STC6387-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6387-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00655-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 19 de abril de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Carlos Delgado Pab\u00f3n promovi\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior de C\u00facuta y el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso penal identificado con el consecutivo 540013187003201101118. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
En escrito repetitivo y desordenado, cuestiona la negativa a su petici\u00f3n de libertad condicional, como quiera que cumple con los requisitos de estudio o trabajo, conducta ejemplar, concepto favorable del INPEC, \u00abno haber tenido informes\u00bb y \u00abestar m\u00ednimo en alta seguridad\u00bb, aun con independencia de los hechos ocurridos en el a\u00f1o 2015, cuando al ser beneficiario de un permiso para salir por hasta 72 horas del centro de reclusi\u00f3n donde se halla confinado, no regres\u00f3 dentro del plazo otorgado, desconoci\u00e9ndose, asegura, el derecho a la igualdad y el principio \u00abpro homine\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 que se invalide el auto de 7 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del cual el Tribunal Superior de C\u00facuta confirm\u00f3, la providencia de 11 de enero de 2022, en la que el Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, neg\u00f3 su petici\u00f3n de libertad condicional como sustituto de la pena impuesta, por los delitos de homicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de C\u00facuta, a trav\u00e9s del Magistrado sustanciador de la decisi\u00f3n atacada, realiz\u00f3 un recuento de la actuaci\u00f3n procesal adelantada en el recurso de apelaci\u00f3n y remiti\u00f3 copia de la determinaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de C\u00facuta, indic\u00f3 que en auto de 11 de enero del 2022, neg\u00f3 a Carlos Delgado Pab\u00f3n la libertad condicional, por incumplimiento del requisito subjetivo contemplado en el art\u00edculo 64 del C\u00f3digo Penal, puesto que el sentenciado se fug\u00f3 aprovechando la concesi\u00f3n del beneficio administrativo de salida de hasta 72 horas e incurri\u00f3 en otro comportamiento delictivo, siendo condenado nuevamente, por lo que se consider\u00f3 que no se hac\u00eda acreedor del beneficio en menci\u00f3n, providencia que confirm\u00f3 el Tribunal Superior 7 de marzo de 2022, y solicit\u00f3 la desestimaci\u00f3n del amparo por no configurarse ninguna de las causales para su procedencia. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo, por considerar razonable la determinaci\u00f3n proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta que ratific\u00f3 la del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, y para fundamentar su decisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3, <\/p>\n
\u00abEn el caso concreto, se tiene que, el 24 de mayo de 2007, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de C\u00facuta conden\u00f3 al accionante a la pena principal de 318 meses a\u00f1os de prisi\u00f3n, tras hallarlo responsable como autor del delito de homicidio agravado y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Decisi\u00f3n confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, mediante sentencia del 15 de julio de 2008. <\/p>\n
El asunto fue remitido a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad de C\u00facuta, asign\u00e1ndose por reparto al ahora juzgado accionado. <\/p>\n
El 13 de febrero de 2015, el se\u00f1or DELGADO PAB\u00d3N, no regres\u00f3 al establecimiento penitenciario y carcelario donde se encontraba recluido, luego de disfrutar un permiso de hasta 72 horas. Aunado a esto, el 9 de septiembre de 2015, el accionante volvi\u00f3 a infringir el ordenamiento jur\u00eddico, por lo cual, el 20 de mayo de 2016, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de C\u00facuta lo conden\u00f3 a la pena principal de 18 meses de prisi\u00f3n, al hallarlo penalmente responsable del delito de tr\u00e1fico de estupefacientes\u00bb <\/p>\n
A continuaci\u00f3n y luego de analizar la providencia proferida por el Tribunal Superior de C\u00facuta, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se constata con facilidad que en la actuaci\u00f3n procesal se abord\u00f3, en primer t\u00e9rmino, el cumplimiento de los aspectos objetivos \u2013tiempo purgado intramuros y redenciones punitivas\u2013, y luego el componente subjetivo \u2013conformado por la gravedad de la conducta, el comportamiento en prisi\u00f3n y el proceso resocializador\u2013. Evaluaron, bajo ese segundo aspecto, si el tratamiento carcelario que ha recibido el interno ha sido suficiente para garantizar que se haya alejado de su proyecto de vida el \u00e1nimo criminal, determinando, en el ejercicio de ponderaci\u00f3n adelantado, que la estrategia de readaptaci\u00f3n social del accionante imped\u00eda otorgarle el sustituto. <\/p>\n
Como bien se ve, las consideraciones de las providencias cuestionadas frente a la concesi\u00f3n del subrogado penal giraron en torno a la ley aplicable al caso concreto y las pruebas obrantes en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, lejos est\u00e1n del concepto de v\u00eda de hecho e impiden la intervenci\u00f3n del juez de tutela ante la ausencia de vulneraci\u00f3n de los derechos del actor\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el accionante, luego de esgrimir similares motivos a los alegados en el escrito inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El reparo del accionante se dirige a se\u00f1alar, que en las decisiones objeto del ataque, se le est\u00e1 juzgando nuevamente por los hechos acaecidos en el a\u00f1o 2015, cuando falt\u00f3 al compromiso de regresar a la c\u00e1rcel dentro del t\u00e9rmino del permiso concedido, pasando por alto que cumple con los requisitos enlistados por el legislador para la concesi\u00f3n de la libertad condicional de la que pretende ser beneficiario. <\/p>\n
2. Sin embargo, advierte la Sala que la providencia impugnada por el se\u00f1or Carlos Delgado Pab\u00f3n, debe ser confirmada, por cuanto, tal y como lo estableci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el Tribunal Superior de C\u00facuta al confirmar el 7 de marzo de 2022, la providencia del Juzgado Tercero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad, que neg\u00f3 a Carlos Delgado Pab\u00f3n la libertad condicional, consider\u00f3, que si bien el sentenciado hab\u00eda descontado las 3\/5 partes de pena impuesta y el centro de reclusi\u00f3n en el que se halla purgando la misma rindi\u00f3 concepto favorable, lo cierto era, que al analizar el aspecto subjetivo, se demostr\u00f3 que \u00abno se encuentra en condiciones de adaptarse al medio social \u00bb, en tanto su comportamiento sigue mostrando una inclinaci\u00f3n hacia el transgresi\u00f3n del ordenamiento, pues \u00abdisfrut\u00f3 de un permiso administrativo que incumpli\u00f3 y ese proceder se tiene en cuenta como criterio de ponderaci\u00f3n para decidir si merece ser incentivado con el subrogado ac\u00e1 solicitado, concluyendo la Sala con ello que, en efecto, no ha observado buena conducta, de all\u00ed que deviene la necesidad de cumplir la ejecuci\u00f3n de la pena en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario, con el fin de garantizarse el efecto de resocializaci\u00f3n que pretende la pena\u00bb. <\/p>\n
Sobre esta especial tem\u00e1tica, la Sala de Casaci\u00f3n Penal ha establecido que, si bien el juez de ejecuci\u00f3n de penas, en su valoraci\u00f3n, debe tener en cuenta la conducta punible, adquiere especial preponderancia la participaci\u00f3n del condenado en las actividades programadas y su desarrollo en las mismas, como una estrategia de readaptaci\u00f3n social en el proceso de resocializaci\u00f3n, \u00abpues el objeto del Derecho Penal en un Estado como el colombiano no es excluir al delincuente del pacto social, sino buscar su reinserci\u00f3n en el mismo (C-328 de 2016)\u00bb.1 <\/p>\n
Por lo anterior, determin\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[c]ontemplada la conducta punible en su integridad, seg\u00fan lo declarado por el juez que profiere la sentencia condenatoria, \u00e9ste es solo uno de los distintos factores que debe tener en cuenta el juez de ejecuci\u00f3n de penas para decidir sobre la libertad condicional, pues este dato debe armonizarse con el comportamiento del procesado en prisi\u00f3n y los dem\u00e1s elementos \u00fatiles que permitan analizar la necesidad de continuar con la ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad, como bien lo es, por ejemplo, la participaci\u00f3n del condenado en las actividades programadas en la estrategia de readaptaci\u00f3n social en el proceso de resocializaci\u00f3n. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
iv) El cumplimiento de esta carga motivacional tambi\u00e9n es importante para garantizar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica, pues supone la evaluaci\u00f3n de cada situaci\u00f3n en detalle y justifica, en cada caso, el tratamiento diferenciado al que pueda llegar el juez de ejecuci\u00f3n de penas para cada condenado\u00bb (sub l\u00edneas fuera del texto original) (CSJ STP15806, 19 nov. 2019, Rad. 107644). <\/p>\n
3. Bajo este entendido, no se advierte equivocaci\u00f3n alguna en la providencia de segundo grado censurada, pues tal determinaci\u00f3n, contrario a lo se\u00f1alado por el actor, deb\u00eda motivarse en el marco normativo y jurisprudencial aplicable, como en efecto ocurri\u00f3, por lo que el razonamiento del Tribunal que dirimi\u00f3 este asunto en manera alguna se observa ileg\u00edtimo, arbitrario o caprichoso, como lo pretende hacer ver el accionante, quien no puede utilizar v\u00e1lidamente la acci\u00f3n de tutela, so pretexto de defectos inexistentes, por el solo hecho de discrepar de la conclusi\u00f3n que obtuvo frente a su petici\u00f3n (Ver entre otras CSJ STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; reiterada en STC de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01, STC7065-2019, STC8884-2020, STC 2462-2021, STC802-2022, STC859-2022 y STC2622-2022). <\/p>\n
4. Finalmente, si bien el accionante aleg\u00f3 que en casos similares al suyo se reconoci\u00f3 el aludido subrogado, no demostr\u00f3 con suficiencia cu\u00e1les fueron esos procesos, tampoco se\u00f1al\u00f3 con claridad sus radicados y, en los casos en que lo hizo, no adujo qu\u00e9 autoridad judicial los resolvi\u00f3, o por qu\u00e9 las consideraciones plasmadas en esos supuestos eventos constitu\u00edan un precedente o criterio jurisprudencial aplicable en este asunto en concreto. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo expresado, se confirmar\u00e1 la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STP 5224-2022. <\/p>\n
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