STC6169-2022 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6169-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00314-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 24 de febrero de 2022 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Manuel Salvador Paz Berr\u00edo le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga y al Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor solicit\u00f3 se ordene \u00abla reducci\u00f3n de [su pena]. <\/p>\n
Del compendio factual adosado se extrae que el impulsor fue condenado a 26 a\u00f1os de prisi\u00f3n por los delitos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas en calidad de coautor (11 feb. 1999). Inst\u00f3 ante el funcionario que vigila la pena la redosificaci\u00f3n del castigo, el que estableci\u00f3 en 21 a\u00f1os de tratamiento intramural (10 dic. 2019). Nuevamente acudi\u00f3 ante el juez de la ejecuci\u00f3n buscando la rebaja punitiva de acuerdo a lo se\u00f1alado en la sentencia C-015 de 2018, porque su participaci\u00f3n fue de \u00abinterviniente en dicha infracci\u00f3n penal\u00bb y no como coautor, pero no fue exitosa (25 ag. 2021), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 el interlocutorio (21 ene. 2022). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que era merecedor del beneficio en virtud del principio de favorabilidad \u00absin que para ello deba acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n\u00bb pues no cuenta con recurso econ\u00f3micos y, en su sentir, cumple los presupuestos del art\u00edculo 30 de la Ley 599 de 2000. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Palmira hizo el recuento de lo acaecido y defendi\u00f3 su prove\u00eddo ya que se emiti\u00f3 con apego a la ley. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia desestim\u00f3 el ruego tras inferir la razonabilidad de las determinaciones atacadas. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor apoyado en los argumentos del libelo y en que no cuenta con recurso econ\u00f3micos para contratar un profesional del derecho que lo asista. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El desenlace objetado debe respaldarse, pues, en efecto, la negativa a concederle la redosificaci\u00f3n de la pena no es arbitraria o caprichosa, al margen de que se comparta o no. <\/p>\n
Pues bien, revisado el interlocutorio del Tribunal de Buga (21 ene. 2022), \u00e9ste se edific\u00f3 en el principio de favorabilidad previsto para el part\u00edcipe de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 30 de la Ley 599 de 2000, el cual reza: <\/p>\n
ARTICULO 30. Participes. Son participes el determinador y el c\u00f3mplice. <\/p>\n
Quien determine a otro a realizar la conducta antijur\u00eddica incurrir\u00e1 en la pena prevista para la infracci\u00f3n. <\/p>\n
Quien contribuya a la realizaci\u00f3n de la conducta antijur\u00eddica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrir\u00e1 en la pena prevista para la correspondiente infracci\u00f3n disminuida de una sexta parte a la mitad. <\/p>\n
Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realizaci\u00f3n, se le rebajara la pena en una cuarta parte. <\/p>\n
Tal preceptiva fue declarada exequible mediante sentencia C-015 de 2018. <\/p>\n
En tal circunstancia, al ocuparse del grado de intervenci\u00f3n del accionante en la comisi\u00f3n de los hechos por los cuales fue encausado rese\u00f1\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el se\u00f1or MANUEL PAZ BERR\u00cdO fue condenado mediante sentencia 11 de febrero de 1999, en calidad de coautor de las conductas delictivas de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas de fuego, al ser capturado en flagrancia y estimar el juez de la causa, que aquel junto con otros individuos estaba comprometido en el secuestro del se\u00f1or FRANCISCO JAVIER DEL DAGO Y FERN\u00c1NDEZ. <\/p>\n
Lo anterior permite se\u00f1alar que el grado de participaci\u00f3n en los delitos por los que fue condenado MANUEL SALVADOR PAZ BERR\u00cdO fue definido por el juzgador en su calidad de coautor, situaci\u00f3n que no permite ser modificada al grado de part\u00edcipe, en tanto que la sentencia se encuentra plenamente ejecutoriada y la \u00fanica forma de mutar sus efectos, es a trav\u00e9s de la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de revisi\u00f3n como lo analiz\u00f3 el Juez de primer grado. <\/p>\n
Ahora, si se revisa el Decreto 100 de 1980 contemplaba en su art\u00edculo 24 la figura del c\u00f3mplice, misma que fue reproducida en el art\u00edculo 30 de la Ley 599 de 2000, con un mayor tecnicismo jur\u00eddico, pero conservando su esencia y rebaja de pena de una sexta parte a la mitad, es decir, que para la fecha en que PAZ BERR\u00cdO cometi\u00f3 las conductas delictivas, la norma en la cual hoy se ampara para lograr su rebaja de pena exist\u00eda, pero no fue reconocida por el fallador, en tanto que su participaci\u00f3n fue acreditada en su calidad de coautor. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3, <\/p>\n
(\u2026), no se observa ning\u00fan tipo de norma favorable expedida con posterioridad a la fecha en que PAZ BERR\u00cdO cometi\u00f3 las conductas delictivas, que habilite la competencia del Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas, para reconocer su petitum por favorabilidad; por lo que se insiste, que para modificar los efectos de cosa juzgada de la sentencia impuesta al referido condenado, debe acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, para lo cual podr\u00e1 aportar las sentencia de constitucionalidad a que hizo referencia en su petici\u00f3n inicial u otras, si estima que la Corte ha cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria. <\/p>\n
En este orden de ideas, el otorgamiento del beneficio no pod\u00eda tener \u00e9xito, por la v\u00eda del replanteamiento punitivo, porque no les era viable a los funcionarios querellados realizar la modificaci\u00f3n de la participaci\u00f3n del justiciable en los hechos por los que se le conden\u00f3, y en ese escenario tampoco le era aplicable la sentencia C-015 de 2018 de la Corte Constitucional que declar\u00f3 exequible el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 30 de la Ley 599 de 2000, conforme con al cual \u00ab[a]l interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realizaci\u00f3n, se le rebajar\u00e1 la pena en una cuarta parte\u00bb. <\/p>\n
Ello, porque tal disposici\u00f3n prev\u00e9 un trato desigual razonable entre el autor calificado y aquel en quien no concurre la condici\u00f3n especial exigida por la norma; sin embargo, ninguno de los delitos en que incurri\u00f3 el inconforme requiere el atributo de sujeto activo cualificado o especial, como ser\u00eda, por ejemplo, la de servidor p\u00fablico exigida en la tipificaci\u00f3n de los injustos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, y Paz Berr\u00edo fue condenado por los punibles de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas, conductas que no ostentan el car\u00e1cter de delito especial. <\/p>\n
Adem\u00e1s de lo anterior, el ruego tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto el actor tiene a su alcance un medio judicial de defensa id\u00f3neo, cual es la acci\u00f3n de revisi\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 192 de la Ley 906 de 2004, que en su numeral 7\u00ba prev\u00e9: <\/p>\n
7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jur\u00eddico que sirvi\u00f3 para sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la responsabilidad como de la punibilidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no es el juez de tutela, a trav\u00e9s de este mecanismo breve y sumario, el llamado a definir si le asiste o no raz\u00f3n frente a las argumentaciones e inconformidades planteadas en esta senda, toda vez que dicho asunto debe ser resuelto por el juez natural, el del recurso de revisi\u00f3n, pues se itera, es el llamado a examinar la viabilidad de aplicar la tesis jurisprudencial de la Corte Constitucional a su caso concreto. Y no es de recibo el argumento relativo a que no cuenta con medios econ\u00f3micos para incoar dicha actuaci\u00f3n, en la medida en que el Estado le brinda las herramientas para pedir apoyo de las entidades que asisten a los ciudadanos con abogados de oficio. <\/p>\n
En consecuencia, se respaldar\u00e1 el veredicto revisado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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