STC6367-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6367-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01886-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Fiduciaria La Previsora S.A., como vocera del Patrimonio Aut\u00f3nomo Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – FONECA, contra el fallo proferido el 28 de septiembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela formulada por ella contra la Sala de Descongesti\u00f3n Nro. 4 de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al no casar la sentencia emitida por el ad-quem en el juico incoado en su contra. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la enjuiciada \u00abrevocar su sentencia\u2026 para en su lugar casar la\u2026 proferida por el Tribunal\u2026, y en sede de instancia[,] confirmar la\u2026 emitida por el Juzgado\u2026[,] que determin\u00f3 absolver a Electricaribe S.A. de todas sus pretensiones\u00bb; o subsidiariamente, i) \u00abdeterminar que la norma aplicable al se\u00f1or Torres era la Ley 71 de 1988, norma bajo la cual deber\u00e1 liquidar la mesada pensional, teniendo en cuenta las cuotas partes que corresponde asumir a otras entidades para las cuales labor\u00f3, as\u00ed como la mesada pensional reconocida por Colpensiones\u00bb; o ii) \u00abdeterminar que la norma aplicable\u2026 era la Ley 33 de 1985, \u2026bajo la cual deber\u00e1 liquidar la mesada pensional, teniendo en cuenta las cuotas partes que corresponde asumir a otras entidades para las cuales labor\u00f3, as\u00ed como la mesada pensional reconocida por Colpensiones\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio ordinario laboral que Blas Amaranto Torres Mart\u00ednez le inco\u00f3 a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (pretendiendo se le reconociera \u00abla pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 33 de 1985, a partir del 27 de junio de 2008\u00bb, junto con \u00abel pago del retroactivo por concepto de las mesadas causadas y no canceladas, as\u00ed como las adicionales de junio y diciembre, los intereses moratorios del art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indemnizaci\u00f3n de todas las sumas adeudadas\u00bb), el 5 de noviembre de 2010 el Juzgado Primero Laboral de Cartagena dict\u00f3 sentencia adversa al demandante, determinaci\u00f3n que el 28 de junio de 2012 revoc\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Regional de Descongesti\u00f3n de Santa Marta para, en su lugar, acceder a las pretensiones, decisi\u00f3n \u00faltima que el 17 de marzo de 2020 no cas\u00f3 esta Corte. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la sede judicial acusada incurri\u00f3 en defectos f\u00e1ctico, sustantivo, de carencia de motivaci\u00f3n y de desconocimiento del precedente (espec\u00edficamente de la sentencia CSJ SL, 29 en. 2004, rad. 21365), porque a pesar de que \u00abestim\u00f3 que la interpretaci\u00f3n del Tribunal era un \u201cerror evidente\u201d, \u2026determin\u00f3 NO CASAR la sentencia de segundo grado\u00bb, pasando por alto que \u00abel debate se centr\u00f3 en analizar si el demandante cumpl\u00eda los requisitos dispuestos en el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 33 de 1985, y determin\u00f3 que a\u00fan cuando la misma no [le] era aplicable\u2026, si lo era la Ley 71 de 1988, misma que establece unos requisitos completamente distintos, frente a los cuales\u2026 no pudo pronunciarse en ning\u00fan momento\u00bb; adem\u00e1s, \u00abNO orden\u00f3 a ninguna de las otras entidades a favor de las cuales labor\u00f3 Blas Torres[,] el reconocimiento de cuota parte en la mesada pensional, tal y como dispone el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 33 de 1985\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que con el criticado reconocimiento pensional se gener\u00f3 \u00abun perjuicio irremediable en contra de Foneca y los recursos del Presupuesto General de la Naci\u00f3n\u00bb, en una cifra aproximada de $2.228.142.327, lo que puede \u00abimpactar directamente el derecho de otros pensionados a percibir su pensi\u00f3n\u00bb; y que \u00abse cumple el principio de inmediatez, toda vez que la vulneraci\u00f3n de derechos es permanente, as\u00ed como el perjuicio irremediable, dado que esa diferencia de mesadas no deber\u00eda estar a [su] cargo\u2026, si se hubiere aplicado correctamente la normatividad\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Laboral de Cartagena limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a historiar las actuaciones surtidas en el juicio recriminado. <\/p>\n
2. Por lo dem\u00e1s, ning\u00fan otro de los vinculados se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 el resguardo al encontrar razonable la determinaci\u00f3n cuestionada, comoquiera que la autoridad accionada no cas\u00f3 la decisi\u00f3n del ad-quem \u00abal estimar que\u2026 Torres Mart\u00ednez ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n de vejez, bajo la Ley 71 de 1988, al sumar los tiempos cotizados en el sector p\u00fablico y privado\u00bb, destacando que aunque el Tribunal err\u00f3 al incluir \u00ablos tiempos en que\u2026 Torres Mart\u00ednez estuvo vinculado en Electribol S.A. (entre del 16 de agosto de 1986 al 3 de agosto de 1998), para calcular la pensi\u00f3n del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 33 de 1985, \u201cpues lo cierto es que dicha norma solo acoge a quienes ostentaron la condici\u00f3n de servidores p\u00fablicos y no a quienes reunieron tiempos como trabajadores particulares\u201d\u00bb, lo cierto era que ello \u00ab\u201cno dar\u00eda lugar a casar la sentencia\u2026[,] puesto que en instancia se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n de conceder el derecho a la pensi\u00f3n\u2026, dado que, ante la necesidad de proteger un derecho fundamental como lo es el de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n (conforme se reconoce en CSJ SL4457-2014), y teniendo en cuenta que fue debatido en las instancias el hecho de que contaba con m\u00e1s de 20 a\u00f1os en calidad de servidor p\u00fablico y particular, pod\u00eda aplicarse la Ley 71 de 1988, que permite la sumatoria de tiempos p\u00fablicos y privados, para as\u00ed mantener el reconocimiento pensional\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la promotora del resguardo insistiendo en sus planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En consonancia con tales postulados, teniendo en cuenta que lo criticado por la gestora es la sentencia dictada el 17 de marzo de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, en el juicio laboral propuesto por Blas Amaranto Torres Mart\u00ednez, concluye la Corte que la decisi\u00f3n del a-quo constitucional habr\u00e1 de confirmarse pero por el hecho de resultar patente que la salvaguarda implorada carece del requisito de inmediatez, en la medida en que desde la emisi\u00f3n de dicha providencia hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo (8 de septiembre de 2021), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza. <\/p>\n
2.1. Frente al requisito de inmediatez, insistentemente la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
2.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
2.3. De all\u00ed que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por la quejosa en su demanda de tutela de cara a dar por sentado que satisfizo el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01). <\/p>\n
3. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia del presupuesto en cuesti\u00f3n impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n, lo que impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas que no por las exteriorizadas por el a-quo constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que para el tr\u00e1mite de la presente impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte desde el 13 de diciembre de 2021, el diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 27 de abril \u00faltimo, donde se radic\u00f3 y reparti\u00f3 al d\u00eda siguiente y el 29 posterior ingres\u00f3 al despacho. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC6367-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6367-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-01886-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la Fiduciaria La Previsora […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63743","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63743","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63743"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63743\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63743"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63743"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63743"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}