STC6396-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6396-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01532-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Hecha la anterior advertencia, se desata la salvaguarda que Roberto Lesmes Luna le instaur\u00f3 a la Sala de Familia del Tribunal Superior y al Juzgado Veintisiete de Familia, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en los consecutivos censurados. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, obrando en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija Valentina Lesmes Santos, exigi\u00f3 la guarda de los privilegios al \u00abdebido proceso, presunci\u00f3n de inocencia, integridad f\u00edsica, salud y derecho a tener una familia\u00bb para que \u00abse revoque la sentencia judicial de 4 de febrero de 2022 proferida por el Juzgado 27 de Familia mediante la cual revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia de Engativ\u00e1 II, y en su lugar ordenar al Juzgado valorar en rigor las pruebas obrantes en el proceso y decretar todas las pruebas de oficio que conlleven a determinar la persona apta para la custodia, tenencia y cuidado de [su] hija Valentina Lesmes Santos\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que en el a\u00f1o 2020 solicit\u00f3 ante la Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 II protecci\u00f3n contra su expareja Sandra Santos Mar\u00edn y el compa\u00f1ero de sentimental de esta Lu\u00eds Carlos Cort\u00e9s Torres, tr\u00e1mite en el que se impuso \u00abmedida de protecci\u00f3n definitiva en [su] contra y de Lu\u00eds Carlos en favor de la menor al considerar que ambos hab\u00edan ejecutado maltrato infantil (\u2026) se abstuvo de imponer medida en contra de Sandra por encontrarse vigente otra anterior (\u2026) se asign\u00f3 la custodia, tenencia y cuidado provisional de la ni\u00f1a a Rosalba Galeano Murcia (sic) (\u2026) se remiti\u00f3 a la ni\u00f1a a tratamiento terap\u00e9utico con miras a superar los hechos de violencia y se remiti\u00f3 a las partes en contienda a orientaci\u00f3n para la soluci\u00f3n pac\u00edfica de conflictos y pautas de crianza entre otras \u00f3rdenes\u00bb (13 en. 2021). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que al igual que sus denunciados, formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, empero el suyo se declar\u00f3 desierto por inobservar el pago de las expensas para la remisi\u00f3n del expediente (29 en. 2021), decisi\u00f3n que calific\u00f3 de arbitraria ya que \u00abfue m\u00e1s relevante conservar la ritualidad del art\u00edculo 324 del C.G.P., en lugar de aplicar las disposiciones del Decreto 806 de 2020, con el cual el Gobierno Nacional implement\u00f3 el avance a la denominada justicia digital, situaci\u00f3n que ni siquiera fue evaluada\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que Sandra Santos Mar\u00edn inco\u00f3 \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra la Comisar\u00eda por la demora en la resoluci\u00f3n del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb y porque \u00abno se le permit\u00eda ver a su hija\u00bb y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 al amparo, precisando que \u00absi bien la Comisar\u00eda tard\u00f3 casi 10 meses para entregar el expediente debidamente integrado al juez Veintisiete de Familia, lo cierto es que el juez de forma inmediata resolvi\u00f3 las apelaciones el 4 de febrero de 2022, super\u00e1ndose la afectaci\u00f3n denunciada\u00bb; sin embargo, encontr\u00f3 \u00abdesacertado\u00bb el ordinal quinto de dicha providencia \u00abrespecto al derecho de visitas y alimentos\u00bb y, en su lugar mand\u00f3 al juzgado \u00abfijar provisionalmente cuota de alimentos en favor de la ni\u00f1a y a cargo de los progenitores, as\u00ed como las visitas\u00bb (11 feb. 2022), dossier en el cual \u00abno se tuvieron en cuenta los escritos radicados por las personas vinculadas al auto admisorio\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que con el pronunciamiento que dirimi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, se lesionaron sus prerrogativas esenciales y las de su descendiente, en tanto, se \u00abrevoc\u00f3 parcialmente en lo referente a las \u00f3rdenes contra Lu\u00eds Carlos Cort\u00e9s Torres y en cuanto a la custodia provisional de la menor a cargo de Rosalba Rojas (sic), para en su lugar ordenar la entrega inmediata de la ni\u00f1a a su abuela materna y ordenar seguimiento al caso a cargo de la Comisar\u00eda de origen y en dicho marco que se programe audiencia para definir provisionalmente los derechos de visitas y de asistencia alimentaria respecto de los progenitores de la ni\u00f1a\u00bb (4 feb. 2022) incurriendo en \u00abdefecto f\u00e1ctico, por el alcance individual que le dio a cada uno de los informes elaborados por los profesionales de la Cl\u00ednica Marly y Medicina Legal, igualmente la conformaci\u00f3n de conjeturas acerca del incumplimiento con la custodia provisional y la presencia de una actitud que condenaba una denuncia en [su] contra para justificar su decisi\u00f3n, quebrantando el principio de presunci\u00f3n de inocencia, conllevando a un descuido en la actividad probatoria y una valoraci\u00f3n caprichosa, irracional y arbitraria\u00bb. <\/p>\n
Adver\u00f3 igualmente, que \u00abal revocarse la custodia provisional de la ni\u00f1a a cargo de Rosalba Rojas (sic) para en su lugar asignarla a la abuela materna Gisela Mena Lozano\u00bb no se repar\u00f3 en que \u00abel cambio de ambiente sin el acompa\u00f1amiento respectivo y el regreso a los ambientes hostiles en donde la menor manifest\u00f3 en el pasado agresiones f\u00edsicas, fortalece las secuelas y amenaza su desarrollo cognitivo, emocional y social\u00bb, aunado a que \u00abteme que los espacios de calidad que logr\u00f3 tener para compartir con [su] hija cuando la custodia la ostentaba Rosalba se pierdan\u00bb debido a que en \u00abel pasado ha sido agredido f\u00edsica y verbalmente por los miembros de la familia\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que \u00abresolvi\u00f3 el 4 de febrero de 2022 la apelaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda, seguidamente en obedecimiento a la decisi\u00f3n del Tribunal mediante la cual se tutel\u00f3 el derecho de la ni\u00f1a a recibir asistencia alimentaria y al contacto familiar, se dispuso el 14 de febrero de 2022 provisionalmente r\u00e9gimen de visitas y la fijaci\u00f3n de cuota alimentaria a cargo de los progenitores\u00bb, por lo que no ha \u00abincurrido en actuaci\u00f3n irregular. <\/p>\n
El Segundo de Familia dijo que le correspondi\u00f3 conocer de \u00abuna medida de protecci\u00f3n\u00bb, resuelta el 13 de noviembre de 2018. <\/p>\n
La Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 II, defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y expres\u00f3 que \u00absiempre con sus decisiones, ha protegido los derechos fundamentales de la menor\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Dieciocho Civil del Circuito de esta urbe inform\u00f3 que \u00abconoci\u00f3 tutela impetrada por el actor contra el Hospital Meissen, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n con radicado 2020-00063-00\u00bb. <\/p>\n
La Cl\u00ednica de Marly S.A. comunic\u00f3 que \u00abatendi\u00f3 a la menor en consulta externa por el servicio de Psicolog\u00eda el 4, 11 y 25 de junio de 2020 y 9, 23 de julio de 2020\u00bb. <\/p>\n
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 I.C.B.F.- aleg\u00f3 falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Sandra Santos Mar\u00edn dijo que \u00ablas supuestas agresiones verbales o f\u00edsicas son infundadas, puesto que lo \u00fanico que hacemos es hacer observaciones frente a comportamientos agresivos de la ni\u00f1a hacia la abuela, el hermano pero en ning\u00fan momento se le ha ocasionado una lesi\u00f3n como lo expresa el actor (\u2026) el padre utiliza para ganarse el cari\u00f1o y respeto de la ni\u00f1a el tema financiero, puesto que le da gusto en todo lo que ella quiere (\u2026) esta situaci\u00f3n ha afectado emocionalmente a [su] hija quien est\u00e1 sufriendo de presi\u00f3n psicol\u00f3gica por el simple hecho que su padre quiere causarle dolor porque no acept\u00f3 continuar con la relaci\u00f3n de pareja\u00bb. <\/p>\n
Graciela L\u00f3pez Mej\u00eda cont\u00f3 varios episodios en los que \u00abel accionante ha intentado apartar a la familia materna de la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 349 delegada ante los Jueces Penales del Circuito de esta localidad, coment\u00f3 que adelanta investigaci\u00f3n penal por denuncia formulada por el tutelante contra Lu\u00eds Carlos Cort\u00e9s Torres y Sandra Santos Mar\u00edn, la cual est\u00e1 en curso (rad. 2020-07781). <\/p>\n
La Fiscal\u00eda 116 delegada ante los Jueces Penales Municipales, rese\u00f1\u00f3 que la \u00abdenuncia\u00bb de Sandra Santos Mar\u00edn frente a Roberto Lesmes Luna por el presunto delito de ejercicio arbitrario de la custodia de menor fue archivada el 3 de noviembre de 2020 por \u00abconducta at\u00edpica al considerar que siendo la custodia compartida es claro que no se estar\u00eda cometiendo el delito, pues el padre ostenta de igual manera la custodia de la menor\u00bb. <\/p>\n
Rosario Prado coadyuv\u00f3 las pretensiones del quejoso, en tanto ostent\u00f3 la condici\u00f3n de \u00abmadre de crianza\u00bb de la peque\u00f1a. <\/p>\n
La Secretaria de Integraci\u00f3n social indic\u00f3 que \u00abno tiene injerencia respecto de las decisiones que se adoptan debido a las competencias, atribuciones legales y reglamentarias, as\u00ed como las reconocidas jurisprudencialmente\u00bb. <\/p>\n
La Defensora de Familia adscrita al Juzgado Veintisiete de Familia, expres\u00f3 que se evidencia que \u00ablos padres de la ni\u00f1a presentan entre ellos una serie de conflictos que han vinculado a la menor en dichos conflictos\u00bb por lo que pide \u00abse tome la decisi\u00f3n que m\u00e1s favorezca el pleno desarrollo integral de la ni\u00f1a\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, \u00fanicamente es viable el examen de las \u00abtutelas contra tutelas\u00bb, cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb, ya que, de otro modo, \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (STC 31 jul. 2020, rad. 2020-01471-00, STC2551-2021, 15 mar. 2021), siempre y cuando se cumplan los presupuestos de procedibilidad jurisprudencialmente establecidos. <\/p>\n
1.1.- En el sub lite uno de los reparos del gestor es con el fallo expedido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (11 feb. 2022), porque \u00abno tuvo en cuenta los escritos radicados por las personas vinculadas en el auto admisorio dentro de la tutela instaurada por Sandra Santos Mar\u00edn y procedi\u00f3 a conceder el amparo\u00bb (rad. n\u00ba 2022-00055), observ\u00e1ndose en primer lugar que Lesmes Luna fue incurioso en el ejercicio de los medios de defensa a su alcance, en la medida que, contando con la impugnaci\u00f3n de la sentencia, no la propuso, al paso que su inconformidad es con el fondo de lo dispuesto, lo que imposibilita la injerencia supralegal implorada, tornando inviable el anhelo superlativo. <\/p>\n
1.2.- Adicionalmente, se advierte que el memorialista frente a la exclusi\u00f3n del asunto para su revisi\u00f3n en la Corte Constitucional no ejerci\u00f3 la herramienta de la insistencia para plantear la disertaci\u00f3n que aqu\u00ed expresa, remedio del que esta Colegiatura ha predicado: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC10007-2020; STC568-2021). <\/p>\n
2.- En lo que concierne con el descontento con el auto que \u00abdeclar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por Roberto Lesmes Luna contra la decisi\u00f3n del 13 de enero de 2021 de la Comisar\u00eda de Familia\u00bb (29 en. 2021), se avizora que desde entonces hasta la radicaci\u00f3n de la demanda supralegal (23 mar. 2022), transcurrieron aproximadamente un (1) a\u00f1o, un (1) mes y veintitr\u00e9s (23) d\u00edas, es decir, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha esgrimido que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021). <\/p>\n
Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal \u00abpresupuesto\u00bb flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo acaece cuando la demora en activar este instituto se encuentra debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en la STC3949-2021, se esboz\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En el sub examine, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de estar inconforme con esa disposici\u00f3n, el impulsor no expuso las razones para disculpar su tardanza en acudir a este especial\u00edsimo sendero aunado a que contra el prove\u00eddo que \u00abdeclar\u00f3 desierto el recurso\u00bb, no hizo uso del \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n
3.- Ahora bien, no se evidencia irregularidad alguna en el interlocutorio del Juzgado Veintisiete de Familia de Bogot\u00e1 que revoc\u00f3 parcialmente lo dispuesto por la Comisar\u00eda D\u00e9cima de Familia de Engativ\u00e1 II, en cuanto a \u00ablas ordenes contra E Lu\u00eds Carlos Cort\u00e9s Torres (\u2026) revocar la custodia provisional de la ni\u00f1a Dana Isabela Galeano a cargo de Rosalba Rojas (sic) para ordenar la entrega inmediata de la ni\u00f1a a su abuela materna (\u2026)\u00bb, por cuanto para soportar la determinaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00abHabi\u00e9ndose afirmado por Roberto Lesmes Luna que el padrastro de su hija, se\u00f1or Lu\u00eds Carlos Cort\u00e9s Torres, habr\u00eda tenido conductas inadecuadas y sugestivas de conductas sexuales, vale considerar en torno al particular que la constataci\u00f3n de estas situaciones devino para la Comisar\u00eda de pruebas que fueran recaudadas con prop\u00f3sito distinto a la medida de protecci\u00f3n que nos ocupa y por ello no se exhibe para este despacho que tales medios hayan comportado legalidad en su acopio. <\/p>\n
No obstante, tal apreciaci\u00f3n, si bien por virtud del inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a involucrada pretendiera d\u00e1rsele alcance a los citados medios para resolver el asunto litigado, lo cierto es que como se dej\u00f3 explanado, tales elementos no comportan por s\u00ed solos la categor\u00eda suficiente para soportar una decisi\u00f3n m\u00e1xime si se advierte respecto de ellos la m\u00e1cula que sugiere el hecho de que el dicho de la ni\u00f1a ha venido siendo de anta\u00f1o condicionado por la influencia negativa del progenitor. <\/p>\n
A este prop\u00f3sito, en estudio del informe que fuera vertido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con destino a las diligencias penales instauradas por Lesmes Luna contra Cort\u00e9s Torres por los mismos hechos, encuentra el juzgado que el galeno dej\u00f3 consignado el registro de las afirmaciones de la menor atinentes a que el indiciado le habr\u00eda requerido \u201cbesos\u201d, relato que dista de los otros entregados por la ni\u00f1a pues en esta oportunidad dicen que tales ser\u00edan \u201cbesos en la boca\u201d, y asimismo se ocup\u00f3 la ni\u00f1a de reiterar con lenguaje que no parece de usanza en ni\u00f1os de su edad, narraciones anteriores de la relaci\u00f3n de su progenitora con su actual compa\u00f1ero sentimental y como en otras ocasiones que Roberto Lesmes Luna se hallaba presente al momento de las declaraciones. <\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n igualmente al juzgado el sentido de lo depuesto por las se\u00f1oras Gisela Mena y Liz Gisela Pascual, abuela y t\u00eda maternas de la v\u00edctima, quienes niegan haber recibido de la menor descripci\u00f3n de los hechos que se le enrostran a Lu\u00eds Carlos, aunque reconocen como irregular el comportamiento con rasgos sexualizados que viene presentando la ni\u00f1a y por los que refieren se consult\u00f3 por el servicio m\u00e9dico al Hospital de Meissen de esta ciudad, gener\u00e1ndose de ello investigaci\u00f3n penal contra Roberto Lesmes Luna- cuyo curso actual dicho sea de paso se desconoce -en virtud de haber relatado la menor situaciones irregulares referentes a comportamientos del progenitor que suger\u00edan que ella comparte el mismo lecho con \u00e9l durante las visitas y estad\u00eda en la casa de \u00e9ste (\u2026). <\/p>\n
Respecto de las declaraciones vertidas por Rosalba Pardo Rojas (sic) y David Galeano Pardo, cuidadora y hermano paterno de la ni\u00f1a, es poco lo que puede de \u00e9stas servirse el proceso ya que de ellos se denotan como testigos de o\u00eddas y con cierta ajenidad a los hechos del debate. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es para el juzgado v\u00e1lido concluir que, ante la imprecisi\u00f3n de los hechos descritos en cuanto a las circunstancias de tiempo y modo, y la falta de respaldo probatorio, no logra alcanzar m\u00e9rito suficiente la medida de protecci\u00f3n dirigida contra Lu\u00eds Carlos Cort\u00e9s Torres, por lo que la decisi\u00f3n ser\u00e1 revocada en lo pertinente tras considerar raz\u00f3n al reclamo del apelante Cort\u00e9s Torres\u00bb. <\/p>\n
En torno a la custodia de la menor, la autoridad increpada puntualiz\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se encuentra raz\u00f3n al reclamo de la se\u00f1ora Sandra Santos Mar\u00edn en torno a la decisi\u00f3n de la entrega de la ni\u00f1a a cargo de la ex esposa de Roberto Lesmes Luna, se\u00f1ora Rosalba Pardo Rojas (sic), por varias situaciones, una de ellas y la principal es que no se cont\u00f3 con la opini\u00f3n de la menor para soportar la determinaci\u00f3n de entrega de su cuidado, y otra es que no se ponderaron los efectos que acarrear\u00eda la ubicaci\u00f3n de la ni\u00f1a en medio familiar distinto al de su origen, pues n\u00f3tese que la calidad de ex esposa de Roberto Lesmes Luna que se informa respecto de Rosalba Pardo (sic) no le da per se una vocaci\u00f3n para asumir la custodia provisional dispuesta, ni a\u00fan el hecho de haber ejercido ocasionalmente como cuidadora en tanto dicho rol devino meramente circunstancial. <\/p>\n
(\u2026) No tuvo en cuenta adem\u00e1s la agencia que, vigente como se pregon\u00f3 incluso por la misma autoridad en varios de sus pronunciamientos, la orden de custodia provisional decretada a cargo de la abuela materna de la ni\u00f1a, Gisela Mena Lozano, apropiado habr\u00eda resultado materializar el ejercicio de ese derecho, m\u00e1s si se tiene en cuenta que ella, al deponer en el decurso el 24 de noviembre de 2020, fue enf\u00e1tica en expresar la disposici\u00f3n de acoger a la ni\u00f1a nuevamente en su hogar, luego de que inform\u00f3 que la entrega de su nieta a Roberto Lesmes Luna obedeci\u00f3 a un acuerdo privado entre sus progenitores, especialmente para garantizarles el derecho de compartir tiempo con su hija, convenio que adem\u00e1s se vio necesario mantener por los efectos de las condiciones particulares que sugiri\u00f3 la declarada pandemia por el COVID-19, y sin que a la fecha se tenga demostrada alguna situaci\u00f3n desfavorable para confiar el cuidado personal de la menor en su filial, se\u00f1ora Gisela Mena\u00bb. <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC419-2021, entre otras). <\/p>\n
4.- Finalmente, es de recordar al accionante que las providencias adoptadas en materia de \u00abcustodia y cuidado personal de menores\u00bb, por su naturaleza, no hacen tr\u00e1nsito a cosa juzgada y podr\u00edan modificarse aportando pruebas que acrediten la alteraci\u00f3n de las circunstancias que dieron lugar a la resoluci\u00f3n que no se comparte. <\/p>\n
5.- Finalmente respecto a las declaraciones de Sandra Santos Mar\u00edn, en el sentido que Lesmes Luna ha incurrido en \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb por cuanto \u00abquiere causarle dolor porque no acept\u00f3 continuar con la relaci\u00f3n\u00bb se atisba que precisamente por tal conducta se adelant\u00f3 medida de protecci\u00f3n en contra de su ex pareja con radicado 0410-2017 donde inclusive despu\u00e9s se inici\u00f3 \u00abincidente de desacato\u00bb en el que result\u00f3 sancionado con multa por tres salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por lo que en caso de reincidencia puede si a bien lo tiene formular el correspondiente \u00abincidente\u00bb para que el juez natural adopte \u00abla medida\u00bb que aprecie conveniente. <\/p>\n
6.- Como colof\u00f3n, el socorro superlativo surge impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Roberto Lesmes Luna. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6396-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6396-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01532-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63764","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63764\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}