STC6132-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC6132-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00094-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el pasado 1\u00ba de febrero1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Orlando Mantilla Torres contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, extensiva a las partes e intervinientes en el proceso penal 2016-00002. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en su propio nombre, acude a esta herramienta supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso que considera lesionado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De las pruebas recaudadas, se puede extractar que, contra Orlando Mantilla Torres se adelanta el proceso penal indicado precedentemente, por el concurso de lesiones personales dolosas2 cometidas sobre Igor Malikov y su esposa Nancy Liliana Villegas Bola\u00f1os, en el cual, el Juzgado Veintis\u00e9is Penal Municipal de Conocimiento de Bogot\u00e1, luego de agotado el tr\u00e1mite previsto en la Ley 1826 de 2017, profiri\u00f3 sentencia condenatoria el 11 de marzo de 2019 imponi\u00e9ndole 30 meses de prisi\u00f3n e interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas y multa de 30 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, al tiempo que otorg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena corporal. <\/p>\n
Dicho fallo fue apelado por el procesado en ejercicio de su defensa material y modificado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 19 de noviembre de 2021, en el sentido de extinguir la acci\u00f3n penal por caducidad de la querella en cuanto a la conducta punible cometida sobre Nancy Liliana Villegas Bola\u00f1os, reduciendo las sanciones a 21 meses y 10 d\u00edas, la privativa de la libertad y a 26.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes la de multa. <\/p>\n
Contra la anterior determinaci\u00f3n el encartado interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, el cual se encuentra en curso, descorriendo el t\u00e9rmino para la formulaci\u00f3n de la respectiva demanda. <\/p>\n
3. El actor sustenta su reclamo en que, supuestamente, no se le permiti\u00f3 ejercer su derecho de defensa \u00aben igualdad de condiciones como si lo tuvieron la parte de mis demandantes a cinco testigos y a sus pruebas [sic]\u00bb, al punto que no tuvo la oportunidad \u00abde arrimar [sus] pruebas testimoniales\u00bb ni pudo \u00abrefutar, interponer, alegar y contraventilarla [sic]\u00bb. <\/p>\n
Se queja adem\u00e1s de haber carecido de una adecuada representaci\u00f3n profesional dado que la defensora asignada por el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica no cumpli\u00f3 a cabalidad con su labor, dado que no compareci\u00f3 a varias diligencias judiciales sin presentar excusa de ello. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita la \u00abanulaci\u00f3n en su totalidad a los fallos en sus dos instancias [sic]\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. En un memorial que aparece presentado por \u00abdespacho 28 Sala Penal Tribunal Superior de Bogot\u00e1 [sic]\u00bb se indica que dicha corporaci\u00f3n \u00abno vulner\u00f3 derechos fundamentales al accionante, por lo que respetuosamente se solicita ser desvinculado del tr\u00e1mite [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. El funcionario de la Personer\u00eda Distrital de Bogot\u00e1, Jorge Moreno Cajic\u00e1, se\u00f1al\u00f3 \u00abno haber realizado actuaci\u00f3n ante el juzgado 26 penal municipal de conocimiento donde se profiri\u00f3 la sentencia de primera instancia, por consiguiente no puedo dar fe de la existencia de las irregularidades que alega el accionante [sic]\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensora Regional del Pueblo de Bogot\u00e1, dijo que el Sistema Nacional de Defensor\u00eda P\u00fablica provey\u00f3 asistencia profesional a Orlando Mantilla Torres dentro del proceso que es objeto de escrutinio, asign\u00e1ndole un abogado \u00abque ejerci\u00f3 en su momento procesal, con plena autonom\u00eda t\u00e9cnica y administrativa, la defensa de la accionante [sic]\u00bb, por tal raz\u00f3n solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de esa entidad. <\/p>\n
4. El abogado Arnulfo Bonilla Brand, quien ejerci\u00f3 la defensa del quejoso, resalt\u00f3 su participaci\u00f3n en el tr\u00e1mite tanto en el debate oral como en la presentaci\u00f3n de alegatos finales; se\u00f1al\u00f3 no haber impugnado el fallo condenatorio \u00abporque no encontr[\u00f3] ninguna falla en la decisi\u00f3n tomada por el juzgado\u00bb <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Declar\u00f3 inviable el resguardo por incumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, toda vez que \u00abse dirige contra una actuaci\u00f3n judicial que se halla en curso, por ende, los cuestionamientos que se presentan en este tr\u00e1mite constitucional deben formularse y resolverse al interior del proceso, por ser ese el escenario natural de discusi\u00f3n y porque el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela impide al juez constitucional interferir en las competencias judiciales ordinarias\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El querellante discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema Jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde establecer si las autoridades judiciales querelladas vulneraron las prerrogativas invocadas por Orlando Mantilla Torres dentro del proceso penal que se adelanta en su contra, al condenarlo como responsable del delito de lesiones personales dolosas. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00abRecu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias del juicio, pero en ning\u00fan momento puede entenderse como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, porque ese supuesto conducir\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC10279-2017, 17 jul. 2017, rad. 00687-01). <\/p>\n
3. Improcedencia de la salvaguarda cuando el proceso penal se encuentra en curso <\/p>\n
Ligado al anterior criterio, se ha destacado que \u00e9ste tambi\u00e9n se incumple cuando la demanda procura la protecci\u00f3n constitucional de asuntos que est\u00e1n pendientes de resoluci\u00f3n en el marco de un tr\u00e1mite judicial en curso, pues frente a cualquier presunta irregularidad atribuible al operador judicial, la misma debe ser propuesta y debatida al interior de la respectiva causa, a trav\u00e9s de los instrumentos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, aun cuando esa oportunidad se extienda hasta la sentencia. <\/p>\n
En tal sentido, cuando el proceso penal se halla en tr\u00e1mite, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sede constitucional ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, le est\u00e1 vedado a esta jurisdicci\u00f3n anticiparse en la adopci\u00f3n de determinaciones sobre aspectos que le corresponde resolver al juzgador competente, pues no puede arrogarse facultades ajenas. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, prohijando lo razonado por la Hom\u00f3loga a quo, por cuanto no se satisface el requisito de procedibilidad que viene de mencionarse, conforme lo prev\u00e9 el numeral 1 del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, se advierte anticipado cualquier pronunciamiento frente a la queja que expone el impugnante teniendo en cuenta que, seg\u00fan se desprende de lo aportado, el tr\u00e1mite penal a\u00fan est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n, habida consideraci\u00f3n se encuentra en tr\u00e1mite el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el condenado, surti\u00e9ndose el traslado de ley para la formulaci\u00f3n de la respectiva demanda. <\/p>\n
As\u00ed, de considerar que en la actuaci\u00f3n se presentaron vicios o irregularidades procesales o de tener discrepancia con la forma como se valor\u00f3 el material probatorio recaudado, es el referido recurso extraordinario la herramienta id\u00f3nea para proponer tales reparos y no la acci\u00f3n supralegal puesto que no puede utilizarse para pretermitir etapas procesales, obviar procedimientos y menos para desconocer la competencia legalmente atribuida para la decisi\u00f3n del asunto, instrumento que, adem\u00e1s, es id\u00f3neo pues a trav\u00e9s del mismo la Sala Especializada de esta Corte puede examinar, incluso oficiosamente, la presunta trasgresi\u00f3n de garant\u00edas fundamentales en caso de no ser admitido el libelo que se llegare a presentar. <\/p>\n
Cabe resaltarse que, para que pueda abrirse paso la protecci\u00f3n constitucional, es necesario el agotamiento de todos los mecanismos propios de la actuaci\u00f3n ordinaria, previstos para controvertir las determinaciones que all\u00ed se adopten; no obstante, en el caso puntual ello no se ha cumplido, pues, como se dijo, subsiste en el escenario procesal la posibilidad de plantear las inconformidades y reproches que aqu\u00ed formula el promotor del amparo. <\/p>\n
Proceder como lo plantea el demandante implicar\u00eda asumir que esta acci\u00f3n es un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, o incluso una instancia paralela, con el consecuente riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, lo que adicionalmente propiciar\u00eda un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n
En definitiva, el incumplimiento del requisito de procedibilidad destacado es motivo suficiente para no ahondar en otras tem\u00e1ticas espec\u00edficas, que sin duda est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n del criterio expuesto <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 el fallo impugnado, dada la evidente improcedencia del resguardo, habida cuenta que subsiste en la actuaci\u00f3n la posibilidad de ejercitar los instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa de los derechos que se dicen conculcados. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para resolver la impugnaci\u00f3n el pasado 9 de mayo. <\/p>\n
2\u0002 Arts. 111, 112 inciso primero, 113 incisos primero y cuarto y 117 del C\u00f3digo Penal <\/p>\n
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