STC6390-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6390-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00409-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 8 de marzo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Juan Fernando Fern\u00e1ndez Moreno instaur\u00f3 contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Inform\u00e1tica y Centro de Documentaci\u00f3n Judicial CENDOJ, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, los Juzgados Tercero, Quinto, Quince, Veintiocho, Treinta y Siete, Cuarenta y Tres y Cincuenta y Dos Civiles Municipales, Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas (antes Juzgado Setenta y Tres Civil Municipal); Once, Treinta y Nueve y Cuarenta y Ocho Civiles del Circuito, y Treinta y Ocho Laboral del Circuito, todos de esta ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El solicitante a trav\u00e9s de apoderada judicial, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al habeas data, a la intimidad, a la honra, al buen nombre, a la dignidad humana, al trabajo, al m\u00ednimo vital y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas, al negar las peticiones que ante ellas elev\u00f3, con el fin de que se borren de las bases de datos de la rama judicial, su nombre y n\u00famero de identificaci\u00f3n, en cada uno de los registros de los procesos en los que estuvo involucrado. <\/p>\n
Luego de describir in extenso, cada uno de los tr\u00e1mites adelantados ante los diferentes despachos, manifest\u00f3 ser sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, pues adem\u00e1s de haber sido diagnosticado con \u00abdepresi\u00f3n e insomnio\u00bb, los registros que pueden hallarse al efectuar una simple consulta en la web le han imposibilitado la posibilidad de conseguir empleo, raz\u00f3n por la cual tales circunstancias puso en conocimiento de las diferentes autoridades y fue desestimada sistem\u00e1ticamente. <\/p>\n
Explic\u00f3 que ante tal situaci\u00f3n, el pasado 16 de noviembre de 2021, decidi\u00f3 elevar un derecho de petici\u00f3n ante el Consejo Superior de la Judicatura, para que fuera dicha autoridad la que procediera de manera directa con el reemplazo de sus datos, sin embargo su petici\u00f3n tampoco obtuvo \u00e9xito <\/p>\n
Aleg\u00f3 que al ser su nombre y su n\u00famero de identificaci\u00f3n \u00abinformaci\u00f3n sensible\u00bb, debe accederse a su requerimiento, m\u00e1xime cuando ninguna autorizaci\u00f3n ha emitido para que los mismos sean publicados de manera indiscriminada, estando, en consecuencia, sometido al \u00abescarnio p\u00fablico y a la estimaci\u00f3n peor que si tuviera antecedentes penales\u00bb, caus\u00e1ndosele un \u00abda\u00f1o irreparable\u00bb. <\/p>\n
Aun cuando no elev\u00f3 una petici\u00f3n concreta, limit\u00e1ndose a reclamar que en el asunto de la referencia debe \u00abmantener[se] en anonimato y\/o reserva [su] nombre y n\u00famero de identificaci\u00f3n\u00bb, de los hechos narrados se extrae que lo que requiere, en \u00faltimas, es que se ordene a las diferentes autoridades accionadas, acceder a sus peticiones de \u00abanonimizar\u00bb sus datos en los \u00abmicrositios\u00bb, esto es, que sus datos personales sean reemplazados en las diferentes plataformas de consulta y, con ello, sea imposible establecer en cu\u00e1les y cu\u00e1ntos litigios ha participado como demandante o demandado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El Centro de Documentaci\u00f3n Judicial, CENDOJ, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n, luego de indicar que es la administradora del portal web www.ramajudicial.gov.co y, que, como su nombre lo indica, tiene a su cargo garantizar el espacio para la publicaci\u00f3n de la informaci\u00f3n administrativa y judicial generada por las diferentes dependencias, explic\u00f3 cu\u00e1les son y c\u00f3mo se denominan los diferentes sistemas de consulta de procesos. <\/p>\n
Afirm\u00f3, que son los distintos despachos y corporaciones judiciales quienes alimentan los mismos e incluyen los respectivos datos, ocup\u00e1ndose \u00fanicamente de su administraci\u00f3n, y, que, su creaci\u00f3n responde \u00fanica y exclusivamente a la necesidad de facilitar a los usuarios el acceso a la informaci\u00f3n y la transparencia de la misma, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 y en el art\u00edculos 228 de la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Ya frente al caso concreto, dijo que en el motor de b\u00fasqueda \u00abGoogle\u00bb, tan solo encontr\u00f3 4 de los supuestos 15 registros de los que se queja el se\u00f1or Juan Fernando Fern\u00e1ndez Moreno. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, hizo referencia a los datos del proceso del que conoci\u00f3 y en el que particip\u00f3 Fern\u00e1ndez Moreno, sin realizar un se\u00f1alamiento puntual frente a las alegaciones de este. <\/p>\n
3. La Sala Penal del Tribunal de Bogot\u00e1, as\u00ed como los Juzgados Cincuenta y Cinco de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple y Veintiocho Civil Municipal, coincidieron en decir que no es posible acceder a la solicitud del accionante de \u00abocultamiento\u00bb de sus datos personales, comoquiera que no existe ninguna disposici\u00f3n legal que as\u00ed lo ordene o disponga que los datos que reposan en los sistemas de consulta de la rama judicial tienen alg\u00fan tipo de reserva. <\/p>\n
4. El Juzgado Treinta y Siete Civil Municipal expres\u00f3 que ha dado cabal cumplimiento al Acuerdo 1591 de 2002, en el que se establece que el aplicativo Justicia XXI \u00abes un sistema de informaci\u00f3n de gesti\u00f3n de procesos y manejo documental, donde se obliga a cada Despacho judicial del pa\u00eds a ingresar todos los datos referentes a cada proceso a su cargo, pues dicho sistema de informaci\u00f3n se fund\u00f3 para dar cumplimiento con el mandato establecido en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, seg\u00fan el cual, las actuaciones judiciales \u2018ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecer\u00e1 el derecho sustancial\u2019\u00bb. <\/p>\n
5. El Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 expuso, en suma, que la informaci\u00f3n de cada uno de los procesos es registrada, en atenci\u00f3n a lo dispuesto en el art\u00edculo 10 de la Ley 1581 de 2012. <\/p>\n
6. El Juzgado Tercero Civil Municipal de esta ciudad, manifest\u00f3 que dio contestaci\u00f3n de fondo a las peticiones del actor, indic\u00e1ndole que la informaci\u00f3n publicada no tiene el car\u00e1cter de reservada, de ah\u00ed que no era posible acceder a su petici\u00f3n, puesto que el sistema de gesti\u00f3n fue creado para administrar los documentos de la Rama Judicial y no como un sistema de verificaci\u00f3n de antecedentes de las personas. <\/p>\n
7. El Juzgado Quinto Civil Municipal adujo que el aqu\u00ed interesado no le ha elevado ninguna petici\u00f3n referente a \u00abanonimizar\u00bb los registros existentes frente a las actuaciones judiciales de las que conoci\u00f3 y en las que aquel es parte. <\/p>\n
8. El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Circuito inform\u00f3 que dio respuesta al derecho de petici\u00f3n radicado por el se\u00f1or Juan Fernando Fern\u00e1ndez Moreno el 1\u00ba de marzo de 2022, en el que se le puso de presente que no era posible acceder a la requerido, por cuanto \u00abla p\u00e1gina de la rama judicial era de linaje p\u00fablico y, por ende, resultaba desatinado solicitar que se borraran sus registros\u00bb. <\/p>\n
9. El Juzgado Cuarenta y Tres Civil Municipal dijo haber dado respuesta a las peticiones del accionante mediante autos del 1\u00ba de octubre y 5 de noviembre de 2021, a trav\u00e9s de los cuales le explic\u00f3 con suficiencia, cuales era las razones por las que no era procedente acceder a sus solicitudes. <\/p>\n
10. El Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal, asegur\u00f3 que frente a los radicados sobre los cuales se requiri\u00f3 la reserva de la informaci\u00f3n publicada en los sistemas de b\u00fasqueda, solo conoci\u00f3 de uno de ellos, correspondiendo a una acci\u00f3n de tutela, misma que a la fecha se encuentra archivada y respecto de la cual procedi\u00f3 al \u00abocultamiento de la informaci\u00f3n\u00bb, situaci\u00f3n que fue comunicada al promotor. <\/p>\n
11. El Juzgado Quince Civil Municipal de Bogot\u00e1, aleg\u00f3 que los datos registrados en los sistemas de informaci\u00f3n de la rama judicial no est\u00e1n sometidos a ning\u00fan tipo de reserva, ni mucho menos tienen la connotaci\u00f3n de antecedentes judiciales ni de reporte negativo ante las centrales de riesgo, por lo que no tienen incidencia alguna en la toma de decisiones de empleadores o entidades financieras, circunstancia que le fue informada al actor mediante providencia de 8 de octubre de 2021. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal, luego de hacer referencia al derecho al habeas data, los datos personales y principios que regulan su uso en los registros de almacenamiento, la base de datos de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial y el sistema de Nueva Consulta de Procesos Nacional Unificada neg\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, tras indicar, que todas las autoridades accionadas demostraron haber dado respuesta a los derechos de petici\u00f3n que radic\u00f3 el aqu\u00ed accionante, y afirm\u00f3 adem\u00e1s, que <\/p>\n
\u00ab[c]omo qued\u00f3 detallado en el ac\u00e1pite de respuestas dadas por las autoridades judiciales accionadas, se sabe de la existencia de distintos procesos adelantados por el aqu\u00ed accionante, entre ellas acciones de tutela, petici\u00f3n de prueba anticipada, etc., dentro de las que fungi\u00f3 como demandante, los que a la fecha se hallan terminados y archivados. Sin que la base de datos que los refleja contenga informaci\u00f3n sensible, datos falsos o reportes negativos, solo alude a un historial que cumple el tratamiento de los datos que requiere como autoridad p\u00fablica para la recopilaci\u00f3n, almacenamiento y su clasificaci\u00f3n, con fines exclusivamente institucionales y bajo los principios que determina la ley. <\/p>\n
Pues bien, de acuerdo con lo indicado por cada uno de los despachos accionados, no se observa compromiso de los derechos fundamentales que el actor demanda por el hecho de no haberse accedido al ocultamiento de sus datos personales como as\u00ed lo solicit\u00f3, donde las autoridades involucradas emitieron argumentos con los que de manera razonable manifestaron los motivos que les imped\u00edan atender sus pretensiones. <\/p>\n
Adem\u00e1s, conforme lo ha indicado la Corte Constitucional, la anonimizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n personal resulta viable cuando: \u2018(i) comprende aspectos \u00edntimos de la persona, o (ii) su contenido puede generar el deterioro innecesario de la imagen del solicitante frente as\u00ed mismo o a la sociedad, es decir, cuando la sentencia tiene un impacto para la intimidad, la honra o el buen nombre de una persona.\u2019; supuestos que en el asunto bajo estudio no est\u00e1n presentes, ya que no hay razones para sostener que la informaci\u00f3n que aparece en las bases de datos de la Rama Judicial relacionada con el accionante, vulnere los derechos a la intimidad, honra, habeas data o a su bien nombre, pues se trata de procesos que el mismo actor promovi\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se est\u00e1 frente a datos \u00edntimos, sensibles, falsos o que no correspondan a la realidad, menos que deterioren su imagen, simplemente se registraron los relativos a la respectiva actuaci\u00f3n coherente con la obligaci\u00f3n de los administradores de dichos almacenamientos y de los despachos judiciales en donde aparece anotado que, por ejemplo, fue demandante en algunos litigios o promotor de una acci\u00f3n de tutela, informaci\u00f3n que de ninguna manera se constituye negativa y tampoco compromete sus derechos de orden superior. <\/p>\n
Es igualmente impertinente sostener que por dichas anotaciones se le ha dificultado acceder a un trabajo, pues, adem\u00e1s de no estar demostrado, los registros que parecen en los sistemas digitales de la Rama Judicial no tienen la entidad de configurar un referente negativo, un antecedente, mucho menos generan anotaciones enfocadas a las centrales de riesgo. <\/p>\n
Aparte de las acciones de tutela que el aqu\u00ed accionante promovi\u00f3 y que est\u00e1n registradas en las bases de datos, se advierte una solicitud de prueba anticipada, un proceso ejecutivo que adelant\u00f3 en contra de un ciudadano, demanda que, conforme lo indic\u00f3 el Juzgado Treinta y nueve Civil del Circuito, fue rechazada, luego, se insiste, no se observa de qu\u00e9 manera se comprometan los derechos por el hecho de hallarse registro de dichas actuaciones, lo cual coincide con la finalidad a la que alude el administrador de las bases. <\/p>\n
Cosa distinta es cuando permanecen datos de una persona condenada por alguna conducta punible respecto de la cual ya se extingui\u00f3 la pena impuesta o simplemente fue absuelta y a\u00fan se mantienen los registros, lo cual s\u00ed puede llegar a comprometer sus derechos al buen nombre por lo que el ocultamiento se torna necesario, situaci\u00f3n que no se asemeja a la expuesta por el aqu\u00ed accionante, pues, se insiste, el hecho de figurar las anotaciones de los procesos adelantados por \u00e9l, no conlleva la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d2N <\/p>\n
La propuso el accionante, tras indicar, b\u00e1sicamente, que aunque \u00ablos registros en la Consulta de Procesos y Micrositios no sean NEGATIVOS per s\u00e9, tampoco son ANTECEDENTES judiciales que como tal y aunque la ley ordene hacerlos p\u00fablicos en Internet, s\u00ed vulneran [sus] derechos fundamentales (\u2026) a la intimidad y privacidad, honra y buen nombre, trabajo y m\u00ednimo vital, y HABEAS DATA, ya que ante terceros (ciudadanos y empresas empleadoras) son malinterpretados dado que no le dan la ex\u00e9gesis que corresponde y endilgan culpabilidad por el mero hecho de haber estado involucrado en procesos o actuaciones judiciales ya sea como demandante o como demandado\u00bb, debilitando, dice, \u00abla PRESUNCI\u00d3N DE INOCENCIA que el Estado debe garantizarle\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en esencia, el cuestionamiento de Juan Fernando Fern\u00e1ndez Moreno se centra en el presunto desconocimiento del derecho al habeas data por parte de todas las autoridades judiciales accionadas, porque seg\u00fan manifiesta, aquellas no solicitaron su autorizaci\u00f3n para publicar sus datos personales (los cuales cataloga como datos sensibles), m\u00e1xime cuando, si bien los registros no obedecen a un antecedente o reporte negativo, la informaci\u00f3n puede ser tergiversada por quien la consulta. <\/p>\n
2. Sin embargo, la Sala observa la improsperidad de la impugnaci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia impugnada, en raz\u00f3n a lo siguiente, <\/p>\n
2.1 Acorde con la Ley Estatutaria 1712 de 2014 o \u00abLey de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informaci\u00f3n P\u00fablica Nacional\u00bb, que desarrolla el art\u00edculo 74 de la Carta Pol\u00edtica, el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la informaci\u00f3n \u00absolamente podr\u00e1 ser restringido excepcionalmente\u00bb y \u00ablas excepciones ser\u00e1n limitadas y proporcionales\u00bb, adem\u00e1s \u00abdeber\u00e1n estar contempladas en la ley o en la Constituci\u00f3n y ser acordes con los principios de una sociedad democr\u00e1tica\u00bb. <\/p>\n
Quiere lo anterior significar, que las autoridades deben \u00abresponder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso\u00bb (ibidem). <\/p>\n
2.2 Sobre esta especial tem\u00e1tica, la Sala en la STC15134 de 2019, argument\u00f3 que en \u00abla sentencia C-491 de 2007, la Corte Constitucional recogi\u00f3 las subreglas cuyo acatamiento se impone a las restricciones que pretendan establecerse frente al derecho de acceso a la informaci\u00f3n. Se trata de diez directrices, las cuales se consignan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
(\u2026) En resumen, la Corte ha considerado que s\u00f3lo es leg\u00edtima una restricci\u00f3n del derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica \u2013 o el establecimiento de una reserva legal sobre cierta informaci\u00f3n \u2013 cuando: i) la restricci\u00f3n est\u00e1 autorizada por la ley o la Constituci\u00f3n; ii) la norma que establece el l\u00edmite es precisa y clara en sus t\u00e9rminos de forma tal que no ampare actuaciones arbitrarias o desproporcionadas de los servidores p\u00fablicos; iii) el servidor p\u00fablico que decide ampararse en la reserva para no suministrar una informaci\u00f3n motiva por escrito su decisi\u00f3n y la funda en la norma legal o constitucional que lo autoriza; iv) la ley establece un l\u00edmite temporal a la reserva; v) existen sistemas adecuados de custodia de la informaci\u00f3n; vi) existen controles administrativos y judiciales de las actuaciones o decisiones reservadas; vii) la reserva opera respecto del contenido de un documento p\u00fablico pero no respecto de su existencia; viii) la reserva obliga a los servidores p\u00fablicos comprometidos pero no impide que los periodistas que acceden a dicha informaci\u00f3n puedan publicarla; ix) la reserva se sujeta estrictamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad; x) existen recursos o acciones judiciales para impugnar la decisi\u00f3n de mantener en reserva una determinada informaci\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido, el fallo T-451 de 2011 resumi\u00f3 las exigencias a cumplir cuando se trata de la fijaci\u00f3n de limitaciones a la obtenci\u00f3n de informaci\u00f3n p\u00fablica. Enfatiz\u00f3 en que las normas que limitan esta prerrogativa son de interpretaci\u00f3n restrictiva; la negativa del acceso ha de estar adecuadamente motivada y es necesario que se indique de manera expresa \u00abla norma en la cual se funda la reserva\u00bb, con el fin de que el asunto eventualmente pueda someterse a \u00abcontroles disciplinarios, administrativos e incluso judiciales\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente precis\u00f3 que no resultan admisibles las reservas con origen en disposiciones que no tienen naturaleza legal, como por ejemplo, actos administrativos, ni tampoco fundarse en \u00abnormas gen\u00e9ricas o vagas en materia de restricci\u00f3n del derecho de acceso a la informaci\u00f3n porque pueden convertirse en una especie de habilitaci\u00f3n general a las autoridades para mantener en secreto toda la informaci\u00f3n que discrecionalmente consideren adecuado\u00bb. <\/p>\n
Por tal motivo, las restricciones ser\u00e1n constitucionalmente leg\u00edtimas \u00absi tienen la finalidad de proteger derechos fundamentales o bienes constitucionalmente valiosos como (i) la seguridad nacional, (ii) el orden p\u00fablico, (iii) la salud p\u00fablica y (iv) los derechos fundamentales y si adem\u00e1s resultan id\u00f3neos (adecuados para proteger la finalidad constitucionalmente leg\u00edtima) y necesarios para tal finalidad (principio de proporcionalidad en sentido estricto)\u00bb (C\u00f3digo Civil, C-451-2011)\u00bb. <\/p>\n
2.3 Igualmente, el m\u00e1ximo tribunal de lo constitucional advirti\u00f3 que entre las obligaciones que recaen sobre el Estado, se encuentra la relacionada con el principio de m\u00e1xima divulgaci\u00f3n, el cual se ci\u00f1e sobre los siguientes puntos, a saber: \u00ab(i) el derecho de acceso a la informaci\u00f3n solamente puede ser restringido a partir de un r\u00e9gimen limitado de excepciones; (ii) toda decisi\u00f3n negativa, esto es, que niegue el acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica, debe ser motivada, bajo el supuesto de que el Estado tiene la carga de la prueba respecto de las razones que justifican la reserva de informaci\u00f3n; y (iii) ante la duda o el vac\u00edo legal sobre el car\u00e1cter p\u00fablico o reservado de la informaci\u00f3n, opera la presunci\u00f3n de publicidad\u00bb (C-276-2019). <\/p>\n
Y, sobre el postulado de buena fe, puntualiz\u00f3 la citada Corporaci\u00f3n, exige de los sujetos obligados a suministrar la informaci\u00f3n p\u00fablica las siguientes conductas: \u00ab(i) interpretar el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable de manera que se cumplan los fines perseguidos por el derecho de acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica; (ii) asegurar la estricta aplicaci\u00f3n de este derecho; (iii) ofrecer los medios de asistencia necesarios a quienes solicitan la informaci\u00f3n; (iv) promover una cultura de transparencia de la gesti\u00f3n p\u00fablica, a partir de la diligencia, el profesionalismo y la lealtad institucional; y (v) realizar las acciones necesarias para que las actuaciones de los sujetos obligados aseguren la satisfacci\u00f3n del inter\u00e9s general y no defrauden la confianza de los individuos en la gesti\u00f3n estatal\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
2.4 As\u00ed mismo, el art\u00edculo 5 de la Ley 1581 de 2012, por su parte, establece, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminaci\u00f3n, tales como aquellos que revelen el origen racial o \u00e9tnico, la orientaci\u00f3n pol\u00edtica, las convicciones religiosas o filos\u00f3ficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido pol\u00edtico o que garanticen los derechos y garant\u00edas de partidos pol\u00edticos de oposici\u00f3n as\u00ed como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biom\u00e9tricos\u00bb. <\/p>\n
3. A la luz de lo anteriormente explicado, puede afirmarse que los registros que obran en los diferentes sistemas de b\u00fasqueda de la Rama Judicial, se limitan a mostrar el nombre y n\u00famero de identificaci\u00f3n del accionante y no contienen informaci\u00f3n sensible como lo pretende hacer ver, ni los mismos pueden ser considerados como una vulneraci\u00f3n a su derecho de h\u00e1beas data, pues en todo caso y como fue a su vez se\u00f1alado por m\u00e1s de uno de los Juzgados accionados en las respectivas respuestas que le brindaron con ocasi\u00f3n de los diferentes derechos de petici\u00f3n que elev\u00f3, de acuerdo al art\u00edculo 10 de la norma l\u00edneas ataras referida, no es necesario que medie autorizaci\u00f3n del titular cuando sea una autoridad judicial quien la genere. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se ha enfatizado que el debido proceso est\u00e1 permeado por el principio de publicidad, lo que involucra el deber de comunicar a los distintos sujetos procesales con inter\u00e9s jur\u00eddico dentro del pleito, a trav\u00e9s de los mecanismos de aviso pertinentes, las actuaciones adelantadas, a fin de que ejerzan su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, raz\u00f3n que justifica la publicaci\u00f3n de las providencias, sin que ello signifique, per se, una violaci\u00f3n al mencionado bien jur\u00eddico reclamado. <\/p>\n
En respaldo, esta Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que referente a la publicaci\u00f3n de las providencias proferidas por los jueces, en desarrollo de sus atribuciones constitucionales y legales, a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web, \u00abno existe justificaci\u00f3n para retirar la informaci\u00f3n en la medida en que los datos all\u00ed consignados hacen parte de la estructura de la sentencia y fueron los exclusivamente necesarios para decidir la acci\u00f3n judicial, por aquella instaurada, por ende no transgreden su derecho a la intimidad, ni la providencia es de aquellas para las cuales se prescribe reserva legal\u00bb (CSJ ATC 1856-2015, STC 5612-2017, criterio reiterado en STC649-2022). <\/p>\n
4. No sobra relievar que en situaciones muy concretas la jurisprudencia constitucional ha admitido la reserva de nombre, como por ejemplo, frente a sujetos que sufren patolog\u00edas de tal \u00edndole, que generan un impacto en la percepci\u00f3n de la comunidad y pueden conducir a que sean objeto de discriminaci\u00f3n o de exclusi\u00f3n, tal como los pacientes con VIH (ver sentencia C.C. T-509 de 2010); tambi\u00e9n, los casos penales, en los que la Sala de Casaci\u00f3n Penal, fij\u00f3 un protocolo para el tratamiento de los datos y registros y, aquellos litigios en los que se hayan involucrados menores de edad (Acuerdo n\u00ba 034 de 16 de diciembre de 2020 proferido por esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes), sin embargo, el se\u00f1or Fern\u00e1ndez Moreno no se halla inmerso en ninguna de esas especiales circunstancias. <\/p>\n
5. En consecuencia, sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6390-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC6390-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-00409-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63758","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63758","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63758"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63758\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63758"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63758"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63758"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}