128 de 2021). <\/p>\n
Con base en ello, ha establecido tres criterios de an\u00e1lisis para determinar si el pedimento resulta \u00abrelevante\u00bb, a saber: <\/p>\n
\u00ab1.1. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y\/o econ\u00f3mico. Las discusiones de orden legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho econ\u00f3mico deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su tr\u00e1mite, toda vez que \u2018le est\u00e1 prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de car\u00e1cter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes\u2019. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusi\u00f3n se limita a la mera determinaci\u00f3n de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de una norma procesal, salvo que de \u00e9sta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido econ\u00f3mico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, \u2018que no representen un inter\u00e9s general\u2019. <\/p>\n
1.2. Segundo, \u2018el caso [debe involucrar] alg\u00fan debate jur\u00eddico que gire en torno al contenido, alcance y goce de alg\u00fan derecho fundamental\u2019. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la cuesti\u00f3n debe revestir una \u2018clara\u2019, \u2018marcada\u2019 e \u2018indiscutible\u2019 relevancia constitucional. Dado que el \u00fanico objeto de la acci\u00f3n tutela es la protecci\u00f3n efectiva de los derechos fundamentales, es necesario que el asunto que origina la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n contra una providencia judicial tenga trascendencia para la aplicaci\u00f3n y el desarrollo eficaz de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, as\u00ed como para la determinaci\u00f3n del contenido y alcance de un derecho fundamental. Por tal raz\u00f3n, los asuntos en los que se invoca la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, pero cuya soluci\u00f3n se limita a la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional. <\/p>\n
1.3. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Seg\u00fan la jurisprudencia constitucional, \u2018la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios\u2019, pues la competencia del juez de tutela se restringe \u2018a los asuntos de relevancia constitucional y a la protecci\u00f3n efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de car\u00e1cter legal\u2019. En ese orden de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia exige valorar si la decisi\u00f3n se fundament\u00f3 en una actuaci\u00f3n ostensiblemente arbitraria e ileg\u00edtima de la autoridad judicial, violatoria de las garant\u00edas b\u00e1sicas del derecho al debido proceso. Solo as\u00ed se garantiza \u2018la \u00f3rbita de acci\u00f3n tanto de los jueces constitucionales como de los de las dem\u00e1s jurisdicciones\u2019\u00bb (ib\u00eddem, resalto intencional). <\/p>\n
En el sub examine se encuentran cumplidos los citados axiomas, toda vez que el problema jur\u00eddico planteado versa sobre una cuesti\u00f3n \u00abconstitucional\u00bb, como es la afectaci\u00f3n a la prerrogativa superior del \u00abdebido proceso\u00bb, a pesar de que se aluda a preceptos de rango legal y al posible detrimento patrimonial que se pueda causar a la quejosa en el evento de que el auxilio no prospere, lo que permite examinar si lo reprochado es o no arbitrario e ileg\u00edtimo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que no asiste raz\u00f3n a la contendiente en su discurso, dado que, como acaba de dilucidarse, la queja reviste la importancia ius fundamental requerida. <\/p>\n
1.2.- Igualmente, Aguas Kpital C\u00facuta S.A. ESP se\u00f1ala que el ruego no se present\u00f3 con la urgencia, celeridad y eficacia requerida (Art. 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991), dado que para cuando este se inco\u00f3 hab\u00edan transcurrido m\u00e1s de cuatro (4) meses, contados desde la fecha en que se defini\u00f3 el enjuiciamiento, aunado a que la vulneraci\u00f3n arg\u00fcida no se materializ\u00f3 con ese acontecimiento, sino con el acogimiento del escrito petitorio, lo cual se dio hace m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os (28\/01\/2020). <\/p>\n
No se comparte ese raciocinio, en la medida que, si bien podr\u00eda consentirse que con la admisi\u00f3n del libelo genitor inici\u00f3 la transgresi\u00f3n de las prerrogativas ius fundamentales invocadas, esta se cristaliz\u00f3 con las resoluciones que cerraron la puerta a la \u00abnulidad\u00bb, mientras que con aquel dictamen se termin\u00f3 de concretar, comoquiera que fue all\u00ed donde se dispuso la abolici\u00f3n de las facturas indicadas en aquel manuscrito. <\/p>\n
Luego entonces, como el apuntado pronunciamiento se dict\u00f3 el 27 de octubre de 2021, y el ruego tuitivo se radic\u00f3 el 10 de marzo del a\u00f1o en curso, esto es, casi cinco (5) meses despu\u00e9s de su proferimiento, no puede afirmarse que la rese\u00f1ada exigencia no fue atendida, habida cuenta que la Sala en reiteradas decisiones ha reconocido por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la defensa el de seis (6) meses (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC3457-2021 y STC4780-2022, entre otros). <\/p>\n
Conclusi\u00f3n a la cual tambi\u00e9n se llegar\u00eda si se calcula dicho lapso desde el 17 de septiembre de 2021, data en la que el ad quem rehus\u00f3 la revisi\u00f3n de lo definido en la primera instancia respecto de la nulidad implorada. <\/p>\n
1.3. De otro lado, la impugnante discute que en el sub lite tampoco se satisface el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb, en tanto que Corponor actu\u00f3 con incuria. <\/p>\n
Empero, esa circunstancia no puede truncar la concesi\u00f3n del socorro, dada la vulneraci\u00f3n al debido proceso que se evidencia en el tr\u00e1mite del asunto que se analiza, m\u00e1s cuando es notoria la magnitud del perjuicio irremediable que esta le causar\u00eda a la Corporaci\u00f3n accionante y, por ende, al patrimonio p\u00fablico, sin dejar de lado la comunidad, ya que se podr\u00eda obstaculizar el fin que se persigue con el recaudo del evocado tributo, cual es el de realizar \u00abproyectos de inversi\u00f3n en descontaminaci\u00f3n h\u00eddrica y monitoreo de la calidad del agua\u00bb (Art. 20, Dec. 2667\/12). <\/p>\n
Y, es que, como se ha dicho en situaciones similares donde la vulneraci\u00f3n es incuestionable, el descuido en que pudo incurrir la pretensora \u00abno constituye un obst\u00e1culo infranqueable para que [el amparo] proceda, si se tiene en cuenta que, se itera, la decisi\u00f3n comentada est\u00e1 amparada en un actuar contrario a derecho, lo que hace evidente y grave la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso del accionante, y por ende necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional para conjurar la afectaci\u00f3n que gener\u00f3 tal proceder\u00bb (CSJ STC2508-2020, Rad. 2019-00305-01). <\/p>\n
1.4.- Superando el requisito residual mencionado, para esta Colegiatura surge la conculcaci\u00f3n de las potestades superiores clamadas por Corponor, por la pot\u00edsima raz\u00f3n que fue avisada irregularmente del inicio de la gesti\u00f3n, en tanto no se cumpli\u00f3 lo dispuesto en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 291 de la actual reglamentaci\u00f3n adjetiva, que remite de manera expresa al precepto 612 ejusdem, que reza: <\/p>\n
\u00abEl auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago contra las entidades p\u00fablicas y las personas privadas que ejerzan funciones propias del Estado se deben notificar personalmente a sus representantes legales o a quienes estos hayan delegado la facultad de recibir notificaciones, o directamente a las personas naturales, seg\u00fan el caso, y al Ministerio P\u00fablico, mediante mensaje dirigido al buz\u00f3n electr\u00f3nico para notificaciones judiciales a que se refiere el art\u00edculo 197 de este c\u00f3digo. <\/p>\n
De esta misma forma se deber\u00e1 notificar el auto admisorio de la demanda a los particulares inscritos en el registro mercantil en la direcci\u00f3n electr\u00f3nica por ellos dispuesta para recibir notificaciones judiciales. <\/p>\n
El mensaje deber\u00e1 identificar la notificaci\u00f3n que se realiza y contener copia de la providencia a notificar y de la demanda. <\/p>\n
Se presumir\u00e1 que el destinatario ha recibido la notificaci\u00f3n cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario har\u00e1 constar este hecho en el expediente. <\/p>\n
En este evento, las copias de la demanda y de sus anexos quedar\u00e1n en la secretar\u00eda a disposici\u00f3n del notificado y el traslado o los t\u00e9rminos que conceda el auto notificado, s\u00f3lo comenzar\u00e1n a correr al vencimiento del t\u00e9rmino com\u00fan de veinticinco (25) d\u00edas despu\u00e9s de surtida la \u00faltima notificaci\u00f3n. Deber\u00e1 remitirse de manera inmediata y a trav\u00e9s del servicio postal autorizado, copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, sin perjuicio de las copias que deban quedar en el expediente a su disposici\u00f3n de conformidad con lo establecido en este inciso. <\/p>\n
En los procesos que se tramiten ante cualquier jurisdicci\u00f3n en donde sea demandada una entidad p\u00fablica, deber\u00e1 notificarse tambi\u00e9n a la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado, en los mismos t\u00e9rminos y para los mismos efectos previstos en este art\u00edculo. En este evento se aplicar\u00e1 tambi\u00e9n lo dispuesto en el inciso anterior. <\/p>\n
La notificaci\u00f3n de la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado se har\u00e1 en los t\u00e9rminos establecidos y con la remisi\u00f3n de los documentos a que se refiere este art\u00edculo para la parte demandada\u00bb (destaco premeditado). <\/p>\n
En efecto, de la encuadernaci\u00f3n remitida se evidencia que el 28 de enero de 2020 el Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta admiti\u00f3 \u00abla demanda verbal sumaria\u00bb interpuesta por la empresa impugnante contra la aqu\u00ed convocante, y el 3 y 27 de febrero siguiente, Corponor recibi\u00f3 la citaci\u00f3n para \u00abnotificaci\u00f3n personal\u00bb y por \u00abaviso\u00bb, respectivamente, pero en la certificaci\u00f3n del \u00faltimo suceso no se indic\u00f3 que se entreg\u00f3 copia del libelo y sus anexos, solo del \u00abAUTO ADMISORIO DDA\u00bb (Archivo 04. ANEXOS Y PRUEBAS.pdf, p\u00e1gs. 191 a 197, del fichero 54001221300020220008001-0003Expediente_remitido), mientras que el 14 de septiembre del mismo a\u00f1o, al exhortar a la demandante para que \u00abcumpla la carga procesal echada de menos\u00bb (Inc. 7\u00b0, Art. 398 C.G.P.), destac\u00f3 que la enjuiciada \u00abdej\u00f3 vencer los t\u00e9rminos legales sin proponer ning\u00fan medio de defensa\u00bb (P\u00e1gs. 201 a 203, Cit.). <\/p>\n
1.4.1.- Por si fuera poco, aunque Corponor peticion\u00f3 la anulaci\u00f3n de todo lo actuado a partir de la noticia por aviso del \u00abauto admisorio\u00bb, el juzgador acusado desestim\u00f3 la rogativa, manifestando que la obligaci\u00f3n de \u00abnotificar personalmente\u00bb aquel proveimiento en el e-mail de la \u00abentidad p\u00fablica\u00bb solo se hizo exigible con la expedici\u00f3n del Decreto Legislativo 806 de 2020 y, que a voces del art\u00edculo 135 de aquella obra, no pod\u00eda alegar la \u00abnulidad\u00bb quien no la propuso como excusa perentoria, discernimiento recurrido horizontal y verticalmente sin suerte, en la medida que aqu\u00e9l mantuvo su postura (Archivo 002.Audiencia.mp4, Min. 9:54 a 53:28, compartido en el link respectivo), y la alzada fue declarada impertinente por el superior por tratarse de una disputa de \u00ab\u00fanica instancia\u00bb. <\/p>\n
Al auscultarse tales razonamientos, de golpe se avistan caprichos y antojadizos, toda vez que no se acompasan con las disposiciones procesales que disciplinan la confrontaci\u00f3n. En primer lugar, porque, contrario a la consideraci\u00f3n del funcionario judicial accionado, la \u00abnotificaci\u00f3n personal\u00bb a trav\u00e9s de \u00abdirecci\u00f3n electr\u00f3nica\u00bb no es exclusiva del D. 806 de 2020 en tanto ya estaba consagrada en el inciso 5\u00b0 del art\u00edculo 291 del Estatuto General del Proceso, que armoniza con el numeral 10\u00b0 del canon 82 de esa codificaci\u00f3n, que como se sabe entr\u00f3 a regir en pleno desde el 1\u00b0 de enero de 2016, tem\u00e1tica que ha sido tratada por esta Corte en los radicados 2019-02319-01 (STC690-2020) y 2020-01025-00 y, particularmente, en lo que respecta a las \u00abentidades p\u00fablicas\u00bb, en el destacado mandato 612 \u00eddem, de ineludible observancia, como acaba de verse. En segundo lugar, porque en ninguna de las hip\u00f3tesis contenidas en el art\u00edculo 100 de la sugerida legislaci\u00f3n adjetiva se puede enmarcar el motivo de \u00abnulidad\u00bb atr\u00e1s enunciado, de ah\u00ed que no pudo ser revelada por la encartada como \u00abexcepci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, es patente que la oficina increpada con la posici\u00f3n se\u00f1alada imposibilit\u00f3 a la tutelante cometer las labores que echa de menos la antagonista. <\/p>\n
Est\u00e1 situaci\u00f3n resultaba suficiente para acceder al apoyo superlativo, pues no hay que olvidar que uno de los reproches de la impulsora se dirige contra el rechazo de la demarcada interpelaci\u00f3n, el cual no abord\u00f3 el Tribunal en la primigenia etapa, cuesti\u00f3n que volv\u00eda innecesario el escrutinio de fondo de la resoluci\u00f3n que zanj\u00f3 la pugna, lo que lleva a que se tenga que reformar el imperativo consignado en el ordinal segundo de la sentencia confutada. <\/p>\n
2.- De manera que la actuaci\u00f3n analizada alberga equivocaciones susceptibles de ser remediadas, por lo que se ratificar\u00e1 el pronunciamiento de primer grado, ajust\u00e1ndolo seg\u00fan se dijo. <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, se precisa que la Sala no har\u00e1 pronunciamiento alguno sobre los planteamientos esbozados por la recurrente en el memorial que denomin\u00f3 \u00abCOMPLEMENTACI\u00d3N IMPUGNACI\u00d3N\u00bb (13-05-22), puesto que se alleg\u00f3 por fuera del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida, con MODIFICACI\u00d3N del ordinal segundo, en el sentido de ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de C\u00facuta, dejar sin efecto todo lo actuado a partir de las actuaciones llevadas a cabo por Aguas Kpital C\u00facuta S.A. ESP, para notificar a Corponor del auto admisorio de la demanda proferido el 28 de enero de 2020, dentro del proceso verbal sumario de cancelaci\u00f3n y\/o reivindicaci\u00f3n de t\u00edtulos valores con radicado No. 54001-3153-001-2019-00354-00, para que, en su lugar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a aplicar lo dispuesto en el art\u00edculo 612 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6110-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6110-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 54001-22-13-000-2022-00080-01 (Aprobado en sala virtual de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo emitido el 7 de abril […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63661","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63661","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63661"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63661\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63661"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63661"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63661"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}