STC6363-2022<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6363-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00404-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la impugnaci\u00f3n del fallo de 10 de marzo de 2022 proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la tutela de Flor Marina Forero de Hern\u00e1ndez contra la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior y el Juzgado Sexto Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, la Administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones, extensiva al Instituto de Seguros Sociales I.S.S. en liquidaci\u00f3n y los dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00ba 11001-31-05-006-2015-00046-01 Rad. Corte 81666). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante pretendi\u00f3 que se ordene \u00abprof[erir] sentencia que en derecho corresponda, a fin de proteger [sus] vulnerados derechos a la dignidad humana, la igualdad y la buena fe en los fundamentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos invocados en la acci\u00f3n laboral incoada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y los medios de convicci\u00f3n adosados se extrae que demand\u00f3 a Colpensiones con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de vejez desde el momento en que complet\u00f3 1000 semanas de cotizaci\u00f3n, m\u00e1s los intereses de mora, como quiera que hizo aportes al ISS desde el 6 de septiembre de 1974 y desde el 1\u00b0 de noviembre de 2002, lo hizo a trav\u00e9s del r\u00e9gimen subsidiado por el Consorcio Prosperar. Narr\u00f3 que es beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n porque ten\u00eda m\u00e1s de 35 a\u00f1os de edad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, cuenta con m\u00e1s de 1000 semanas cotizadas. Cont\u00f3 que el asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de esta ciudad, quien le neg\u00f3 las pretensiones (26 abr. 2017), apel\u00f3 y el Tribunal confirm\u00f3 lo as\u00ed resuelto (7 dic. 2017). Postul\u00f3 casaci\u00f3n, pero no fue exitosa (CSJ SL1029-2020, 12 feb.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que sus prerrogativas fueron vulneradas en la medida en que \u00aben otros fallos sobre la misma base o fundamentos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos se ha condenado a la administradora Colpensiones a reconocer y pagar el derecho de vejez, por reunir los requisitos legales\u00bb. <\/p>\n
2. El extremo pasivo resisti\u00f3 los anhelos. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el auxilio por razonabilidad porque \u00abla accionante no cumpli\u00f3 con el n\u00famero de semanas suficientes para consolidar la pensi\u00f3n de vejez, prevista en el Acuerdo 049 de 1990, antes de 31 de julio de 2010, como tampoco en el Acto Legislativo 01 de 2005, para conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n contemplado en el art\u00edculo 36 de la ley 100 de 1993, hasta diciembre de 2014 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- La gestora recurri\u00f3 e insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Como aspecto preliminar, es importante anunciar que la Corte restringir\u00e1 su an\u00e1lisis al proceder de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, espec\u00edficamente, lo concerniente a lo dictaminado el 12 de febrero de 2020 (SL1029-2020), que zanj\u00f3 la casaci\u00f3n de la sentencia de 7 de diciembre de 2017 dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso objeto de escrutinio. <\/p>\n
Aclarado lo anterior, importa recordar que constituye una regla invariable la improcedencia de este instrumento residual y sumario para disentir de los pronunciamientos jurisdiccionales, salvo cuando surja ostensible un proceder arbitrario, grosero o ajeno a la ley por parte del funcionario encargado de impartir justicia o ante una clara agresi\u00f3n de las garant\u00edas superiores de las partes. <\/p>\n
Son esas las \u00fanicas circunstancias que habilitan la intromisi\u00f3n de esta especial justicia, quien, como en m\u00faltiples ocasiones se ha dicho, no est\u00e1 llamado, \u00aba intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, (\u2026), la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (Sent. 7 de marzo de 2008, Exp. T. N\u00b0 2007-00514-01). <\/p>\n
En este orden de ideas, del examen del veredicto cuestionado pronto permite afirmar que el fustigado discernimiento de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento jur\u00eddico o de la realidad procesal, como se afirma por la inconforme. <\/p>\n
En tal sentido, la sala especializada en el derecho del trabajo abord\u00f3 el an\u00e1lisis del ataque propuesto por la interesada, derivado de la aparente \u00abinterpretaci\u00f3n errada\u00bb del \u00abpar\u00e1grafo 4\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005\u00bb para efectos de estudiar la posibilidad de reconocimiento de la pensi\u00f3n de vejez de la actora, seg\u00fan lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990, por ser beneficiaria del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, seg\u00fan se asegur\u00f3. Y en ese escenario explic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) el juzgador de segundo grado tuvo en cuenta al analizar el derecho pensional de la recurrente, el art\u00edculo 12 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o, y 36 de la Ley 100 de 1993, solo que, con acierto, observ\u00f3 que no pod\u00eda hacerles producir mayores efectos jur\u00eddicos, habida cuenta que de ellos mismos se desprend\u00eda que la actora no cumpli\u00f3 la condici\u00f3n de su aplicaci\u00f3n, pues cuando entr\u00f3 a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, no hab\u00eda adquirido el derecho pensional, dado que la edad la cumpli\u00f3 el 22 de julio de 2007, y no contaba con 750 semanas de cotizaci\u00f3n, a la fecha de entrada en vigencia de dicho A.L., exigencias que le permit\u00edan conservar el r\u00e9gimen de transici\u00f3n que inicialmente le beneficiaba, por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2014. <\/p>\n
En otras palabras, no era posible subsumir los hechos del proceso en los supuestos f\u00e1cticos se\u00f1alados por el citado par\u00e1grafo, para mantener vigente frente a la demandante la transici\u00f3n que en un comienzo la cobijaba, con lo cual no pudo el ad quem haber infringido directamente el art\u00edculo 12 del referido Acuerdo. <\/p>\n
De esa manera, no se detecta un yerro jur\u00eddico en la actividad interpretativa del ad quem, pues su criterio se acompasa con el de esta Sala de Casaci\u00f3n que ha sostenido de forma pac\u00edfica y contundente que los derechos pensionales se dirimen conforme a la legislaci\u00f3n vigente al momento de su causaci\u00f3n, sin que el juzgador pueda apartarse de la norma pertinente, salvo que se trate de la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, como excepci\u00f3n al axioma de restrospectividad de la ley, el cual no resulta pertinente a la materia estudiada en esta oportunidad pues est\u00e1 reservado a los casos de falta de un r\u00e9gimen de transici\u00f3n y ac\u00e1 lo que se discute es precisamente la preservaci\u00f3n de dicho r\u00e9gimen. <\/p>\n
Ahora en lo atinente a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 y los derechos pensionales adquiridos, con fundamento en unos precedentes de la misma magistratura indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Del par\u00e1grafo transitorio 4\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, su incidencia en el r\u00e9gimen de transici\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y derechos adquiridos <\/p>\n
El Acto Legislativo 01 de 2005 que adicion\u00f3 el art\u00edculo 48 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica limit\u00f3 la vigencia del r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 hasta el 31 de julio de 2010, pero en aras de salvaguardar las expectativas de la personas cercanas a causar una pensi\u00f3n por virtud de esa transici\u00f3n, extendi\u00f3 tal t\u00e9rmino hasta el 31 de diciembre de 2014, siempre que al 29 de julio de 2005 contaran al menos con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios. Puntalmente la norma establece: <\/p>\n
Par\u00e1grafo transitorio 4\u00ba. El r\u00e9gimen de transici\u00f3n establecido en la Ley 100 de 1993 y dem\u00e1s normas que desarrollen dicho r\u00e9gimen, no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho r\u00e9gimen, adem\u00e1s, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendr\u00e1 dicho r\u00e9gimen hasta el a\u00f1o 2014. <\/p>\n
De lo anterior deriva, que quienes no causaran el derecho pensional antes del 31 de julio de 2010 se acoger\u00edan al nuevo sistema general de pensiones, a menos que cumplieran las condiciones exigidas para la pr\u00f3rroga de la transici\u00f3n. <\/p>\n
Por consiguiente, el an\u00e1lisis normativo que hizo el ad quem, en virtud del cual consider\u00f3 que al accionante no se le pod\u00eda extender el r\u00e9gimen de transici\u00f3n hasta el 31 de diciembre de 2014 por no contar con 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios al 29 de julio de 2005, es acertado, al amparo del par\u00e1grafo 4\u00b0 del art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
Ahora bien, es preciso aclarar que no resulta viable inaplicar esta \u00faltima disposici\u00f3n, por tratarse de una norma de rango supralegal y tampoco es viable acudir a la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad por emanar directamente de la Carta Pol\u00edtica y, adem\u00e1s, porque esa reforma no tuvo efectos retroactivos sobre situaciones consolidadas conforme a leyes anteriores; antes bien, previ\u00f3 su salvaguarda y se\u00f1al\u00f3 el t\u00e9rmino m\u00e1ximo para la aplicaci\u00f3n de reg\u00edmenes anteriores. <\/p>\n
Dicho de otro modo, aunque el Acto Legislativo 01 de 2005 limit\u00f3 la vigencia del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, ello no implica que sus efectos sean retroactivos y mucho menos que haya fulminado derechos adquiridos hasta ese entonces; por el contrario, dicha norma constitucional respet\u00f3 las situaciones consolidadas, pues dej\u00f3 a salvo los derechos de quienes estructuraron un status pensional al amparo de los reg\u00edmenes anteriores (CSJ SL4040, 18 sep. 2019, reiterada en la SL4602, 16 oct. 2019 y SL5610, 6 nov. 2019). <\/p>\n
En esta l\u00ednea de pensamiento concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) como la actora no cuenta con un derecho adquirido a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, ni con 750 semanas de cotizaci\u00f3n a la data de vigencia de este A.L., no se equivoc\u00f3 el ad quem en colegir que no ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de vejez deprecada. <\/p>\n
Tampoco pudo el juzgador de segundo grado haber aplicado indebidamente el numeral 2 del art\u00edculo 33 de la Ley 100\/93, ya que esa disposici\u00f3n si bien contempla haber cotizado un m\u00ednimo de 1000 semanas en cualquier tiempo, tambi\u00e9n incluy\u00f3 que a partir del 1\u00ba de enero de 2005 el n\u00famero de semanas se incrementar\u00eda en 50, y a partir del 1\u00ba de enero de 2006 en 25 cada a\u00f1o hasta llegar a 1300 en el 2015, por tanto, para la \u00e9poca en la que la accionante cumpli\u00f3 la edad de los 55 a\u00f1os, en el 2007, requer\u00eda de 1100 semanas, las que no alcanz\u00f3 a cotizar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se ve c\u00f3mo puedan calificarse de irrazonables las censuradas consignas, pues, al margen de que se compartan, las mismas encuentran soporte en una leg\u00edtima ex\u00e9gesis legal y en la congruente apreciaci\u00f3n del acervo probatorio y el marco normativo que reg\u00eda el asunto, que, en rigor, debe ser respetada. M\u00e1s si se tiene en cuenta que la querellante no tuvo en cuenta que el mismo legislador estableci\u00f3 que a partir del 1\u00b0 de enero de 2005, los afiliados al sistema general de pensiones deb\u00edan incrementar el n\u00famero de semanas de cotizaci\u00f3n hasta completar en el a\u00f1o 2015 las 1.300 y en este caso puntual como la precursora cumpli\u00f3 los 55 a\u00f1os en el a\u00f1o 2007, para otorgarle la prestaci\u00f3n deb\u00eda acreditar 1.100 semanas. <\/p>\n
En ese contexto, la quejosa no puede v\u00e1lidamente aspirar a que se d\u00e9 prevalencia a su particular discernimiento sobre los que defendieron las sedes inculpadas, menos a\u00fan, atacar, por esta ruta, los prove\u00eddos de los que disiente, finalidad que resulta ajena a la del ruego tuitivo, que no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s en los litigios, sino como una herramienta bien excepcional de resguardo. <\/p>\n
Basten estas breves razones para la ratificaci\u00f3n de lo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotadas. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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