STC6389-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6389-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02604-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 1\u00b0 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Doralba Pinz\u00f3n Quiroga, en representaci\u00f3n de su menor hijo, y Gloria Mar\u00eda Arg\u00fcello Casta\u00f1eda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 4 de esta Corte, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Bucaramanga, el Juzgado Primero Laboral de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes dentro del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes reclamaron el amparo de sus derechos al debido proceso, m\u00ednimo vital, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, \u00abvida en condiciones dignas\u00bb, \u00abpensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal reconocido mediante negociaci\u00f3n colectiva\u00bb y \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad encausada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, \u00abse revoque el fallo de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casaci\u00f3n Laboral de fecha 8 de junio de 2021, SL2760-2021 Radicaci\u00f3n 84021, orden\u00e1ndose en consecuencia, producir un fallo ajustado en un todo a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los Convenios Internacionales y las disposiciones del derecho laboral colectivo que instituyen el derecho a la negociaci\u00f3n colectiva, y los cuales permanecen inc\u00f3lumes toda vez que no fueron afectados ni t\u00e1cita ni expresamente por el Acto Legislativo 01 de 2005, como son los art\u00edculos 39, 53, 55, 93 constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Belisario Cardona Grisales promovi\u00f3 proceso ordinario laboral contra Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., a fin de que le se reconociera la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n equivalente al 75% del promedio del salario devengado en el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, de acuerdo con el art\u00edculo 70 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre Sintraelecol y la demandada, junto con el retroactivo pensional, la indexaci\u00f3n y los intereses moratorios; el conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga. <\/p>\n
2.2. En el curso, tras el fallecimiento del promotor, Gloria Mar\u00eda Arg\u00fcello, en representaci\u00f3n de su menor hijo, y Doralba Pinz\u00f3n Quiroga, fueron reconocidos como sucesores procesales; surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 12 de junio de 2018, el estrado judicial neg\u00f3 las pretensiones; determinaci\u00f3n confirmada el 17 de octubre de siguiente, en sede de alzada, por la Sala Laboral del Tribunal de Bucaramanga, al considerar que dicha garant\u00eda convencional perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010, conforme el acto legislativo 01 de 2005, por lo que para esa data \u00abel demandante contar\u00eda con 68 puntos, de manera que no reun\u00eda lo exigido por el art\u00edculo 70 de la Convenci\u00f3n Colectiva\u00bb, esto es, 75 puntos. <\/p>\n
2.4. Indicaron que \u00abante la no denuncia de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo vigente por parte de alguno de los suscribientes, se estableci\u00f3 a voluntad de partes la pr\u00f3rroga de los acuerdos convencionales\u00bb, raz\u00f3n por la que, el art\u00edculo 70 de la enunciada convenci\u00f3n colectiva \u00abse encontraba vigente a la entrada en vigor del Acto Legislativo, donde las partes bajo el principio de la autonom\u00eda de la voluntad de partes previeron en materia de derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional una vigencia m\u00e1s all\u00e1 de la establecida convencionalmente en forma general, fijando l\u00edmite temporal por el cual se ampli\u00f3 la validez respecto a la permanencia de este art\u00edculo m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, al establecer en el mismo que solo se aplicar\u00eda a aquellos trabajadores que ingresaran antes del 1 de abril de 1996, y para el caso de\u2026 Belisario Cardona Grisales (q.e.p.d.), ingres\u00f3 a laborar el 16 de mayo de 1990\u00bb. <\/p>\n
2.5. Anotaron que la colegiatura encausada desconoci\u00f3 los precedentes jurisprudenciales respecto del pacto con vigencias m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010 y, por otra parte, las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho a la asociaci\u00f3n y al principio de favorabilidad (arts. 53 y 55 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), pues la Corte s\u00f3lo tom\u00f3 como soporte el contenido del canon 48 del libro magno, adicionado por el acto legislativo 01 de 2005 \u00abdesconociendo con ellos la integridad de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los Convenios Internacionales del Trabajo debidamente suscritos por Colombia\u00bb, para el caso concreto, el art\u00edculo 70 de la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo suscrita entre Sintraelecol como sindicato pactante y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. <\/p>\n
2.6. Destacaron que su \u00abcaso encaj[a] incluso en lo establecido como precedente de la Corte Constitucional en la sentencia SU 555-2014 y los precedentes de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a que tienen validez los acuerdos convencionales en materia de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n cuando las partes hayan establecido un t\u00e9rmino posterior al 31 de julio de 2010\u00bb, desconociendo los principios de interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, favorabilidad e in dubio pro operario. <\/p>\n
2.7. Agregaron que se dio una lectura errada a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, pues al indicar que la pensi\u00f3n colectiva ser\u00e1 reconocida \u00abpara los trabajadores que ingresaron a la empresa con anterioridad al 1\u00b0 de abril de 1996, la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n se reconocer\u00e1 a quienes\u2026\u00bb, lo que, en su sentir, es \u00abseg\u00fan el tiempo de servicio m\u00ednimo requerido para los hombre (25 a\u00f1os de servicio) el beneficio de pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional va hasta el 30 de marzo de 2021, y para el caso de mujeres que el tiempo de servicio m\u00ednimo es de 20 a\u00f1os, el beneficio de pensi\u00f3n extralegal tendr\u00e1 validez hasta el 30 de marzo de 2016\u00bb, de ah\u00ed que, la vigencia de convenci\u00f3n es posterior al 31 de julio de 2010. <\/p>\n
2.8. Finalmente, refieren que se dej\u00f3 de lado los pronunciamientos de cara al tema de las convenciones colectivas de trabajo y el principio de favorabilidad (SU1185-2001; SU241-2015; SU267-2019). <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bucaramanga relat\u00f3 las actuaciones surtidas en esa instancia, relievando que, neg\u00f3 las pretensiones, toda vez que el demandante no cumpli\u00f3 con los presupuestos establecidos en el art\u00edculo 70 de la convenci\u00f3n para el 31 de octubre de 2007, teniendo en cuenta lo dispuesto en el acto legislativo 01 de 2005. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar que la determinaci\u00f3n reprochada no luce arbitraria, pues fue el resultado del an\u00e1lisis de los medios suasorios allegados al plenario, as\u00ed como de la normatividad y jurisprudencia decantada sobre la materia, concluyendo que el actor no cumpli\u00f3 con los requisitos de ley para acceder a la pensi\u00f3n convencional reclamada. <\/p>\n
Destac\u00f3 que contrario a lo afirmado por la parte actora, no hubo desconocimiento del precedente, comoquiera que, la colegiatura encausada acogi\u00f3 la tesis que la Sala Permanente expuso en la providencia SL3635-2020, la cual se acompasa con el precedente de la Corte Constitucional en sus sentencias C-314 de 2014 y SU-555 de 2014. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no se evidencia situaci\u00f3n de riesgo que amerite o justifique la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional, adem\u00e1s, no se evidencia prueba que demuestre un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, insistiendo en \u00abel desconocimiento de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (art. 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 39, 53, 55, 93 y 94) en forma integral y de contera el desconocimiento de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que otorgan esta garant\u00eda de los derechos laborales, los convenios de la Organizaci\u00f3n Internacional de Trabajo, que hacen parte integral del Bloque de Constitucionalidad, as\u00ed como los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional (Sentencias: C-401 de 2005, SU1185 de 2001, SU241 de 2015, SU113 de 2018, SU455 de 2019, SU 267 de 2019, SU-027 de 2021)\u00bb, relievando, que la falta de aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se anticipa la confirmaci\u00f3n del fallo constitucional de primer grado, comoquiera que el actor dirige su descontento contra la decisi\u00f3n proferida el 8 de junio de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de esta Colegiatura (SL2760-2021), que no cas\u00f3 el fallo emitido el 17 de octubre de 2018 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, pues, en su sentir, vulner\u00f3 sus prerrogativas de primer grado, al dar una lectura errada a la convenci\u00f3n colectiva de trabajo y desconocer, de un lado, las disposiciones constitucionales, especialmente, el principio de favorabilidad; y, por otra parte, los precedentes jurisprudenciales respecto de los pactos colectivos y sus vigencias. <\/p>\n
Verificados los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que la providencia acusada no luce arbitraria. <\/p>\n
En efecto, el colegiado de casaci\u00f3n, luego de advertir los defectos de orden t\u00e9cnico en la formulaci\u00f3n de la demanda, aplic\u00f3 el criterio de flexibilidad, entrando a determinar si conforme al Acto Legislativo 01 de 2005 la regla convencional cuya aplicaci\u00f3n se reclama perdi\u00f3 vigencia el 31 de julio de 2010 y en esa medida si el trabajador caus\u00f3 dicho derecho pensional convencional despu\u00e9s de esa data. <\/p>\n
Para ello, en aplicaci\u00f3n de los precedentes jurisprudenciales aplicables a la materia (SL2543-2020; SL3635-2020; SL2543-2020; SL2798-2020; SL2986-2020) de acuerdo al alcance del par\u00e1grafo transitorio 3\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005 y de cara a la vigencia de los pactos colectivos de trabajo, dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n
<\/p>\n
I. Alcance del par\u00e1grafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005 <\/p>\n
Para definir el asunto, debe indicarse que esta Corporaci\u00f3n en reciente providencia (CSJ SL2543-2020) precis\u00f3 que cuando una convenci\u00f3n colectiva se encuentra surtiendo efectos a la fecha de vigor de la reforma constitucional -29 de julio de 2005-, la extinci\u00f3n de sus reglas pensionales s\u00f3lo se produce al vencimiento de los plazos o de las pr\u00f3rrogas autom\u00e1ticas seg\u00fan el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo o por la firma de un nuevo acuerdo, aclarando que, en todo caso, pierden vigencia el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
La decisi\u00f3n se sustent\u00f3 en la reforma constitucional, las normas de igual rango que regulan el derecho de negociaci\u00f3n, as\u00ed como los Convenios 87, 98 y 154 de la OIT y las recomendaciones dadas por el Comit\u00e9 de Libertad Sindical aprobadas por su Consejo de Administraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, la Sala plante\u00f3 una soluci\u00f3n que permite armonizar tales normativas en procura de garantizar los derechos y amparar las expectativas leg\u00edtimas. Como resultado concluy\u00f3: <\/p>\n
El anterior entendimiento, acompasado con el mandato imperativo contemplado en el Acto Legislativo, dirigido a la expiraci\u00f3n de toda regla pensional distinta a las consagradas en el sistema general de pensiones el 31 de julio de 2010, debe necesariamente concluir, que todas las pr\u00f3rrogas que se produzcan de manera autom\u00e1tica con posterioridad al 29 de julio de 2005, inexorablemente, quedar\u00e1n sin efectos en la fecha l\u00edmite estipulada en la enmienda constitucional -31 de julio de 2010-. <\/p>\n
De otro lado, deviene ortodoxo el argumento de que al no ser denunciado el instrumento colectivo, la cl\u00e1usula que consagraba el derecho pensional se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente y, por sus per\u00edodos sucesivos, hasta el 31 de julio de 2010, pues sin perjuicio de las disposiciones jur\u00eddicas que regulan la materia, lo cierto es que en este caso el constituyente delegado regul\u00f3 de manera concreta, un mecanismo que permitiera gradualmente suprimir los reg\u00edmenes pensionales especiales y exceptuados que, en su criterio, compromet\u00edan la sostenibilidad financiera del sistema y creaban situaciones de inequidad, precisando una fecha l\u00edmite, a efecto de ser esta, la que oriente el hito final de los acuerdos convencionales en materia de pensiones, mecanismo transitorio al que bien valga se\u00f1alar, no le es opuesto o contradictorio el sistema de prorrogas regulado por la ley. <\/p>\n
[\u2026] <\/p>\n
Bajo ese entendido, el par\u00e1grafo transitorio 3.\u00b0 del Acto Legislativo 01 de 2005, sub-examine, proteger\u00eda los derechos y expectativas de quienes cumplen los requisitos para acceder a las pensiones convencionales contempladas, entre el 29 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2010, en cualquiera de los siguientes escenarios: <\/p>\n
i) para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo cuya vigencia se encuentra en curso del t\u00e9rmino inicialmente pactado, en este caso, si las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el termino de vigencia de los derechos pensionales, para estos, va a estar determinado por la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica del art\u00edculo 478 ibidem, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010. <\/p>\n
ii) para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en virtud de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, a quienes se les resguardaran, para su aplicaci\u00f3n, los acuerdos pensionales convencionales ya por ministerio de la ley y no por acuerdo de las partes, prosecuci\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 extenderse m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, sin que las partes, en tr\u00e1nsito de la vigencia prorrogada, puedan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las ya previstas en el acuerdo colectivo vigente. <\/p>\n
iii) para aquellos que a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, son beneficiarios de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo en virtud de la denuncia de la convenci\u00f3n colectiva y la iniciaci\u00f3n posterior del conflicto colectivo que no ha tenido soluci\u00f3n, a quienes tambi\u00e9n se mantendr\u00e1n los acuerdos pensionales convencionales por ministerio de la y no por acuerdo de las partes, extensi\u00f3n que en materia pensional no podr\u00e1 ir m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, sin que las partes ni los \u00e1rbitros, en tr\u00e1nsito de la vigencia extendida, puedan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las ya previstas en el acuerdo colectivo vigente. <\/p>\n
Seguidamente, con apoyo jurisprudencial, destac\u00f3 los casos en los que las convenciones colectivas de trabajo fueron suscritas antes de la expedici\u00f3n del acto legislativo 01 de 2005, pero con vigencia posterior al 31 de julio de 2010, precisando que: <\/p>\n
Con posterioridad, la Corte a trav\u00e9s de la sentencia CSJ SL3635-2020 aclar\u00f3 que en los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional, que hubieran sido suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo a\u00f1o se encontraban en curso, y contemplaran una vigencia por un per\u00edodo posterior al 31 de julio de 2010, deben respetarse. <\/p>\n
Lo anterior llev\u00f3 a la Corte a modificar parcialmente el criterio expuesto en providencias CSJ SL2543-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020, precisando que las reglas del Acto Legislativo 01 de 2005 sobre el t\u00e9rmino de vigencia de las convenciones colectivas eran las siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
a. En los eventos en que las reglas pensionales de car\u00e1cter convencional suscritas antes de la expedici\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005 y al 29 de julio del mismo a\u00f1o se encontraban en curso, mantendr\u00e1 su eficacia por el t\u00e9rmino inicialmente pactado, a\u00fan con posterioridad al 31 de julio de 2010, hasta cuando se llegue al plazo acordado. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Si al 29 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del acto legislativo en menci\u00f3n, respecto del convenio colectivo estaba operando la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica consagrada en el art\u00edculo 478 del C\u00f3digo Sustantivo de Trabajo y las partes no presentaron la denuncia en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 479 ibidem, las prerrogativas pensionales se extendieron solo hasta el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
c. Si la convenci\u00f3n colectiva de trabajo se denunci\u00f3 y se trab\u00f3 el conflicto colectivo, los acuerdos pensionales, por ministerio de la ley se mantuvieron seg\u00fan las reglas legales de la pr\u00f3rroga autom\u00e1tica, hasta el 31 de julio de 2010 y, en tal caso, ni las partes ni los \u00e1rbitros pod\u00edan establecer condiciones m\u00e1s favorables a las previstas en el sistema general de pensiones entre la fecha en la que entr\u00f3 en vigencia el Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
Ahora, aplicando tales derroteros al caso concreto, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Para las recurrentes, y desde el inicio del proceso, se argumenta que la norma pensional convencional estaba vigente pues se dio la pr\u00f3rroga legal autom\u00e1tica del instrumento extralegal, que se ajusta a la hip\u00f3tesis b), es decir que el beneficio se extiende hasta el 31 de julio de 2010, tal como lo dej\u00f3 sentado la Corte en las sentencias CSJ SL2543-2020, CSJ SL2798-2020 y CSJ SL2986-2020. <\/p>\n
Seg\u00fan la Convenci\u00f3n Colectiva de Trabajo, el acuerdo fue suscrito para el per\u00edodo comprendido entre el 1\u00ba de noviembre de 2003 y el 31 de octubre de 2007, sin embargo, teniendo en cuenta que a la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005 el t\u00e9rmino inicialmente pactado se encontraba en curso, y que no hubo denuncia por ninguna de las partes, se prorrog\u00f3 autom\u00e1ticamente hasta la fecha se\u00f1alada en el par\u00e1grafo transitorio 3 de la referida enmienda constitucional, esto es, el 31 de julio de 2010. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el se\u00f1or Cardona Grisales ingres\u00f3 a trabajar el 16 de mayo de 1990 y para la fecha en que perdi\u00f3 vigencia la Convenci\u00f3n Colectiva (31 de julio de 2010), ten\u00eda acreditados 20 puntos por el tiempo de servicios. Como naci\u00f3 el 3 diciembre de 1962, contaba con el equivalente 48 puntos; es decir, que reuni\u00f3 68 de los 75 necesarios para acceder a la pensi\u00f3n convencional. <\/p>\n
En este sentido, no se equivoc\u00f3 el Tribunal ni en la interpretaci\u00f3n del par\u00e1grafo ya referido ni en el an\u00e1lisis f\u00e1ctico de la situaci\u00f3n del trabajador, que no hab\u00eda reunido los requisitos convencionales en la fecha se\u00f1alada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los peticionarios no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, es claro que lo dispuesto por la colegiatura atacada deriva de su interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que regulan el caso particular, especialmente de los requisitos establecidos para adquirir el beneficio de la pensi\u00f3n convencional dispuesto en el art\u00edculo 70 del pacto colectivo suscrito entre Sintraelecol y la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., concluyendo que, la vigencia de dicha convenci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n del Acto Legislativo 01 de 2005, culmin\u00f3 el 31 de julio de 2010, sin que los efectos de aquella se pudieran entender extendidos, de ah\u00ed que, para esa data, el trabajador no cumpl\u00eda con los requisitos establecidos, pues reuni\u00f3 68 de los 75 puntos necesarios para acceder la pensi\u00f3n convencional, seg\u00fan esa disposici\u00f3n <\/p>\n
Ahora, tampoco se evidencia el desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales, comoquiera que, tal como qued\u00f3 visto, dicha determinaci\u00f3n atendi\u00f3 los precedentes de la Sala Permanente SL2543-2020; SL3635-2020; SL2798-2020; SL2986-2020, mismas que, en su s\u00edntesis, atendieron los criterios constitucionales, entre ellas, C-314\/04, SU 555\/2014, as\u00ed como las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administraci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Internacional del Trabajo; de ah\u00ed que, se insiste, la determinaci\u00f3n censurada tuvo apego a la l\u00ednea de interpretaci\u00f3n sentada sobre la expiraci\u00f3n de la reglas pensionales convencionales. <\/p>\n
En este orden de ideas, tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Corolario de lo discurrido en precedencia, y mirada nuevamente la postura que en el pasado hab\u00eda tenido esta Sala con relaci\u00f3n a asuntos de contornos similares al presente encuentra necesario adecuarla puesto que, como atr\u00e1s se indic\u00f3, la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el asunto presente, a pesar de que pudiera eventualmente esta Sala o cualquier observador discrepar de lo sostenido por el \u00f3rgano de cierre de la justicia laboral pero que no por ello merecen necesariamente ser pasibles de la acci\u00f3n de tutela. Por lo tanto, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo, comp\u00e1rtase o no lo decidido por el juez natural. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Basta lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC6389-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6389-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02604-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 1\u00b0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63757","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63757","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63757"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63757\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63757"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63757"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63757"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}