STC6144-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6144-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01785-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Margarita Farf\u00e1n le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior y al Juzgado Veinte Laboral del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 86957. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a \u00abuna pensi\u00f3n vital y m\u00ednima de vejez, igualdad, seguridad social y vida digna\u00bb, para que se dejara sin valor y efecto la sentencia dictada por la Magistratura censurada el 18 de mayo de 2021 y, en consecuencia, se emitiera una nueva que \u00abrespete mi derecho sustancial a que se me (\u2026) validen las semanas que fueron canceladas mediante t\u00edtulo pensional liquidado por Colpensiones y recibido su pago sin ninguna objeci\u00f3n dentro del plazo mensual de que habla la norma operando de esta manera la afiliaci\u00f3n t\u00e1cita y el respeto al principio de confianza leg\u00edtima\u00bb. <\/p>\n
En sustento narr\u00f3 que demand\u00f3 laboralmente a la Administradora Colombiana de Pensiones y a Jairo Lizarralde Rivera, para que se le reconociera como beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n (art. 36 de la Ley 100 de 1993), se incluyera en su historial las cotizaciones realizadas entre el 1\u00ba de abril de 1991 y 31 de mayo de 1999 canceladas por Lizarralde Rivera y, adem\u00e1s, obtener el pago de la pensi\u00f3n de vejez a partir del 1\u00ba de junio de 2014, de conformidad con el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 orden\u00f3 a Colpensiones actualizar su historia laboral teniendo en cuenta los periodos pagados por Lizarralde Rivera y la conden\u00f3 a reconocerle la aludida prestaci\u00f3n y pagarle los intereses moratorios de que trata el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 (11 sep. 2018); determinaci\u00f3n que el superior revoc\u00f3 al declarar probada la excepci\u00f3n de inexistencia de la obligaci\u00f3n (13 mar. 2019), al paso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no quebr\u00f3 la de \u00e9ste (18 may. 2021). <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con la \u00faltima decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, porque se pas\u00f3 por alto que Colpensiones no investig\u00f3 la relaci\u00f3n laboral que tuvo con el empleador omisivo y, no obstante ello, \u00abliquid\u00f3 el valor del t\u00edtulo pensional, (\u2026) recibi\u00f3 el valor del t\u00edtulo pensional el d\u00eda 14 de julio de 2017 y que antes del 14 de agosto de 2017\u00bb, sin presentar \u00abobjeci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n o pago del t\u00edtulo pensional\u00bb; de ah\u00ed que, en su opini\u00f3n, surge una \u00abafiliaci\u00f3n t\u00e1cita que permit[e] validar los (\u2026) periodos sin afiliaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n
2.- La Sala de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, destacando que los cargos de la casacionista no salieron avante porque \u00abno demostr\u00f3 que las semanas cuya sumatoria pretende estaban sustentadas en una verdadera relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS en liquidaci\u00f3n adujo que \u00abColpensiones debe resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, incluyendo aquellas que habiendo sido presentadas ante el ISS no se hubieren resuelto a la entrada en vigencia del citado Decreto [2011 de 2012]\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal desestim\u00f3 el ruego, comoquiera que encontr\u00f3 razonable el veredicto confutado, debido a que Margarita Farf\u00e1n \u00abno cumpli\u00f3 las exigencias normativas para ser beneficiaria del Acuerdo 049 de 1990\u00bb, como quiera que las pruebas que aport\u00f3 fueron insuficientes para demostrar la existencia de la relaci\u00f3n laboral que afirm\u00f3 tener con Jairo Lizarralde Rivera desde el 1\u00b0 de abril de 1991 y hasta el 30 de mayo de la misma anualidad y, de la cual depend\u00eda la validaci\u00f3n de las cotizaciones efectuadas para dicho periodo. <\/p>\n
4.- La impulsora replic\u00f3 iterando los argumentos del escrito genitor, resaltando que la liquidaci\u00f3n y pago del t\u00edtulo pensional s\u00ed acredit\u00f3 la aludida \u00abrelaci\u00f3n laboral\u00bb, en tanto Colpensiones \u00abantes de liquidar y emitir el valor del t\u00edtulo pensional realiz\u00f3 investigaci\u00f3n administrativa que concluy[\u00f3] que si existi\u00f3 relaci\u00f3n laboral entre mi persona y el se\u00f1or Jairo Lizarralde\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se avizora el decaimiento de la \u00abtutela\u00bb y la convalidaci\u00f3n del prove\u00eddo de primer grado, debido a que se observa que la resoluci\u00f3n de la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL1893-2021, 18 may.) que no quebr\u00f3 la del Tribunal de Bogot\u00e1 (13 mar. 2019), no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para arribar a dicha conclusi\u00f3n, asegur\u00f3 que en la Litis no exist\u00eda discrepancia en torno a los siguientes aspectos: <\/p>\n
i) Margarita Farf\u00e1n naci\u00f3 el 20 de abril de 1955 (\u2026), es decir, para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1.\u00ba de abril de 1994, contaba con m\u00e1s de 35 a\u00f1os edad, por lo que, en principio, podr\u00eda considerarse beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n de que trata su art\u00edculo 36; ii) Jairo Lizarralde Rivera solicit\u00f3 a Colpensiones la \u00abvalidaci\u00f3n de tiempos laborados y no cotizados\u00bb entre el 1.\u00ba de abril de 1991 y el 3 de mayo del mismo a\u00f1o, lo que dio lugar a la emisi\u00f3n, por parte de esa entidad, de un c\u00e1lculo actuarial por valor de $935.568, que fue pagado por el solicitante el 14 de julio de 2017 (\u2026); iii) la recurrente solicit\u00f3 a Colpensiones la inclusi\u00f3n de esos tiempos en su historia laboral, pero la administradora pensional neg\u00f3 dicha solicitud, alegando que deb\u00eda desarrollar una investigaci\u00f3n administrativa para determinar la validez de los mismos (\u2026); iv) reiterada la anterior petici\u00f3n y solicitada la pensi\u00f3n de vejez por la accionante (\u2026), a la fecha de inicio del tr\u00e1mite judicial no se hab\u00eda dado respuesta alguna a esta; v) en las historias laborales aportadas al expediente por las partes se contabilizan 791 semanas cotizadas entre el 1.\u00ba de diciembre de 1997 y el 31 de mayo de 2014. <\/p>\n
Luego, trajo a colaci\u00f3n la sentencia SL2376-2020 que reiter\u00f3 la SL1040-2020 y ense\u00f1\u00f3 que \u00abel hecho generador de las cotizaciones al Sistema General de Pensiones es la relaci\u00f3n de trabajo subordinada o la vinculaci\u00f3n legal y reglamentaria\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, destac\u00f3 que en la SL1355-2019 se aclar\u00f3 que a pesar de que las Administradoras de Fondos de Pensiones ostentan el deber de \u00abdesarrollar las acciones de cobro contra los empleadores morosos, so pena de computar esas semanas para efectos del reconocimiento pensional\u00bb, cierto es que, \u00abpara que pueda hablarse de mora patronal, es necesario que existan pruebas razonables sobre la existencia de un v\u00ednculo laboral\u00bb. <\/p>\n
De acuerdo con ello, pregon\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) las semanas comprendidas entre el 1.\u00ba de abril de 1991 y el 3 de mayo del mismo a\u00f1o (\u2026) no pod\u00edan sumarse, porque de la historia laboral y de la documental que contiene el pago del c\u00e1lculo actuarial efectuado por Lizarralde Rivera en el a\u00f1o 2017, se sigue que la accionante se afili\u00f3 al sistema el 1.\u00ba de diciembre de 1997 y que los aportes del a\u00f1o 1991 se basaron en el pretexto de no haberse pagado esas semanas por el supuesto exempleador, lo que no encontr\u00f3 cre\u00edble, pues tales tiempos \u00abcarecen de total soporte probatorio que acredite, (\u2026) de forma (\u2026) cierta la existencia de un verdadero contrato de trabajo\u00bb entre quien situ\u00f3 el c\u00e1lculo actuarial y la reclamante, a quien no podr\u00eda d\u00e1rsele la condici\u00f3n de acreedora de la pensi\u00f3n. <\/p>\n
En dicho sentido, asegur\u00f3 que la contestaci\u00f3n de la demanda no constitu\u00eda una confesi\u00f3n, en atenci\u00f3n a que, <\/p>\n
(\u2026) su texto da cuenta de la confusi\u00f3n del demandado, quien en un comienzo dice que no le consta la existencia del v\u00ednculo laboral, (\u2026) para luego sostener, (\u2026) que el nexo s\u00ed existi\u00f3, pero se\u00f1alando fechas distintas a las exteriorizadas en el c\u00e1lculo actuarial, en el cual se disponen como ciclos a pagar los correspondientes al periodo \u00ab01\/04\/1991 03\/05\/1991\u00bb (\u2026), mientras que el accionado, en la cuarta excepci\u00f3n formulada en su contestaci\u00f3n, se\u00f1ala que los servicios personales se los prest\u00f3 la se\u00f1ora Farf\u00e1n entre el \u00ab1 de abril y 31 de mayo de 1991\u00bb (\u2026), lo que implica divergencias notorias entre las versiones que presenta a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
En lo concerniente con la comunicaci\u00f3n de 4 de julio de 2017 que Colpensiones remiti\u00f3 a Jairo Lizarralde Rivera junto con el cup\u00f3n de pago del c\u00e1lculo actuarial, estim\u00f3 que no evidencian certeza <\/p>\n
(\u2026) acerca de que Margarita Farf\u00e1n efectivamente prest\u00f3 sus servicios a favor de quien se dice su empleador, pues corresponden a la respuesta a una petici\u00f3n administrativa puntual, elevada por este \u00faltimo, para que se le indique el monto a pagar por cotizaciones correspondientes a un determinado lapso, en el que supuestamente no hizo la afiliaci\u00f3n de la trabajadora, luego, si bien (\u2026) ese recibo dio pie a recibir los dineros destinados a cubrir esos tiempos, supuestamente laborados, no genera credibilidad acerca de este \u00faltimo hecho. <\/p>\n
Posteriormente, acot\u00f3 que el aludido recibo de pago no constituye una orden de apremio contra Lizarralde Rivera, en la medida que \u00ab(..) la iniciativa de emitir ese cup\u00f3n se genera en el alegado empleador, y la liquidaci\u00f3n no es otra cosa que la respuesta al derecho de petici\u00f3n de este \u00faltimo, tal y como se expresa en el oficio de 4 de julio de 2017 (\u2026) [cuya finalidad no es] dar por cierta la existencia del nexo subordinante generador de la obligaci\u00f3n de cotizaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En punto a los reportes de semanas cotizadas, dijo, evidencian que Margarita Farf\u00e1n <\/p>\n
(\u2026) se afili\u00f3 al sistema pensional en el a\u00f1o 1997, y no antes. En los ejemplares que aporta Colpensiones (\u2026) expedidos despu\u00e9s del pago de las supuestas semanas adeudadas, no se relacionan estas (\u2026) lo que indica que, a pesar de haber recibi[do] el dinero ofrecido por el aqu\u00ed codemandado a t\u00edtulo de pago del c\u00e1lculo actuarial, la administraci\u00f3n pensional no ten\u00eda certeza de la existencia del contrato laboral y por ello no los sum\u00f3 en esa historia laboral. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abformulario de solicitud de prestaciones econ\u00f3micas\u00bb y la \u00abpetici\u00f3n de correcci\u00f3n de historia laboral\u00bb, razon\u00f3 que \u00abson documentos diligenciados por la misma accionante, para lograr el objetivo que persigue a trav\u00e9s de este proceso, de manera que su contenido no puede estimarse como suficiente para demostrar que, en efecto, en el a\u00f1o 1991 existiera un contrato de trabajo real (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, esboz\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) si bien en el oficio emitido por Colpensiones para establecer el monto del c\u00e1lculo actuarial (\u2026) se registran en mora los ciclos arriba indicados, conforme a los Decretos 2633 de 1994 y 326 de 1996, ello no certifica que la demandante mantuvo un contrato de trabajo con tal empleador en ese lapso, toda vez que la entidad se limita a registrar lo anunciado por \u00e9l, tiempo que queda en duda con la contestaci\u00f3n de la demanda, que alude a otros d\u00edas de supuesta relaci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
De acuerdo con ello, coligi\u00f3 que conforme lo explic\u00f3 la segunda instancia, la censura \u00abno demostr\u00f3\u00bb que hubiese \u00abprestado servicios para el empleador Lizarralde Rivera [en el a\u00f1o 1991] y, por tanto, que se generara la obligaci\u00f3n de realizar cotizaciones al sistema pensional\u00bb. <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo expuesto, adver\u00f3 que en el sub lite no se impuso una exigencia probatoria desproporcionada a la recurrente, en vista que en la sentencia SL2204-2020 se asent\u00f3 <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 28 oct. 2008, rad. 34270, la Sala explic\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026). Es claro entonces que los derechos pensionales y las cotizaciones son un corolario del trabajo; se causan por el hecho de haber laborado y est\u00e1n dirigidos a garantizar al trabajador un ingreso econ\u00f3mico peri\u00f3dico, tras largos a\u00f1os de servicio que han redundado en su desgaste f\u00edsico natural. De all\u00ed que, precisamente, para que pueda hablarse de \u00abmora patronal\u00bb es necesario que existan pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un v\u00ednculo laboral, (\u2026). Dicho de otro modo: la mora del empleador debe tener sustento en una relaci\u00f3n de trabajo real. <\/p>\n
Aunado a ello, dilucid\u00f3 que en los casos abordados en las sentencias SL6066-2016 y SL233-2020, que invoc\u00f3 la demandante en su defensa, \u00abno hab\u00eda duda acerca de la existencia de nexos contractuales generadores de la relaci\u00f3n jur\u00eddica de cotizaci\u00f3n, con lo que sus postulados no son aplicables a este caso, ni siquiera en aras de la \u00abaceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la afiliaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, precis\u00f3 que el ad quem no incurri\u00f3 en los yerros endilgados, al paso que acertadamente dedujo que <\/p>\n
(\u2026) no se verific\u00f3 la vinculaci\u00f3n laboral de la demandante con Lizarralde Rivera, exigencia que no resulta desmedida, ni reviste que el fallador de segundo grado hubiese presumido la mala fe de la trabajadora que dej\u00f3 de llevar a buen t\u00e9rmino una carga probatoria b\u00e1sica. Por ello, puede concluirse que la ausencia de prueba que ofrezca convicci\u00f3n sobre el verdadero nexo contractual laboral inhibe al juzgador de contabilizar los aportes objeto de debate, a efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos de la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
2.- En ese orden, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la precursora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que dicho prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de esta salvaguarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Corolario de lo discurrido, se impone mantener el fallo confutado, advirtiendo que para esta Sala es procedente el respeto por las \u00abdecisiones judiciales\u00bb, con mayor raz\u00f3n cuando se trata de organismos de cierre, salvo que aparezcan visibles las causales de procedibilidad del auxilio, comp\u00e1rtase o no lo solventado por el juez natural (STC13808-2021), lo que aqu\u00ed no sucede. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6144-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6144-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-01785-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de septiembre de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63687","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63687\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}