STC6339-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6339-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00116-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 4 de mayo de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Adriana Lucia Daza Cortissoz, quien dice obrar en nombre propio y \u00aben\u2026 calidad de representante legal del Consorcio Porvenir 2015\u2026 y del Consorcio Obras de Salud P\u00fablica 2015\u00bb, contra los Juzgados D\u00e9cimo Civil del Circuito y 29 Civil Municipal, ambos de esa localidad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes en el proceso objeto de la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora reclam\u00f3 protecci\u00f3n de las garant\u00edas al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por las sedes judiciales acusadas, por lo que pidi\u00f3 que \u00abse anule el auto\u2026 del 26 de febrero de 2020\u00bb, as\u00ed como tambi\u00e9n del prove\u00eddo de 15 de septiembre de 2020. <\/p>\n
De otro lado reclam\u00f3 que \u00abse\u2026 ordene [su] integraci\u00f3n al proceso [atacado]\u00bb; y \u00abdeclarar la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto: <\/p>\n
2.1. Inverplus SAS promovi\u00f3 demanda declarativa contra TI Ingeambiente SAS y Boris Antonio Rodr\u00edguez, en su condici\u00f3n de miembros del Consorci\u00f3 Porvenir 2015 y Consorcio Obras de Salud P\u00fablica 2015, que fue admitida con prove\u00eddo del 13 de junio de 2019. <\/p>\n
2.2. Notificados los demandados, mediante auto del 28 de febrero de 2020, se convoc\u00f3 a las partes a \u00abaudiencia inicial y de instrucci\u00f3n y juzgamiento\u00bb y se decretaron las pruebas del proceso, siendo negado el decreto del testimonio de Adriana Lucia Daza Cortissoz, quien se desempe\u00f1a como \u00abrepresentante legal\u00bb de los mencionados consorcios. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, la parte demandada deprec\u00f3 que se decretara, de oficio, el testimonio de la prenombrada Daza Cortissoz, petici\u00f3n que fue negada con providencia del 25 de agosto de 2020, decisi\u00f3n que censur\u00f3 en apelaci\u00f3n la enjuiciada, siendo confirmada con auto del 15 de septiembre siguiente. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que los despachos judiciales criticados \u00abhan violado [su] derecho a un debido proceso, toda vez que desde el inicio del proceso\u2026 no se [le] notific\u00f3 en debida forma y mucho menos se [le] trajo al proceso\u2026, mucho menos se [le] integr\u00f3 al mismo para poder realizar [su] defensa t\u00e9cnica\u00bb; y que el ad quem criticado tambi\u00e9n desconoci\u00f3 su \u00abparticipaci\u00f3n en el proceso [cuestionado], al no revocar el auto dado en la audiencia del 25 de agosto de 2020, llanamente porque una de las demandadas no recurri\u00f3 el auto donde se neg\u00f3 [su] testimonio en el t\u00e9rmino legal\u00bb, decisi\u00f3n que vulnera \u00abel derecho sustancial, como lo es [su] derecho fundamental a un debido proceso, as\u00ed como a la defensa y el acceso a la administraci\u00f3n de justicia, pues sin importar, que se haya negado esta prueba, lo cierto es que [ella] debe ser parte del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.5. Adicion\u00f3 que \u00ablos accionados no han considerado que cualquier decisi\u00f3n que se tome dentro del proceso\u2026, puede perjudicar[la] o beneficiar[la]\u2026, por lo que necesariamente se debi\u00f3 vincular al proceso\u00bb; y que \u00abse presenta una deficiencia probatoria\u2026, puesto que la omisi\u00f3n del operador judicial en el decreto de la prueba testimonial\u2026 al ser conducente para el caso debatido conlleva en s\u00ed misma un defecto factico\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Cali resalt\u00f3 que \u00abno ha tenido conocimiento de actuaciones relacionadas con litisconsorcio\u2026 y corresponde negarse la tutela porque la solicitud del litisconsorcio debe realizarse ante el Juez de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado 29 Civil Municipal de esa ciudad, tras rese\u00f1ar las actuaciones que se han adelantado en el juicio criticado, precis\u00f3 que no es cierto que la demanda \u00ab\u2026 est\u00e9 promovida contra los Consorcios Porvenir 2015 y Obras P\u00fablicas de Salud P\u00fablica, pues la parte pasiva dentro del proceso\u2026 la conforma solamente\u2026 Boris Antonio Rodriguez Andrade y\u2026 TL Ingeambiente SAS, cosa distinta es que los mencionados formen parte de dichos consorcios\u00bb, as\u00ed como tampoco es cierta \u00abla afirmaci\u00f3n que realiza la accionante, en cuanto a que se\u00f1ala que\u2026 TL Ingeambiente haya solicitado su integraci\u00f3n como litisconsorcio necesario, pues\u2026 siempre la ha citado como testigo\u2026, por lo que de ninguna manera se est\u00e1n vulnerando derechos constitucionales a la accionante\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, destac\u00f3 que la gestora del amparo \u00abno ha constituido apoderado judicial dentro del proceso para que la represente e intervenga de ser el caso, tampoco ha elevado ninguna solicitud de vinculaci\u00f3n al proceso, ni ninguna otra\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n \u00abpor no observar defecto que amerite la necesidad de intervenci\u00f3n constitucional\u00bb, por cuanto la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el testimonio de la tutelante \u00abobedece a una comprensi\u00f3n razonada del asunto\u00bb y, adem\u00e1s, porque \u00abla tutela no cumple con el requisito de la subsidiariedad [habida cuenta que] en el proceso no [se] ha pedido que se\u2026 permita [la] intervenci\u00f3n [de la actora] como litisconsorte\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La promotora destac\u00f3 que el a quo \u00abreconoce que se present\u00f3 una demanda verbal en contra de Boris Antonio Rodr\u00edguez Andrade y TL Ingeambiente S.A.S, y afirma que estos eran \u201cconformantes cada uno de los Consorcios Porvenir 2015 y Obras de Salud P\u00fablica 2015\u201d\u00bb, de lo que se infiere que \u00abestos Consorcios de los cuales [es] la representante legal se encuentran involucrados en la causa que se pretende hoy ante el Juzgado 29 Civil Municipal de Cali, sin que a la fecha se [le] haya llamado como parte o al menos a ser escuchada\u00bb. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, reiter\u00f3 sus alegaciones iniciales, enfiladas a cuestionar el que no se le haya convocado como litisconsorte de la parte demandada en el asunto objeto de censura constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De entrada ha de precisarse que el an\u00e1lisis que se realizar\u00e1 en esta instancia se circunscribir\u00e1 a los derechos que pregona vulnerados, en nombre propio, Adriana Lucia Daza Cortissoz, m\u00e1s no sobre los ella invoc\u00f3 \u00aben\u2026 calidad de representante legal del Consorcio Porvenir 2015\u2026 y del Consorcio Obras de Salud P\u00fablica 2015\u00bb. <\/p>\n
Ello en la medida en que los consorcios carecen de capacidad para ser parte en un proceso judicial, como lo es la acci\u00f3n de tutela, tal como lo ha sido sostenido la jurisprudencia reiterada de esta Sala, seg\u00fan la cual, \u00ablas uniones temporales\u2026 al igual que los consorcios, no constituyen una persona jur\u00eddica en si misma considerada, como s\u00ed una particular forma de colaboraci\u00f3n empresarial dirigida al desarrollo de un prop\u00f3sito com\u00fan, sin \u00e1nimo de asociarse\u00bb. (CSJ STC1713-2014, reiterada en STC4998-2018 y STC7632-2018; sobre el particular tambi\u00e9n consultar CSJ SC, 13 sep. 2006, rad. n\u00ba 2002-00271-01 y SC, 18 dic. 2012, rad. 2007-00071-01; reiterado en STC1553-2015 y STC6858-2016, entre otros). <\/p>\n
3. Aclarado lo anterior, se advierte que la promotora del resguardo cuestion\u00f3: (i) el prove\u00eddo de 15 de septiembre de 2020, que confirm\u00f3 el dictado el 25 de agosto de esas calendas, que neg\u00f3 la pr\u00e1ctica de su testimonio; y (ii) que no se le hubiese convocado al juicio criticado. <\/p>\n
4. Respecto a la primera de esas inconformidades, advierte la Sala la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la tutelante carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso fuente del reclamo, por no ser parte de dicha contienda. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991, establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto de contornos similares al de ahora, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026 \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC 24 oct. 2012, rad. 00171-01, reiterado en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que la quejosa no ostenta la calidad de parte ni de interviniente en el tr\u00e1mite atacado, conforme se extracta de la informaci\u00f3n remitida por parte de los juzgados accionados, por lo que carece de legitimaci\u00f3n para censurar las decisiones objeto de reproche. <\/p>\n
5. En lo que ata\u00f1e al otro de los reclamos de la quejosa, se concluye la improcedencia del resguardo, habida cuenta que ella no ha comparecido ante el juez ordinario a esgrimir la falta de vinculaci\u00f3n que por v\u00eda constitucional denunci\u00f3, alegato que, de prosperar, podr\u00eda conllevar la invalidaci\u00f3n de lo actuado, conforme lo contempla el art\u00edculo 133 (numeral 8\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
En ese orden de ideas, se configura la causal de improcedencia establecida en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, esto es, \u00ab[c]uando existan otros recursos o medios de defensa judiciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, al existir ese otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas de la actora, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
6. Las razones anteriormente consignadas, imponen la confirmaci\u00f3n del fallo de tutela de primera instancia, pero por las razones previamente expuestas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6339-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6339-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-03-000-2022-00116-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63718","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63718","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63718"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63718\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63718"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63718"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63718"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}