STC6199-2022 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6199-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00328-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dieciocho de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Ruperto Ospino Arrieta frente a la sentencia de 24 de febrero de 2022 proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 a la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP -, extensiva a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de esta ciudad, la Fiscal\u00eda Veintid\u00f3s Delegada ante el Tribunal, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b011001-31-04-016-2013-00061-07. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor pidi\u00f3 que se ordene a la accionada \u00abcancelarme la indexaci\u00f3n a que tengo derecho\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que fue pensionado por la Empresa de Puertos de Colombia desde el a\u00f1o 1993 y que mediante resoluci\u00f3n n\u00b0 1523 de 17 de octubre de 1997 le fue reconocida la indexaci\u00f3n a su primera mesada pensional. Relat\u00f3 que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013 UGPP suspendi\u00f3 los efectos de la se\u00f1alada resoluci\u00f3n (15 ene. 2015) en virtud de lo dispuesto en el proceso penal que se adelant\u00f3 en contra de Manuel Heriberto Zabaleta, suscriptor de dicho documento, por el presunto il\u00edcito de peculado por apropiaci\u00f3n, donde fue condenado por el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito de Bogot\u00e1 (18 sep. 2019), y en sede de apelaci\u00f3n el Tribunal la modific\u00f3 (9 dic. 2021). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que las decisiones adoptadas desconocieron que en su contra no se adelant\u00f3 la investigaci\u00f3n punitiva y que la indexaci\u00f3n corresponde a un derecho que sustancialmente le asiste, por lo que consider\u00f3 lesionado su m\u00ednimo vital pues es una persona de la tercera edad que le impide esperar un pronunciamiento definitivo, adem\u00e1s, que la hom\u00f3loga en lo penal ha amparado los derechos de otros pensionados de Puertos de Colombia y orden\u00f3 restablecerle el monto de la mesada. A\u00f1adi\u00f3 que como la sentencia del Tribunal (9 dic. 2021) confirm\u00f3 como l\u00edcito el reconocimiento de la indexaci\u00f3n, lo que lo habilit\u00f3 para presentar esta nueva tutela, pues son hechos nuevos. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 hizo el recuento de lo actuado y alert\u00f3 que su decisi\u00f3n no se halla en firme porque se encontraba en tr\u00e1mite de sustentaci\u00f3n de los recursos de casaci\u00f3n. El Fiscal 397 Delegado ante el Juzgado Diecis\u00e9is Penal del Circuito rese\u00f1\u00f3 que \u00abno tiene prueba para rechazar o aceptar las manifestaciones del tutelante\u00bb. El juez de conocimiento se\u00f1al\u00f3 que la Sala Penal conoci\u00f3 del resguardo 118648 por lo que los hechos nuevos lo que pretenden es que, sin justificaci\u00f3n alguna, se emita otro pronunciamiento. Se\u00f1al\u00f3 que el actor no es parte en el proceso objeto de escrutinio, \u00abdejando las acciones propias para constituirse en parte, acorde con los preceptos 138-139 de la Ley 600 de 2000\u00bb, ni tampoco ha formulado petici\u00f3n alguna. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n declar\u00f3 improcedente el ruego porque hall\u00f3 acreditada la temeridad tras cavilar que el \u00abcambio jurisprudencial de [esa] Sala Especializada frente a la procedencia formal de la acci\u00f3n de tutela en casos como\u00bb el del censor, y la decisi\u00f3n de segunda instancia del Tribunal en el juicio objeto de escrutinio, no comportaban \u00abhechos novedosos\u00bb que tuvieran la virtualidad de desdibujar la duplicidad de acciones invocadas por el impulsor. <\/p>\n
4. Recurri\u00f3 el actor y reiter\u00f3 sus argumentos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se descarta la temeridad porque en este nuevo amparo, el promotor invoca un cambio jurisprudencial de esta Sala Especializada (STC17340-2021, 15 dic.), frente a la procedencia formal de la acci\u00f3n de tutela en casos como el suyo, que no fue analizado en el tr\u00e1mite anterior, lo cual constituye un hecho novedoso que amerita un nuevo pronunciamiento del juez constitucional. <\/p>\n
Aclarado lo anterior y estudiados los reclamos tutelares pronto se avizora la confirmaci\u00f3n del fallo objetado, pero por lo presuroso del resguardo y la falta de acreditaci\u00f3n de perjuicio irremediable que habilite la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de manera transitoria como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, revisado el expediente se observa que ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de la segunda instancia del proceso en el que se dispuso suspender los efectos econ\u00f3micos de la resoluci\u00f3n que reconoci\u00f3 la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional de Ospino Arrieta, evento del que se deriva la invocada lesi\u00f3n ius fundamental. De all\u00ed, resulta ostensible que la causa criminal comporta el escenario natural donde se debe definir si las prestaciones conferidas con intervenci\u00f3n del all\u00e1 sindicado est\u00e1n o no afectadas por el delito de peculado por apropiaci\u00f3n, y no al juez de tutela. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta ostensible el actuar precipitado del actor qui\u00e9n, seg\u00fan los informes rendidos a este tr\u00e1mite, adem\u00e1s de asistir a ese pleito para ser reconocido como \u00abtercero incidental\u00bb, acudi\u00f3 a esta salvaguarda sin esperar las resultas propias del rito que se adelanta a fin de resolver, entre otras, lo relativo a los efectos de las cautelas que all\u00ed se ordenaron sobre su prestaci\u00f3n pensional. Ciertamente, es al juez natural del asunto a quien corresponde evacuar la controversia y su decisi\u00f3n puede, incluso, ser favorable a los intereses del gestor. <\/p>\n
Al respecto, sobre el car\u00e1cter excepcional de este instrumento, la jurisprudencia constitucional tiene ampliamente decantada la impertinencia del auxilio supra legal cuando est\u00e1n en marcha otros mecanismos de defensa dise\u00f1ados por la Ley, al respecto, es as\u00ed como esta Corte ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa.(CSJ STC14280-2018, STC12017-2020, STC12891-2021 memoradas en STC492-2022). <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
En el asunto sub judice, el reclamo constitucional se dirige contra las resoluciones proferidas por la Fiscal\u00eda Primera de la Estructura de Apoyo para Foncolpuertos, en la cual se dispuso suspender el acto administrativo No. 1792 de fecha 25 de noviembre de 1997 que orden\u00f3 reconocer pensi\u00f3n especial proporcional vitalicia de jubilaci\u00f3n a favor del accionante, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia, y la emitida mediante Resoluci\u00f3n RDP 010465 de 17 de marzo de 2015 por la Unidad de Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales – UGPP, en la cual, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el ente acusador. <\/p>\n
Ahora bien, es evidente que la solicitud de amparo no cumple con el comentado principio de subsidiariedad, en la medida en que las decisiones que ahora se pretende cuestionar, pueden ser controvertidas dentro del proceso penal el cual actualmente se encuentra en curso ante el Juzgado 16 Penal del Circuito de Bogot\u00e1; observ\u00e1ndose adem\u00e1s, que el tutelante no ha presentado solicitud alguna ante dicha autoridad judicial, a fin, de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n al ser un tercero afectado por las disposiciones efectuadas por las entidades accionadas dentro de la causa. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por otra parte, y aun cuando de manera excepcional la acci\u00f3n de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, tampoco el accionante demostr\u00f3 un da\u00f1o \u201cgrave e inminente, no meramente eventual, que s\u00f3lo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u201d, de ah\u00ed que no sea evidente un menoscabo tal que habilite al tutelante para ejercer el mecanismo excepcional. (CSJ STC16218-2015, reiterado en STC12891-2021). <\/p>\n
En CSJ STC14581-2019 (25 oct.) se expuso: <\/p>\n
Pese a tener la aludida v\u00eda, el aqu\u00ed interesado prefiri\u00f3 acudir a esta particular senda, buscando que se dejen sin valor los actos administrativos dictados por la Unidad Administrativa demandada en cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad judicial, obviando que ante el juez de conocimiento puede formular tal pretensi\u00f3n, siendo este el funcionario llamado a controlar las determinaciones del organismo persecutor, lo cual desnaturaliza la verdadera esencia de esta herramienta supralegal que ha sido erigida para proteger derechos fundamentales y no para zanjar pedimentos que deben ser propuestos y resueltos al interior de la respectiva actuaci\u00f3n. <\/p>\n
De igual forma, siguiendo la misma l\u00ednea argumentativa se predic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) es claro que la tutela se torna prematura, comoquiera que mientras no se desentra\u00f1e el aludido medio de impugnaci\u00f3n, no es viable incursionar en este \u00e1mbito residual, ya que ello implicar\u00eda una indebida intromisi\u00f3n en los fueros propios de los juzgadores ordinarios, en raz\u00f3n a que esa discusi\u00f3n ha de ser dilucidada en primer lugar por el cognoscente en la causa criminal, en la que los interesados pueden exponer las razones por las cuales sus \u00abderechos\u00bb no est\u00e1n asociados al il\u00edcito, sin que a trav\u00e9s de este sendero extraordinario pueda soslayarse las herramientas id\u00f3neas de defensa que al efecto otorga la ley adjetiva (STC10892-2021). <\/p>\n
De otro lado, a pesar de las manifestaciones de urgencia y perjuicio insalvable que acot\u00f3 el precursor, se echa de menos la prueba de su existencia, panorama suficiente para frustrar la intervenci\u00f3n constitucional, siquiera de forma transitoria. En efecto, oteados los informes y el escrito de tutela es dable colegir que la mesada ordinaria del gestor se sufraga regularmente por la convocada pues dicha prestaci\u00f3n no se halla vinculada por la resoluci\u00f3n criticada que s\u00f3lo cobij\u00f3, como ya se dijo, la indexaci\u00f3n de esa cuota de jubilaci\u00f3n, lo que desdibuja la alegada lesi\u00f3n supra legal pues, se itera, su congrua subsistencia est\u00e1 garantizada. Con todo, la condici\u00f3n de ser persona de la tercera edad no es \u00f3bice para la concesi\u00f3n autom\u00e1tica del resguardo, pues como se tiene dicho: <\/p>\n
(\u2026) [E]l hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u2026 (STC3070-2020, reiterada en STC2263-2021, 8 mar., rad. n\u00ba 2021-00017-01, citadas en STC458-2022). <\/p>\n
De suerte que no hay m\u00e9rito para que Ruperto Ospino Arrieta altere el desarrollo normal de la causa penal rese\u00f1ada, toda vez que \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota una gravedad y urgencia de tal entidad que conlleve a que se pasen por alto los tr\u00e1mites, procesos y procedimientos establecidos por el legislador\u00bb (STC11816-2018, STC12017-2020, reiteradas en STC19829-2022). <\/p>\n
En este orden de ideas, por hallarse en curso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n postulado en el proceso que dio lugar al reproche y ser ese el escenario natural para que se resuelva la queja, aunado a que no se acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable que faculte la intervenci\u00f3n transitoria de este auxilio, no queda opci\u00f3n diferente a convalidar la providencia de primer grado, pero por las razones que aqu\u00ed se explicaron. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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