STC6147-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6147-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de abril de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la tutela que Hernando Jos\u00e9 Saade Urueta le instaur\u00f3 al Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, extensiva a Diana S\u00e1nchez Garc\u00eda, Asofondos, la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, el Juzgado Segundo Laboral de San Marta, Porvenir S.A., Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones -, el Consejo Seccional de la Judicatura, la Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial, la Unidad de Carrera Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura \u2013 Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial -, la Procuradur\u00eda Provincial y la Defensor\u00eda de Familia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El promotor, a trav\u00e9s de apoderado, invoc\u00f3 la guarda de las prerrogativas al \u00abdebido proceso, petici\u00f3n, igualdad, trabajo, seguridad social, estabilidad laboral reforzada por tener la condici\u00f3n de pre pensionado, m\u00ednimo vital y pensi\u00f3n de vejez\u00bb, para que se ordenara al estrado censurado restablecer y respetar \u00absu condici\u00f3n de prepensionado establecida en la resoluci\u00f3n 013\/18. A efectos de que se mantenga como consolidados los derechos prepensionales de acuerdo con ese acto administrativo ejecutoriado\u00bb y, en consecuencia, dispusiera su reintegro al cargo que ven\u00eda ejerciendo o a uno de igual o de superior jerarqu\u00eda, hasta que le sea reconocida la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
En compendio adujo que tiene 63 a\u00f1os de edad y desde el 4 de enero 1999 ha desempe\u00f1ado m\u00faltiples empleos en la Rama Judicial, el \u00faltimo como Secretario del Juzgado Primero de Familia de Santa Marta, hasta el 28 de febrero de pasado, con cuyo sueldo cubr\u00eda sus necesidades b\u00e1sicas y las de su familia. <\/p>\n
Sostuvo que como inform\u00f3 al titular de dicho despacho que le faltaban 172,9 semanas, \u00abmenos de 3 a\u00f1os\u00bb para completar las 1.300 que exige la ley para reclamar su \u00abpensi\u00f3n\u00bb, \u00e9ste expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n n\u00b0 013 de 30 de abril de 2018; sin embargo, el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, mediante Acuerdo CSJMA21-196 de diciembre de 2021, elabor\u00f3 la lista de elegibles para dicho cargo. <\/p>\n
Asever\u00f3 que el funcionario cuestionado el 21 de enero de 2021 inici\u00f3 de manera oficiosa actuaci\u00f3n administrativa tendiente a definir el estado de vacancia del puesto de Secretario, as\u00ed como su situaci\u00f3n de prepensionado, para lo cual solicit\u00f3 al Consejo Seccional de la Judicatura certificar los \u00abcargos\u00bb actuales con que contaba esa dependencia sin comunicarle la previa protecci\u00f3n que le otorg\u00f3, y lo requiri\u00f3 junto a Porvenir S.A., para que obtener la historia laboral. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abv\u00eda telef\u00f3nica rindi\u00f3 el informe de las gestiones adelantadas y le comunic\u00f3 que hab\u00eda iniciado una demanda laboral contra Porvenir S.A., a efectos de obtener la \u201cINEFICACIA DEL TRASLADO DE R\u00c9GIMEN\u201d\u00bb, empero, el 26 de enero de 2022 aquel nombr\u00f3 a Diana S\u00e1nchez Garc\u00eda como secretaria del Juzgado y dej\u00f3 sin efectos \u00abmis derechos adquiridos de pre pensionado y que \u00e9l mismo me hab\u00eda otorgado\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que con la anterior determinaci\u00f3n \u00abel juzgado accionado, desconoci\u00f3 y omiti\u00f3 acatar el sin n\u00famero de precedentes jurisprudenciales de las altas cortes\u00bb, raz\u00f3n por la que el 15 de febrero elev\u00f3 petici\u00f3n tendiente a que le mantuviera el status que le hab\u00eda reconocido, manifest\u00e1ndole, adem\u00e1s, que no tiene otra alternativa econ\u00f3mica o laboral; no obstante, pero este le contest\u00f3 que sobre su condici\u00f3n prevalece el \u00abderecho\u00bb que tiene la persona designada con ocasi\u00f3n del concurso de m\u00e9ritos, lo que en su sentir, transgrede sus prerrogativas. <\/p>\n
2.- El Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena indic\u00f3 que \u00ab procedi\u00f3 a la revisi\u00f3n de la base de datos del personal del Distrito Judicial de Santa Marta, vislumbrando que el se\u00f1or SAADE URUETA desempe\u00f1aba el cargo de Secretario de Juzgado de Circuito Grado Nominado del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Santa Marta en provisionalidad, el cual se encuentra ocupado actualmente en propiedad por la se\u00f1ora DIANA PATRICIA SANCHEZ GARCIA, quien concurs\u00f3 y aprob\u00f3 la Convocatoria N\u00ba 4 la cual se adelant\u00f3 mediante el Acuerdo No. CSJMAA17-206 del 6 de octubre de 2017\u00bb. <\/p>\n
Diana Patricia S\u00e1nchez Garc\u00eda se opuso al resguardo, arguyendo que a ella le asiste un justo m\u00e9rito y tiene a cargo 3 hijas menores. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial dijo que \u00abno se encuentra probada la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a los derechos que se invocan como fundamentales y que permita utilizar la acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio, por lo cual desde solicita se denieguen las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, por inexistencia de vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. (\u2026). Es dable se\u00f1alar, que la se\u00f1ora DIANA S\u00c1NCHEZ GARC\u00cdA ocupo el primer lugar en la lista de elegibles, correspondi\u00e9ndole a los despachos acatar y respetar el orden de provisi\u00f3n plaza por quien gan\u00f3 el concurso de m\u00e9ritos. Por lo que, el cumplimiento de dicha lista debe ser suficiente motivo legal para desvincular del cargo al hoy accionante, en raz\u00f3n a que al lado de sus derechos se encuentra el de aquellos trabajadores vinculados en propiedad, el cual prevalece\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Provincial de San Marta, la Gobernaci\u00f3n del Magdalena, Asofondos y Colpensiones alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contest\u00f3 que \u00abno tiene vinculaci\u00f3n laboral por Hernando Jos\u00e9 Saade\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Santa Marta comunic\u00f3 que el accionante \u00abpresent\u00f3 proceso ordinario laboral en contra de PORVENIR S.A y COLPENSIONES, repartido a este despacho el d\u00eda 21 de enero de 2022, bajo el radicado 47-001-31-05-002-2022-00008-00, que como quiera que se advirti\u00f3 que la demanda presentaba falencias, las mismas fueron se\u00f1aladas en auto de fecha 11 de febrero de 2022, subsanada la demanda en termino se procedi\u00f3 a su admisi\u00f3n el d\u00eda primero de marzo de 2022, se surtieron por parte del despacho las notificaciones a las demandadas, y para este momento se encuentra corriendo el termino de traslado a la parte pasiva\u00bb. <\/p>\n
El Primero de Familia de Santa Marta declar\u00f3 que Hernando Jos\u00e9 Saade labor\u00f3 all\u00e1 hasta el 7 de marzo pasado, ya que por \u00abresoluci\u00f3n No. 003 del 26 de enero de 2022 proferida por este despacho, se definiera una situaci\u00f3n jur\u00eddica otorgada en virtud de Resoluci\u00f3n 013 del 30 de abril de 2018 proferida por este mismo Juzgado y se hizo un nombramiento en propiedad en virtud del concurso de m\u00e9ritos Convocatoria No. 4 anunciada mediante el Acuerdo CSJMAA17-206 del 6 de octubre de 2017, comunicado mediante Acuerdo No. CSJMAA21-196 del 16 de diciembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Rog\u00f3 \u00abNEGAR el amparo pues el juzgado siempre actu\u00f3 conforme (inform\u00f3 la situaci\u00f3n del se\u00f1or Hernando Saade al Consejo de la Judicatura, se le requiri\u00f3 para que informara su situaci\u00f3n pensional, a lo que guard\u00f3 silencio, se le pidi\u00f3 que informara la Resoluci\u00f3n de pensi\u00f3n, guard\u00f3 silencio, se le requiri\u00f3 nuevamente, y guard\u00f3 silencio, se le notific\u00f3 la Resoluci\u00f3n que dej\u00f3 sin efecto la resoluci\u00f3n inicial de prepensionalidad, y guard\u00f3 silencio, se le dio respuesta a la petici\u00f3n y guard\u00f3 silencio), con lo cual el despacho am\u00e9n del actuar silencioso del quejoso no ha actuado sino conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta desestim\u00f3 el ruego porque el actor no cumpli\u00f3 con las condiciones para acceder al status de \u00abprepensionado\u00bb y la salvaguarda no cumple con el requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
Impugn\u00f3 el querellante iterando los argumentos del escrito genitor, agregando que el auxilio \u00abse promovi\u00f3 como mecanismo TRANSITORIO y no subsidiario, en concordancia con las disposiciones que regulan la tutela como amparo constitucional; esa corporaci\u00f3n, se limita con simpleza y sin ning\u00fan tipo de argumentaci\u00f3n jur\u00eddica a mencionar que el sr. SAADE URUETA, no INTERPUSO los recursos de ley contra el acto que ordena el despido del cargo que ocupaba en la Rama Judicial, lo que implica que la sentencia impugnada est\u00e1 inmersa en falsa motivaci\u00f3n por carencia de motivos, por cuanto los actos administrativos de facultad discrecional no son sujetos de los recursos administrativos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que \u00absi bien no cumple con el monto m\u00ednimo en su cuenta para pensionarse de conformidad con el art\u00edculo 64 de la Ley 100 de 1993, ya super\u00f3 las semanas exigidas que le permitir\u00e1n beneficiarse de la garant\u00eda de pensi\u00f3n m\u00ednima, pues, en el \u00faltimo reporte allegado, certific\u00f3 que cuenta con 1.127.1 sum\u00e1ndose el bono pensional que cotiz\u00f3 estando al servicio del Departamento del Magdalena, para tal efecto, le faltaban 172.9 semanas, menos de tres (3) a\u00f1os para obtener las 1300 semanas y as\u00ed, obtener la pensi\u00f3n m\u00ednima de vejez en el RAIS. As\u00ed las cosas, el Dr. SAADE URUETA se encuentra dentro del rango de protecci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Preliminarmente, advierte la Sala que si bien la presente \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb fue interpuesta por un exempleado de la Rama Judicial, concretamente de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y, en tal virtud, corresponder\u00eda a la especialidad de lo contencioso administrativo dirimirla de conformidad con lo establecido en el inciso 2\u00ba del numeral 8\u00ba del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 6 de abril de 2021, que modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 (ATC1541-2021), tambi\u00e9n lo es que bajo dicho precepto el a quo inicialmente la remiti\u00f3 al Consejo de Estado, quien repeli\u00f3 la competencia y se lo devolvi\u00f3; entonces, en aplicaci\u00f3n a los principios de econom\u00eda, celeridad y eficacia que rigen este tipo de actuaciones, y para evitar la dilaci\u00f3n del asunto, se asume el conocimiento en sede de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De entrada se anuncia que la sentencia de primera instancia ser\u00e1 ratificada, toda vez que el amparo suplicado no satisface el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb, adem\u00e1s de no evidenciarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable que amerite su procedencia transitoria. <\/p>\n
2.1. En efecto, Hernando Jos\u00e9 Saade Urueta reprocha la Resoluci\u00f3n n\u00b0 003 de 26 de enero de 2022, por medio de la cual el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta dispuso dejar sin efecto \u00abla protecci\u00f3n por prepensionalidad reconocida mediante Resoluci\u00f3n No. 013 del 30 de abril de 2018 expedida por este mismo despacho a favor del se\u00f1or HERNANDO JOS\u00c9 SAADE URUETA (\u2026)\u00bb y, consecuencialmente, nombre en propiedad \u00aben el cargo de SECRETARIA NOMINADA DE CIRCUITO DEL JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE SANTA MARTA, MAGDALENA, a la se\u00f1ora DIANA PATRICIA S\u00c1NCHEZ GARC\u00cdA (\u2026), en virtud del concurso de m\u00e9ritos convocatoria No. 4 anunciada mediante el acuerdo CSJMAA17-206 del 6 de octubre de 2017, comunicado mediante ACUERDO No. CSJMAA21-196 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, cargo que ven\u00eda ejerciendo en provisionalidad el se\u00f1or HERNANDO JOS\u00c9 SAADE URUETA\u00bb. <\/p>\n
No obstante, como de manera reiterada lo ha predicado esta Corporaci\u00f3n (STC5112-2021, STL 4219-2021 y STC11408-2021), dicho debate debe ser dilucidado por el juez de lo contencioso administrativo, aserci\u00f3n que se refuerza con el hecho de no acreditarse por Saade Urueta la existencia del \u00abperjuicio irremediable\u00bb que aduce. <\/p>\n
En ese sentido, si a su juicio, con la directriz cuestionada se le vulneraron los derechos invocados, previo a acudir a esta v\u00eda, debe agotar el mecanismo ordinario consagrado por el legislador, que para el caso examinado es el consagrado en el art\u00edculo 138 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que, en suma, le brinda la posibilidad de atacar el acto administrativo criticado mediante la figura de \u00abnulidad y restablecimiento del derecho\u00bb, escenario en el que, adem\u00e1s, si lo estima pertinente, podr\u00e1 pedir medidas cautelares, conforme lo prev\u00e9 el canon 230 \u00eddem. <\/p>\n
Sobre el particular esta Corte ha puntualizado que, <\/p>\n
\u00abSin perjuicio de lo expuesto, ha de se\u00f1alarse que los actos administrativos son pasibles de control judicial ante la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa, bajo las demandas de nulidad simple y de nulidad con restablecimiento de los derechos subjetivos, por tanto, existen v\u00edas o medios de control instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico, los cuales tambi\u00e9n contemplan la adopci\u00f3n de medidas cautelares de suspensi\u00f3n de sus efectos, siendo ese el escenario natural, donde \u201ces posible desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que [aquellos] hallan revestidos, siendo el escenario propicio para que el [actor] discuta [los] derechos que reclama\u201d (STC, 25 abr. 2012, rad. 00257-01, reiterado STC10209-2020 y STC11408-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, que, <\/p>\n
[L]as inconformidades contra actos administrativos (\u2026), por regla general, no son susceptibles de debate a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, pues, para ello concierne al afectado acudir a la jurisdicci\u00f3n competente y a trav\u00e9s del procedimiento legalmente establecido para el efecto (\u2026) habida cuenta que la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa es el escenario natural de dicha controversia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
el proceso contencioso administrativo\u00bb s\u00ed es id\u00f3neo y eficaz para hacer frente a ese escrutinio, ya que all\u00ed es viable instar el decreto de las medidas cautelares, entre ellas la \u00absuspensi\u00f3n del acto administrativo\u00bb en cuesti\u00f3n acorde con lo estatuido en el precepto 231 de la Ley 1437 de 2011; ello a fin de neutralizar temporalmente sus efectos y as\u00ed conjurar el \u00abperjuicio irremediable\u00bb que de \u00e9l pudiere derivar\u201d (STC3327-2019, reiterada el 07 abr. 2021, STC3576-2021). <\/p>\n
2.2. Ahora, pese a que el tutelante afirm\u00f3 incoar la acci\u00f3n \u00abcomo mecanismo transitorio\u00bb, porque su hogar no tiene \u00abalternativa econ\u00f3mica diferente a mi sueldo, toda vez que de mi \u00fanico ingreso lo constituida el salario que devengaba en la Rama judicial (\u2026)\u00bb dicha circunstancia, per se, no constituye un \u00abperjuicio irremediable\u00bb que abra paso a la ayuda superlativa o que permita tener por superado el \u00abrequisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb, dado que no va m\u00e1s all\u00e1 de ser un enunciado, al paso que no \u00abacredit\u00f3\u00bb la gravedad de lo acontecido, la inminencia del da\u00f1o, ni la impostergabilidad de las medidas pretendidas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u00abperjuicio irremediable\u00bb esta Corte ha dicho, que \u00ab(\u2026) sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (11 may. 2010, rad. 00249-01, reiterada en STC1782-2014, STC15930-2018, STC3455-2020 y STC16008-2021). <\/p>\n
3. Sin que se hagan necesarias otras disquisiciones, se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6147-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrado Ponente STC6147-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2022-00100-01 (Aprobado en Sala de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 29 de abril de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63690","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63690","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63690"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63690\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}