STC6145-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6145-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 23001-22-14-000-2022-00081-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda el 3 de mayo de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Alberto Ortega contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el pleito de investigaci\u00f3n de paternidad n\u00b0 2018-00516. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de petici\u00f3n \u00aba un nombre y filiaci\u00f3n\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada, al no dar curso a las peticiones para obtener la resoluci\u00f3n del litigio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abel 03 de diciembre de 2018, por intermedio de apoderado defensor p\u00fablico, radiqu\u00e9 demanda de filiaci\u00f3n [contra Julio Cesar Palacio Diez]\u00bb, la cual admiti\u00f3 el Juzgado Primero de Familia del circuito de Monter\u00eda el 12 del mismo mes y a\u00f1o; que \u00abel 26 de noviembre de 2019, el juzgado cita y fija fecha para toma de muestra de prueba de ADN para el d\u00eda 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones de Medicina Legal de la ciudad de Monter\u00eda, prueba que no se pudo realizar por (\u2026) la no asistencia de la parte demandada\u00bb, situaci\u00f3n que se repiti\u00f3 el \u00ab01 de abril de 2020\u00bb, pese a la advertencia de que \u00absu renuencia a la toma de la muestra para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN, har\u00e1 presumir cierta la paternidad alegada\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abmi presunto padre es asesinado el 5 de abril de 2021 en la ciudad de Planeta Rica [y tras ello] dentro del proceso no hubo m\u00e1s actividad [hasta] el 13 de junio de 2021\u00bb, fecha en la otro abogado asumi\u00f3 su representaci\u00f3n, quien \u00abviene enviando oficios y realizando requerimientos al despacho [para] que falle (\u2026) conforme la norma lo indica cuando hay renuencia del demandado al no asistir a la citaci\u00f3n de la toma de muestra para la prueba de ADN (\u2026), solicitudes que nunca se le[s] dio tr\u00e1mite\u00bb, y que el \u00faltimo memorial refiere a \u00abla oposici\u00f3n al resultado de la prueba de ADN (\u2026), [a]l cual el despacho a la fecha [22 de abril de 2022] no le ha dado tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al accionado \u00abresolver en el t\u00e9rmino no mayor de 48 horas las peticiones presentadas por mi apoderado\u00bb, para que se defina prontamente la filiaci\u00f3n por \u00e9l impetrada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. El Juez Primero de Familia de Monter\u00eda, present\u00f3 informe en el que describi\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal, destacando la actividad desplegada para obtener la prueba cient\u00edfica y el resultado desfavorable finalmente obtenido, y que con auto del 27 de abril de 2022, resolvi\u00f3 \u00abla objeci\u00f3n al dictamen pericial presentada por el demandante\u00bb, que dio respuesta frente a la concurrencia de un menor de edad que funge como \u00absucesor procesal de su finado padre Julio C\u00e9sar Palacio Diez\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Juan Carlos Pretal Villadiego, en su calidad de \u00abapoderado sustituto [del demandante] desde el mes de junio de 2021 [manifest\u00f3 que] no tiene por qu\u00e9 oponerse a los [los hechos de la tutela] por cuanto conforme al material probatorio allegado y revisado en la tuba, se evidencia que son ciertos, [y] en cuanto a la actividad de este servidor ustedes la pueden corroborar con el material probatorio (\u2026) que se encuentra en la p\u00e1gina de la rama judicial\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio al evidenciar \u00abcarencia actual de objeto\u00bb, toda vez que de la revisi\u00f3n realizada al expediente advirti\u00f3 que \u00abla omisi\u00f3n que motiv\u00f3 la presente acci\u00f3n constitucional fue superada mediante auto del 27 de abril de 2022, que resolvi\u00f3 la objeci\u00f3n al dictamen pericial [y con ello], el juzgado tutelado surti\u00f3 las actuaciones que requer\u00eda el demandante del proceso que adelanta de investigaci\u00f3n de paternidad\u00bb. Acot\u00f3 que los reproches frente a la vinculaci\u00f3n al juicio de un \u00abtercero\u00bb, son \u00abcircunstancias f\u00e1cticas novedosas\u00bb, y por ello, la inconformidad que sobre el particular se suscite, \u00abdebe ser debatida inicialmente al interior del proceso\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el promotor del resguardo para insistir en que de parte del accionado, no hubo explicaci\u00f3n satisfactoria respecto a la consecuencia jur\u00eddica por no haberse practicado la prueba de ADN debido a la \u00abrenuencia\u00bb del demandado, y que por haber dejado transcurrir el tiempo para resolver la pretensi\u00f3n por \u00e9l incoada, ahora procede acceder a la petici\u00f3n de que \u00abse dicte sentencia de plano\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Primero de Familia de Monter\u00eda, vulner\u00f3 las prerrogativas derivadas de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia del accionante, porque al interior del juicio de filiaci\u00f3n extramatrimonial n\u00b0 2018-00516, -en su sentir- ha dilatado el tr\u00e1mite de sus peticiones y con ello la resoluci\u00f3n de fondo. <\/p>\n
Esto, porque al invocarse la protecci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n, debe precisarse que a tono con el precedente constitucional (sentencia T-290\/93), esta Sala ha precisado que cuando se impetra para que el juez haga o deje de hacer determinada actividad jurisdiccional, o para que impulse y resuelva el asunto bajo su actual conocimiento, el tratamiento no se sujeta a los t\u00e9rminos consagrados para las peticiones de car\u00e1cter administrativo, sino que \u00abse rigen por principios, reglas y normas determinadas previamente en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, leyes y c\u00f3digos, seg\u00fan la jurisdicci\u00f3n, especialidad y procedimiento a las cuales deba sujetarse el conflicto, los cuales deben ser acatados por el juez y los intervinientes\u00bb (CSJ STC, 22 jun. 2004, rad. 00012-01). <\/p>\n
En ese mismo sentido ha dicho que: \u00ablas peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (fallos de 20 y 31 de marzo de 2000, exp. T-4822 y T-4867)\u201d\u00bb (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 01784-01, citada entre otras en STC11347-2020, 10 nov. 2020, rad. 00330-01). <\/p>\n
2. Del caso concreto. <\/p>\n
Del examen realizado a los argumentos de la queja constitucional y su cotejo con el informe y piezas procesales allegadas por el despacho convocado, la Sala ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del amparo deprecado, en raz\u00f3n a que la situaci\u00f3n aducida por el actor y que se predica como mora judicial, fue superada en el tr\u00e1mite de la presente acci\u00f3n, y por ello no se habilita la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan el informe rendido por el funcionario accionado y que concuerda con el expediente digital remitido, la Corte establece que, pese a las distintas vicisitudes presentadas en relaci\u00f3n con la pr\u00e1ctica de la prueba de marcadores gen\u00e9ticos de ADN encaminada a definir la filiaci\u00f3n, la dilaci\u00f3n judicial enrostrada fue corregida durante el curso de esta acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Ciertamente, la actuaci\u00f3n procesal da cuenta que tras haber sorteado la \u00abrenuencia del demandado\u00bb y luego sobrevenir su muerte, aunado a la concurrencia de interesados dada la existencia de otro pleito donde tambi\u00e9n est\u00e1 en entredicho la paternidad del causante, las solicitudes dirigidas a impulsar el proceso, en particular, las presentadas tras la toma de muestras y la diligencia de \u00abexhumaci\u00f3n\u00bb realizada por orden del Juzgado Promiscuo de Familia de Planeta Rica a finales de 2021, han sido atendidas por el accionado. <\/p>\n
Conforme a lo anterior, recibido el \u00abinforme pericial de gen\u00e9tica forense\u00bb expedida por el Instituto Nacional de Medicina Legal el 17 de febrero de 2022, cuyo result\u00f3 arroj\u00f3 que \u00abJulio C\u00e9sar Palacio Diez (fallecido) se excluye como el padre biol\u00f3gico de Mario Alberto Ortega\u00bb, el juzgado procedi\u00f3 a correr traslado del mismo, siendo objetado por el hoy querellante, y tras su ingreso al despacho el 1\u00ba de marzo de la misma anualidad, el requerimiento elevado para que se emitiera la providencia de rigor, fue proferida el 27 de abril de 2022, \u00abresolviendo la objeci\u00f3n al dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
En las condiciones descritas, al haber obtenido el resultado de la prueba de ADN, la cual, seg\u00fan criterio del funcionario judicial, por mandato legal y jurisprudencial estim\u00f3 que era indispensable evacuar, el decurso procesal ha proseguido y se espera su pronta culminaci\u00f3n. Entonces, contrario a lo reiterado por el impugnante, no es este el escenario jur\u00eddico para cuestionar si proced\u00eda o no haber fallado el proceso sin la pr\u00e1ctica de dicha prueba cient\u00edfica, pues para refutar tal determinaci\u00f3n estaban disponibles los recursos ordinarios que prev\u00e9 el ordenamiento adjetivo, y por haberse recaudado ya la misma, la eventual controversia solo ser\u00eda dable frente a la decisi\u00f3n final que llegue a adoptarse. <\/p>\n
Significa lo anterior, que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues de las circunstancias explicadas en precedencia, se configura una carencia actual de objeto por hecho superado, pues \u00abestando en curso la tutela\u00bb, como lo exige el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991, la autoridad judicial querellada dio tr\u00e1mite al impulso procesal que el actor echaba de menos, solucionando con ello la situaci\u00f3n que motiv\u00f3 la invocaci\u00f3n de la presente salvaguarda. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dejado sentado que el hecho superado acontece cuando \u00abentre el momento en que se interpone la demanda de amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00ab(\u2026) si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01, citada entre otras en STC5107-2021, 7 may. 2021, rad. 00472-01). <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo discurrido, se impone ratificar el fallo de primer grado mediante el cual se desestim\u00f3 el amparo invocado, comoquiera que la mora judicial endilgada al funcionario accionado, fue superada durante el diligenciamiento de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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