STC6361-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6361-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00332-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Esperanza Ariz\u00e1bal de Morales frente a la sentencia del 22 de enero de 2022, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 contra la Sala de Descongesti\u00f3n N\u00b01 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, extensiva a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, al Juzgado 5\u00ba Laboral del Circuito de la misma ciudad, a la Administradora Colombiana de Pensiones y a las autoridades partes e intervinientes en el proceso No. 660013105005201500431. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La gestora solicit\u00f3 que se deje sin efectos la sentencia SL4894-2021 para que, en consecuencia, se ordene emitir una decisi\u00f3n de reemplazo a favor de sus intereses. <\/p>\n
Como fundamento adujo que promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra Colpensiones, con el prop\u00f3sito de obtener el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes causada con la muerte de su c\u00f3nyuge, Eugenio Morales Rivera, sucedida el 2 de mayo de 2010. Precis\u00f3 que el Juzgado 5\u00b0 Laboral del Circuito de Pereira accedi\u00f3 a tal pretensi\u00f3n (13 diciembre 2016); sin embargo, el fondo pensional apel\u00f3 y la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad revoc\u00f3 la decisi\u00f3n y, en su lugar, absolvi\u00f3 a Colpensiones, tras se\u00f1alar que el afiliado solo cotiz\u00f3 8,71 de las 50 semanas requeridas dentro de los 3 a\u00f1os anteriores a su muerte, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003 (23 agosto 2017). <\/p>\n
Precis\u00f3 que contra la \u00faltima determinaci\u00f3n promovi\u00f3 recurso de Casaci\u00f3n; no obstante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte no cas\u00f3 la sentencia (SL4894-2021 26 octubre 2021). A juicio de la gestora la autoridad judicial incurri\u00f3 en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente jurisprudencia toda vez que desantendi\u00f3 la sentencia CC SU-005 de 2018, en la cual la Corte Constitucional fij\u00f3 los criterios para la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. <\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 1\u00ba de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia se remiti\u00f3 a los razonamientos consignados en la sentencia censurada. <\/p>\n
3. La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el resguardo por considerar que la decisi\u00f3n cuestionada es razonable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El veredicto impugnado ser\u00e1 confirmado, toda vez que la sentencia de casaci\u00f3n SL4894-2021 obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de las pruebas existentes y de las normas aplicables al caso. <\/p>\n
Debe destacar la Sala que lo aducido en el escrito de impugnaci\u00f3n fue planteado en la sentencia censurada como uno de los problemas jur\u00eddicos a resolver. As\u00ed para definir la normatividad aplicable al caso la autoridad judicial precis\u00f3 que \u00abel derecho a la prestaci\u00f3n pensional reclamada debe ser dirimido con base en la norma que se encuentra vigente al momento de la muerte\u00bb, lo que le permiti\u00f3 advertir que \u00abal haber ocurrido el deceso del afiliado el d\u00eda 2 de mayo de 2010, la disposici\u00f3n que rige el asunto es el art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, cuyos requisitos no cumpli\u00f3 pues fue un hecho indiscutido que no alcanz\u00f3 a completar 50 semanas durante los tres a\u00f1os anteriores a su deceso, ya que, en tal interregno, solo aport\u00f3 8,71 semanas, seg\u00fan lo determin\u00f3 el juez de alzada y no fue controvertido por la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en la sentencia se estudi\u00f3 si hab\u00eda lugar a reconocer alg\u00fan derecho a la solicitante en virtud de que su difunto esposo fue beneficiario de r\u00e9gimen de transici\u00f3n; sin embargo, el cuerpo colegiado encontr\u00f3 que tampoco estaban satisfechos los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, toda vez que el cotizante no alcanz\u00f3 a completar las 1000 semanas en toda su vida laboral y tampoco alcanz\u00f3 500 semanas en los 20 a\u00f1os anteriores a su muerte, esto es, entre el 2 de mayo de 1990 y el 2 de mayo de 2010, pues en este interregno solo cotiz\u00f3 325,57 semanas. Sobre el particular en la providencia se consign\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn la misma direcci\u00f3n ha estimado que trat\u00e1ndose de una persona beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, se aplican aquellas normas que reg\u00edan su situaci\u00f3n pensional para cuando entr\u00f3 en vigencia el sistema general de pensiones, por lo que, para establecer si el afiliado dej\u00f3 causada tal acreencia, es factible acudir al Acuerdo 049 de 1990 para verificar el cumplimiento de las cotizaciones necesarias para constatar si estructur\u00f3 la pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo dicho por la censura, el causante no alcanz\u00f3 a completar las 1000 semanas en toda su vida laboral, pues, conforme a lo explicado, no es posible sumar semanas aportadas de manera simult\u00e1nea con otros empleadores y, por ende, no es viable adicionar 157 d\u00edas al n\u00famero total de aportes. En tal sentido, si bien el colegiado no aludi\u00f3 en modo alguno a si el causante era o no beneficiario de la transici\u00f3n, ello no tuvo trascendencia alguna, dado que no cumpli\u00f3 la densidad requerida para la pensi\u00f3n de vejez, bajo el amparo de dicho r\u00e9gimen. <\/p>\n
Ahora bien, tampoco le asiste raz\u00f3n a la censura al plantear que, al faltarle solo el 1% del tiempo total requerido, deb\u00eda aproximarse. Lo anterior por cuanto lo que la jurisprudencia ha avalado es que cuando el decimal de semanas es superior al 0,5 se puede aproximar al n\u00famero entero siguiente, lo que no resulta aplicable al caso porque al causante le faltaban 9,14 semanas, por lo que el tiempo faltante supera en varias unidades al indicado (0,5). (\u2026.)\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, la Sala de Descongesti\u00f3n tambi\u00e9n emiti\u00f3 pronunciamiento respecto de la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n a la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en raz\u00f3n a que \u00aben el presente caso, no se dan las circunstancias para la aplicaci\u00f3n de la norma legal anterior (art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993) bajo el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, seg\u00fan el criterio jurisprudencial vigente, puesto que no es motivo de controversia que el deceso ocurri\u00f3 el 2 de mayo de 2010, esto es, por fuera de la temporalidad m\u00e1xima establecida en la jurisprudencia atr\u00e1s citada, para acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes bajo el referido principio en el tr\u00e1nsito de la Ley 100 de 1993 a la Ley 797 de 2003. En consecuencia, el caso estaba regido en un todo por esta \u00faltima normativa y, por ende, no le asiste raz\u00f3n a la parte recurrente al pretender el reconocimiento de la pensi\u00f3n con fundamento en la aplicaci\u00f3n del Acuerdo 049 de 1990. De otra parte, en el presente caso no era v\u00e1lido aplicar la plusultractividad de la ley como lo persigue la censura, esto es, hacer una b\u00fasqueda hist\u00f3rica de legislaciones a fin de determinar cu\u00e1l podr\u00eda ajustarse a las condiciones particulares de la peticionaria, pues con ello se desconoce que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata y, en principio, rigen hacia futuro\u00bb. <\/p>\n
Entonces, lo que en realidad existe en el presente asunto es una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el caso concreto, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el precursor considera que se debi\u00f3 resolver el asunto, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego en tanto que: <\/p>\n
(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes (STC1981-2018). (Resaltado de ahora) <\/p>\n
Por lo discurrido se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n opugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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