STC6403-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6403-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2022-01559-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Jos\u00e9 Alirio Mart\u00ednez Roa y Sabina Gale\u00f3n Virg\u00fcez le instauraron a la Sala Civil del Tribunal Superior, los Juzgados Sexto Civil del Circuito y Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u2013 Zona Sur y el Banco Caja Social S.A., extensiva a Edgar Hernando Buitrago Su\u00e1rez y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2013-00779-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderada, reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos \u00abal debido proceso, confianza leg\u00edtima, igualdad, buena fe, confiabilidad, transparencia y propiedad privada\u00bb, para que se ordenara: <\/p>\n
i)- \u00abDej[ar] sin efectos el fallo de 19 de septiembre de 2018, as\u00ed como el auto de 22 de agosto de 2014 mediante el cual el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Civil se pronunci\u00f3 favorablemente sobre la sustituci\u00f3n procesal de los demandados\u00bb. <\/p>\n
ii)- \u00abDeclar[ar] nula la hipoteca constituida sobre el inmueble con folio No. 50S-40133387\u00bb. <\/p>\n
iv)- \u00abDej[ar] sin valor ni efecto el embargo registrado en el folio el matricula inmobiliaria No. 50S-40133387, anotaci\u00f3n No. 010, as\u00ed como el secuestro recientemente practicado en el mes de abril de 2022\u00bb. <\/p>\n
v) \u00abAl Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n hacer cesar las acciones de remate y\/o avance del Proceso ejecutivo hipotecario, por [tener] vicios de procedimiento\u00bb. <\/p>\n
En suma, afirmaron que adquirieron de Edgar Hernando Buitrago Su\u00e1rez el predio ubicado en \u00abla Carrera 111 No. 38 C \u2013 40 Sur Lote No. 26 Manzana 6 de la urbanizaci\u00f3n Ciudad Gal\u00e1n Bosa\u00bb, mediante \u00abEscritura P\u00fablica n\u00b0 191 de 18 de enero de 2013 de la Notar\u00eda 68 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, registrada en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50S-40133387\u00bb, compraventa en la cual se convino que \u00ablos compradores sustituyen al deudor en el contrato de hipoteca a favor del Banco comercial Caja Social\u00bb. <\/p>\n
Sostuvieron que, posteriormente, el Banco Caja Social S.A. formul\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria en contra de Buitrago Su\u00e1rez (19 dic. 2013) y al percatarse la entidad financiera que \u00e9ste ya no era due\u00f1o del predio, solicit\u00f3 la sustituci\u00f3n de la parte convocada ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esta ciudad, quien deneg\u00f3 tal pedimento (17 jul. 2014), resoluci\u00f3n que el superior revoc\u00f3 el 3 de marzo de 2016. <\/p>\n
Manifestaron que ellos fueron vinculados al coercitivo cuestionado \u00abde manera contraria al procedimiento\u00bb, pues a Sabina Gale\u00f3n \u00abse le envi\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso el 8 de febrero de 2017, pero nunca compareci\u00f3 al proceso ya que no suscribi\u00f3 los pagar\u00e9s No. 199174463755, 199200072212 y 199200288377\u00bb y Jos\u00e9 Alirio fue noticiado personalmente, a quien \u00abse le violent\u00f3 el derecho al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron que \u00abante una sentencia en firme, contra la cual no procede recurso alguno, el predio materia de hipoteca con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50S-40133387, se encuentra embargado y secuestrado, [pr\u00f3ximo a] ser rematado\u00bb; que Mart\u00ednez Roa \u00abtrat\u00f3 de defenderse, pero no fue escuchado su ruego\u00bb y Sabina Gale\u00f3n \u00abse enter\u00f3 del proceso y su avanzado estado, el pasado 20 de abril de 2022, cuando recibi\u00f3 diligencia de secuestro de su inmueble, proceso en el que no fue legal y oportunamente notificada\u00bb. <\/p>\n
Se dolieron de que \u00abno cuentan con otro medio para ejercer su derecho a la defensa y el riesgo de los efectos de un proceso que desconoci\u00f3 del debido proceso como derecho fundamental consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n nacional, redunda en la posibilidad de p\u00e9rdida de su propiedad privada, que tambi\u00e9n goza de una especial protecci\u00f3n a la luz del art\u00edculo 58 de la carta Magna\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su actuar y resalt\u00f3 que la ayuda superlativa no cumple el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El Juzgado Sexto Civil del Circuito precis\u00f3 que \u00abel proceso en que se alegan vulnerados derechos fundamentales, seg\u00fan reporte de consulta de procesos de la Rama Judicial, el cual se anexa, fue conocido en primera instancia por este despacho judicial, del cual, cumplidas todas las etapas propias de la instancia, fue remitido al Juzgado Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad, conforme al Acuerdo PSAA13-9984, sin que a la fecha hubiere regresado\u00bb. <\/p>\n
El Banco Caja Social S.A. se opuso al auxilio, como quiera que no se evidencia la vulneraci\u00f3n endilgada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte el decaimiento del resguardo por no cumplir los presupuestos de \u00abinmediatez\u00bb y subsidiariedad que imperan en esta sui generis justicia. <\/p>\n
1.1.- Se hace tal aseveraci\u00f3n, en virtud a que, entre las fechas de los prove\u00eddos cuestionados, esto es, el que \u00aborden\u00f3 la sustituci\u00f3n de los demandados\u00bb (3 mar. 2016) expedido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el veredicto de primer grado que \u00abdeclar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas, y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n\u00bb emitido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito (19. sep. 2018), y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (11 may. 2022), transcurrieron a partir del \u00faltimo, tres (3) a\u00f1os, siete (7) meses y veintid\u00f3s (22) d\u00edas, es decir, se super\u00f3, por mucho, el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer el auxilio. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha predicado que: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (Se resalta- STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021). <\/p>\n
Ahora, si bien en algunos casos se ha superado la ausencia de tal exigencia, flexibiliz\u00e1ndolo, ello solo sucede cuando la dilaci\u00f3n en activar este dispositivo est\u00e1 debidamente \u00abjustificada\u00bb. Al respecto en STC3949-2021 se precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, en el sub lite, no acaece ninguna de las hip\u00f3tesis rese\u00f1adas, debido a que, m\u00e1s all\u00e1 de estar inconformes con las disposiciones de las autoridades reprochadas, los gestores no esbozaron las razones para disculpar su tardanza en acudir a este especial\u00edsimo sendero, ya que se limitaron a expresar que Sabina Gale\u00f3n \u00abse enter\u00f3 del proceso y su avanzado estado, el pasado 20 de abril de 2022, cuando recibi\u00f3 diligencia de secuestro de su inmueble, proceso en el que no fue legal y oportunamente notificada\u00bb, lo cual no corresponde con su propio decir, toda vez que los impulsores, en el libelo genitor, afirmaron que a aquella \u00abse le envi\u00f3 la notificaci\u00f3n por aviso el 8 de febrero de 2017, pero nunca compareci\u00f3 al proceso ya que no suscribi\u00f3 los pagar\u00e9s No. 199174463755, 199200072212 y 199200288377\u00bb, por lo que se colige que, en efecto, se enter\u00f3 del litigio objetado con mucha antelaci\u00f3n. <\/p>\n
1.2.- Sumado a lo precedido, se observa que no fue controvertida la sentencia de primer grado, a trav\u00e9s del \u00abrecurso de apelaci\u00f3n\u00bb procedente al tenor del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo de General del Proceso, ni se promovi\u00f3 el \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, instrumento adecuado a voces del canon 355 ib\u00eddem, para que fuera el juez natural el que estudiara las inconformidades que ahora traen en este sendero especial, circunstancia que ratifica su descuido en el empleo de los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
Frente a dicho t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb. (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb. (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021 y STC095-2022). <\/p>\n
2.- En lo que concierne con las aspiraciones enfiladas a que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n, i) Declare que la causa debatida \u00abest\u00e1 viciada de nulidad procesal\u00bb; ii) Deje sin valor ni efecto \u00abel embargo registrado en el folio el matricula inmobiliaria No. 50S-40133387, anotaci\u00f3n No. 010, as\u00ed como el secuestro recientemente practicado en el mes de abril de 2022\u00bb y, iii) Cese \u00ablas acciones de remate y\/o avance del Proceso ejecutivo hipotecario, por [tener] vicios de procedimiento\u00bb; se vislumbra que los querellantes no han elevado tales pedimentos ante el juzgado fustigado, circunstancia que torna inviable la salvaguarda, habida cuenta que pueden elevar all\u00e1 las plegarias aqu\u00ed esbozadas, para que sea aquella quien defina si les asiste o no raz\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la salvaguarda no es una instancia para anticiparse a la adopci\u00f3n de resoluciones que no se han sometido al escrutinio del iudex natural ni para anular actuaciones, en las condiciones y t\u00e9rminos que se plantean en este escenario superlativo (STC, 1\u00b0 nov. 2012, rad. 2012-00210-01, reiterada en STC3492-2021). <\/p>\n
3.- Como colof\u00f3n, se declarar\u00e1 la inviabilidad de la ayuda superlativa reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Jos\u00e9 Alirio Mart\u00ednez Roa y Sabina Gale\u00f3n Virg\u00fcez. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6403-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6403-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2022-01559-00 (Aprobado en Sala virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Jos\u00e9 Alirio Mart\u00ednez Roa y Sabina […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63771","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63771","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63771"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63771\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63771"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63771"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63771"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}