STC6126-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6126-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00600-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 7 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Esther Bautista Garc\u00eda contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciudad, la sociedad Bavaria & CIA S.C.A., y las partes e intervinientes en el ordinario laboral n\u00b0 2016-00271. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad querellada. <\/p>\n
2. Del escrito incoatorio y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Posteriormente, en virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, confirm\u00f3 lo resuelto en primera instancia. <\/p>\n
Inconforme, la actora recurri\u00f3 en sede extraordinaria, pero la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n denunciada, dej\u00f3 inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desfavorable del ad quem, por cuanto consider\u00f3 que la censura no demostr\u00f3 \u00abla\u202fcomisi\u00f3n de errores manifiestos o protuberantes en el ejercicio de [la] valoraci\u00f3n probatoria [que realiz\u00f3 el juzgador de segundo grado], con la trascendencia o entidad necesaria para variar el curso de la [determinaci\u00f3n]\u00bb. <\/p>\n
Veredicto que a juicio de la promotora, incurri\u00f3 en defecto org\u00e1nico y procedimental puesto que \u00abfue expedid[o] por un \u00f3rgano que no ten\u00eda el car\u00e1cter de colegiado en n\u00famero (\u2026) impar a causa de su desintegraci\u00f3n [con el impedimento de una de las magistradas que conforman la Sala]\u00bb. Adicional a ello \u00abdesconoc[i\u00f3] el deber de motivar [la] decisi\u00f3n fundada en sustento probatorio\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, en consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia SL151-2022 del 2 de febrero de 2022 y se \u00abintegrar en n\u00famero impar la Sala (\u2026) a fin de que valoren en debida forma las pruebas mal apreciadas (\u2026), [las] dejadas de apreciar (\u2026) [y den aplicaci\u00f3n al] principio de cosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia confutada, expres\u00f3 que \u00abel reglamento de funcionamiento de la Sala impone que la decisi\u00f3n de que se trate debe adoptarse en reuniones que cuenten con qu\u00f3rum para deliberar y decidir, conformado por la mayor\u00eda absoluta de los miembros que la integran (art\u00edculo 8 del Reglamento Interno de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia). En el asunto bajo estudio, dos de los tres miembros de la Sala participaron de la sesi\u00f3n y aprobaron el proyecto (\u2026), de suerte que se respet\u00f3 la mencionada regla. As\u00ed mismo, en vista de que la ponencia fue acogida por la mayor\u00eda de la Sala, no fue necesario acudir al sorteo y nombramiento de un conjuez, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 13 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ablos argumentos de la [gestora] no est\u00e1n encaminados a demostrar la violaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, sino a insistir en la revisi\u00f3n de los hechos del litigio, olvidando el car\u00e1cter excepcional de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, se acogi\u00f3 a las consideraciones expuestas en el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
3. El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de esta ciudad, realiz\u00f3 un recuento de lo sucedido en el juicio. <\/p>\n
4. La Procuradora Tercera Delegada para la \u00abCasaci\u00f3n Penal\u00bb, manifest\u00f3 que \u00abno ejerci\u00f3 labor de intervenci\u00f3n en el curso del proceso y no (\u2026) tiene (\u2026) los fallos confutados, [raz\u00f3n por la cual,] no le es posible emitir concepto donde se pueda ponderar si se pudo haber vulnerado alguno de los derechos a los que refiere la [solicitante]\u00bb. <\/p>\n
5. La sociedad Bavaria & CIA S.C.A., indic\u00f3 \u00ab[e]n relaci\u00f3n con [los veredictos atacados] en sede de tutela es claro que no existe ning\u00fan yerro en su decisi\u00f3n y mucho menos que con las mismas se vulneren o amenacen los alegados derechos fundamentales y que en virtud de la garant\u00eda del \u00abnon bis in idem\u00bb, resulta incompatible la posibilidad de intentar (\u2026) tutela contra [disposiciones] ejecutoriadas, toda vez que ello representar\u00eda la reapertura de los procesos ya culminados y la violaci\u00f3n al debido proceso de la Compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo al no advertir \u00abninguna anomal\u00eda en la providencia (\u2026) que conlleve a que se considere irregular o arbitraria en punto a la conformaci\u00f3n y comparecencia de dos de los tres togados que hacen parte de la Corporaci\u00f3n accionada. (\u2026) Es decir que, al estar conformada la Sala por tres magistrados, v\u00e1lidamente puede adoptarse la decisi\u00f3n por su mayor\u00eda absoluta, esto es, con dos de sus integrantes, pues no se trat\u00f3 de un capricho o una arbitrariedad, sino que, recu\u00e9rdese, que la tercera togada estaba impedida para intervenir en la actuaci\u00f3n\u00bb. Respecto del defecto f\u00e1ctico alegado, reliev\u00f3 que \u00abla [resoluci\u00f3n] controvertida no solo tiene una clara y congruente motivaci\u00f3n, sino que adem\u00e1s abord\u00f3 todos los temas de disenso que plantea la [memorialista]\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el apoderado de la reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, reiterando los argumentos expuestos en el escrito incoatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 la gestora (SL151-2022, rad. 86795), por cuanto en el fallo que desat\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n: (i) mantuvo en firme la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal y (ii) fue proferido por dos de los tres integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Los veredictos de los jueces son, por regla general, ajenos a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la razonabilidad. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada, dej\u00f3 inc\u00f3lume la resoluci\u00f3n desestimatoria del tribunal ad quem, por cuanto consider\u00f3 que la censura no demostr\u00f3 \u00abla\u202fcomisi\u00f3n de errores manifiestos o protuberantes en el ejercicio de [la] valoraci\u00f3n probatoria [que realiz\u00f3 el juzgador de segundo grado], con la trascendencia o entidad necesaria para variar el curso de la decisi\u00f3n\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al analizar el \u00fanico cargo formulado por la promotora, encaminado por la v\u00eda indirecta, en la modalidad de violaci\u00f3n de \u00ablos art\u00edculos 14, 15 y 43 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; 1502, 1508, 1510, 1511, 1740, 1741, 1742, 2475, 2480, 2483, 1602, 2483 y 2469 del ordenamiento civil, \u00ab(\u2026) aplicaci\u00f3n indebida de los Arts\u00bb 61 y 62 del estatuto laboral, y \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 1527, 1530, 1532, 1534 a 1537, 1551, 1552 y 2542 del C\u00f3digo Civil; 3, 4, 28, 43 y 49 de la Ley 640 de 2001; 64, 65 y 66 de la Ley 446 de 1998; 13 de la Ley 270 de 1996; 13, 53 y 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 55, 62, 63, 64 y 481 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo; 19 del de Procedimiento Laboral; \u00ab77\u00bb de la Ley 712 de 2001 y 48 de la Ley 270 de 1996\u00bb, la autoridad encartada expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]a censura plantea que el Tribunal se equivoc\u00f3 en la valoraci\u00f3n de ciertos medios de prueba. Aunque es evidente que enarbola algunos cuestionamientos de \u00edndole jur\u00eddico, la Sala har\u00e1 abstracci\u00f3n de aquello que se aparta de la senda indirecta seleccionada por la censura. Por razones de m\u00e9todo y dada la falta de secuencia l\u00f3gica y concreci\u00f3n en los argumentos de la recurrente, la Sala abordar\u00e1 una a una las problem\u00e1ticas identificadas en la acusaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, estudi\u00f3 la primera cr\u00edtica de la gestora, la cual \u00abapunta a que del acta de 17 de septiembre de 2014, no era posible colegir que la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo se produjo en esa fecha. (\u2026) [E]xist\u00eda una \u00abcondici\u00f3n suspensiva\u00bb que era la celebraci\u00f3n de un[a] (\u2026) transacci\u00f3n, que deb\u00eda incorporar \u00ablas posibles diferencias sobre derechos conciliados o transigidos\u00bb; (\u2026) condici\u00f3n [que] no se cumpli\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Sobre este aspecto reliev\u00f3 que \u00ab[d]e la lectura del texto en su integridad, aflora que la eficacia de lo acordado en el acta de 17 de septiembre de 2014 qued\u00f3 ligada a la celebraci\u00f3n del contrato de transacci\u00f3n y, especialmente, al pago de la denominada suma transaccional o bonificaci\u00f3n por retiro a la cual se oblig\u00f3 la demandada. Aunque la censura la identifica como una condici\u00f3n suspensiva, bajo los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1536 del C\u00f3digo Civil bien puede afirmarse que se trata de una de tipo resolutorio\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, arguy\u00f3 que \u00abaunque el enfoque del Tribunal no abarc\u00f3 el escenario de la terminaci\u00f3n del contrato en los t\u00e9rminos descritos, ello no es suficiente para considerar fundada la acusaci\u00f3n. As\u00ed se afirma, porque la propia censura reconoce que una vez reveladas las circunstancias en que se suscit\u00f3 dicha terminaci\u00f3n, lo que sigue es verificar si, en efecto, se materializaron los compromisos consignados en la cl\u00e1usula [tercera]\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00ab[l]legado a este punto, la Sala da por descontada la suscripci\u00f3n [de la] (\u2026) transacci\u00f3n; esta premisa no se encuentra en discusi\u00f3n. As\u00ed mismo, no es posible coincidir con la recurrente en que la condici\u00f3n comentada no fue satisfecha a cabalidad, porque el acuerdo mencionado no profundiz\u00f3 en las diferencias existentes entre las partes, con la amplitud deseada. Aunque es verdad averiguada que, por definici\u00f3n, la transacci\u00f3n necesariamente conlleva la disposici\u00f3n de derechos en disputa (art. 2469 C.C.), la censura no acierta al arg\u00fcir que ello no aflora del texto sometido a escrutinio de la Sala\u00bb. <\/p>\n
Conforme lo anterior, explic\u00f3 que \u00abadem\u00e1s de las concesiones econ\u00f3micas del empleador, emerge la disposici\u00f3n de una serie de derechos inciertos y discutibles y, por tanto, susceptibles de transacci\u00f3n para precaver un eventual litigio. Tal es el caso de las indemnizaciones por despido injusto y de cualquier otra naturaleza; en especial, de aquellas que pudieran asociarse a la terminaci\u00f3n del v\u00ednculo. Con mayor raz\u00f3n, al haberse adoptado para esto \u00faltimo un mecanismo consensuado, que excluye de suyo el supuesto del despido y sus consecuencias\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, respecto del convenio transaccional, el estrado enjuiciado indic\u00f3 que \u00abla Sala no ignora que las partes (\u2026) incurrieron en la imprecisi\u00f3n de extender[la] a conceptos salariales y prestacionales que, desde luego, de hallarse acreditados, no estar\u00edan cobijados por la declaraci\u00f3n de paz y salvo. Sin embargo, la censura no demuestra que el Tribunal hubiera ignorado la existencia de derechos de esa \u00edndole, que hicieran procedente la declaratoria de ineficacia del acuerdo, por lo menos, en lo que a esos conceptos se refiere\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, la convocada pas\u00f3 a valorar las pruebas enunciadas por la recurrente \u00abpara sostener que el juez colegiado de instancia ignor\u00f3 que, con posterioridad a la suscripci\u00f3n del acta y de [la] transacci\u00f3n, la trabajadora manifest\u00f3 serias dudas e inconformidades de cara al \u00abprocedimiento seguido por Bavaria S.A.\u00bb, por manera que ello imped\u00eda \u00abavalar el acuerdo (\u2026) so pretexto de que fue una transacci\u00f3n y\/o conciliaci\u00f3n v\u00e1lida\u00bb y puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a demandante ten\u00eda inquietudes sobre el procedimiento seguido por la empresa y sus derechos laborales. Sin embargo, el Tribunal tuvo en cuenta que d\u00edas despu\u00e9s, el 20 de octubre de 2014, las partes suscribieron el contrato de transacci\u00f3n en que ratificaron los t\u00e9rminos del acta de 17 de septiembre anterior. Bajo ese escenario, que no es objeto de reproche, queda sin piso la subsistencia de inconformidades con lo expresamente declarado en el [arreglo]; tambi\u00e9n, de cualquier error sobre el verdadero sentido y alcance de lo pactado a t\u00edtulo de \u00absuma transaccional\u00bb o \u00abbonificaci\u00f3n por retiro\u00bb. Con mayor raz\u00f3n, si no est\u00e1 en controversia que el contrato de marras fue suscrito de manera libre y voluntaria\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, la Corporaci\u00f3n accionada analiz\u00f3 el ataque contra el \u00abjuez plural por ignorar que, con fuerza de cosa juzgada constitucional, la posibilidad de celebrar conciliaciones en materia laboral ante notario p\u00fablico fue excluida del ordenamiento jur\u00eddico\u00bb e indic\u00f3 que \u00ab[l]a censura parece entender que el acuerdo deb\u00eda someterse, obligatoriamente, a una audiencia de conciliaci\u00f3n, o que eso fue lo que quisieron hacer las partes al estampar la nota de presentaci\u00f3n personal ante notario p\u00fablico. A semejante inferencia se opone la claridad del texto, as\u00ed como que la transacci\u00f3n es un mecanismo de autocomposici\u00f3n del conflicto, igualmente v\u00e1lido ante la ley para los prop\u00f3sitos perseguidos por quienes la suscribieron\u00bb. <\/p>\n
Todo ello, para concluir que \u00abla violaci\u00f3n indirecta de la ley supone la\u202fcomisi\u00f3n de errores manifiestos o protuberantes en el ejercicio de valoraci\u00f3n probatoria, con la trascendencia o entidad necesaria para variar el curso de la decisi\u00f3n. Nada de esto demuestra la censura, por manera que la sentencia gravada conserva la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad con que viene revestida\u00bb. <\/p>\n
Conforme con ello, la resoluci\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se encuentra la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la promotora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
No obstante lo anterior, y comoquiera que los reproches de la actora se extienden a que la sentencia cuestionada fue proferida sin tener el qu\u00f3rum necesario para ello, encuentra la Corte, que tales reparos carecen de fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico, suscitando una evidente ausencia de vulneraci\u00f3n que inhabilita la intervenci\u00f3n del juzgador excepcional. <\/p>\n
En efecto, revisado el fallo que desat\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, en ning\u00fan momento se encuentra actuaci\u00f3n que de manera alguna, transgreda la prerrogativa al debido proceso, pues, tal como lo advirti\u00f3 el a quo constitucional, al estar conformada la Sala de Decisi\u00f3n por tres magistrados, v\u00e1lidamente puede adoptarse la determinaci\u00f3n, por su mayor\u00eda absoluta, es decir, con dos de sus integrantes, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la tercer togada se encontraba impedida para actuar en las mencionadas diligencias. <\/p>\n
Sobre el particular, trajo a colaci\u00f3n el art\u00edculo 54 de la Ley 270 de 1996, el cual precept\u00faa que: \u00ab[t]odas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerir\u00e1n para su deliberaci\u00f3n y decisi\u00f3n, de la asistencia y voto de la mayor\u00eda de los miembros de la Corporaci\u00f3n, sala o secci\u00f3n\u00bb. Subrayado fuera de texto. <\/p>\n
Al igual que el Reglamento Interno de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que establece lo siguiente: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 8. Asistencia y qu\u00f3rum. En las reuniones de la Sala el qu\u00f3rum para deliberar y para decidir ser\u00e1 por mayor\u00eda absoluta de los miembros que la integran. <\/p>\n
(\u2026)Art\u00edculo 22. Integraci\u00f3n y duraci\u00f3n. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral contar\u00e1 con cuatro Salas de Descongesti\u00f3n, cada una integrada por tres (3) Magistrados, en forma transitoria y por un periodo que no podr\u00e1 superar los ocho (8) a\u00f1os, contados a partir de la fecha de posesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, no se evidencia yerro alguno que comprometa la legalidad de la actuaci\u00f3n reprochada, ni se evidencia que la convocada haya afectado derechos superiores de la solicitante, situaci\u00f3n que torna improcedente la tutela, ya que, \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, citada en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que este excepcional auxilio requiere: \u00abel cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 00023-01, citada entre otras en STC6835-2019, 30 may. 2019, rad. 00114-01). Resalta la Sala. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se confirmar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, en tanto que la providencia cuestionada se advierte razonable y fue adoptada con el qu\u00f3rum y bajo el procedimiento establecido en la norma. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6126-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC6126-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00600-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63673","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63673","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63673"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63673\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63673"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63673"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63673"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}