STC6344-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6344-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01573-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Diana Constanza Sandoval Rinc\u00f3n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, y citadas las partes e intervinientes en proceso de pertenencia con radicado N\u00b0 2017-00159. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante apoderado judicial, la peticionaria invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n accionada en el juicio mencionado. <\/p>\n
Para sustentar sus reclamos, se\u00f1al\u00f3 que inici\u00f3 proceso de pertenencia contra Jorge Mauricio Escobar L\u00f3pez y Leonor Arce Mora, para obtener por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 200-185916 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Neiva. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva, en sentencia de 18 de diciembre de 2020 accedi\u00f3 a sus pretensiones, decisi\u00f3n que apelada por los demandados la revoc\u00f3 el Tribunal accionado el 25 de noviembre de 2021, para negar sus peticiones y declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u00abausencia de justo t\u00edtulo y posesi\u00f3n regular\u00bb, alegada por la all\u00ed demandada. <\/p>\n
Tras citar in extenso las consideraciones de la Corporaci\u00f3n para adoptar la mencionada decisi\u00f3n, asegur\u00f3 que esa autoridad incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho y en error por defecto f\u00e1ctico\u00bb, como quiera que concluy\u00f3 equivocadamente, que ella ingres\u00f3 al predio el 24 de mayo de 2012 \u00abcomo simple tenedora\u00bb, reconociendo dominio ajeno en cabeza de los demandados. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la compraventa prometida, celebrada entre ella y los entonces due\u00f1os del bien, no conten\u00eda \u00abobjeto il\u00edcito\u00bb como erradamente lo apreci\u00f3 el Tribunal Superior de Neiva, raz\u00f3n por la cual, debi\u00f3 \u00abtomarse la misma como (\u2026) justo t\u00edtulo\u00bb, puesto que, de una parte, tuvo que iniciar un proceso \u00abejecutivo de obligaci\u00f3n de hacer\u00bb para que los promitentes vendedores suscribieran dicho negocio, tr\u00e1mite que \u00abtermin\u00f3 con sentencia favorable\u00bb y, de otro, porque aunque para esa \u00e9poca el predio estaba embargado por cuenta de un proceso coactivo de la Contralor\u00eda Departamental del Huila, en una de las cl\u00e1usulas de la promesa se pact\u00f3 que ella \u00abcancelar\u00eda esa obligaci\u00f3n, l[o] cual cumpli\u00f3 a cabalidad, como se registr\u00f3 en la anotaci\u00f3n N\u00b0 12 de fecha 13 de diciembre de 2012, donde la acci\u00f3n coactiva fue cancelada\u00bb. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, declarar \u00abla nulidad de la sentencia de fecha 25 de noviembre de 2021 (\u2026) y se ordene la expedici\u00f3n de un nuevo fallo conforme a Derecho, en procura de la materializaci\u00f3n del derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el pasado 18 de mayo se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en el proceso de pertenencia con radicado N\u00b0 2017-00159. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1.El Tribunal accionado manifest\u00f3 que no lesion\u00f3 los derechos invocados con la decisi\u00f3n criticada, pues \u00e9sta \u00abse profiri\u00f3 conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto\u00bb. <\/p>\n
2. Arnoldo Tamayo Z\u00fa\u00f1iga, quien afirm\u00f3 actuar en nombre de Mar\u00eda Lourdes Vargas Mart\u00ednez, se opuso a la prosperidad del amparo, por cuanto la autoridad accionada no incurri\u00f3 en irregularidad. <\/p>\n
3. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, la se\u00f1ora Diana Constanza Sandoval Rinc\u00f3n reprocha la sentencia de 25 de noviembre de 2021, mediante la cual el Tribunal Superior de Neiva revoc\u00f3 la de primera instancia y, en su lugar, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda de pertenencia formulada por la aqu\u00ed actora y declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de m\u00e9rito denominada \u00abausencia de justo t\u00edtulo y posesi\u00f3n regular\u00bb, formulada por la demandada Leonor Arce Mora. <\/p>\n
Revisado ese pronunciamiento, no se evidencia irregularidad que lesione las garant\u00edas de la accionante e imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la autoridad acusada resolvi\u00f3 el asunto a su cargo con suficiencia, teniendo en cuenta las evidencias f\u00e1cticas, la normativa aplicable y las alegaciones de las partes. <\/p>\n
As\u00ed, tras referir los antecedentes del asunto y los motivos de la apelaci\u00f3n, el Tribunal accionado se pronunci\u00f3 sobre los requisitos necesarios de la prescripci\u00f3n ordinaria de dominio, reclamada por la all\u00ed demandante, rese\u00f1ando el contenido de los art\u00edculos 762, 764, 778 y 981 del C\u00f3digo Civil, lo establecido en el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso y la modificaci\u00f3n del lapso de (10) a\u00f1os a cinco (5) contenida en la Ley 791 de 2002, para adquirir los bienes por el citado modo. <\/p>\n
Posteriormente, advirti\u00f3 que a la demandante, de acuerdo con sus pretensiones, le correspond\u00eda probar \u00ablos elementos configurativos de la posesi\u00f3n regular, esto es que la misma proceda de justo t\u00edtulo y haya sido adquirida de buena fe\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3, entonces, que la solicitante pidi\u00f3 que se declarara que hab\u00eda adquirido a trav\u00e9s de prescripci\u00f3n ordinaria de dominio, el inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 200-185916 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Neiva, se\u00f1alando que ejerc\u00eda actos de se\u00f1ora y due\u00f1a respecto del mismo, desde el 24 de mayo de 2012, fecha en la que los antes propietarios se lo entregaron en raz\u00f3n a la promesa de compraventa celebrada con ellos el 15 de mayo de 2021. <\/p>\n
Agreg\u00f3 el Tribunal, que la actora hab\u00eda afirmado que tuvo que acudir a un proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de suscribir documentos, para que los demandados firmaran la escritura de venta del citado bien, acto consumado el 15 de octubre de 2015, en virtud de la orden judicial emitida sobre el particular. <\/p>\n
Frente a lo expuesto, la Corporaci\u00f3n denunciada advirti\u00f3 que de las pruebas aportadas no se conclu\u00eda que la se\u00f1ora Diana Constanza Sandoval Rinc\u00f3n hubiese ingresado al predio el 24 de mayo de 2012 como poseedora, puesto que, en realidad, entr\u00f3 al bien \u00abcomo simple tenedora, pues desde dicha data y por lo menos hasta el 15 de octubre de 2015, reconoci\u00f3 el dominio que sobre el mismo detentan Jorge Mauricio Escobar L\u00f3pez y Leonor Arce Mora\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior porque, seg\u00fan explic\u00f3, se evidenciaba que en la diligencia de secuestro realizada sobre el bien el 28 de noviembre de 2013, con ocasi\u00f3n de un proceso ejecutivo frente a los entonces propietarios, la aqu\u00ed accionante no manifest\u00f3 el se\u00f1or\u00edo all\u00ed alegado \u00aby en cambio acept\u00f3 recibir el inmueble en dep\u00f3sito voluntario y gratuito de manos de la que en el aludido acto procesal fue designada como secuestre de la casa de habitaci\u00f3n, hecho que sin lugar a dudas desvirt\u00faa el \u00e1nimo de se\u00f1ora y due\u00f1a que fundamenta la acci\u00f3n invocada\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 adem\u00e1s, que s\u00f3lo hasta el 15 de octubre de 2015, cuando se suscribi\u00f3 la escritura de compraventa por orden de autoridad judicial, le fue transferido a la solicitante \u00abel dominio del inmueble por parte de sus propietarios\u00bb, por lo tanto, aclar\u00f3 que siendo ese documento \u00abel \u00fanico t\u00edtulo que puede ser considerado con la capacidad de derivar la obligaci\u00f3n de trasladar el bien objeto de usucapi\u00f3n\u00bb, si se tuviera por demostrado el \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo de la demandante, la prescripci\u00f3n ordinaria no podr\u00eda declararse, pues el tiempo exigido para ese efecto no se hallaba demostrado -5 a\u00f1os-, puesto que, <\/p>\n
\u00aba la fecha de interposici\u00f3n de la demanda, esto es el 13 de junio de 2017 conforme al acta de reparto No. 961 obrante a folio 45 del expediente digital (\u2026), tan solo hab\u00edan transcurrido 1 a\u00f1o, 7 meses y 28 d\u00edas desde la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica No. 4065 del 15 de octubre de 2015, en el caso concreto no se cumple con el t\u00e9rmino necesario para acceder a las pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Sobre este particular, explic\u00f3 que seg\u00fan el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del bien objeto del litigio, \u00e9ste se encontraba embargado desde el 6 de marzo de 2013, respecto de la cuota perteneciente a Leonor Arce Mora, por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Neiva y, desde el 25 de julio de 2013, en relaci\u00f3n a la cuota de Jorge Mauricio Escobar L\u00f3pez, por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Neiva. <\/p>\n
En consecuencia se\u00f1al\u00f3, que desde la primera fecha mencionada, \u00abtodo acto que implicara la enajenaci\u00f3n del inmueble se encontraba inmerso en objeto il\u00edcito, salvo que el mismo fuera autorizado por el juez que decret\u00f3 la cautela o porque as\u00ed lo consintieran los acreedores\u00bb, cuesti\u00f3n esta \u00faltima, que no fue acreditada dentro del asunto ejecutivo por obligaci\u00f3n de suscribir documento que inici\u00f3 la actora y que deriv\u00f3 en la firma de la escritura de compraventa el 15 de octubre de 2015. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, asegur\u00f3 que, en su criterio, dicha escritura no pod\u00eda tomarse \u00abcomo el justo t\u00edtulo para, a partir de esta tenerse por demostrado los elementos configurativos de la posesi\u00f3n regular\u00bb, raz\u00f3n por la cual declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n alegada por Leonor Arce Mora, llamada \u00abausencia de justo t\u00edtulo y posesi\u00f3n regular\u00bb. <\/p>\n
3. Examinada la argumentaci\u00f3n antes rese\u00f1ada, no se encuentra desafuero o arbitrariedad, pues el Tribunal Superior de Neiva atendi\u00f3 al material demostrativo y a la normativa aplicable y de ello concluy\u00f3 que la posesi\u00f3n regular alegada por la solicitante no se encontraba acreditada, de un lado, porque de ten\u00e9rsele como poseedora desde la firma de la escritura de compraventa celebrada con los due\u00f1os del bien -acto realizado el 15 de octubre de 2015, por conducto de una autoridad judicial-, apenas alcanzaba a demostrar el transcurso de un (1) a\u00f1o y siete (7) meses ejerciendo tal se\u00f1or\u00edo; y, de otro, porque tal escritura tampoco pod\u00eda ser catalogada como un \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb, elemento indispensable para la posesi\u00f3n regular aducida, puesto que se suscribi\u00f3 cuando a\u00fan se encontraban embargadas las cuotas partes de los due\u00f1os, encontr\u00e1ndose el bien, por tanto, fuera del comercio, por lo cual el citado negocio, seg\u00fan se explic\u00f3, hab\u00eda versado sobre \u00abun objeto il\u00edcito\u00bb. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, se le indica a la peticionaria que el Tribunal no se refiri\u00f3 a la obligaci\u00f3n que ella adquiri\u00f3 en la promesa respecto del embargo fiscal que ten\u00eda el inmueble y que, conforme a sus afirmaciones, logr\u00f3 cancelar, pues se observa que dicha Corporaci\u00f3n resalt\u00f3 fue la existencia de dos embargos civiles, a\u00fan vigentes a la fecha de la firma de la escritura de compraventa. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se observa que los reproches elevados por la reclamante con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n objetada son propios de una divergencia particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta el Tribunal Superior de Neiva accionado para adoptar la decisi\u00f3n debatida. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto se revela la intenci\u00f3n de utilizar el amparo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. (Ver CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050, en STC2260-2022 y STC5002-2022 entre otras]. <\/p>\n
Para esta Sala, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados, y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea flagrante y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en este asunto, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. (Ver CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01, STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01, STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01, STC811-2022 y STC5002-2022, entre muchas). <\/p>\n
5. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve NEGAR la tutela promovida por Diana Constanza Sandoval Rinc\u00f3n contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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