STC6405-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6405-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2022-00074-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de abril de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, que deneg\u00f3 el amparo reclamado por HDI Seguros S.A. contra el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso objeto de reproche. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de su representante legal, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad jur\u00eddica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas en el proceso de responsabilidad civil extracontractual con radicado 17614311200120210000400. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas y el escrito de tutela se establece que, en el referido proceso, promovido por Juan Pablo Aristizabal y otros, en el que la tutelante fue llamada en garant\u00eda, el Juzgado accionado profiri\u00f3 sentencia el 1 de julio de 2021, declarando que Julio Corrales y Tatiana C\u00e1rdenas eran civil y extracontractual responsables de los da\u00f1os causados a los demandantes, con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito en el que perdi\u00f3 la vida \u00c1lvaro Gonz\u00e1lez P\u00e9rez; en consecuencia, en el numeral segundo, orden\u00f3, entre otros, el pago por da\u00f1o moral \u00abPara las menores hijas ANTONIA GONZ\u00c1LEZ OSORIO Y SOFIA GONZ\u00c1LEZ OSORIO 1, la suma de cincuenta y cuatro millones quinientos diez mil novecientos sesenta pesos ml ($54.510.910)\u00bb, condena que deb\u00eda ser pagada por HDI Seguros S.A., en virtud de una p\u00f3liza de seguro. Esa decisi\u00f3n fue confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales el 3 de diciembre de 2021. <\/p>\n
Con base en dicho fallo, el 31 de enero de 2022 se libr\u00f3 mandamiento de pago contra HDI Seguros S.A. El 7 de febrero de 20222, el Despacho convocado corrigi\u00f3 la sentencia del 1 de julio de 2021, a fin de precisar que la condena dispuesta en el ordinal segundo atr\u00e1s referido era para \u00abcada una\u00bb de las beneficiarias Antonia y Sof\u00eda Gonz\u00e1lez Osorio, decisi\u00f3n frente a la cual la sociedad ejecutada interpuso recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
El 18 de febrero de 2022 se repuso el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, modific\u00e1ndolo en el mismo sentido en que se corrigi\u00f3 la sentencia, decisi\u00f3n ratificada el 9 de marzo siguiente, al desatar el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
El 15 de marzo de 2022, el Juzgado convocado resolvi\u00f3 no reponer el auto del 7 de febrero de ese mismo a\u00f1o y rechaz\u00f3, por improcedente, la alzada. <\/p>\n
3. Sostuvo la actora que tal actuaci\u00f3n i) \u00abno obedeci\u00f3 a una correcci\u00f3n, sino a una modificaci\u00f3n de la sentencia\u00bb que fue confirmada, ii) el mandamiento dictado con base en la nueva sentencia le impuso una condena adicional de la que no pudo defenderse, iii) \u00abrevivi\u00f3 una oportunidad procesal que la parte demandante dejo pasar en silencio y que ya ten\u00eda precluida\u00bb y iv) no existe contradicci\u00f3n entre lo ordenado en la sentencia y lo transcrito en su acta. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que dio cumplimiento a la sentencia original, consignando a \u00f3rdenes del Juzgado $479.814.741 y que actualmente tiene embargados $500.000.000, a pesar de que desde el 4 de febrero de 2022 se orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y agreg\u00f3 que el accionado no ha resuelto sus solicitudes de devoluci\u00f3n de esa suma. <\/p>\n
4. Solicit\u00f3, conforme a lo relatado, dejar sin efectos los autos del 7 y del 18 de febrero de 2022, a trav\u00e9s de los cuales se corrigi\u00f3 la sentencia de primera instancia y se repuso el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, respectivamente y, como consecuencia, se ordene la terminaci\u00f3n del proceso ejecutivo, por pago total de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas, manifest\u00f3 que realiz\u00f3 la correcci\u00f3n controvertida \u00abcon apego al audio que contiene la sentencia\u00bb, en el que se estableci\u00f3 que la condena era para cada una de las menores, de acuerdo con la parte considerativa. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el t\u00edtulo aludido por la actora se fraccion\u00f3 y se retuvieron $150.000.000, \u00aben espera de las resultas de la audiencia de resoluci\u00f3n de excepciones de fondo propuestas por la demandada y accionante\u00bb, y se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de lo restante a la demandada. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, al encontrar que \u00abdel minuto 2:02:05 a 2:02:21 de la audiencia, que corresponde a las consideraciones\u00bb de la sentencia, se escucha que la suma de $54.510.910, por da\u00f1o moral, era para cada una de las menores, de manera que, conforme al art\u00edculo 286 del CGP, era procedente la correcci\u00f3n, ante el \u00aberror por omisi\u00f3n o cambio de palabras\u00bb, el cual no estudi\u00f3 el Tribunal, \u00abpues ese punto no fue objeto del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por HDI Seguros S.A.\u00bb. <\/p>\n
Sobre la falta de entrega del dep\u00f3sito judicial advirti\u00f3 que, el 28 de marzo de 2022, este fue fraccionado y se orden\u00f3 la devoluci\u00f3n de $350.000.000 a la ejecutada, encontr\u00e1ndose en tr\u00e1mite el recurso de reposici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la gestora, quien afirm\u00f3 que \u00abla H. Sala cay\u00f3 en los mismos errores y trasgresiones en que incurri\u00f3 el Juzgado accionado\u00bb, pues el art\u00edculo 286 del CGP \u00absolo hace referencia a correcci\u00f3n de errores aritm\u00e9ticos\u00bb o alteraci\u00f3n de palabras, al identificar en letras la suma que se ordena pagar o devolver, que deben estar en la parte resolutiva y no en la considerativa. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 el auto que orden\u00f3 el fraccionamiento del t\u00edtulo y sostuvo que se debi\u00f3 ordenar la devoluci\u00f3n inmediata del total de los dineros retenidos. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
cho impetrado, por error de hehco y derecho, en el exica saldidad a la fecha de <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la gestora pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n de los autos del 7 de febrero y del 15 de marzo de 2022, mediante los cuales se corrigi\u00f3 la sentencia emitida el 1 de julio de 2021, que sirvieron de base para la modificaci\u00f3n del mandamiento de pago en el proceso ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n, dispuesta por auto del 18 de febrero del presente a\u00f1o, tambi\u00e9n cuestionado por la tutelante. <\/p>\n
2. Del estudio de las pruebas que obran en el expediente se observa que, mediante providencia del 7 de febrero de 2022, el Despacho convocado corrigi\u00f3 la sentencia del 1 de julio de 2021, \u00abpues al comparar el audio de la audiencia con el acta, se desprende que por error involuntario se omiti\u00f3 plasmar \u2018para cada una\u2019, aspecto este, que genera un verdadero motivo de duda\u00bb y, por tanto, consider\u00f3 que proced\u00eda su correcci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto por el art\u00edculo 286 del CGP. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar el recurso de reposici\u00f3n promovido frente a esa determinaci\u00f3n, profiri\u00f3 el auto del 15 de marzo de 2022, en el que indic\u00f3 que la condena en el fallo primigenio \u00abera por el valor de cincuenta y cuatro millones quinientos diez mil novecientos sesenta pesos ($54.510.960), repartida por partes iguales, aspecto que no qued\u00f3 plasmado en la parte resolutiva, pero que por supuesto afecta la buena marcha de la justicia, pues no puede perderse de vista que estamos frente a derechos de dos menores, que se vieron afectadas con la omisi\u00f3n involuntario de este juzgado en la parte resolutiva de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
Luego de citar nuevamente el art\u00edculo 286 del CGP, afirm\u00f3 que esta norma \u00abse\u00f1ala una v\u00eda clara y sencilla para enmendar falencias, aspecto que no pod\u00eda desconocerse por esta judicatura, pues se reitera, la sentencia es integral y en la parte considerativa se advirti\u00f3 que la condena por ese \u00edtem era para cada una de las menores, indic\u00e1ndose \u2018para cada una\u2019, por ende, no puede una omisi\u00f3n generar un perjuicio para \u00e9stas, m\u00e1xime cuando en este aspecto no se est\u00e1 decidiendo sobre puntos que quedaron pendientes de decisi\u00f3n, si no, sobre los que fueron objeto de an\u00e1lisis y disposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, concluy\u00f3 que \u00abno puede el llamado en garant\u00eda desconocer la totalidad del fallo emitido por esta judicatura, y concentrarse en la parte resolutiva \u00fanicamente, pues la parte considerativa es la base para la decisi\u00f3n a adoptar, y all\u00ed quedo dispuesta que la condena era para cada una de las menores\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones y la normatividad que gobierna el asunto, para determinar que proced\u00eda la mencionada correcci\u00f3n. <\/p>\n
En ese orden, se advierte que la inclusi\u00f3n de la frase omitida en la parte resolutiva de la sentencia no comport\u00f3 una nueva o adicional valoraci\u00f3n de pruebas o pretensiones, pues, como lo indic\u00f3 el juez de conocimiento, fue expl\u00edcitamente pronunciada en la parte conclusiva de las consideraciones del fallo, de modo que la actuaci\u00f3n ahora cuestionada se atempera con el principio de congruencia que el Juzgado estaba llamado a observar, bajo la herramienta dispuesta en el art\u00edculo 286 del CGP.3, sin que ello atente contra el debido proceso o la seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha establecido que <\/p>\n
\u00abla inmutabilidad de las providencias a cargo del mismo operador jur\u00eddico que la produce no solo involucra un aspecto puramente procedimental, sino que se trata de un principio basilar de nuestro ordenamiento jur\u00eddico inescindiblemente ligado al de la seguridad jur\u00eddica; en esencia, es una regla general que se manifiesta como criterio orientador y modulador de la actividad judicial a partir de la congruencia que se demanda de sus decisiones, por ello, el Juez que profiere una sentencia, una vez la dicta pierde competencia para volver sobre el asunto por \u00e9l resuelto, y obviamente, tambi\u00e9n la facultad para revocarla o reformarla; solo por excepci\u00f3n, podr\u00e1 aclararla, corregirla o adicionarla en los estrictos t\u00e9rminos en que se regulan dichos supuestos en la ley procesal (art\u00edculos 309, 310 y 311 del C. de P. Civil, y 285, 286 y 287 del C\u00f3digo General del Proceso)\u00bb (Se subraya, STC8331-2021). <\/p>\n
3.1. Lo anterior resulta suficiente para se\u00f1alar que la modificaci\u00f3n que realiz\u00f3 el operador judicial al mandamiento de pago librado en el proceso ejecutivo seguido a continuaci\u00f3n del proceso de marras se ci\u00f1\u00f3 a lo dispuesto en los prove\u00eddos anteriores y, por ende, como se indic\u00f3, no comport\u00f3 violaci\u00f3n alguna a los derechos fundamentales de la ac\u00e1 accionante. <\/p>\n
3.2. Vistas, as\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
En ese sentido, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, frente a la falta de pronunciamiento del Juzgado sobre la solicitud de devoluci\u00f3n del dep\u00f3sito judicial 418350000040700, por $500.000.000, se advierte que, por auto del 28 de marzo de 2022, ratificado el 21 de abril siguiente, se orden\u00f3 su fraccionamiento, pues se dispuso que $350.000.000 ser\u00edan restituidos a la ejecutada, en tanto que la suma restante, esto es, $150\u2019000.000, \u00abcontinuar\u00eda como dep\u00f3sito judicial en este proceso hasta tanto se dicte sentencia o las partes acuerden un aspecto diferente, as\u00ed como el dep\u00f3sito judicial No. 418350000040703 por valor [de] $980.526\u00bb, circunstancia que evidencia que nos encontramos frente a un hecho superado, sin que sea procedente realizar pronunciamiento adicional alguno, pues lo referido en el escrito de impugnaci\u00f3n en torno a que si \u00abes posible ordenar el fraccionamiento de un dep\u00f3sito judicial para retener unos dineros que no se encuentran embargados?\u00bb configura un hecho nuevo, no alegado en el escrito de tutela y, por tanto, no sometido a contradicci\u00f3n. <\/p>\n
5. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Versi\u00f3n de protecci\u00f3n de datos de menores para publicaci\u00f3n, de conformidad al Acuerdo 034 de 16 de diciembre de 2020. <\/p>\n
2\u0002 Documento 63, expediente 2021-0004. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 286 CGP: \u00abToda providencia en que se haya incurrido en error puramente aritm\u00e9tico puede ser corregida por el juez que la dict\u00f3 en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto\u2026 <\/p>\n
Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica a los casos de error por omisi\u00f3n o cambio de palabras o alteraci\u00f3n de estas, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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STC6405-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC6405-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 17001-22-13-000-2022-00074-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63773","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63773","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63773"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63773\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63773"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63773"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63773"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}