STC6400-2022 <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6400-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-10-000-2022-00335-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formularon \u00c1ngela Mar\u00eda y Carlos Arturo Atuesta Tavera frente a la sentencia de 26 de abril de 2022, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que instauraron a los Juzgados Segundo y S\u00e9ptimo de Familia de la misma ciudad y Jaime Humberto Poveda Pineda, extensiva a los intervinientes en los procesos de nulidad de testamento e impugnaci\u00f3n de la maternidad con rad. 2021-00660-00 y 2020-00460-00, respectivamente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores pretenden que a trav\u00e9s del presente mecanismo se ordene, por una parte, al se\u00f1or Jaime Humberto Poveda Pineda que i) \u00abrinda cuentas y pague los frutos civiles o arrendamientos que produce (\u2026) la herencia yacente de (\u2026) BLANCA BAUTISTA DE TAVERA, en proporci\u00f3n del cincuenta por ciento (\u2026) desde el d\u00eda de la muerte de su abuela y testadora\u00bb; ii) \u00abinforme que otros bienes, cuentas de ahorro o corriente, dep\u00f3sitos a t\u00e9rminos fijo u otros bienes inmuebles existen a nombre de la testadora (\u2026) y que \u00e9l administra\u00bb y iii) \u00abentregue la administraci\u00f3n o albaceato de hecho que ejerce, a los asignatarios forzosos\u00bb. De otra parte, solicitan, que se ordene al Juzgado del conocimiento del proceso de nulidad de testamento, los \u00abnombre albaceas de la sucesi\u00f3n intestada\u00bb y a la Juez cognoscente del juicio de impugnaci\u00f3n de la maternidad se pronuncie respecto de los medios exceptivos, nulidades y la suspensi\u00f3n de la controversia. <\/p>\n
En sustento, en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, adujeron que son nietos y legitimarios de la causante Blanca Bautista de Tavera (q.e.p.d.) quien suscribi\u00f3 el testamento que advierten nulo y demandaron; en el que result\u00f3 designado Jorge Libardo Poveda Pineda (q.e.p.d.) como beneficiario de la libre disposici\u00f3n y albacea del patrimonio estimado en $12.500.000.000,oo, sin embargo, al fallecer aqu\u00e9l, quien se hizo con la administraci\u00f3n de los bienes, de manera arbitraria e ilegal, fue Jaime Humberto Poveda Pineda, ciudadanos que no rindieron cuentas del manejo de la masa sucesoral ni tampoco les participaron de los r\u00e9ditos, raz\u00f3n por la cual solicitaron, en el citado litigio, su designaci\u00f3n; empero, el Juzgado Segundo de Familia de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la medida cautelar, desconociendo el art. 1328 del C.C., que la sucesi\u00f3n se encontraba yacente y el albaceazgo no es trasmisible. <\/p>\n
Indican de otra parte que, pese a que el juicio de impugnaci\u00f3n de la maternidad que se promovi\u00f3 en su contra, debe suspenderse, pues \u00abquien legitim\u00f3 la causa como demandante fue el causante JORGE LIBARDO POVEDA PINEDA, en calidad de heredero testamentario, y en caso de prosperar las pretensiones de la demanda de Nulidad de Testamento y obtener sentencia favorable, en tal evento no existir\u00eda testamento, como tampoco herederos testamentarios\u00bb la Juez S\u00e9ptima de Familia de la misma ciudad, hasta la fecha, no se ha pronunciado sobre la puntual materia, las excepciones y la nulidad que formularon, circunstancias todas, que les causa un perjuicio irremediable por el detrimento patrimonial que padecen. <\/p>\n
2. La sede judicial que conoce del juicio de impugnaci\u00f3n precitado, advirti\u00f3 que no se ha pronunciado respecto de las medios defensivos formulados por los gestores pues solo hasta el 28 de marzo de 2022 corri\u00f3 traslado de la demanda al curador ad-litem de los herederos indeterminados; a su vez el Despacho que conoce del proceso de nulidad, advirti\u00f3 que el 31 del citado mes y a\u00f1o neg\u00f3 las medidas cautelares solicitadas, en silencio de los demandantes, y el 18 de abril \u00faltimo, adicion\u00f3 esa decisi\u00f3n; los dem\u00e1s intervinientes se opusieron a la salvaguarda instada. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo de cara al juicio al proceso de nulidad testamentaria, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues los accionantes guardaron silencio frente al auto que neg\u00f3 la medida cautelar pretendida, pero como dicha decisi\u00f3n se adicion\u00f3 cuentan con herramientas para su defensa; adem\u00e1s, las quejas relacionadas con el proceso de impugnaci\u00f3n de la maternidad, corr\u00edan la misma suerte por prematuras, pues estaba en curso el t\u00e9rmino correspondiente para la contestaci\u00f3n de la demanda por parte de los herederos indeterminados; a m\u00e1s que frente al ciudadano convocado, esta no era la senda apropiada, como quiera que ten\u00edan diferentes mecanismos en la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
4. Los actores impugnaron la anterior decisi\u00f3n, se\u00f1alando similares argumentos en punto de la necesidad de la salvaguarda de cara al se\u00f1or Jaime Humberto Poveda Pineda y su nombramiento como albaceas; tambi\u00e9n se\u00f1alaron que se debi\u00f3 analizar que el Juzgado Segundo de Familia tard\u00f3 m\u00e1s de 6 meses en admitir el proceso de nulidad de testamento \u00abcuando la ley le establece treinta (30) d\u00eda h\u00e1biles desde la presentaci\u00f3n de la demanda (art. 90 C.G.P.), donde considero se pudo violar el debido proceso (art. 29 de la C. Nal.).\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n formulada, de entrada se advierte que el prove\u00eddo de primer grado debe respaldarse, en lo que toca con la queja dirigida frente al se\u00f1or Jaime Humberto Poveda Pineda, por las conductas desplegadas en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n de los bienes relictos de la causante Blanca Bautista de Tavera (q.e.p.d.), pues debe se\u00f1alarse que frente al ciudadano no se dan las especiales circunstancias previstas por el art\u00edculo 42 del Decreto 2591 de 1991 para que proceda la acci\u00f3n de tutela contra particulares1, raz\u00f3n por la cual ning\u00fan pronunciamiento puede proferirse al respecto. <\/p>\n
De otra parte, se advierte que, de cara a los reproches esgrimidos por los accionantes, atinentes a la tardanza enrostrada al Juzgado Segundo de Familia de esta capital y el supuesto desconocimiento de los t\u00e9rminos de que trata el art. 90 del C\u00f3digo General del Proceso, cabe precisar que los mismos no pueden ser acogidos en esta sede, por cuanto, se trata de hechos nuevos respecto de los cuales los accionados y los vinculados no pudieron defenderse en su debida oportunidad, en tanto que la particular tem\u00e1tica no fue puesta desde el inicio en consideraci\u00f3n en el presente debate, para que se ejerciera su derecho de contradicci\u00f3n, motivo por el cual ahora no pueden ser sorprendidos con una decisi\u00f3n al respecto, pues, as\u00ed, se les desconocer\u00eda tambi\u00e9n su garant\u00eda ius fundamental al debido proceso. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que son expuestos en la impugnaci\u00f3n de los fallos de tutela de primer grado, se ha sostenido que, si bien \u00abes cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026) Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa\u00bb (ver hace poco en CSJ STC4035-2021). <\/p>\n
Finalmente t\u00e9ngase en cuenta, que los promotores del resguardo no acreditaron la ocurrencia de un menoscabo apremiante de sus garant\u00edas o circunstancias insalvables que ameriten la intervenci\u00f3n del juez constitucional ni siquiera como mecanismo transitorio, en raz\u00f3n a que \u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ, STC5535-2021). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 ART. 42. La acci\u00f3n de tutela proceder\u00e1 contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos:1. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de educaci\u00f3n para proteger los derechos consagrados en los art\u00edculos 13, 15, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Cuando aqu\u00e9l contra quien se hubiere hecho la solicitud este encargado de la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos (domiciliarios). <\/p>\n
4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organizaci\u00f3n privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situaci\u00f3n que motivo la acci\u00f3n, siempre y cuando el solicitante tenga una relaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n con tal organizaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Cuando contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace el art\u00edculo 17 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas corpus, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 15 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
7. Cuando se solicite rectificaci\u00f3n de informaciones inexactas o err\u00f3neas. En este caso se deber\u00e1 anexar la transcripci\u00f3n de la informaci\u00f3n o la copia de la publicaci\u00f3n y de la rectificaci\u00f3n solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. <\/p>\n
8. Cuando el particular act\u00fae o deba actuar en ejercicio de funciones p\u00fablicas, en cuyo caso se aplicar\u00e1 el mismo r\u00e9gimen que a las autoridades p\u00fablicas. <\/p>\n
9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situaci\u00f3n de subordinaci\u00f3n o indefensi\u00f3n respecto del particular contra el cual se interpuso la acci\u00f3n. Se presume la indefensi\u00f3n del menor que solicite la tutela. <\/p>\n
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