STC6364-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6364-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02638-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Los actores invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, defensa, contradicci\u00f3n e igualdad presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada, en el proceso ya referido. <\/p>\n
En sustento se\u00f1alaron, que la se\u00f1ora Aracely Rosales Moncada formul\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra de los 6 hijos y herederos de Hilda Rojas de Bojac\u00e1, con el objeto de obtener el reconocimiento y pago de sus derechos laborales a la seguridad social y pensional, con ocasi\u00f3n de haber prestado sus servicios subordinados como trabajadora del servicio dom\u00e9stico de la se\u00f1ora Rojas de Bojac\u00e1. <\/p>\n
Relataron que dicho tr\u00e1mite le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de Chocont\u00e1 con conocimiento de asuntos laborales, y conforme a la demanda, los aqu\u00ed accionante se allanaron a las pretensiones, actitud procesal no asumida por los 4 hermanos restantes e igualmente demandados, quienes se opusieron a los hechos de la demandada y a todas sus pretensiones. <\/p>\n
Manifestaron que en la sentencia se declar\u00f3 la existencia de un contrato laboral entre la demandante y los 6 herederos de la se\u00f1ora Hilda Rojas de Bojac\u00e1 a t\u00e9rmino indefinido, entre el 1\u00ba de junio de 1964 hasta el 14 de abril de 2013, y no hasta el 27 de junio de 2010, \u00abcomo lo sostuvieron mentirosamente en sus salidas procesales, sin ning\u00fan \u00e9xito\u00bb sus otros hermanos, determinaci\u00f3n que fue apelada por la demandante y por los otros 4 demandados. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que, el Tribunal Superior de Cundinamarca, Sala Laboral, confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia y \u00abdetermin\u00f3 que a Aracely tambi\u00e9n se le deb\u00edan unas cesant\u00edas, intereses a las mismas, vacaciones entre otras, imparti\u00f3 condena por esos conceptos\u00bb, sin embargo, la demandante inconforme, por la no concesi\u00f3n de la indemnizaci\u00f3n moratoria, formul\u00f3 recurso extraordinario de Casaci\u00f3n <\/p>\n
Reprocharon que, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 1\u00ba determin\u00f3 casar parcialmente a favor de la recurrente y en sede de instancia, conden\u00f3 \u00absolamente a los suscritos, al pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria pretendida (\u2026) PERO extra\u00f1a y ex\u00f3ticamente CON LA ABSOLUCI\u00d3N DE ESE PAGO A FAVOR de los otros cuatro (4) co-demandados NEMESIO, PABLO ENRIQUE, MANUEL ANTONIO Y MIGUEL ANGEL BOJAC\u00c1 ROJAS, de donde se desprende nuestra inconformidad, por lo que es materia de este amparo constitucional\u00bb, puesto que no tienen otra acci\u00f3n judicial, ni un recurso ordinario contra la decisi\u00f3n proferida. <\/p>\n
Explicaron que en el fallo censurado, se incurri\u00f3 en defecto sustancial o material, toda vez que, conden\u00f3 solo a los aqu\u00ed accionantes del pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria, y absolviendo por este concepto a sus otros 4 hermanos codemandados, y agregaron, \u00abla justicia debe actuar y fallar con el mismo rasero, atendiendo a que el empleador es UNO SOLO, y no cada uno por su lado, como pareci\u00f3 entenderlo la Sala No. 1 de descongesti\u00f3n, aqu\u00ed Accionada\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicitaron ser liberados de la condena impuesta en la sentencia de casaci\u00f3n frente a la indemnizaci\u00f3n moratoria, o en su lugar declarar la nulidad de dicha providencia \u00aby en consecuencia ORDENAR a la SALA REFERIDA, que PRONUNCIE UN NUEVO FALLO, y se tenga en cuenta que si se absuelven a unos, dentro de la misma parte pasiva, todos deben ser absueltos \u2013tambi\u00e9n en la precitada condena-\u00bb. (May\u00fascula fija y negrilla en texto) <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Chocont\u00e1, adem\u00e1s de remitir el link del expediente digital, realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso, y sostuvo que no observa que la decisi\u00f3n que se cuestiona \u00abse configuren los presupuestos o requisitos generales y espec\u00edficos de procedibilidad de la acci\u00f3n constitucional\u00bb, motivo por el cual solicit\u00f3 su improcedencia. <\/p>\n
2. La Magistrada ponente de la sentencia censurada, manifest\u00f3 no haber vulnerado los derechos de los accionantes, en raz\u00f3n a que, la decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en los hechos que se demostraron en el proceso, y se adopt\u00f3 conforme al material probatorio allegado y denunciado en casaci\u00f3n, y en consonancia con los lineamientos jurisprudenciales de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que los aqu\u00ed accionantes, no alegaron, ni acreditaron razones que justificaran la omisi\u00f3n patronal en el pago de las obligaciones laborales reclamadas y, por el contrario, aceptaron expresamente la existencia de la obligaci\u00f3n indemnizatoria, por lo que resultaba ineludible la imposici\u00f3n de dicha consecuencia respecto de aquellos, quienes no solo se allanaron a las pretensiones de la actora, sino que no excusaron de alguna manera su proceder omisivo. <\/p>\n
3. Camilo Andr\u00e9s Cruz Bravo, quien actu\u00f3 como apoderado judicial de Pablo Enrique y Nemesio Bojac\u00e1 Rojas, no aport\u00f3 poder que lo facultara para actuar en el presente tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, no puede absolverse a ninguno de los demandados frente a la sanci\u00f3n moratoria y, que, si en sede constitucional se \u00abdecide entender que son todos los se\u00f1ores BOJACA ROJAS quienes deben pagarme pues la suscrita existe mayor grado de solidaridad y confianza que as\u00ed ser\u00e1 y no quedar sumergida en incertidumbres\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, tras considerar que la providencia cuestionada no comporta los vicios alegados, y adem\u00e1s prevalece el principio de autonom\u00eda judicial que le impide al juez de tutela inmiscuirse en decisiones como la controvertida, la cual hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, s\u00f3lo porque los demandantes no la comparten o tienen una comprensi\u00f3n diversa a la concretada en dicha determinaci\u00f3n, por lo que no es posible acudir a este instrumento a manera de instancia adicional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formularon los accionantes, quien insistieron en que la parte demandada estaba compuesta por los 6 hijos de la causante Hilda Rojas de Bojac\u00e1, por lo tanto, consideran que \u00ablo que es m\u00e1s censurable es creer que SOMOS SOLAMENTE LOS DOS HIJOS SUCESORES de la exempleadora\u00bb, los que deben responder por la condena impuesta. <\/p>\n
Resaltaron que el v\u00ednculo laboral con la demandante, no fue hasta el 2010, sino hasta el 14 de abril del 2013, motivo por el cual, ellos se allanaron a las pretensiones, y no sus otros cuatro hermanos, pero insistieron que todos los herederos demandados deben responder por la condena impuesta en sede de casaci\u00f3n, y no solamente los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Revisado el expediente que contiene la sentencia reprochada a la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral No. 1\u00ba, se observa, que dicha Sala analiz\u00f3 el acervo probatorio obrante en el expediente, comenzando por el Acta de Conciliaci\u00f3n suscrito entre las partes, concluyendo que, con dicho documento se encontr\u00f3 probado que: <\/p>\n
\u00ablas partes acordaron el reconocimiento y pago de las prestaciones causadas a favor de la recurrente entre el 1 de julio de 1964 y el 27 de junio de 2010; as\u00ed como el pago de una bonificaci\u00f3n voluntaria efectos de saldar aquellos derechos inciertos y discutibles que eventualmente se hubieran podido causar en favor de ella durante ese mismo interregno, esto \u00faltimo, con el fin de precaver eventuales litigios. <\/p>\n
La lectura del acuerdo es suficiente para inferir, que la prestaci\u00f3n a la que se comprometieron los herederos de la empleadora consisti\u00f3 en la entrega de un inmueble, prestaci\u00f3n sometida a plazo, en cuanto su ejecuci\u00f3n se difiri\u00f3 hasta el 30 de abril de 2013, dado que se trat\u00f3 de la transferencia de un inmueble, pero se insiste, respecto de las prestaciones causadas hasta el 27 de junio de 2010\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDado que, en la conciliaci\u00f3n las partes solamente pactaron la realizaci\u00f3n de un pago el 30 de abril de 2013, respecto de derechos habidos entre 1 de julio de 1964 y el 27 de junio de 2010, no se pod\u00eda inferir, con base en dicho acuerdo la ausencia \u00abde retardo en la definici\u00f3n y liquidaci\u00f3n\u00bb de todas las acreencias de la demandante, tal como lo expres\u00f3 el ad quem. Se insiste: i) la relaci\u00f3n entre las partes existi\u00f3, en \u00faltimas, hasta el 14 de abril de 2013 (aspecto que declar\u00f3 el Tribunal y que permanece inc\u00f3lume); ii) el pago efectuado no incluy\u00f3 los derechos que se causaron desde el 28 de junio de 2010 y hasta dicho extremo final abril de 2013; iii) de la coincidencia entre las fechas de pago sobre las prestaciones existentes hasta 2010, con aquella de terminaci\u00f3n del v\u00ednculo (abril de 2013), no se pod\u00eda concluir que no hubo mora, pues frente a las prestaciones causadas entre 2010 y 2013 no se hizo pago alguna, luego si habr\u00eda retardo\u00bb. <\/p>\n
No obstante, se\u00f1al\u00f3 que, dicha mora en el reconocimiento de los derechos de la demandante, no pod\u00eda aplicarse frente a todos los demandados, pues frente a Pablo Enrique, Nemesio, Manuel Antonio y Miguel \u00c1ngel Bojac\u00e1 Rojas \u00abexisten razones atendibles que justifican dicha omisi\u00f3n patronal, lo que equivale a concluir que los demandados aqu\u00ed mencionados obraron de buena fe\u00bb. Para ello, explic\u00f3 que, estos cuatro demandados: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) fundaron su defensa respecto de la demanda inaugural en la inexistencia del v\u00ednculo laboral frente a ellos con posterioridad al 27 de junio de 2010 (fecha de la muerte de su progenitora, con quien se desarroll\u00f3 el contrato de trabajo), con fundamento en que no resid\u00edan en el sitio donde se prest\u00f3 el servicio. Esa negativa se entiende razonable en la medida que la misma demandante afirm\u00f3 que, despu\u00e9s de la muerte de la empleadora, labor\u00f3 para los hijos que all\u00ed estaban u ocupaban el inmueble, donde permanec\u00eda interna (folio 29, hecho 9), y no respecto de todas las personas naturales que integran la pasiva. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, y al margen de que el Tribunal hubiese considerado la existencia del v\u00ednculo laboral respecto de todos los sujetos demandados, lo cierto es que la calidad de empleador fue discutible al menos en relaci\u00f3n con las personas ya mencionadas, pues es sabido, conforme al art\u00edculo 23 del CST, que dicha calidad se predica respecto de quien recibe el servicio y lo remunera\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00abera comprensible que Pablo Enrique, Nemesio, Manuel Antonio, y Miguel \u00c1ngel Bojac\u00e1 Rojas hubiesen considerado que no estaban frente a un contrato de trabajo con la demandante, si, a m\u00e1s de no residir donde \u00e9sta viv\u00eda y prestaba el servicio, se hab\u00eda conciliado por los derechos generados y por los que, eventualmente hubiesen quedado insolutos\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, explic\u00f3 la regulaci\u00f3n normativa y jurisprudencial sobre la indemnizaci\u00f3n moratoria, resaltando que la misma es \u00abuna consecuencia frente a un obrar de mala fe del empleador que lo lleva a no reconocer los derechos laborales a la finalizaci\u00f3n del v\u00ednculo sin justificaci\u00f3n alguna, en tanto que, si act\u00faa bajo la conciencia de haber actuado correctamente, es factible exonerarlo de su imposici\u00f3n\u00bb, motivo por el cual, coincidi\u00f3 con el Tribunal Superior en que deb\u00eda absolverse a esos 4 demandados, situaci\u00f3n no ocurr\u00eda con los aqu\u00ed accionantes, puesto que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) desde las respectivas contestaciones de la demanda inicial, aceptaron la existencia del contrato de trabajo desde junio de 2010 y hasta abril de 2013, y no suministraron razones que permitieran justificar la no realizaci\u00f3n del pago de los derechos laborales causados a favor de la actora durante ese interregno. <\/p>\n
Hace notar la Sala, que estos demandados no opusieron razones que justificaran la omisi\u00f3n en el pago de los derechos causados a favor de la demandante y despu\u00e9s de la muerte de su progenitora, quien solo pod\u00eda fungir como empleadora hasta el \u00f3bito\u00bb. <\/p>\n
Por todo lo anterior, concluy\u00f3 que, se deb\u00eda casar la sentencia recurrida, \u00fanicamente frente a la absoluci\u00f3n del reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n moratoria en relaci\u00f3n con los aqu\u00ed accionantes, debido a que, <\/p>\n
\u00abes evidente que el ad quem err\u00f3 al considerar, con base en el referido medio de prueba la ausencia de mora respecto a los derechos causados en favor de la demandante desde el 28 de junio de 2010 y el 14 de abril de 2013, en particular, respecto de los demandados Carlos Eduardo y Julio Mario Bojac\u00e1\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, profiri\u00f3 una nueva sentencia de instancia, revocando parcialmente el fallo recurrido, para en su lugar condenar a los aqu\u00ed actores, al pago de la indemnizaci\u00f3n moratoria, en favor de la empleada. <\/p>\n
2. Conforme a lo expuesto, para la Sala los argumentos desarrollados por la Sala No 1\u00ba de Descongesti\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, en la sentencia de casaci\u00f3n atacada resultan consistentes, claros y est\u00e1n exentos de capricho, descuido o de un juicio contraevidente, como para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, toda vez que, encontr\u00f3 probado que el v\u00ednculo laboral entre la demandante Aracely Rosales Moncada y todos los demandados permaneci\u00f3 vigente hasta la fecha en que falleci\u00f3 la progenitora de estos \u00faltimos, no obstante, continu\u00f3 prestando sus servicios \u00fanicamente frente a Julio Mario y Carlos Eduardo Bojac\u00e1 Rojas, aqu\u00ed accionantes, hasta abril del 2013, sin que hubieren pagado los derechos reclamados por la demandante, ni justificaron el incumplimiento del mismo, pues por el contrario, desde el comienzo del proceso, estos se allanaron a las pretensiones de la demandante. <\/p>\n
3. En ese orden, el ataque dirigido a descalificar la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica y valoraci\u00f3n probatoria realizada por el Juez de instancia, aparece como una diferencia conceptual no susceptible de ser avalada a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, instrumento que no es una instancia adicional para calificar cu\u00e1l de las posiciones es la que resulta correcta en el caso en concreto, m\u00e1xime, cuando la interpretaci\u00f3n del Juez de instancia, no resulta caprichosa o que la misma configure una v\u00eda de hecho. (Ver entre otras, CSJ Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; exp. 2012-01828-01, reiterada en STC825-2020, STC 10259 de 2021 y STC2621-2022). <\/p>\n
As\u00ed mismo, los actores se muestran en desacuerdo con la valoraci\u00f3n probatoria realizada por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada, tem\u00e1tica sobre la cual, esta Sala ha reiterado en m\u00faltiples oportunidades, que es en este punto donde m\u00e1s se demuestra la autonom\u00eda e independencia del Juez, pues es \u00e9l, quien puede apreciar y valorar el material probatorio de la forma m\u00e1s id\u00f3nea, fundament\u00e1ndose en el principio de la sana cr\u00edtica, a\u00fan m\u00e1s, cuando dicha valoraci\u00f3n realizada por la autoridad judicial convocada est\u00e1 lejos de ser antojadiza o arbitraria. (Ver entre otras CSJ STC, 7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
4. N\u00f3tese, adem\u00e1s, que esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
5. De conformidad con lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia constitucional impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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