STC6327-2022 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6327-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00157-01 <\/p>\n
Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 9 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Pedro Luis Mart\u00ednez Osorio contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la seguridad social, igualdad y m\u00ednimo vital, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n acusada \u00abemitir nueva sentencia en cuanto confirm\u00f3 la absoluci\u00f3n dispuesta por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira-Sala Laboral, para que se sirva revocar el fallo de primer grado, se acceda a las suplicas de la demanda y se provea sobre las costas procesales\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Pedro Luis Mart\u00ednez Osorio promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral contra BBVA Horizonte Pensiones y Cesant\u00edas SA, \u00abcon el fin de que se declarara que: i) ten\u00eda derecho a la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n\u00bb y, por tanto, \u00abse condenara [a la demandada] a cancelar las diferencias de la mesada pensional, desde el 12 de junio de 2002\u00bb. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 26 de noviembre de 2013, se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 el demandante, siendo confirmada con providencia del 17 de septiembre de 2014. Frente a esta \u00faltima determinaci\u00f3n el actor interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que fue desestimado con fallo del 16 de junio de 2020. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que erraron las sedes judiciales accionadas al negar el reajuste que demand\u00f3 en el juicio censurado, \u00abpues existe prueba experta sobre la liquidaci\u00f3n y consecuente pago inadecuado de [sus] mesadas pensionales\u2026\u00bb; y que, adicionalmente, \u00abno solo inadvierten [su] detrimento patrimonial\u2026 sino que justifican a la entidad privada de seguridad social, a pesar de existir sentencias proferidas por la misma colegiatura donde se concede el reajuste en esa misma modalidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.4. Finalmente, destac\u00f3 que los estrados querellados \u00abobviaron dar la aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993, precepto que ordena reajustar anualmente y de oficio las pensiones de los dos reg\u00edmenes del sistema general de pensiones\u2026 la variaci\u00f3n porcentual del IPC\u00bb, por lo que \u00abel grado de rentabilidad de [su] cuenta de ahorro individual\u2026 no pod\u00eda afectar el incremento anual de su pensi\u00f3n de vejez, por cuanto el derecho al reajuste anual de la mesada pensional involucra directamente la efectividad del derecho fundamental al m\u00ednimo vital\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que \u00abla parte recurrente en la demanda de casaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con las reglas adjetivas de t\u00e9cnica que su planteamiento y demostraci\u00f3n requieren, de conformidad con el ordenamiento jur\u00eddico\u00bb y que: <\/p>\n
\u2026 si bien el accionante reconoce en esta tutela que hab\u00eda dictamen pericial, omite decirle al Juez constitucional que el Tribunal soport\u00f3 su decisi\u00f3n en aquel que indicaba la conformidad de los valores recibidos con el saldo de su cuenta individual y quiere infundirle la idea de que el experticio hab\u00eda concluido lo contrario, a lo que se adiciona que tal aspecto no fue controvertido en casaci\u00f3n, precisamente por no ser una prueba h\u00e1bil para ser analizada en el recurso extraordinario, luego de modo alguno pod\u00eda la Sala referirse a \u00e9l o a otra pericia. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, destac\u00f3 que: <\/p>\n
En lo que tiene que ver con el derecho a la igualdad, cuya vulneraci\u00f3n cimienta en la sentencia CSJ SL3898-2019, no comporta tal infracci\u00f3n porque, si bien en aquella tambi\u00e9n se discut\u00eda la procedencia del reajuste de la pensi\u00f3n en el RAIS y en la modalidad de retiro programado, lo cierto es que all\u00ed se tom\u00f3 id\u00e9ntica decisi\u00f3n a la que tra\u00eda este proceso, es decir, conforme al criterio imperante en la Sala para la fecha en que se dictaron ambas sentencias, que no proced\u00eda el incremento del art\u00edculo 14 de la Ley 100 de 1993\u2026 <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el resguardo, habida cuenta que el juez de casaci\u00f3n: <\/p>\n
\u2026 no desconoci\u00f3 la ley ni los precedentes del \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria, sino que procedi\u00f3 a revisar el recurso presentado a partir de los criterios establecidos en los mismos, encontrando que el cargo no prosper\u00f3 y no pod\u00eda ser examinado precisamente por los errores que este presentaba, no obstante, frente al tema del incremento pensional en la modalidad de retiro programado, trajo a colaci\u00f3n la jurisprudencia aplicable al caso, sin que tal criterio pueda considerarse vulnerador de prerrogativas constitucionales. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 que su demanda debi\u00f3 prosperar, \u00abpues existe prueba experta sobre la liquidaci\u00f3n y consecuente pago inadecuado de las mesadas pensionales\u00bb; as\u00ed como tambi\u00e9n que \u00abexiste una protecci\u00f3n desmedida a los intereses financieros de la entidad privada de seguridad social, desconociendo\u2026 las normas sustanciales\u2026 en que debi\u00f3 fundarse la decisi\u00f3n y las cuales fueron debidamente sustentadas en el recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Examinada la demanda de tutela y circunscrita la Corte a los motivos de impugnaci\u00f3n, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia de 16 de junio de 2020 (SL2422-2020), que resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que se formul\u00f3 en el juicio criticado, al margen que se comparta, no luce arbitraria, habida cuenta que la sede judicial acusada, tras poner de relieve los defectos de t\u00e9cnica que ostentaba la demanda de casaci\u00f3n, que imped\u00edan un an\u00e1lisis de fondo de los cargos planteados, con apoyo en la normatividad y la jurisprudencia aplicable al caso, expres\u00f3 que: <\/p>\n
Si con mucha laxitud la Sala entendiera que la queja del recurrente se deriva del argumento de que no se hizo una interpretaci\u00f3n armoniosa entre los art\u00edculos 81 y 14 de la Ley 100 de 1993, 48 de la CN, para entender que las pensiones tienen derecho al incremento anual oficioso del IPC, tampoco tendr\u00eda prosperidad la acusaci\u00f3n por lo que se pasa a explicar a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Visto que se pretende que la pensi\u00f3n mantenga poder adquisitivo, resulta contradictorio que en su discurso, el recurrente reconozca que \u00abes por cuenta y riesgo del pensionado que su capital se disminuya\u00bb y acepte que llegado ese momento, \u00abentra a hacerse efectiva la responsabilidad de la Aseguradora del Fondo de Pensiones en poder determinar cu\u00e1ndo tiene el capital m\u00ednimo necesario para poder contratar con una aseguradora una pensi\u00f3n bajo la modalidad de renta vitalicia\u00bb, situaci\u00f3n de la cual la AFP debe dar previo aviso de al pensionado, de modo que este consiga el pago de un salario m\u00ednimo mensual legal vigente. <\/p>\n
Entiende la Corporaci\u00f3n que el demandante espera que su pensi\u00f3n se torne s\u00fabitamente a una de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, con tal de recibir tanto tiempo como sea posible un incremento anual en su mesada, sin importar que ello precipite un perjuicio superior, esto es, que el capital que sustenta su pensi\u00f3n se agote m\u00e1s r\u00e1pido y, conforme su esperanza de vida, permanezca m\u00e1s tiempo recibiendo solo un ingreso m\u00ednimo. <\/p>\n
Sin embargo, su propuesta tampoco luce m\u00e1s arm\u00f3nica frente a los postulados constitucionales, que lo planteado por el Tribunal en su decisi\u00f3n, pues, como se dir\u00e1 a continuaci\u00f3n, el prove\u00eddo confutado se encuentra dentro del marco de la legalidad que esta Corporaci\u00f3n debe realizar en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Con la Ley 100 de 1993 naci\u00f3 en Colombia un nuevo sistema pensional dual, dos subsistemas pensionales coexistentes, pero excluyentes, con marcadas diferencias en cuanto a sus caracter\u00edsticas y requisitos: de un lado, el r\u00e9gimen tradicional de reparto o de prima media con prestaci\u00f3n definida que agrupa en una bolsa com\u00fan los aportes del universo de afiliados que posee y paga de ella las pensiones en curso y futuras, como un mecanismo de solidaridad generacional y de grupos econ\u00f3micos; del otro, el r\u00e9gimen de capitalizaci\u00f3n o de ahorro individual con solidaridad, en el que cada afiliado tiene su cuenta individual y de ella se pagar\u00e1n sus prestaciones. Ambas tienen en com\u00fan que reaseguran los riesgos de invalidez y sobrevivencia y que los fondos deducen de los aportes un porcentaje por administraci\u00f3n, si bien el del RAIS es superior al del RPM. <\/p>\n
Esas diferencias tambi\u00e9n entra\u00f1an ventajas y desventajas, por eso toda persona debe ser bien asesorada para que comprenda las consecuencias que enfrenta permanecer en uno o en otro y, en el RAIS, el mejor momento para pensionarse, la tipolog\u00eda de retiro que m\u00e1s le conviene a su caso particular\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Para entender la situaci\u00f3n, la Corporaci\u00f3n referir\u00e1 a algunos aspectos caracter\u00edsticos del R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad: <\/p>\n
i) Edad: no es requisito para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez llegar a una edad m\u00ednima determinada, como ocurre en el r\u00e9gimen de prima media, el cual exige 62 y 57 de edad, seg\u00fan se trate de hombre o mujer, respectivamente, sino que el art\u00edculo 64 de la Ley 100 de 1993, establece: <\/p>\n
Los afiliados al R\u00e9gimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tendr\u00e1n derecho a una pensi\u00f3n de vejez, a la edad que escojan, siempre y cuando el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensi\u00f3n mensual, superior al 110% del salario m\u00ednimo legal mensual vigente a la fecha de expedici\u00f3n de esta Ley, reajustado anualmente seg\u00fan la variaci\u00f3n porcentual del \u00cdndice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el c\u00e1lculo de dicho monto se tendr\u00e1 en cuenta el valor del bono pensional, cuando a este hubiere lugar. <\/p>\n
En ese orden, solo es aqu\u00ed un par\u00e1metro para otro tipo de figuras, como la redenci\u00f3n del bono pensional o para el acceso a la garant\u00eda de pensi\u00f3n m\u00ednima. <\/p>\n
ii) Modalidades de pensi\u00f3n: el legislador estableci\u00f3, originalmente, tres modalidades de pensi\u00f3n cada una con caracter\u00edsticas diferentes, que luego aument\u00f3 a siete (Circular 013 de 2012, emitida por la Superintendencia\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
iii) El c\u00e1lculo de la pensi\u00f3n en retiro programado. El art\u00edculo 12 del Decreto 832 de 1996, compilado en el art\u00edculo 2.2.6.3.1 del Decreto 1833 de 2016, reglament\u00f3 el pago del retiro programado en la siguiente forma: <\/p>\n
En los t\u00e9rminos del art\u00edculo 81 de la Ley 100 de 1993, las AFP que ofrezcan el pago de pensiones bajo la modalidad retiro programado deben controlar permanentemente que el saldo de la cuenta de ahorro individual, mientras el afiliado disfruta de una pensi\u00f3n pagada bajo tal modalidad, no sea inferior a la suma necesaria para adquirir una p\u00f3liza de renta vitalicia. <\/p>\n
En desarrollo de tal previsi\u00f3n, con sujeci\u00f3n a lo previsto en el cap\u00edtulo 2 del t\u00edtulo 6 de la parte 2 del libro 2 del presente decreto, y normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan, el afiliado informar\u00e1 por escrito a la AFP en el momento de iniciar el retiro programado, la aseguradora con la cual esta deber\u00e1 contratar la renta vitalicia en caso de que el saldo no sea suficiente para continuar recibiendo su pensi\u00f3n bajo la modalidad retiro programado, sin perjuicio de que su decisi\u00f3n pueda ser modificada posteriormente. En todo caso, la administradora contratar\u00e1 con la \u00faltima aseguradora informada por el afiliado. <\/p>\n
La AFP deber\u00e1 informar al pensionado con por lo menos cinco (5) d\u00edas de anterioridad a la adquisici\u00f3n de la p\u00f3liza, sobre la necesidad de continuar recibiendo su pensi\u00f3n bajo la modalidad renta vitalicia, as\u00ed como las nuevas condiciones de pago de la misma. <\/p>\n
En todo caso deber\u00e1 incorporarse en el contrato de retiro programado o en el reglamento respectivo, una cl\u00e1usula que aluda al art\u00edculo 81 de la Ley 100 de 1993, el cual especifica que el saldo de la cuenta individual, mientras el afiliado disfruta de una pensi\u00f3n bajo esta modalidad, no podr\u00e1 ser inferior al capital requerido para financiar al afiliado y sus beneficiarios una renta vitalicia de un salario m\u00ednimo legal mensual vigente, indicando que por tal raz\u00f3n, en el momento en que el saldo deje de ser suficiente, deber\u00e1 adquirirse una p\u00f3liza de renta vitalicia. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 1o. Si el saldo final de la cuenta individual fuese inferior a la suma necesaria para adquirir una renta vitalicia y la AFP no tom\u00f3 en su oportunidad las medidas necesarias para evitar esta situaci\u00f3n, la suma que haga falta ser\u00e1 a cargo de la AFP, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que haya lugar por el incumplimiento a un deber legal. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO 2o. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico por medio de resoluci\u00f3n, y previa consulta con la Superintendencia Financiera de Colombia, fijar\u00e1 las f\u00f3rmulas matem\u00e1ticas a emplear por las AFP para establecer si un afiliado puede contratar un retiro programado de acuerdo con los par\u00e1metros empleados para calcular el saldo de pensi\u00f3n m\u00ednima que se describen en el art\u00edculo 2.2.5.5.1 del presente decreto. <\/p>\n
De ah\u00ed que, esa estimaci\u00f3n se realice \u00aben unidades de valor constante, igual al resultado de dividir el saldo de su cuenta de ahorro y bono pensional, por el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para el afiliado y sus beneficiarios. La pensi\u00f3n mensual corresponder\u00e1 a la doceava parte de dicha anualidad\u00bb. Es decir, sin incluir para su estimaci\u00f3n un incremento del IPC sobre el valor del per\u00edodo anterior, pues es la rentabilidad del fondo la que posibilita el aumento de su monto o determina su disminuci\u00f3n. <\/p>\n
Precisado lo anterior, corresponde recordar que para la \u00e9poca en que el demandante contrat\u00f3 su modalidad pensional solo exist\u00edan las tres primeras, cuyas caracter\u00edsticas, grosso modo, fueron se\u00f1aladas arriba, la norma que las contiene fue demandada en conjunto con otras normas que prev\u00e9n la existencia del subsistema pensional de marras (art\u00edculos 59, 60, 62, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 88, 89, 90, 112, 113 y 114 de la Ley 100 de 1993). En esa oportunidad, refiri\u00e9ndose al sistema de seguridad, la Corte Constitucional, en la sentencia CC C-086-2002, dijo: <\/p>\n
[\u2026] se trata de un r\u00e9gimen legal que de alguna manera se asienta en el principio contributivo en el que los empleadores y el mismo Estado participan junto a los trabajadores con los aportes que resultan determinantes de la cuant\u00eda de la pensi\u00f3n. De ah\u00ed que los afiliados a la seguridad social no ostenten un derecho subjetivo a una cuant\u00eda determinada de las pensiones futuras, esto es, las pensiones respecto de las cuales no se ha producido el hecho que las causa. <\/p>\n
Y trayendo a colaci\u00f3n providencia CC C-538-1996, que respald\u00f3 la coexistencia de los dos reg\u00edmenes pensionales, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
[\u2026] la Corte anot\u00f3 que no puede existir trato discriminatorio al consagrarse la dualidad de reg\u00edmenes pensionales pues es el mismo afiliado quien voluntariamente se somete a un r\u00e9gimen o a otro: <\/p>\n
No puede hablarse de trato discriminatorio cuando es el mismo afiliado quien voluntariamente se somete a un r\u00e9gimen o a otro; no se impone en consecuencia, un solo r\u00e9gimen.\u00bb <\/p>\n
[…] la distinta posici\u00f3n en que pueden hallarse los afiliados en uno y otro sistema, que obedece a la consideraci\u00f3n de situaciones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas diferentes, evaluadas por el legislador no constituye una discriminaci\u00f3n prohibida por el Art. 13, porque no puede hablarse de trato discriminatorio cuando es el mismo afiliado quien voluntariamente se somete a un r\u00e9gimen o a otro; no se impone en consecuencia, un solo r\u00e9gimen.\u00bb <\/p>\n
De manera, que no puede haber desconocimiento del derecho a la igualdad en el caso de las normas acusadas pues la Ley 100 de 1993 contiene una regulaci\u00f3n diferente para cada uno de los reg\u00edmenes pensionales, apoyada en el principio de la libre elecci\u00f3n que permite a los afiliados escoger el subsistema que m\u00e1s se ajuste a sus necesidades, de tal suerte que el futuro pensionado se somete por su propia voluntad a un conjunto de reglas diferentes para uno y otro r\u00e9gimen, y simplemente se har\u00e1 acreedor a los beneficios y consecuencias que reporte su opci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, en el subsistema de prima media con prestaci\u00f3n definida los afiliados obtendr\u00e1n las pensiones establecidas en la ley de un fondo com\u00fan de naturaleza p\u00fablica que est\u00e1 constituido por sus aportes y sus rendimientos; al paso que en el subsistema de ahorro individual con solidaridad, la pensi\u00f3n depender\u00e1 del ahorro proveniente de las cotizaciones individuales y sus respectivos rendimientos financieros, raz\u00f3n por la cual, su cuant\u00eda est\u00e1 determinada por el monto de los aportes realizados, capitalizados en una cuenta de ahorro pensional de cada afiliado (subrayado de la Sala). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, la modalidad pensional est\u00e1 legalmente cimentada y ella no contempla incremento de sus pensiones con base en el IPC, sino a trav\u00e9s del m\u00e9todo matem\u00e1tico y financiero indicado en el Decreto 656 de 1994, si bien el que le ata\u00f1e es el 832 de 1996 por ser espec\u00edfico del retiro programado. <\/p>\n
La legalidad de esta ya se hab\u00eda establecido en decisi\u00f3n CC C-841-2003, cuando se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
En la modalidad de ahorro programado sin renta vitalicia, el afiliado no adquiere el derecho a una prestaci\u00f3n fija, sino que el pago de su pensi\u00f3n se calcula con base en el capital acumulado, y por tanto \u00e9sta depende de sus aportes, sin perjuicio de las garant\u00edas de rentabilidad m\u00ednima (Art\u00edculo 101, Ley 100 de 1993), pensi\u00f3n m\u00ednima (Art\u00edculo 84, Ley 100 de 1993), y la garant\u00eda estatal a las pensiones contratadas con aseguradoras (Art\u00edculo 109, Ley 100 de 1993). No obstante, cuando el afiliado adquiere la calidad de pensionado, el monto de la cuenta de ahorro pensional deja de incrementarse con base en aportes mensuales que haga el pensionado y la administradora de pensiones asume costos financieros adicionales. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n no ha sido ajena a esa discusi\u00f3n y en la sentencia CSJ SL2645-2016, indic\u00f3, respecto de las modalidades de renta vitalicia y retiro programado, que debe escoger el afiliado antes de entrar en el goce efectivo de la pensi\u00f3n: <\/p>\n
La importancia de satisfacer este tr\u00e1mite radica en que la administradora de pensiones no puede suplir la ausencia de la manifestaci\u00f3n de voluntad del afiliado, en tanto el precepto legal atribuye la responsabilidad de la escogencia al interesado, quien es el \u00fanico que est\u00e1 en condiciones de optar entre obtener un ingreso fijo mensual que se incrementa con base en la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor, ajeno a las fluctuaciones del mercado de valores, durante toda su existencia, as\u00ed supere la expectativa de vida, o asumir el riesgo financiero que comporta la otra modalidad (subrayas de la Sala). <\/p>\n
As\u00ed pues, tampoco hallar\u00eda la Sala error en la decisi\u00f3n del ad quem si superara las falencias t\u00e9cnicas que antes se se\u00f1alaron, puesto que el retiro programado se encuentra previsto en el ordenamiento colombiano, con unas caracter\u00edsticas, derechos y deberes para las partes (AFP y afiliado), que no pueden ser desconocidas; la norma ha sido estudiada ya en sede de constitucionalidad, sin que tal pronunciamiento se ordenara su inexequibilidad (CC C-086-2002). <\/p>\n
De otro lado, emitir la orden de incremento de pensi\u00f3n con base en el IPC, redundar\u00eda en un perjuicio y no en un beneficio para el pensionado, pues su cuenta individual ya no estaba en etapa de composici\u00f3n, sino de extracci\u00f3n de recursos, lo que conllevar\u00eda a que su pensi\u00f3n se reduzca al salario m\u00ednimo, oficiosamente, posibilidad que se encuentra contemplada en el inciso 4\u00ba, art\u00edculo 12 del Decreto 832 de 1996 y en los incisos 3\u00ba y 4\u00ba, art\u00edculo 81 de la Ley 100 de 1993, que constituyen la garant\u00eda que estableci\u00f3 el legislador de que la pensi\u00f3n no se extinguir\u00e1 dejando al pensionado y a sus beneficiarios eventuales, totalmente desprotegidos. <\/p>\n
Al explicar las connotaciones de esta modalidad de pensi\u00f3n, desde el punto de vista del acto legislativo, en ocasi\u00f3n anterior, en proceso de la misma entidad, dijo la Sala en la sentencia CSJ SL3898-2019: <\/p>\n
Ahora bien, desde el punto de vista exeg\u00e9tico, la previsi\u00f3n constitucional de que por \u00abning\u00fan motivo podr\u00e1 dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho\u00bb (subrayas de la Sala), puede ser interpretada como la obligaci\u00f3n de que, para este caso, la mesada pensional del demandante no puede disminuirse. <\/p>\n
Empero, el reconocimiento conforme a derecho a que hizo referencia el legislador constitucional tambi\u00e9n cabe interpretarlo como \u00abde acuerdo a las reglas de la pensi\u00f3n reconocida\u00bb, sin que por ello se est\u00e9 violentando el principio de interpretaci\u00f3n m\u00e1s favorable que tambi\u00e9n aplica a la seguridad social, pues, dentro de una lectura finalista de la norma, esto es, lo que se buscaba con la modificaci\u00f3n del art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en el examen de la exposici\u00f3n de motivos del Acto Legislativo 01 de 2005 (Gaceta del Congreso n.\u00b0 385 del 23 de julio de 2004), deja claro que dicha reforma no estaba encaminada a solucionar una problem\u00e1tica presente en el RAIS, sino a lograr la estabilidad financiera del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida y a controlar el pasivo pensional de las entidades p\u00fablicas entre ellas el ISS, que impactaba negativamente el presupuesto de la Naci\u00f3n, para lo cual se introduce como criterio la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social y conciliando el derecho a las pensiones con la necesidad que tiene el Estado de destinar recursos para atender sus deberes frente a todos los colombianos en materia de salud, educaci\u00f3n y otros gastos sociales. <\/p>\n
As\u00ed, la reforma del art\u00edculo 48 Superior, introdujo siguientes medidas: i) los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n son los que regula la Ley y no otras normas jur\u00eddicas, incluidas las convencionales; ii) la eliminaci\u00f3n de los reg\u00edmenes especiales y exceptuados, salvo fuerza p\u00fablica y presidencial, iii) la eliminaci\u00f3n de la mesada 14; iv) tope de 25 salarios m\u00ednimos para las mesadas con cargo recursos p\u00fablicos, v) autorizaci\u00f3n de revisar las pensiones ilegales o reconocidas con abuso del derecho y vi) la limitaci\u00f3n del r\u00e9gimen de transici\u00f3n. Todas las cuales est\u00e1n relacionadas con el r\u00e9gimen de prima media y no con el de ahorro individual. <\/p>\n
De modo que, conforme lo hasta aqu\u00ed analizado, no existe raz\u00f3n legal para entender que las pensiones pactadas en la modalidad de retiro programado tengan que ser reajustadas con base en el IPC, cuando su reglamentaci\u00f3n no lo establece. <\/p>\n
Con todo, la Sala tiene un argumento adicional, la protecci\u00f3n del derecho a percibir una pensi\u00f3n no ha sido desconocida por el legislador al implantar esta modalidad, puesto que consagr\u00f3 que ella, al encontrarse financiada \u00fanicamente con las reservas de capital, rendimientos, bonos pensionales, en fin, los recursos de la cuenta individual de ahorro del pensionado, que se repite, son agotables, bien porque el pensionado sobrepase su expectativa de vida o no se produzca la rentabilidad esperada e, incluso, porque cambie la conformaci\u00f3n de los beneficiarios, debiera mutarse a renta vitalicia para garantizar la percepci\u00f3n de una pensi\u00f3n m\u00ednima, para lo cual la AFP debe ser vigilante de los recursos de la cuenta individual, al punto que si no lo hace tenga que completar, con sus propios recursos, los dineros faltantes para ello (par\u00e1grafo 1\u00ba, art\u00edculo 12 del Decreto 832 de 1996). <\/p>\n
Resultar\u00eda contradictorio que, en aras de preservar el poder adquisitivo de la pensi\u00f3n, esta se condene a reducirse al monto m\u00ednimo legal, que s\u00ed goza de incremento mensual del IPC, pero que es menor a la expectativa de ingresos del pensionado. <\/p>\n
De tal suerte, que en los t\u00e9rminos de la sentencia CSJ SL2645-2016, la modalidad de retiro programado pone en cabeza del pensionado la decisi\u00f3n de entrar en un juego de riesgo financiero donde \u00e9l asume las consecuencias, pero no queda inerme ante el sistema ya que este tiene un precario mecanismo de protecci\u00f3n que le garantizar\u00e1, a futuro, un ingreso m\u00ednimo legal mensual, ya no en manos de su fondo pensional del RAIS, sino de una aseguradora que esta contrata para tales prop\u00f3sitos, sin que la prestaci\u00f3n se torne en una obligaci\u00f3n civil, sino bajo el esp\u00edritu de los postulados de la seguridad social. <\/p>\n
Entonces, es claro que lo dispuesto por la Colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, concluyendo que, atendiendo las normas que regulan el r\u00e9gimen pensional que escogi\u00f3 el demandante, no hay lugar a la reliquidaci\u00f3n que aquel demand\u00f3, pues la cuant\u00eda de su mesada depende de las variaciones del mercado financiero y no del \u00edndice de precios al consumidor. <\/p>\n
Tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Lo anterior debido a que la funci\u00f3n jurisdiccional dota al juez de autonom\u00eda plena, de manera que s\u00f3lo el yerro ostensible, innegable y trascendente, sirve de apoyo por v\u00eda de tutela para dar al traste con el pronunciamiento del juzgador natural. <\/p>\n
3. Corolario de lo discurrido en precedencia, se reitera, que la procedencia de la tutela, como mecanismo transitorio o definitivo, depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC6327-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6327-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00157-01 Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se interpuso contra el fallo que se profiri\u00f3 el 9 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63706","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63706\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}