STC6330-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6330-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01495-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Central de Inversiones SA \u2013CISA, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso verbal con radicado No. 2019-0013302. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la sociedad actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, propiedad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el asunto referido. <\/p>\n
Expuso que el mencionado proceso lo promovi\u00f3 la se\u00f1ora Betsy Marcela Tarazona Guti\u00e9rrez en su contra, en el que solicit\u00f3 se declarara el incumplimiento del contrato que celebraron \u00abnacido de oferta comercial [y] (\u2026) para la cesi\u00f3n de un cr\u00e9dito\u00bb, y la consecuente condena al reintegro de los dineros pagados, junto con los intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima legal y los da\u00f1os causados. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en sentencia de 5 de agosto de 2020, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n que apel\u00f3 la demandante y revoc\u00f3 el Tribunal Superior de esta ciudad el 8 de abril de 2022, para, en su lugar, no acoger las excepciones propuestas, declararla responsable por incumplimiento \u00abprecontractual\u00bb e imponerle el pago de \u00ab$250.000.000 a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente y $472.069.128,53 por concepto de lucro cesante\u00bb, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de ese pronunciamiento, pues luego de ello, se indic\u00f3 que se liquidar\u00edan los \u00abintereses moratorios a la tasa comercial m\u00e1xima legal, hasta que se produzca el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que con esa decisi\u00f3n se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defectos f\u00e1cticos y sustantivos, pues se apreciaron de manera indebida las pruebas y se interpretaron \u00aben forma groseramente equivocada las normas sustanciales aplicables al proceso\u00bb. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la Corporaci\u00f3n accionada tuvo en cuenta material demostrativo \u00abimpertinente y extra\u00f1o al objeto de la controversia\u00bb y por ello se pronunci\u00f3 sobre \u00abfiguras jur\u00eddicas que no fueron debatidas\u00bb, tales como la promesa de contrato y la responsabilidad extracontractual, adem\u00e1s que, entendi\u00f3 de manera equivocada, la naturaleza comercial del contrato celebrado y fundament\u00f3 su providencia en las afirmaciones de la demandante, sin \u00abanalizar qu\u00e9 tipo de actos de comercio desplegaba [\u00e9sta] (\u2026) que pudieran asociarse con el negocio celebrado con CISA\u00bb. <\/p>\n
Cuestion\u00f3, asimismo, la aplicaci\u00f3n de intereses comerciales sobre las condenas impuestas, pues la demandante no aport\u00f3 su matr\u00edcula mercantil, e igualmente, se present\u00f3 ante su compa\u00f1\u00eda \u00abcon el prop\u00f3sito de celebrar un contrato de naturaleza civil tipificado como cesi\u00f3n de derechos litigiosos en el C\u00f3digo Civil, que hac\u00eda a la transacci\u00f3n celebrada un contrato de naturaleza civil\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que a la par, al asunto se aplicaron de forma equivocada normas comerciales, cuando no se trataba de un negocio con esas caracter\u00edsticas, y, que, de igual modo, el Tribunal err\u00f3 al referirse a la existencia de una promesa, ya que el querer de las partes nunca evidenci\u00f3 esa situaci\u00f3n, pues lo realizado entre \u00e9stas, como actos preparatorios, consisti\u00f3 en el env\u00edo de ofertas y contrapropuestas con ciertas condiciones. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que la demanda origen del proceso se dirigi\u00f3 a censurar la responsabilidad contractual de CISA, lo que exclu\u00eda \u00abdel debate las reglas de la responsabilidad precontractual\u00bb, por tanto, en su criterio, el Tribunal accionado desconoci\u00f3 las pretensiones de la demanda, no le permiti\u00f3 ejercer sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa respecto de la anotada \u00abresponsabilidad precontractual\u00bb, incurri\u00f3 en incongruencia, y tampoco aplic\u00f3 correctamente las reglas \u00abde la responsabilidad por tratos precontractuales\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, pidi\u00f3, que \u00abse revoque la sentencia de 08 de abril de 2022 (\u2026) por estar incursa en v\u00eda de hecho (\u2026) [y] se dicte sentencia sustitutiva en que se remedie la vulneraci\u00f3n (\u2026) absolviendo[la] (\u2026) de las condenas que se le impusieron\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso verbal, y se requiri\u00f3 al accionante para que acreditara la representaci\u00f3n legal alegada respecto de Central de Inversiones SA -CISA, lo cual fue atendido al d\u00eda siguiente. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal accionado manifest\u00f3 que en la decisi\u00f3n dictada en el caso cuestionado \u00abno se incurri\u00f3 en un defecto superlativo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Jos\u00e9 Roberto Junco Vargas, quien adujo actuar como abogado de Betsy Marcela Tarazona Guti\u00e9rrez, manifest\u00f3 oponerse al amparo propuesto, comoquiera que no se halla irregularidad en la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 los antecedentes del asunto criticado y expuso que no ha quebrantado las garant\u00edas de la sociedad actora. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. Revisado el expediente digital remitido a este tr\u00e1mite, y en especial la sentencia reprochada, esto es, la proferida el 8 de abril de 2022, mediante la cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la de primera instancia para, en su lugar, desestimar las excepciones propuestas por CISA y, en consecuencia, declararla responsable \u00abcivil y precontractualmente (\u2026) respecto de las negociaciones previas sostenidas con la demandante, entre enero y septiembre de 2011, en relaci\u00f3n con un futuro negocio jur\u00eddico de cesi\u00f3n de cr\u00e9dito que nunca se celebr\u00f3\u00bb y condenarla al pago de \u00ab$250.000.000 a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente y $472.069.128,53 por concepto de lucro cesante, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de esta providencia\u00bb, debi\u00e9ndose liquidar los intereses moratorios tras la ejecutoria de la decisi\u00f3n \u00aba la tasa comercial m\u00e1xima legal, hasta que se produzca el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, no constata la Sala irregularidad lesiva de garant\u00edas sustanciales que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2.1 En efecto, se encuentra que la Corporaci\u00f3n accionada, tras citar los antecedentes del litigio, precis\u00f3 los motivos de la apelaci\u00f3n, cimentados, particularmente, en los errores del Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogot\u00e1 en la valoraci\u00f3n de las pruebas, entre \u00e9stas, las declaraciones y una contraoferta realizada por la demandada, as\u00ed como la falta de informaci\u00f3n necesaria para el cumplimiento de las prestaciones materia del compromiso. <\/p>\n
Enseguida, el Tribunal Superior advirti\u00f3 que en el asunto en estudio hab\u00eda lugar a declarar la responsabilidad solicitada por la demandante porque se encontraba demostrado que la Central de Inversiones SA \u2013CISA, aqu\u00ed accionante, desatendi\u00f3 los requisitos legales de la \u00aboferta y contraoferta\u00bb para celebrar la futura cesi\u00f3n del cr\u00e9dito que dicha sociedad estaba cobrando ejecutivamente ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, objeto del contrato que quisieron celebrar las partes. <\/p>\n
Para sustentar lo anterior, puntualiz\u00f3 que tanto el juez de primera instancia como la demandante se hab\u00edan referido a \u00ablo relacionado con ese contrato y su incumplimiento\u00bb, no obstante, sostuvo que revisados los argumentos de la apelaci\u00f3n se establec\u00eda que tambi\u00e9n exist\u00edan controversias en torno a <\/p>\n
\u00abla contraoferta comunicada por CISA el de 26 de septiembre de 2011, en especial la indeterminaci\u00f3n de la condici\u00f3n alusiva a pagar los honorarios del abogado que gestionaba el proceso ejecutivo, hecho que en s\u00ed ata\u00f1e a un tema de responsabilidad en etapa precontractual, cual es el que debe abordarse y estudiarse acorde con la regla general de que el juez conoce el derecho y debe aplicarlo de oficio (iura novit curia)\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, y tras realizar un recuento sobre la normativa aplicable a la \u00abfase precontractual\u00bb, destac\u00f3 que tal etapa fue objeto del C\u00f3digo de Comercio desde 1971, y que, seg\u00fan la doctrina, de la buena fe se derivan varios deberes, tales como \u00abla informaci\u00f3n, secreto, custodia y seriedad\u00bb y, para el caso, el primero era el que interesaba, consiste en \u00abdar a conocer de forma clara los pormenores del negocio, las caracter\u00edsticas y condiciones reales de los objetos materiales que servir\u00e1n de soporte a las obligaciones futuras de las partes (\u2026) (Arrubla Paucar, J. A. (2012). Contratos Mercantiles, teor\u00eda general del negocio mercantil. Bogot\u00e1: Legis. P\u00e1g. 135)\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se refiri\u00f3 a los presupuestos de la oferta, conforme a lo establecido en los art\u00edculos 845, 846, 847 y 851 del C\u00f3digo de Comercio y 14 de la Ley 527 de 1999. <\/p>\n
Destac\u00f3, entonces, que la propuesta de la demandada consisti\u00f3, espec\u00edficamente, en que la interesada deb\u00eda (i) pagar los $250.000.000 ofrecidos, a m\u00e1s tardar el 30 de septiembre de 2011 y, (ii) en la misma fecha, cancelar \u00ablos honorarios del abogado externo de CISA\u00bb, para lo cual le brindaron sus n\u00fameros de tel\u00e9fono y celular. <\/p>\n
Por tanto, anot\u00f3 que eran dos (2) las prestaciones que deb\u00edan cumplirse para la realizaci\u00f3n de la cesi\u00f3n proyectada, sin embargo, s\u00f3lo la primera resultaba concreta y espec\u00edfica, pues la segunda no fue determinada ni determinable \u00abpor simple operaci\u00f3n aritm\u00e9tica [y] tampoco fue detallado cu\u00e1l ser\u00eda la gesti\u00f3n a realizar para superar cualquier escollo relacionado con el tercero (abogado) para la obtenci\u00f3n de un paz y salvo sobre el particular\u00bb, y no pod\u00eda sostenerse que la misma apenas era algo accesorio que no afectaba la validez de la oferta, puesto que, para la compa\u00f1\u00eda demandada era justamente, muy importante, al punto que se abstuvo de \u00abcontinuar con las negociaciones\u00bb ante el impago de los mencionados honorarios. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, al no cumplirse con una de las condiciones de la oferta, el negocio jur\u00eddico proyectado \u00abno pudo alcanzar estructuraci\u00f3n\u00bb y, con todo, si pudiera comprenderse una aceptaci\u00f3n t\u00e1cita de la contraoferta de la demandada con el pago realizado por la all\u00ed demandante, pudiendo \u00abperfeccionarse una promesa de cesi\u00f3n\u00bb, \u00e9sta ser\u00eda nula al ser \u00abindeterminada\u00bb -art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo de Comercio-, dado que \u00abprecisamente no se sab\u00eda cu\u00e1nto era el monto de los honorarios de abogado que deb\u00edan ser cancelados\u00bb. <\/p>\n
Expuso, adem\u00e1s, que resultaba innecesario establecer si la demandante fue diligente para pagar los honorarios del abogado, pues esa condici\u00f3n estaba \u00absujeta a la incertidumbre, o incluso (\u2026) a la voluntad del monto que dijera el abogado en el evento de ser localizado\u00bb. <\/p>\n
No obstante, advirti\u00f3 que de la declaraci\u00f3n de la demandante y del dicho de uno de los testigos, se desprend\u00eda que varias veces estuvo, la primera, en las oficinas de CISA para obtener los datos del abogado, \u00abpero nunca le brindaron la informaci\u00f3n, ni siquiera concretaron un monto de dinero y la posibilidad de que el pago se hiciera a la empresa, para que fuera ella quien entregara los honorarios a dicho abogado cuando apareciera\u00bb, por tanto, concluy\u00f3 que las partes siguieron en las fases preliminares \u00abde invitaci\u00f3n a contratar\u00bb, ya que faltaba concretar una de las prestaciones impuesta por la sociedad demandada \u00abde modo inflexible por la demandada y que a la postre la tom\u00f3 de rodela para negarse a continuar con el proyecto de cesi\u00f3n crediticia\u00bb. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que como la oferta no cumpl\u00eda los presupuestos de los art\u00edculos 845 del C\u00f3digo de Comercio y siguientes, ello impidi\u00f3 \u00abel adecuado y oportuno cumplimiento por parte de la demandante de una de las prestaciones que deb\u00eda cumplir, si quer\u00eda adquirir el cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, expuso que se hallaba probada la responsabilidad precontractual de la demandada, ya que para la celebraci\u00f3n de la cesi\u00f3n crediticia propuesta por la all\u00ed demandante, formul\u00f3 una contraoferta sin el lleno de los requisitos legales, dado que, seg\u00fan insisti\u00f3, una de las obligaciones se \u00abdescribi\u00f3 de manera incompleta, en la medida en que conten\u00eda datos insuficientes para su cabal cumplimiento, circunstancia que impide legitimar su conducta contumaz de retener el dinero consignado por la demandante como un paso para el futuro contrato que nunca pudo perfeccionarse\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abla demandada est\u00e1 obligada a restituir la suma de $250.000.000, que la se\u00f1ora Tarazona alcanz\u00f3 a consignar de buena fe a CISA. Deben agregarse los intereses bancarios corrientes, pues la actora manifest\u00f3 que en su declaraci\u00f3n de parte que sus estudios eran de tecnolog\u00eda en educaci\u00f3n f\u00edsica infantil y dise\u00f1o de modas, pero explic\u00f3 que era \u201ccomerciante de profesi\u00f3n\u201d (12mm40ss video 03). R\u00e9ditos que deber\u00e1n liquidarse desde el 1\u00ba de octubre de 2011, d\u00eda siguiente a la fecha l\u00edmite que fij\u00f3 la demandada en sus documentos de contraoferta, que suman un total de $472.069.128,53, seg\u00fan liquidaci\u00f3n adjunta a esta sentencia. <\/p>\n
No se acceden a los intereses moratorios desde ese momento, seg\u00fan pedido de la demanda, por cuanto no hab\u00eda mora propiamente dicha, en tanto que hubo controversia en torno a las negociaciones ejecutadas, aunque esos intereses moratorios s\u00ed proceden luego de la ejecutoria de esta sentencia, porque ya la obligaci\u00f3n carece de discusi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.2 As\u00ed las cosas, como antes se indic\u00f3, no se observa desafuero o arbitrariedad en la actuaci\u00f3n del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 accionado, puesto que resolvi\u00f3 el asunto a su cargo atendiendo a las cuestiones planteadas por la apelante, legitimando la interpretaci\u00f3n efectuada a la demanda origen del litigio, en la aplicaci\u00f3n del principio iura novit curia, que le impone a los funcionarios judiciales identificar las normas aplicables al asunto as\u00ed no sean aducidas expresamente. En virtud de ello, evidenci\u00f3 que el problema a tratar, en realidad, resid\u00eda en las tratativas precontractuales, pues fue con ocasi\u00f3n de ellas que el negocio proyectado no se estructur\u00f3, pero s\u00ed suscit\u00f3 el pago efectuado por la demandante que, luego, no reintegr\u00f3 la demandada y que dio lugar al asunto criticado. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, asimismo, que de la aplicaci\u00f3n del C\u00f3digo de Comercio a la controversia no se extrae ninguna irregularidad, pues el Tribunal accionado precis\u00f3 que proced\u00eda de tal forma, porque la demandante adujo su calidad de comerciante y, con todo, lo cierto es que no hay duda de que los actos realizados en pro del negocio fueron mercantiles para CISA SA desde siempre, siendo, por tanto, aplicables las disposiciones de la ley comercial \u2013art\u00edculo 22 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida, se encuentra motivada y no luce arbitraria, sin evidenciar ninguna v\u00eda de hecho que haga procedente la orden de amparo, y aunque la Central de Inversiones SA CISA no comparta las razones expuestas por el Tribunal Superior accionado, esa sola divergencia de criterio no constituye un motivo suficiente para conceder el amparo constitucional, porque este mecanismo excepcional no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento es el v\u00e1lido, cual el m\u00e1s acertado o m\u00e1s correcto para dar lugar a la intervenci\u00f3n del fallador de tutela. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021, STC2260-2022 y STC2621-2022 entre otras). <\/p>\n
3. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la acci\u00f3n de tutela promovida por Central de Inversiones SA \u2013CISA, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Juridicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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