STC6355-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6355-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00218-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Fiduciaria La Previsora S.A., como administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, frente al fallo proferido el 25 de abril de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela instaurada por ella contra el Juzgado Doce Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderada judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al no acceder a su solicitud de suspensi\u00f3n del juicio ejecutivo que cursa en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abDECLARAR la nulidad del Auto del 8 de febrero de 2022[,] proferid[o] por el Juzgado [accionado]\u00bb; y \u00abORDENAR la suspensi\u00f3n del proceso hasta que se conozca la decisi\u00f3n del Laudo Arbitral que se lleva en el Tribunal Arbitral de la C\u00e1mara de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo que la Uni\u00f3n Temporal del Norte Regi\u00f3n 3 (conformada por la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., la Cl\u00ednica Las Pe\u00f1itas S.A.S. y Medicina Integral S.A.) instaur\u00f3 contra el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG, el 25 de febrero de 2019 el Juzgado acusado libr\u00f3 mandamiento de pago y el 8 de febrero de 2022, al no haberse formulado excepci\u00f3n alguna, dispuso seguir adelante el cobro, con sus consecuenciales ordenamientos, providencia en la que tambi\u00e9n resolvi\u00f3 \u00abno acceder a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso\u00bb que entabl\u00f3 la aqu\u00ed accionante, determinaci\u00f3n \u00faltima respecto de la cual, el 2 de marzo siguiente, no concedi\u00f3, por improcedente, la apelaci\u00f3n propuesta por la deudora. <\/p>\n
2.2. En la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, en concreto, la quejosa critic\u00f3 al Juzgado acusado su \u00abposici\u00f3n renuente\u2026 frente [a] la solicitud [de] suspensi\u00f3n del proceso y el rechazo de plano del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, destacando que su petici\u00f3n se ajust\u00f3 a lo reglado en el numeral 1\u00ba del canon 161 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que demostr\u00f3 que su ejecutante pretende obtener en ese juicio el pago de las facturas en las que tambi\u00e9n edific\u00f3 el posterior proceso arbitral que, entre las mismas partes, cursa ante la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1, en el que, adujo, contest\u00f3 oportunamente el libelo y formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Destac\u00f3 que su solicitud de suspensi\u00f3n procesal fue oportuna si en cuenta se tiene que la mentada actuaci\u00f3n arbitral se impuls\u00f3 con posterioridad al vencimiento del t\u00e9rmino para proponer excepciones en la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El abogado Alexander Mor\u00e9 Bustillo, quien dijo actuar \u00aben [su] condici\u00f3n de apoderado especial de la Uni\u00f3n Temporal del Norte – Regi\u00f3n No 3\u00bb, efectu\u00f3 m\u00faltiples manifestaciones frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por \u00e9sta para intervenir en su representaci\u00f3n en el tr\u00e1mite constitucional del ep\u00edgrafe, por lo cual sus pronunciamientos no se tienen en cuenta. <\/p>\n
2. El Tribunal de Arbitramento conformado en la C\u00e1mara de Comercio de Bogot\u00e1 para \u00abdecidir la controversia contractual entre Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., Cl\u00ednica Las Pe\u00f1itas S.A.S. y Medicina Integral S.A., integrantes de la Uni\u00f3n Temporal del Norte Regi\u00f3n 3, como parte convocante[,] y Fiduciaria La Previsora S.A. en su calidad de vocera y administradora del Patrimonio Aut\u00f3nomo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG\u00bb, limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a historiar las actuaciones all\u00ed surtidas. <\/p>\n
3. El Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla indic\u00f3 remitirse a las decisiones emitidas en el juicio recriminado, de las que \u00abno se advierte vulneraci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la accionada\u00bb, comoquiera que est\u00e1n \u00absustentadas en las normas aplicables\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que la censora no atac\u00f3 en reposici\u00f3n la determinaci\u00f3n que le critica y, \u00abpor el contrario[,] present\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, que de acuerdo a las normas especiales y generales, no resuelta procedente, decisi\u00f3n que a su vez tampoco fue controvertida\u00bb; sumado a que era \u00abclara la conducta reiterada de la actora en omitir las oportunidades procesales correspondientes para ejercer su derecho de defensa pues, ha sido una constante al ni siquiera formular excepciones de fondo frente a un tr\u00e1mite ejecutivo adelantado con fundamento en unas facturas de alto costo, como el que nos ocupa, queriendo con este tipo de solicitudes revivir oportunidades ya fenecidas\u00bb. <\/p>\n
4. Medicina Integral S.A., la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A. y la Cl\u00ednica Las Pe\u00f1itas S.A.S. defendieron el proceder de la autoridad judicial encausada, el que dijeron ajustado al ordenamiento jur\u00eddico, y tras afirmar que ante el juzgador arbitral desistieron de las pretensiones cuya satisfacci\u00f3n persiguen en la ejecuci\u00f3n aqu\u00ed reprochada, sostuvieron que la presente acci\u00f3n de amparo est\u00e1 llamada al fracaso, \u00abpor su improcedencia y porque adicionalmente se han superado los posible[s] riesgos alegados por la accionante, s\u00f3lo avizor\u00e1ndose es el inter\u00e9s de la parte confutada en tratar de enervar los efectos de su inactividad procesal y eludir el cumplimiento de la obligaci\u00f3n contenida en los t\u00edtulos valores arrimados al plenario y a los efectos adversos que surgen del incontrovertible auto de seguir adelante la ejecuci\u00f3n proferido en el proceso genitor\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a la Organizaci\u00f3n Cl\u00ednica General del Norte S.A., la Cl\u00ednica Las Pe\u00f1itas S.A.S. y Medicina Integral S.A., como integrantes de la Uni\u00f3n Temporal del Norte Regi\u00f3n 3, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 18 de abril (ATC489-2022), neg\u00f3 la protecci\u00f3n al concluir que estaba insatisfecho el presupuesto de la subsidiariedad, porque \u00abel auto del 8 de febrero del 2022[,] que neg\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso\u2026[,] no fue objeto de recurso de reposici\u00f3n, procedente en el caso puesto en estudio, conforme al canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que se infiere que no se agot\u00f3 el mecanismo judicial al alcance de la promotora\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora insistiendo en sus pretensiones, destac\u00f3 que era inadmisible el argumento del Tribunal para denegar la protecci\u00f3n porque aunque no interpuso reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo con el que el 8 de febrero de 2022 el Juzgado acusado no accedi\u00f3 a su solicitud de suspensi\u00f3n del proceso, lo cierto era que tempestivamente inco\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n se le deneg\u00f3, por improcedente, sin darle el curso de reposici\u00f3n, como lo impon\u00eda el par\u00e1grafo del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; y agreg\u00f3 que \u00aben este caso se est\u00e1n persiguiendo recursos de la salud y del erario p\u00fablico, sin que la UNI\u00d3N TEMPORAL NORTE REGI\u00d3N 3, adjuntara respaldo alguno frente a las facturas\u2026, respecto a que los mismos deben ser soportados con los documentos pertinentes de una prestaci\u00f3n de servicios m\u00e9dicos y no como una simple factura, evidenci\u00e1ndose que el mismo no constituye un t\u00edtulo valor completo ya que se trata de un t\u00edtulo valor complejo, tal y como se evidencia en la demanda ejecutiva\u00bb; situaci\u00f3n \u00faltima por la que, afirm\u00f3, debi\u00f3 concederse el amparo porque la Corte Constitucional tiene por sentado que \u00abel juez de tutela est\u00e1 facultado para emitir fallos extra y ultra petita, cuando de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica de la acci\u00f3n puede evidenciar la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, aun cuando su protecci\u00f3n no haya sido solicitada\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Vistas esas premisas, atendidas las normas que gobiernan esta herramienta supralegal y circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, de entrada, se advierte que \u00e9sta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo cual la decisi\u00f3n de primer grado ser\u00e1 confirmada, pero por las razones que aqu\u00ed se pasa a exponer. <\/p>\n
3. En primer lugar, porque aunque es cierto que el Tribunal a-quo err\u00f3 al pasar por alto que el juzgador acusado, desconociendo el par\u00e1grafo del canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso (regla pro recurso), olvid\u00f3 darle el curso de reposici\u00f3n que se impon\u00eda a la apelaci\u00f3n improcedente que propuso la quejosa frente al auto que el 8 de febrero de 2022 no accedi\u00f3 a su solicitud de suspensi\u00f3n procesal; igualmente es innegable que la salvaguarda se tornaba inviable, dada su intrascendencia constitucional, porque, independientemente de la discusi\u00f3n en torno a la procedencia y tr\u00e1mite del remedio formulado, aquella decisi\u00f3n estaba llamada a ser ratificada. <\/p>\n
Lo dicho, porque la determinaci\u00f3n ciertamente no pod\u00eda ser distinta al despacho adverso de la solicitud de suspensi\u00f3n procesal, comoquiera que, contrario a lo sostenido por la recurrente, la misma era abiertamente inviable, acorde con los c\u00e1nones 161 -numeral 1\u00ba-1 y 162 -inciso 2\u00ba-2 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que el asunto no se hallaba \u00aben estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia\u00bb, lo que, por dem\u00e1s, en el caso espec\u00edfico se tornaba imposible, porque, siendo un tr\u00e1mite de doble instancia, lo cierto, se itera, es que frente a la orden de apremio no formul\u00f3 ning\u00fan tipo de excepci\u00f3n. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no sufre ninguna alteraci\u00f3n por las alegaciones tra\u00eddas en la demanda de tutela en punto al momento de iniciaci\u00f3n de la causa arbitral, en tanto que, al margen de que \u00e9sta fuera posterior, lo cierto es que ello no marginaba a la deudora de ejercer oportunamente su derecho de defensa frente a la orden de apremio, a trav\u00e9s de la oportuna presentaci\u00f3n de las defensas de m\u00e9rito, lo que, se insiste, no hizo. <\/p>\n
En asuntos con alguna simetr\u00eda al de ahora, que mutatis mutandis resultan aplicables al presente, en punto a la carencia de relevancia supralegal en la solicitud de protecci\u00f3n, ha indicado la Sala que \u00abcon independencia de las supuestas falencias endilgadas al Tribunal criticado, el hecho cierto es que\u2026 el reclamo de la accionante carece de trascendencia ius fundamental, porque de cualquier forma estaba condenaba al fracaso la defensa que propuso en el juicio cuestionado\u00bb (CSJ STC1684-2015). <\/p>\n
4. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con las alegaciones novedosamente tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n, encaminadas a que se haga una revisi\u00f3n exhaustiva del cobro fustigado, especialmente respecto a la aparente carencia de virtualidad ejecutiva de los documentos all\u00ed adosados como base de recaudo, resulta ser un aspecto del que, de momento, no puede ocuparse esta Corte como ad-quem constitucional, pues se trata de \u00abhechos nuevos\u00bb, no expuestos en el libelo introductor, por lo que no fue posible que fueran controvertidos por la autoridad encausada ni por los dem\u00e1s vinculados a esta actuaci\u00f3n, de donde una determinaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n sobre tales t\u00f3picos, en esta espec\u00edfica oportunidad, implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los interesados en las resultas de tales cuestiones. <\/p>\n
Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada, entre muchas otras, en STC800, 5 feb. 2015; y STC699-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
5. Al margen de todo lo anterior, ante las particularidades del asunto sometido a definici\u00f3n, se dispondr\u00e1 exhortar al estrado judicial accionado para que, en todo caso, en la oportunidad que resulte adecuado, tenga en cuenta la incidencia que pueda llegar a tener en el tr\u00e1mite a su cargo lo que se defina en el juicio arbitral que cursa entre las mismas partes, con observancia de la manifestaci\u00f3n de la accionante en torno a que las facturas objeto de ejecuci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1n siendo perseguidas en ese \u00faltimo decurso. <\/p>\n
6. Lo ac\u00e1 consignado, que no precisamente lo concluido por el a-quo constitucional, con las salvedades atr\u00e1s efectuadas, impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
No obstante, se dispone exhortar al Juzgado Doce Civil del Circuito de Barranquilla para que, en todo caso, en la oportunidad que resulte adecuado, atienda la incidencia que pueda llegar a tener en el proceso ejecutivo que all\u00ed adelanta, bajo el radicado 2018-00319 (de Uni\u00f3n Temporal del Norte Regi\u00f3n Nro. 3 contra el Patrimonio Aut\u00f3nomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG), lo que se defina en el juicio arbitral que cursa entre las mismas partes. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, en oportunidad, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 161. SUSPENSI\u00d3N DEL PROCESO. El juez, a solicitud de parte, formulada antes de la sentencia, decretar\u00e1 la suspensi\u00f3n del proceso en los siguientes casos: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuesti\u00f3n que sea imposible de ventilar en aquel como excepci\u00f3n o mediante demanda de reconvenci\u00f3n. El proceso ejecutivo no se suspender\u00e1 porque exista un proceso declarativo iniciado antes o despu\u00e9s de aquel, que verse sobre la validez o la autenticidad del t\u00edtulo ejecutivo, si en este es procedente alegar los mismos hechos como excepci\u00f3n\u00bb. (Se destac\u00f3) <\/p>\n
2\u0002 \u00abART\u00cdCULO 162. DECRETO DE LA SUSPENSI\u00d3N Y SUS EFECTOS. Corresponder\u00e1 al juez que conoce del proceso resolver sobre la procedencia de la suspensi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
La suspensi\u00f3n a que se refiere el numeral 1 del art\u00edculo precedente solo se decretar\u00e1 mediante la prueba de la existencia del proceso que la determina y una vez que el proceso que debe suspenderse se encuentre en estado de dictar sentencia de segunda o de \u00fanica instancia\u00bb. (Se destac\u00f3) <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6355-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6355-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2022-00218-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Fiduciaria La Previsora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63732","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63732"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63732\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}