STC6372-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6372-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2022-10008-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Raineer Rodr\u00edguez Vargas frente a la sentencia emitida el 11 de marzo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela que \u00e9l impuls\u00f3 contra el Consejo Nacional Electoral, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados todos los intervinientes en la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, defensa y \u00abacceso a la administraci\u00f3n p\u00fablica, en conexidad con el derecho a elegir y ser elegido\u00bb, presuntamente trasgredidos por el accionado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse declare la nulidad de la audiencia celebrada el 18 de Febrero de 2018 (sic) y se rehaga la actuaci\u00f3n, fijando fecha y hora para [su] continuidad\u00bb, efectuando \u00abla notificaci\u00f3n en legal forma\u00bb del respectivo se\u00f1alamiento. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir el presente asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Con Resoluci\u00f3n 1132 de 2 de febrero de 2022 el Consejo Nacional Electoral – CNE revoc\u00f3 la inscripci\u00f3n de los candidatos pertenecientes a la lista del \u00abPacto Hist\u00f3rico – Alianza Verde\u00bb para la C\u00e1mara de Representantes por el Departamento de Bol\u00edvar (dentro de la cual se encontraba el aqu\u00ed accionante), por supuestamente incumplir lo relativo a la cuota de g\u00e9nero. <\/p>\n
2.2. Ante esa situaci\u00f3n, se present\u00f3 una nueva lista, dentro de la que no se incluy\u00f3 al quejoso y frente a la cual \u00e9ste present\u00f3 solicitud de revocatoria, cuyo tr\u00e1mite admiti\u00f3 el CNE el pasado 15 de febrero, a la vez que fij\u00f3 el 17 posterior a las 2:30 p.m. para llevar a cabo la audiencia p\u00fablica de decisi\u00f3n, a la que efectivamente dio inicio en esa calenda pero, agotadas las etapas correspondientes, dispuso suspenderla para continuarla al d\u00eda siguiente (sin indicar la hora para ello) con la emisi\u00f3n del fallo respectivo. <\/p>\n
2.3. El 18 de febrero \u00faltimo el CNE, mediante mensaje de correo electr\u00f3nico enviado a las 3:47 p.m., enter\u00f3 al accionante de que dar\u00eda curso a la referida continuaci\u00f3n de la diligencia a las 4:00 p.m. de ese d\u00eda; oportunidad en la que emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n 1456, en la que declar\u00f3 la validez de la mentada modificaci\u00f3n de la lista de candidatos. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, el actor adujo que no fue debidamente enterado del momento a partir del cual, el pasado 18 de febrero, se continuar\u00eda la diligencia en comento, en tanto que, en su sentir, al haberse omitido, el d\u00eda 17 anterior, se\u00f1alar en estrados la hora en que ello ocurrir\u00eda, la \u00fanica manera viable de subsanarlo era mediante la notificaci\u00f3n por estado, siguiendo los postulados del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. <\/p>\n
Sostuvo que, ante tal situaci\u00f3n, se le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y, en especial, agotar los recursos pertinentes de la v\u00eda administrativa frente al acto definitivo que valid\u00f3 la inscripci\u00f3n de la nueva lista de candidatos; y que todo ello le genera un perjuicio irremediable, reflejado en \u00ablos da\u00f1os materiales certificados y relacionados por contador p\u00fablico\u00bb, aunado a que las elecciones para la C\u00e1mara de Representantes se llevar\u00edan a cabo el 13 de marzo de 2022, sin que contara con \u00abning\u00fan medio judicial id\u00f3neo ordinario para atacar las violaciones de [las] que fu[e] objeto (sic)\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral se opuso \u00aba la prosperidad de las pretensiones de la presente Acci\u00f3n Constitucional, por no existir\u2026 vulneraci\u00f3n o amenaza a los derechos fundamentales incoados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal porque no tuvo intervenci\u00f3n alguna en la actuaci\u00f3n recriminada. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar inexistente la vulneraci\u00f3n de derechos aducida por el reclamante, comoquiera que de la decisi\u00f3n adoptada en la audiencia del 18 de febrero de 2022 la entidad encausada lo enter\u00f3 mediante correo electr\u00f3nico remitido ese d\u00eda a las 6:54 p.m., sin que, luego de ello, planteara all\u00ed objeci\u00f3n alguna respecto a la carencia de enteramiento aducida en la demanda de amparo. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que, en todo caso, el reclamo no satisface el presupuesto de la subsidiariedad, comoquiera que i) partiendo de la efectividad de la comunicaci\u00f3n referida a espacio, el actor debi\u00f3 concurrir ante el CNE a exponer las inconformidades aqu\u00ed esbozadas, lo que no hizo; y ii) tambi\u00e9n ten\u00eda a su alcance la solicitud de revocatoria directa y la acci\u00f3n de nulidad frente al acto fustigado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el accionante insistiendo en sus planteamientos iniciales, destac\u00f3 que si no hubo notificaci\u00f3n en legal forma respecto al momento en que se llevar\u00eda a cabo la continuaci\u00f3n de la audiencia, en la cual se emiti\u00f3 la decisi\u00f3n de fondo respectiva, era insostenible que para el buen suceso de este reclamo se le exigiera haber agotado y sustentado los recursos viables frente a la misma. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de invocar cuandoquiera que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar al juez natural de los asuntos ordinarios, ni tampoco a los conductos comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales y administrativas, el resguardo es factible de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por antonomasia, cada vez que sobrevenga el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
2. Con fundamento en tales premisas, la Corte anticipa la confirmaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado pero, exclusivamente, por la actual insatisfacci\u00f3n del presupuesto de la subsidiariedad en la proposici\u00f3n del resguardo, al advertir que, materializados los comicios del pasado 13 de marzo, para la elecci\u00f3n de los representantes a la C\u00e1mara por el departamento de Bol\u00edvar, y declarados electos por el Consejo Nacional Electoral, seg\u00fan formulario E-26 CAM del d\u00eda 23 siguiente, quienes obtuvieron los votos suficientes para tal prop\u00f3sito, surgi\u00f3 el correspondiente acto electoral definitivo frente al cual el quejoso cont\u00f3 o cuenta con la acci\u00f3n de nulidad electoral, mecanismo ordinario id\u00f3neo para cuestionar los actos preparatorios a dicha elecci\u00f3n, entre los cuales se encuentran las actuaciones relacionadas con la convocatoria y desarrollo de la fustigada audiencia en la que el 18 de febrero \u00faltimo se declar\u00f3 \u00abLA VALIDEZ DE LA MODIFICACI\u00d3N de la lista de candidatos y candidatas a la C\u00e1mara de Representantes de la coalici\u00f3n denominada \u201cPACTO HIST\u00d3RICO\u201d en el departamento de Bol\u00edvar, para las elecciones que se llevar\u00e1n a cabo el 13 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2.1. En efecto, tras la configuraci\u00f3n del acto definitivo que constituye la declaraci\u00f3n de elecci\u00f3n de los representantes a la C\u00e1mara por el departamento de Bol\u00edvar, era o es propicio criticar la legalidad de los actos preparatorios que dieron lugar al mismo (entre ellos la audiencia referida a espacio), como actos administrativos que son, a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de nulidad electoral dispuesta en el canon 139 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, lo que configura la causal de improcedencia contemplada en el precepto 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
2.2. Consecuentemente, es de recordar que los actos de la administraci\u00f3n p\u00fablica gozan de la presunci\u00f3n de legalidad y acierto, por lo que las controversias que susciten deben ser develadas ante el operador competente, escenario en el que es posible solicitar medidas cautelares \u00abpara proteger y garantizar\u00bb, de modo provisorio, \u00abel objeto del proceso\u00bb, y entre ellas, la suspensi\u00f3n provisional de dichas manifestaciones, conforme a lo indicado en los art\u00edculos 229 y 230 -numeral 3\u00b0- de la codificaci\u00f3n en cita; aspecto que derruye lo aducido por el accionante en torno a la supuesta inidoneidad de este tipo de instrumento judicial y, por dem\u00e1s, cualquier viso de perjuicio irremediable, lo que torna inviable la protecci\u00f3n reclamada, incluso como mecanismo transitorio. <\/p>\n
2.3. Frente al particular, en un asunto an\u00e1logo al aqu\u00ed tratado, que mutatis mutandis resulta aplicable al presente, para confirmar la negativa frente a la solicitud de protecci\u00f3n propuesta por otra ciudadana que tambi\u00e9n cuestion\u00f3 la supuesta indebida citaci\u00f3n a la audiencia desarrollada el 18 de marzo pasado por el Consejo Nacional Electoral, en la que se declar\u00f3 la validez de la modificaci\u00f3n de la mentada lista de candidatos, in extenso, el Consejo de Estado dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
57. De conformidad con los escritos de tutela e impugnaci\u00f3n, las pretensiones elevadas por\u2026 Villadiego Villadiego se dirigen a atacar la legalidad de la decisi\u00f3n contenida en la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 1456 del 18 de febrero de 20221[,] proferida por el CNE pues, de acuerdo con su criterio, el tr\u00e1mite al interior del cual dicho acto fue dictaminado adolece de una irregularidad presentada por la indebida notificaci\u00f3n de la hora en la que se reanud\u00f3 la audiencia de decisi\u00f3n y lectura del fallo. <\/p>\n
58. Esta Sala de Decisi\u00f3n anticipa que confirmar\u00e1 la sentencia\u2026 a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar declar\u00f3 la improcedencia del amparo solicitado de acuerdo con los argumentos que a continuaci\u00f3n se exponen. <\/p>\n
59. En primer lugar, es necesario estudiar la naturaleza del acto controvertido por la accionante. Esta Secci\u00f3n, en su calidad de m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativo en materia electoral, ha reiterado2 la distinci\u00f3n que, de acuerdo con esta Corporaci\u00f3n, existe entre acto electoral y acto de contenido electoral. <\/p>\n
\u2022 Actos electorales: son aquellos que corresponden a decisiones administrativas por medio de las cuales se declara una elecci\u00f3n o se hace un nombramiento o designaci\u00f3n, como por ejemplo, los actos de elecci\u00f3n popular o de elecci\u00f3n de corporaciones electorales. <\/p>\n
\u2022 Actos de contenido electoral: en estos, la decisi\u00f3n administrativa afecta de alguna manera un acto electoral y cuentan con la virtualidad de influir en la decisi\u00f3n de elecci\u00f3n, nombramiento o designaci\u00f3n que se realiza. <\/p>\n
60. A su vez, el Consejo de Estado3 ha establecido que estos actos expedidos en cumplimiento de la funci\u00f3n electoral pueden distinguirse entre actos definitivos y de tr\u00e1mite, de la siguiente forma: <\/p>\n
\u2022 Actos definitivos: son los que contienen la decisi\u00f3n definitiva del electorado tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes y se constituyen como verdaderos actos electorales, seg\u00fan lo consagrado por el art\u00edculo 139 del CPACA, los cuales son pasibles de ser controlados, de forma exclusiva, por el medio de nulidad electoral. Son entonces aquellos por medio de los cuales se declara una elecci\u00f3n o se hace un nombramiento o designaci\u00f3n, como los actos de elecci\u00f3n popular o los de elecci\u00f3n por corporaciones electorales. <\/p>\n
\u2022 Actos de tr\u00e1mite o preparatorios: son aquellos proferidos en el devenir del procedimiento electoral, distintos de los actos electorales y que, por tanto, no son pasibles de control judicial de forma aut\u00f3noma. Estos actos ser\u00e1n controlados al examinar el acto definitivo, mediante el estudio de los actos que precedieron a la elecci\u00f3n cuando la autoridad judicial correspondiente estudia los cargos de la demanda presentada contra la designaci\u00f3n. Son, entonces, aquellos previos, pero necesarios para adoptar una decisi\u00f3n de fondo. En tal sentido, estos son demandables por medio de la nulidad electoral, pero de manera indirecta. <\/p>\n
61. Por lo expuesto con antelaci\u00f3n, es posible concluir que la Resoluci\u00f3n N.\u00ba 1456 del 18 de febrero de 2022 proferida por el CNE que declar\u00f3 la validez de la modificaci\u00f3n de la lista de candidatos a la C\u00e1mara de Representantes de la coalici\u00f3n \u201cPacto hist\u00f3rico\u201d en el departamento de Bol\u00edvar, es un acto de tr\u00e1mite o preparatorio, pues si bien no contiene una decisi\u00f3n definitiva del electorado tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes, fue proferida en el devenir del procedimiento electoral y cuenta con la virtualidad de influir en dicha elecci\u00f3n. <\/p>\n
62. Por tanto, si bien en principio podr\u00eda afirmarse que\u2026 Villadiego Villadiego no cuenta con un mecanismo judicial para controvertir la legalidad del acto cuestionado, lo cierto es que actualmente existe un acto electoral de car\u00e1cter definitivo que es susceptible de control mediante la nulidad electoral. En efecto, en cumplimiento de sus funciones oficiosas como juez constitucional, esta Secci\u00f3n encontr\u00f3 que el 23 de marzo del 2022 el CNE expidi\u00f3 el formulario E-26 CAM por medio del cual se declararon electos los representantes a la C\u00e1mara por el departamento de Bol\u00edvar\u2026 <\/p>\n
63. En tal sentido, al existir un acto de car\u00e1cter definitivo al interior del tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n, la demandante cuenta con el medio de control de nulidad electoral para controvertir de manera indirecta la legalidad del acto cuestionado. Esto puede materializarse al demandar la elecci\u00f3n con fundamento en que la lista de la coalici\u00f3n del \u201cPacto Hist\u00f3rico\u201d estuvo presuntamente mal conformada, al existir un vicio de procedimiento en la resoluci\u00f3n que declar\u00f3 la validez de dicha lista. Por tal motivo, al existir un mecanismo judicial id\u00f3neo, la presente acci\u00f3n constitucional se torna improcedente. <\/p>\n
64. Al respecto, la Corte Constitucional4 ha indicado que la procedencia excepcional de la tutela contra actos administrativos de tr\u00e1mite s\u00f3lo es posible cuando el acto demandado cuenta con la virtualidad de definir una situaci\u00f3n especial y sustancial dentro del tr\u00e1mite y se ha proferido de manera palpablemente irrazonable o desproporcionada, lo que configura una vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales. De esta forma, el Alto Tribunal ha considerado que: <\/p>\n
\u201cEn estos eventos, la acci\u00f3n de tutela act\u00faa como mecanismo definitivo sobre el acto de tr\u00e1mite, para encauzar el procedimiento administrativo en curso y permitir al afectado el ejercicio de las garant\u00edas del debido proceso, pero sin interferir en el sentido de la decisi\u00f3n definitiva que deba adoptar la Administraci\u00f3n y sin sustituir, por tanto, el control posterior de legalidad que corresponde ejercer a la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa\u201d5 (Negrillas fuera del texto). <\/p>\n
65. A su vez, la Corte ha expuesto que cuando se interpone una tutela contra actos de esta naturaleza, uno de los requisitos para su procedencia es que el proceso dentro del cual se expidi\u00f3 el tr\u00e1mite no haya finalizado. En palabras de este Tribunal: <\/p>\n
\u201c(\u2026) cuando en v\u00eda de tutela se alega la existencia de una v\u00eda de hecho en un acto de tr\u00e1mite, es necesario que la correspondiente actuaci\u00f3n administrativa no haya finalizado, pues al existir un acto administrativo definitivo, el interesado cuenta con un medio de defensa judicial efectivo (acci\u00f3n contenciosa), a trav\u00e9s del cual puede controvertir las irregularidades que a su juicio han sido cometidas por el Estado en la tramitaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa\u201d6 (Negrillas fuera del texto). <\/p>\n
66. De conformidad con lo desarrollado anteriormente, no es posible que esta Secci\u00f3n, en su calidad de juez constitucional, decida sobre el fondo del asunto en cuesti\u00f3n. Aunado a ello, se tiene que la accionante, en los escritos de tutela e impugnaci\u00f3n, no expuso ning\u00fan argumento relacionado con la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable o con la necesidad de establecer una medida de car\u00e1cter inminente, urgente e impostergable que posibilite desconocer el ejercicio del mecanismo judicial otorgado, en este caso, por el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
67. As\u00ed las cosas, es evidente que esta acci\u00f3n constitucional es improcedente puesto que, existiendo otro mecanismo de defensa judicial que resulta id\u00f3neo y eficaz para solicitar la protecci\u00f3n de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a este y no a la tutela. <\/p>\n
2.7. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
68. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisi\u00f3n confirmar\u00e1 la sentencia\u2026 a trav\u00e9s de la cual el Tribunal Administrativo de Bol\u00edvar declar\u00f3 la improcedencia del amparo invocado por\u2026 Villadiego Villadiego, toda vez que cuenta con el medio de control de nulidad electoral para controvertir el acto administrativo objeto de censura (CE, Secci\u00f3n Quinta, 21 abr. 2022, rad. 2022-00128-01). <\/p>\n
3. Lo consignado, entonces, impone respaldar el veredicto de primer rango, pero por las razones aqu\u00ed consignadas que no por las del a-quo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abPor medio de la cual esta corporaci\u00f3n DECLARA LA VALIDEZ DE LA MODIFICACI\u00d3N de la lista de candidatos y candidatas a la C\u00e1mara de Representantes de la coalici\u00f3n denominada \u201cPACTO HIST\u00d3RICO\u201d en el departamento de Bol\u00edvar, para las elecciones que se llevar\u00e1n a cabo el 13 de marzo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias: CE, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 03.11.94, rad. 3104; Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Quinta, auto de 31.05.18, rad. 2018-00058-00; Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Quinta, auto de 18.05.18, rad. 2018-00050-00; Sala de lo Contencioso Administrativo, Secci\u00f3n Quinta, auto de 9.05.19, rad. 2019-00019-00. <\/p>\n
3\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias: CC C-557\/01 y T-123\/07. <\/p>\n
5\u0002 CC T-123\/07. <\/p>\n
6\u0002 Ib\u00eddem. <\/p>\n
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