STC6369-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6369-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02024-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 12 de octubre de 20211, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Juan Manuel Galvis Sierra contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y CI Confecciones Valle Trade SA hoy CI Confecciones y Textiles Internacionales SA en Liquidaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que se dispuso vinculadar a las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2004-00470. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la defensa, debido proceso, m\u00ednimo vital, honra y buen nombre, as\u00ed como de los principios de \u00abfavorabilidad, pro homine y primac\u00eda de la realidad sobre las formalidades\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada. <\/p>\n
Como sustento de su reclamo, manifest\u00f3 que promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra CI Valle Trade SA con el fin de que se declarara que su despido fue ineficaz y se condenara a la demandada al pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde junio de 2004, y de manera subsidiaria, se reconociera el pago de la indemnizaci\u00f3n legal por despido sin justa causa. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Juzgado Primero Laboral Adjunto del Circuito de Cali en sentencia de 29 de abril de 2013 declar\u00f3 la terminaci\u00f3n unilateral e ilegal de la relaci\u00f3n laboral y conden\u00f3 a la demandada al pago de la indemnizaci\u00f3n por despido injusto y los salarios dejados de pagar entre el 1\u00ba y el 15 de junio de 2004, adem\u00e1s de las vacaciones generadas en ese lapso y la indemnizaci\u00f3n moratoria por los primeros 24 meses, decisi\u00f3n que en apelaci\u00f3n adicion\u00f3 la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali el 30 de abril de 2014, en el sentido de autorizar la compensaci\u00f3n de la suma adeudada por el trabajador, en lo dem\u00e1s confirm\u00f3. <\/p>\n
Explic\u00f3 que inconforme la compa\u00f1\u00eda empleadora present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral con sentencia SL735-2021 de 2 de junio de 2021, dispuso casar el fallo de segundo grado y absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en principio tambi\u00e9n formul\u00f3 recurso extraordinario, ante su desacuerdo frente a la compensaci\u00f3n de las deudas con las acreencias laborales ordenada por el Tribunal, sin embargo, en aras de no extender la discusi\u00f3n jur\u00eddica de casaci\u00f3n, desisti\u00f3 del mismo. <\/p>\n
Adujo que era evidente la irregularidad procesal en la que incurri\u00f3 la autoridad accionada, al formar su convencimiento y adoptar una decisi\u00f3n desconociendo el principio de favorabilidad y aplicando la interpretaci\u00f3n m\u00e1s restrictiva en cuanto al ejercicio de sus derechos como trabajador, adem\u00e1s, porque tampoco tuvo en cuenta que en el proceso no se probaron los presuntos hechos que motivaron la terminaci\u00f3n de la relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Sostuvo adem\u00e1s, la Sala accionada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico por indebida valoraci\u00f3n probatoria, puesto que no hizo un juicio de valor a cada situaci\u00f3n se\u00f1alada en la carta de despido, es decir que no se lleg\u00f3 a establecer si los argumentos all\u00ed indicados por la empresa gozaban de veracidad. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que igualmente se desconoci\u00f3 el precedente que la Corte Constitucional estableci\u00f3 mediante la sentencia SU449-2020, en la que unific\u00f3 el concepto \u00abrespecto del despido de un trabajador y que adem\u00e1s de los requisitos de la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte Suprema, en la Sentencia SL2351\/2020, se deb\u00eda adem\u00e1s escuchar al trabajador, es decir respetarle el derecho a la defensa, para as\u00ed proteger su derecho a la honra y buen nombre\u00bb. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, solicit\u00f3 \u00abDejar sin efectos la Sentencia n\u00ba SL735 de 2021, proferida por la Corte Suprema De Justicia – Sala De Casaci\u00f3n Laboral\u00bb y, en su lugar, \u00abdejar en firme la sentencia del 29 de abril de 2013 proferida por el Juzgado Primero Laboral de Descongesti\u00f3n de Cali\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Magistrada Ponente de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, rese\u00f1\u00f3 las actuaciones adelantadas en el proceso e inform\u00f3 que, al dirimir el recurso extraordinario formulado por la sociedad demandada, esa Corporaci\u00f3n concluy\u00f3 que el Tribunal hab\u00eda errado al desconocer el caudal probatorio, raz\u00f3n por la que se cas\u00f3 el fallo de segundo grado y en consecuencia se absolvi\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda de las suplicas planteadas por el demandante. <\/p>\n
Igualmente, advirti\u00f3 que al actor se le brindaron todas las oportunidades procesales para ejercer su defensa y se le garantizaron los mecanismos legales a su alcance, sin que el resultado desfavorable a sus intereses pueda tildarse de infracci\u00f3n a alguna de sus garant\u00edas superiores; adem\u00e1s, destac\u00f3 que la determinaci\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a los lineamientos legales y jurisprudenciales que sobre el tema ha edificado la Sala y record\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como una instancia adicional a efectos de definir cu\u00e1l planteamiento es v\u00e1lido ni para revivir controversias ya concluidas. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, tras determinar que la decisi\u00f3n con la que culmin\u00f3 el proceso ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del suplicante, quien pretende por v\u00eda de tutela que se realice un juicio de valor diferente al efectuado por la Sala accionada y se confirme el fallo de primera instancia, pretendiendo convertir con su actuar, el mecanismo de protecci\u00f3n excepcional en una instancia adicional donde se haga eco de sus solicitudes, circunstancia que resulta improcedente, habida cuenta que la tutela no es una fase adicional en la que se intenten revivir etapas procesales ya concluidas y que se sustentan en determinaciones amparadas bajo las presunciones de acierto, legalidad y constitucionalidad <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el actor, aduciendo que lo pretendido no es que haya una tercera instancia, sino que cese la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales que resultaron lesionados por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada con la decisi\u00f3n objeto de reproche, al haber realizado una valoraci\u00f3n err\u00f3nea del material probatorio. <\/p>\n
Insisti\u00f3 que la Sala accionada debi\u00f3 tener en cuenta la sentencia SU449-2020 con el fin de dar cumplimiento a los derechos, principios y garant\u00edas m\u00ednimas fundamentales, recogidas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por tanto, sostuvo que se le debi\u00f3 escuchar antes de proceder a la terminaci\u00f3n unilateral del contrato \u00ablo que debi\u00f3 igualmente valorar la Corte Suprema de Justicia, porque as\u00ed el precedente de la CSJ, no estableciera este requisito en una Sentencia SU, es obligatorio para los jueces cumplir con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por lo que causa extra\u00f1eza que la Corte Suprema de Justicia, si proceda a desconocer la Constituci\u00f3n, pese a que para la fecha del fallo, 2 de marzo de 2021, ya estaba la sentencia de la Corte Constitucional, siendo esta de obligatorio acatamiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, el se\u00f1or Juan Manuel Galvis Sierra cuestiona la sentencia SL735-2021 proferida el 2 de marzo de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, a trav\u00e9s de la cual cas\u00f3 el fallo proferido por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cali y absolvi\u00f3 a CI Confecciones y Textiles Internacionales SA en Liquidaci\u00f3n, pues en su sentir, lo resuelto quebranta sus garant\u00edas superiores, as\u00ed como los principios de favorabilidad y pro homine. <\/p>\n
3. Revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n accionada al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado la sociedad nombrada, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse: <\/p>\n
En la referida decisi\u00f3n teniendo en cuenta la senda indirecta de ataque escogida, abord\u00f3 el estudio de los planteamientos expuestos por la sociedad recurrente, con el fin de comprobar si existi\u00f3 una err\u00f3nea valoraci\u00f3n probatoria por parte del Tribunal Superior de Cali, y, en ese orden, comenz\u00f3 por realizar un an\u00e1lisis al despido injusto, remiti\u00e9ndose a la carta de terminaci\u00f3n de contrato de trabajo de 15 de junio de 2004, sobre lo cual, anot\u00f3: <\/p>\n
\u00ab[E]l sentenciador consider\u00f3 que la carta de terminaci\u00f3n contractual fue gen\u00e9rica al mencionar los motivos o razones en las que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n de extinguir el v\u00ednculo laboral del recurrente, es decir, no fue precisa. <\/p>\n
Acotado lo anterior y descendiendo al contenido de la comunicaci\u00f3n denunciada, la Sala observa que como lo pregona la censura, el Tribunal err\u00f3 en esa conclusi\u00f3n, puesto que, en la misiva materia de estudio, la sociedad demandada recurrente s\u00ed cumpli\u00f3 con esa obligaci\u00f3n legal y jurisprudencial; esto es, la de identificar con precisi\u00f3n los comportamientos o las conductas que, atribuidas al actor, soportaban la terminaci\u00f3n con justa causa de su contrato de trabajo. <\/p>\n
En efecto, la aludida prueba s\u00ed satisface la exigencia que ech\u00f3 de menos inexplicablemente el juez colectivo, puesto que, se itera, se individualiz\u00f3 con toda precisi\u00f3n las conductas que cometi\u00f3 el actor y que con precisi\u00f3n conoci\u00f3 la empleadora como fruto del informe de la auditor\u00eda realizada por la firma Deloitte & Touche rendido en el mes de mayo de 2004; conductas que se listaron en la comunicaci\u00f3n de fenecimiento del contrato de trabajo y que consistieron en que existi\u00f3: i) un faltante de inventarios de prendas de vestir por valor de 113.369 euros; ii) hubo reclasificaci\u00f3n de costos de ventas en el inventario por valor de 160.000 euros; iii) se present\u00f3 diferencias por ingresos en cambio de 198.124 euros; iv) se hicieron giros directos de CI Valle Trade a Liposur para cargos preoperativos que no hab\u00edan sido compensados a la fecha del informe por 194.004 euros; v) se incurri\u00f3 en gastos de dise\u00f1ador no registrados en CI Valle Trade Espa\u00f1a por 170.000 euros; vi) hubo devoluciones de inventarios a Colombia no registradas por 135.322 Euros; vii) se hicieron giros por CI Valle Trade S.A. directamente al dise\u00f1ador y contabilizados como cuenta por cobrar a CI Valle Trade Espa\u00f1a por 130.977 euros. <\/p>\n
De conformidad con lo anterior, en forma inequ\u00edvoca, la demandada relacion\u00f3 inicialmente los siete motivos que con ocasi\u00f3n de la labor ejecutada por el actor se presentaron al interior de la compa\u00f1\u00eda y que sirvieron para dar por concluido su contrato, comportamientos que fueron confirmados por la firma de auditor\u00eda contratada una vez se verificaron algunas inconsistencias en el balance general consolidado del ejercicio fiscal del a\u00f1o 2003. <\/p>\n
Adem\u00e1s de las falencias antes mencionadas, la sociedad demandada incluso le endilg\u00f3 al demandante que al cierre del a\u00f1o 2003 se registraban cuentas por aproximadamente $1.700 millones en la cuenta de \u00abinventario en tr\u00e1nsito de fertilizantes\u00bb, cuando en realidad correspond\u00edan a gastos financieros, lo que gener\u00f3 que esta cuenta no coincidiera con el sistema contable de la compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, indic\u00f3 que dichas conductas fueron las que la compa\u00f1\u00eda en forma expresa puso de relieve en la carta de despido y que ocurrieron, seg\u00fan lo afirmado por la demandada, por la negligencia del trabajador en el ejercicio de su cargo poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la empresa, conductas que se adecuaban en las causales estipuladas en los numerales 1,4 y 6 del literal a) del art\u00edculo 7 del Decreto 2351 de 1965. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, determin\u00f3 que la empresa cumpli\u00f3 no solo con la obligaci\u00f3n de identificar cu\u00e1les eran las conductas en las que hab\u00eda incurrido el actor, que permitieron estructurar la justa causa del despido, sino que, adem\u00e1s, refiri\u00f3 las normas en las que encuadraban esas actuaciones, en ese sentido, concluy\u00f3 que el Tribunal se equivoc\u00f3 al haber desconocido la realidad f\u00e1ctica sobre la cual fund\u00f3 su decisi\u00f3n. <\/p>\n
Posteriormente, se refiri\u00f3 a la oportunidad o inmediatez del despido se\u00f1alando que, contrario a lo establecido por el fallador de segundo grado, de las pruebas obrantes en el expediente se evidenciaba que el trabajador tuvo conocimiento del informe de auditor\u00eda, en la fecha de su radicaci\u00f3n -1\u00ba de junio de 2014- y no el d\u00eda de su despido, como lo estableci\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
En punto al derecho de defensa del trabajador, expuso: <\/p>\n
\u00abSe le reprocha al Tribunal haberse equivocado al concluir que la demandada conculc\u00f3 el derecho de defensa del demandante, al no \u00abdarle (al trabajador) la oportunidad de controvertir las imputaciones que se le hacen\u00bb; aspecto sobre el que la Corte ha tenido innumerables oportunidades de se\u00f1alar, que cuando se trata de ejercer la facultad unilateral de terminar los contratos de trabajo con justa causa, tal determinaci\u00f3n no constituye propiamente una sanci\u00f3n, sino el ejercicio de una facultad legal del empresario, y por ende, salvo que est\u00e9 pactado extralegalmente lo contrario, el empleador no est\u00e1 obligado en forma previa, so pena de conculcar el derecho de defensa, citar a descargos al trabajador sobre los motivos que lo llevan a fenecer su relaci\u00f3n laboral\u00bb. <\/p>\n
Luego de hacer referencia al criterio sentado por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL 12 jul. 2017 rad. 77251, confirmado en la SL2351-2020, frente al caso en estudio, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00abComo las conductas imputadas al trabajador se ubican entre otras dentro de la causal 6 literal a) del art\u00edculo 62 del CST, resulta conveniente analizar las circunstancias particulares que en el presente caso ocurrieron para establecer si previamente al despido se escuch\u00f3 al demandante\u00bb. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u00ab se infiere que desde enero de 2004 el accionante tuvo conocimiento de los hechos que posteriormente originaron la terminaci\u00f3n de su contrato, y que valga la pena resaltar se consignaron en la misiva con la que se le comunic\u00f3 esa decisi\u00f3n, tales como haber dado un informe financiero a diciembre de 2003 inexacto, comportamiento detectado en el estudio suscrito por Deloitte & Touche en el que adem\u00e1s se precisaron las irregularidades de que da cuenta dicha auditoria; e igualmente que la Junta Directiva le manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por las diferentes irregularidades detectadas y le permiti\u00f3 presentar los informes pertinentes, evidenci\u00e1ndose as\u00ed un dialogo o comunicaci\u00f3n directa entre las partes frente a los aspectos reprochados, por lo que mal podr\u00eda decirse que se le desconoci\u00f3 al trabajador el derecho de defensa y mucho menos el debido proceso por cuanto no aparece prueba en el expediente de que en la compa\u00f1\u00eda existiera procedimiento convencional o reglamentario previsto como mecanismo previo al despido\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, determin\u00f3 que el ad quem hab\u00eda errado al manifestar que la sociedad en el momento en que recibi\u00f3 el informe de auditor\u00eda, unilateralmente y basada solo en \u00e9ste, tom\u00f3 la decisi\u00f3n de terminar el contrato de trabajo al demandante, sin llamarlo a brindar las explicaciones, cuando de las pruebas obrantes, se evidenciaba que el mismo hab\u00eda sido escuchado y rendido sus explicaciones antes del despido, \u00abhabiendo tenido incluso la posibilidad de aportar elementos de juicio para esclarecer la investigaci\u00f3n de auditor\u00eda que se adelant\u00f3 al interior de la empresa\u00bb. <\/p>\n
Por otra parte, y respecto al pago de salarios, prestaciones y la compensaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n moratoria, la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral accionada, se\u00f1al\u00f3 que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n permanente, la sociedad demandada, <\/p>\n
\u00abno necesitaba de autorizaci\u00f3n alguna por parte del trabajador para compensar las obligaciones laborales que por concepto de salarios y vacaciones ten\u00eda la sociedad enjuiciada con aquel y, por lo tanto, ninguna suma por dichos conceptos le deb\u00eda en el momento de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo y, en consecuencia, tampoco resultaba procedente confirmar la equivocada indemnizaci\u00f3n moratoria que se impuso en primera instancia, la cual tiene como soporte f\u00e1ctico la falta de pago de salarios y prestaciones, que se reitera, en el presente caso no se daba\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en esas premisas, cas\u00f3 la sentencia proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Cali el 30 de abril de 2014 y, en sede de instancia, resolvi\u00f3 revocar los numerales primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo de la sentencia de primer grado y absolvi\u00f3 a la demandada de todas las s\u00faplicas formuladas por el demandante. <\/p>\n
4. De las anteriores consideraciones, advierte la Sala que la sentencia constitucional impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, como quiera que no se evidenci\u00f3 desafuero o arbitrariedad manifiesta que revele los defectos alegados por el peticionario y que imponga la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior obedece a que la Sala accionada fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el an\u00e1lisis que efectu\u00f3 de las pruebas obrantes en el expediente y el razonable entendimiento de las normas sustanciales y la jurisprudencia aplicables al caso concreto, encontrando que el Tribunal err\u00f3 en la valoraci\u00f3n del material probatorio, pues en el estudio efectuado en sede de casaci\u00f3n se logr\u00f3 evidenciar que la sociedad demandada s\u00ed cumpli\u00f3 con el deber de indicar cuales fueron las conductas en las que fund\u00f3 su decisi\u00f3n de terminar el contrato de trabajo, as\u00ed como las normas en las soport\u00f3 su proceder y que no hubo transgresi\u00f3n al derecho de defensa del trabajador, habida cuenta que se le permiti\u00f3 rendir las explicaciones sobre las conductas atribuidas, adem\u00e1s que la compensaci\u00f3n se dio en legal forma. <\/p>\n
5. Siendo as\u00ed las cosas, las divergencias exteriorizadas por el reclamante a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente. (CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
Para la Corte, el juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de fallador de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados, y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el Juez constitucional s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea flagrante y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en este asunto, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio. (Ver CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01, STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01, STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01, STC811-2022 y STC5002-2022, entre muchas). <\/p>\n
6. Ahora bien, frente al supuesto desconocimiento del precedente constitucional, es preciso se\u00f1alar que la sentencia SU449-2020 versa sobre los requisitos del despido por justa causa, se\u00f1alando que, en todo caso el empleador debe garantizar de manera previa a la terminaci\u00f3n unilateral del contrato, el derecho al trabajador a ser o\u00eddo, sin embargo, tal y como lo expuso la Sala accionada, de las pruebas estudiadas se logr\u00f3 determinar que s\u00ed fue escuchado y se le dio la oportunidad de rendir sus explicaciones antes del despido. <\/p>\n
7. N\u00f3tese, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo (STC 1308-2021, reiterada en STC2310-2022). <\/p>\n
8. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n asignada a esta Sala el 5 de mayo de 2022. <\/p>\n
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STC6369-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6369-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02024-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 12 de octubre de 20211, en la acci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63745","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63745","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63745"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63745\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63745"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63745"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63745"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}