STC6359-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6359-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02011-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal1 el 14 de octubre de 2021, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Propileno del Caribe SA -Propilco SA, hoy Esenttia SA, contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, tr\u00e1mite al cual fue vinculado el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena y citadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado 2013-00291. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la sociedad reclamante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Como sustento de su reclamo, manifest\u00f3 que Miguel Pacheco Correa inici\u00f3 juicio ordinario laboral en su contra, con el fin de que se declarara que la terminaci\u00f3n de su contrato de trabajo de 31 de agosto de 2011 fue injusta, ineficaz e ilegal y, en consecuencia, se ordenara el reintegro al cargo que ven\u00eda desempe\u00f1ando o a uno de mayor jerarqu\u00eda, as\u00ed como el pago de los salarios, aportes a seguridad social, prestaciones legales y extralegales e indexaci\u00f3n y, subsidiariamente, el pago de la indemnizaci\u00f3n por despido injustificado. <\/p>\n
El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, autoridad que en sentencia de 27 de junio de 2014, declar\u00f3 que el se\u00f1or Pacheco Correa era beneficiario de la garant\u00eda de fuero circunstancial y accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, determinaci\u00f3n revocada parcialmente por el Tribunal Superior de la misma ciudad el 20 de mayo de 2016, para en su lugar condenar a Propilco SA, a pagar a favor del demandante la suma de $ 79.411.840 como indemnizaci\u00f3n por despido sin justa causa, absolvi\u00e9ndola de las dem\u00e1s reclamaciones formuladas en su contra. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que las partes interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral mediante sentencia SL871-2021 de 3 de marzo 2021, cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, pese a su petici\u00f3n, la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 8 de abril de 2021 imparti\u00f3 constancia de ejecutoria, por lo cual, en escrito de 9 de abril siguiente solicit\u00f3 dejar sin efecto la referida constancia, lo que reiter\u00f3 el 14 del mismo mes, sin ser atendido (sic). <\/p>\n
Sostuvo que mediante auto AL4235-2021 de 25 de agosto de 2021 la Sala de Descongesti\u00f3n declar\u00f3 improcedente la solicitud de adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n, empero, en su sentir, estudi\u00f3 solo el contenido de las demandas de casaci\u00f3n propuestas por las partes y no el del recurso de apelaci\u00f3n que en su momento formul\u00f3 contra el fallo de primera instancia, siendo ese el aspecto sobre el cual requiri\u00f3 pronunciamiento al momento de pedir la adici\u00f3n de la sentencia, proceder que vulnera el principio de consonancia establecido en el art\u00edculo 66 A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y constituye una v\u00eda de hecho al incurrir defecto procedimental absoluto y una abierta infracci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n
Puntualiz\u00f3 que lo pretendido a trav\u00e9s de este mecanismo extraordinario es que se adicione la sentencia proferida en sede de instancia, en donde se responda el recurso de apelaci\u00f3n por ella presentado, y se resuelvan cada uno de los reparos all\u00ed formulados. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 (i) \u00abDejar sin efectos el auto AL4235-2021 del 25 de agosto de 2021, por medio del cual se declar\u00f3 como improcedente la solicitud de adici\u00f3n, aclaraci\u00f3n y\/o correcci\u00f3n presentada en contra de la sentencia n\u00famero SL871-2021 (\u2026)\u00bb y (ii) \u00abSe Ordene a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u2013 SALA 3\u00aa DE DESCONGESTI\u00d3N LABORAL, a que profiera sentencia complementaria o adici\u00f3n a la dictada, en donde se tenga en cuenta cada uno de los argumentos planteados en el recurso de apelaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 66A del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social (\u2026) y profiera una nueva sentencia dentro del proceso de la referencia con estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, defendi\u00f3 la legalidad de la providencia, y manifest\u00f3 que se remit\u00eda a las consideraciones expuestas en el auto AL4235-2021 que neg\u00f3 por improcedente la solicitud de \u00abadici\u00f3n, aclaraci\u00f3n y\/o correcci\u00f3n\u00bb presentada contra la sentencia SL871-2021, por lo anterior, solicit\u00f3 negar las pretensiones elevadas por la sociedad reclamante, argumentando que no se incurri\u00f3 en vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores invocadas, como quiera que la providencia se fundament\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la normativa procesal vigente. <\/p>\n
2. Miguel Pacheco Correa a trav\u00e9s de su representante judicial luego de pronunciarse frente a los hechos expuestos en el escrito inicial, pidi\u00f3 declarar la improcedencia del amparo. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la solicitud de amparo, tras determinar que la Sala de Descongesti\u00f3n accionada resolvi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n propuesto tanto por la sociedad demandada como por el trabajador, con suficiente argumentaci\u00f3n y an\u00e1lisis probatorio, y descart\u00f3 alguna irregularidad en la sentencia de reemplazo. <\/p>\n
Por otra parte, al referirse al auto cuestionado indic\u00f3 que se precis\u00f3 al apoderado de la compa\u00f1\u00eda demandada, al analizar las demandas de casaci\u00f3n presentadas por las partes y emitirse sentencia de reemplazo, ning\u00fan aspecto qued\u00f3 por dilucidar y, que, para responder a cada cuestionamiento se tuvieron en cuenta las pruebas que deb\u00edan analizarse. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por la sociedad accionante, insistiendo en los argumentos iniciales, y manifest\u00f3, que lo pretendido con la solicitud de protecci\u00f3n constitucional, no fue considerado en debida forma por el juez de primera instancia, pues no resolvi\u00f3 el reparo puntual plasmado en la demanda constitucional, es decir que no efectu\u00f3 un estudio respecto a la configuraci\u00f3n o no de un defecto procedimental absoluto, espec\u00edficamente si existi\u00f3 o no vulneraci\u00f3n al principio de consonancia que rige el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo que la solicitud de adici\u00f3n era procedente, porque la ley obligaba un pronunciamiento expreso sobre todos los aspectos que hubiesen sido objeto de apelaci\u00f3n, lo cual en su momento debi\u00f3 ser resuelto profiriendo una sentencia complementaria, la cual pod\u00eda ser en cualquier sentido de acuerdo con el criterio de la Sala de Casaci\u00f3n laboral como juez natural, sin embargo, permitiendo saber a la parte las consideraciones que ten\u00eda sobre su recurso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Propileno del Caribe SA -Propilco SA, hoy Esenttia SA, insiste en que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto al proferir la sentencia de instancia en el asunto debatido, en tanto que, no tuvo en cuenta los argumentos del recurso de apelaci\u00f3n formulado y las normas que lo rigen, puntualmente el principio de consonancia. <\/p>\n
\u00abEn el caso que analiza esta Sala de Casaci\u00f3n, el Tribunal consider\u00f3 que por el hecho de que la organizaci\u00f3n sindical no tom\u00f3 la decisi\u00f3n de \u00abcontinuar con los pasos subsiguientes que permitieran un arreglo ce\u00f1ido al ordenamiento jur\u00eddico\u00bb, desisti\u00f3 t\u00e1citamente del conflicto, lo que deviene errado, pues conforme al art. 444 de la norma sustantiva laboral, el hecho de no convocar a huelga o a un tribunal de arbitramento en el plazo previsto que dispone esa normativa, no implica de manera autom\u00e1tica el decaimiento de aquel. <\/p>\n
Lo anterior tiene raz\u00f3n de ser, en tanto la conclusi\u00f3n del ad quem exig\u00eda necesariamente analizar las circunstancias f\u00e1cticas del caso, para as\u00ed poder arribar a una resoluci\u00f3n que realmente se ajustara a la norma mencionada, en atenci\u00f3n a que dicha preceptiva lo que contiene es un derecho de los trabajadores, que procura reivindicar mejoras en las condiciones econ\u00f3micas de una empresa espec\u00edfica, o lograr avances de los entornos laborales de un determinado sector, y en general, para la defensa de los intereses de la clase trabajadora. <\/p>\n
De las consideraciones de la sentencia impugnada, se desprende que al juzgador solo le bast\u00f3, sin m\u00e1s, se\u00f1alar que ante la falta de convocatoria a huelga o a un tribunal de arbitramento por parte del sindicato en el plazo previsto que dispone esa normativa, ipso jure hubo decaimiento del conflicto, siendo el directo responsable la uso, dada su inactividad en el desarrollo del tr\u00e1mite que inici\u00f3 con la presentaci\u00f3n del pliego de peticiones. As\u00ed las cosas, se advierte el yerro hermen\u00e9utico que se endilg\u00f3 al operador judicial plural, de tal manera que el cargo prospera, debi\u00e9ndose quebrantar la sentencia impugnada\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar que, al actuar en sede de instancia, su an\u00e1lisis se restring\u00eda a lo que fue materia de ataque a trav\u00e9s del recurso extraordinario, por lo que, sintetiz\u00f3 lo resuelto por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena e indic\u00f3 que contra esa decisi\u00f3n la sociedad demandada interpuso recurso de apelaci\u00f3n, en el que, <\/p>\n
\u00abEn lo que ata\u00f1e al reintegro por encontrarse el actor cobijado por fuero circunstancial, asegur\u00f3 que \u00abse demostr\u00f3 dentro del proceso que el pliego de peticiones adoptado por un \u00f3rgano distinto a la asamblea (\u2026) no ten\u00eda por qu\u00e9 discutirse\u00bb; que todos los documentos demuestran y fue \u00abobjeto de discusi\u00f3n y oposici\u00f3n en la contestaci\u00f3n de la demanda, ya que no ten\u00eda que venir a decir un testigo de que lo hizo la asamblea que lo hizo la junta que lo hizo otro \u00f3rgano del sindicato\u00bb, pues basta verificar la prueba documental para que se observe que el pliego fue adoptado por un \u00f3rgano diferente al de la asamblea. <\/p>\n
Asegura que en atenci\u00f3n al contenido de la resoluci\u00f3n 535 no hubo conflicto colectivo, en tanto de ella se extrae que las partes nunca se sentaron a negociar, que seg\u00fan la documental de marras no fue por culpa de la empresa como lo decidi\u00f3 la primera instancia; que el sindicato dej\u00f3 \u00abel tema quieto\u00bb y a la fecha no existen requerimientos, por lo que es evidente la negligencia de esa organizaci\u00f3n; que las etapas ni t\u00e9rminos se cumplieron en este caso pero solo se present\u00f3 el pliego de peticiones; que han transcurrido casi 3 a\u00f1os y medio, lo que no se ajusta a lo prescrito en el art. 25 del Decreto 2351\u00bb. <\/p>\n
En seguida, indic\u00f3 la Sala, <\/p>\n
\u00abPues bien, verificada la contestaci\u00f3n de PROPILCO SA, a la demanda inaugural, se observa que resulta ser cierto que sostuvo que la aprobaci\u00f3n del pliego de peticiones deb\u00eda ser resuelta por la asamblea de la USO \u00aby no por un grupo de trabajadores, situaci\u00f3n que demuestra la ilegalidad del pliego\u00bb (f.\u00b0142), luego, se equivoc\u00f3 la sentenciadora en afirmar que no hab\u00eda sido objeto de debate el punto en menci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, al descender a los folios 76 a 80 del cuaderno principal, se puede colegir que el 23 de junio de 2011, se reunieron en la ciudad de Cartagena \u00abla asamblea general de socios de la Subdirectiva Cartagena, quien en cabeza de su presidente hace la instalaci\u00f3n y propone el siguiente orden del d\u00eda (\u2026)\u00bb. M\u00e1s adelante se constata el quorum y es \u00abaprobado\u00bb. Aparece en el contenido del documento analizado, la intervenci\u00f3n de Wilmer Hern\u00e1ndez y Edwin Casta\u00f1o Monsalve, inclusive se pone a consideraci\u00f3n los nombres de quienes representaran a los trabajadores en calidad de negociadores, entre los que aparece el demandante. <\/p>\n
Aunque en este documento solo aparecen las firmas de Edwin Casta\u00f1o Monsalve y Eder Padilla Zayas (presidente y secretario general de la USO Cartagena, en su orden), es evidente que fue en asamblea que se aprob\u00f3 por unanimidad el pliego de peticiones que m\u00e1s tarde se presentar\u00eda a la demandada. En esta medida, tampoco la raz\u00f3n acompa\u00f1a a la empresa impugnante\u00bb. <\/p>\n
En este aspecto se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abAs\u00ed las cosas, queda claro que con sustento en el acta de asamblea de fecha 23 de junio de 2011, se aprob\u00f3 la presentaci\u00f3n del pliego de peticiones a la demandada y se nombr\u00f3 a los negociadores, entre ellos, al actor (fs.\u00b079 y 80), que la notificaci\u00f3n al empleador de aquella denuncia se hizo el 30 de junio (fs.\u00b076 y ss); que la demandada el 8 de julio de 2011, inform\u00f3 al sindicato que era improcedente la negociaci\u00f3n del petitorio, tal y como consta a folios 177 a 179, por lo que ambas partes interpusieron quejas ante el Ministerio de la Protecci\u00f3n Social los d\u00edas 15 y 23 de julio de 2011 y 30 de agosto de 2011, en la que se solicit\u00f3 mediaci\u00f3n, que solo fue resuelto el 7 de octubre de 2011. <\/p>\n
En este orden, de acuerdo con el art. 433 del CST, la demandada deb\u00eda recibir a partir del 30 de junio de 2011, a los negociadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentaci\u00f3n del pliego, lo que no hizo y fue hasta el 8 de julio que inform\u00f3 las razones por las cuales no se sentaba a negociar y resolvi\u00f3 compulsar copias al ministerio en menci\u00f3n. El sindicato ante tal actuaci\u00f3n, no se mostr\u00f3 pasivo ni silente y tambi\u00e9n instaur\u00f3 queja contra la demandada, tr\u00e1mite que se dio curso con el auto comisorio de 27 de julio de 2011, a efectos de llevar a cabo la indagaci\u00f3n de los hechos, cuya pr\u00e1ctica de pruebas se dispuso el 12 de agosto y se resolvi\u00f3 el 7 de octubre de la anualidad citada, seg\u00fan cuenta la Resoluci\u00f3n 535. <\/p>\n
Si el objetivo de la protecci\u00f3n emanada del fuero circunstancial es permitir que los trabajadores ejerzan el derecho constitucional a la negociaci\u00f3n colectiva, forzoso resulta concluir que esa garant\u00eda no se pierde cuando las partes muestran inter\u00e9s en seguir discutiendo el pliego de peticiones, tal como se evidencia en este caso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en tanto el pliego de peticiones presentado por la USO a la demandada, nunca fue discutido en forma directa o mediante tribunal de arbitramento, por causas injustificables atribuibles a la empleadora y no al sindicato, la conclusi\u00f3n no es otra que el conflicto colectivo no declin\u00f3 por cuenta de la pasividad de la organizaci\u00f3n sindical y que, al momento del despido, el demandante gozaba de la protecci\u00f3n de fuero circunstancial se\u00f1alada en el art. 25 del Decreto 2351 de 1965\u00bb. (Resalta la Sala). <\/p>\n
Bajo esas premisas concluy\u00f3 que la eficacia del fuero circunstancial estaba supeditada a la existencia efectiva de un proceso de negociaci\u00f3n colectiva, por lo cual si la compa\u00f1\u00eda empleadora se opuso al dialogo y el sindicato se mostr\u00f3 activo, no se truncaba la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2.1 Ahora bien, al considerar que la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 3 hab\u00eda omitido pronunciarse respecto de la totalidad de los argumentos expuestos tanto en la apelaci\u00f3n como en la oposici\u00f3n al recurso de casaci\u00f3n, la sociedad accionante solicit\u00f3 la adici\u00f3n y\/o correcci\u00f3n de la sentencia SL871-2021, la que declar\u00f3 improcedente la Sala accionada el 25 de agosto de 2021 mediante auto AL4235-2021, tras considerar: <\/p>\n
\u00abEn lo atinente al primer cuestionamiento, dirigido contra lo resuelto por esta Corporaci\u00f3n en sede extraordinaria, que implic\u00f3 quebrantar la sentencia del operador judicial de segundo nivel \u2013en los numerales referenciados con antelaci\u00f3n-, pertinente resulta recordarle al apoderado de Propileno del Caribe SA Propilco SA, sociedad que fungi\u00f3 como opositora en el tr\u00e1mite extraordinario, que la r\u00e9plica tiene como finalidad exclusiva rebatir los argumentos de la parte recurrente en su demanda de casaci\u00f3n, mas no para atacar la decisi\u00f3n de alzada. As\u00ed qued\u00f3 establecido en la sentencia CSJ SL4334-2019. <\/p>\n
De lo expuesto por el memorialista, se extrae que su petici\u00f3n va m\u00e1s all\u00e1 del derecho que se le extiende al correrle traslado del escrito que contiene la demanda de casaci\u00f3n, por lo tanto, lo solicitado es improcedente\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se refiri\u00f3 a solicitud de adici\u00f3n de la sentencia dictada en sede de instancia advirtiendo que \u00abal analizarse las demandas de casaci\u00f3n que interpusieron ambas partes en sede extraordinaria y proferirse sentencia de reemplazo, no qued\u00f3 nada pendiente por resolver, como quiera que para responder los cuestionamientos correspondientes se atendieron todas las pruebas que para el efecto deb\u00edan tenerse en cuenta\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, resalt\u00f3 que al revisar en contexto el escrito presentado por la sociedad reclamante, el mismo no se ajustaba a los par\u00e1metros que daban lugar a la figura procesal utilizada, en raz\u00f3n a que lo solicitado era que se realizaran consideraciones adicionales sobre documentos incorporados en los folios 76 a 80 del expediente, lo que conduc\u00eda a una modificaci\u00f3n de fondo a lo decidido en la sentencia, y, adem\u00e1s, porque el estudio complementario se basaba en el supuesto de un aspecto que fue expuesto en el escrito de r\u00e9plica, lo cual era desacertado. <\/p>\n
Finalmente, y, en lo que tiene que ver con la petici\u00f3n de dejar sin efectos \u00abla constancia de ejecutoria\u00bb de la providencia CSJ SL871-2021, indic\u00f3 que \u00abqued\u00f3 impl\u00edcitamente resuelta, acorde con la normativa procesal establecida en el art. 302 del CGP, aplicable por disposici\u00f3n anal\u00f3gica del art\u00edculo 145 de CPTSS\u00bb. <\/p>\n
3. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele el defecto procedimental absoluto alegado por Propileno del Caribe SA – Propilco SA, y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, pues la Sala de Descongesti\u00f3n accionada profiri\u00f3 la sentencia de instancia con fundamento en el an\u00e1lisis efectuado al fallo de primera instancia, as\u00ed como al recurso de apelaci\u00f3n formulado por la compa\u00f1\u00eda empleadora, concluyendo que la eficacia del fuero circunstancial estaba supeditado a la existencia efectiva de un proceso de negociaci\u00f3n colectiva, y, que, en el caso concreto el sindicato se mostr\u00f3 activo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque la presunta omisi\u00f3n que alega la sociedad actora a trav\u00e9s de este mecanismo de parte de la Sala accionada, tambi\u00e9n fue atendida en el auto que declar\u00f3 improcedente la solicitud de adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n de la sentencia, donde esa Sala en Descongesti\u00f3n fue clara en determinar que no qued\u00f3 nada pendiente por resolver, puesto que para responder los reparos formulados por la empleadora se atendieron todas las pruebas que deb\u00edan tenerse en cuenta para el efecto. <\/p>\n
En consecuencia, las divergencias exteriorizadas por la empresa peticionaria a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en las providencias objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
4. N\u00f3tese, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
5. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n remitida a esta Sala el 5 de mayo de 2022. <\/p>\n
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STC6359-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6359-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02011-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63736","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63736","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63736"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63736\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63736"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63736"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63736"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}