STC6408-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6408-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00049-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 1\u00b0 de febrero de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida por Jes\u00fas \u00c1ngel Tangarife Soto contra la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira, el Juzgado 5 Laboral del Circuito de la citada ciudad y al Municipio de Pereira y las dem\u00e1s partes del proceso laboral de radicado 2016-00021. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad social, m\u00ednimo vital, al \u00abderecho a la negociaci\u00f3n colectiva\u00bb, a la \u00abtutela jurisdiccional efectiva\u00bb, as\u00ed como al \u00abdesconocimiento del precedente judicial\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El gestor instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra el Municipio de Pereira, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n convencional, contemplada en el art\u00edculo 8 de la convenci\u00f3n suscrita entre el citado ente territorial y sus trabajadores. <\/p>\n
2.2. El 27 de junio de 2016, el Juzgado 5\u00ba Laboral del Circuito de Pereira declar\u00f3 que ten\u00eda \u00abderecho a la pensi\u00f3n de jubiliaci\u00f3n (sic) a partir de diciembre de 2009 y a disfrutarla a partir del 4 de diciembre de 2014 en cuant\u00eda de $1.122.997 para el a\u00f1o 2014, condenando a pagar el retroactivo de la pensi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 19 de julio de 2017, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pereira revoc\u00f3 el fallo del a quo y absolvi\u00f3 al ente territorial demandado, al estimar que \u00abno acredit\u00f3 ser beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb y que, a\u00fan de aceptarse dicho requisito, lo cierto era que, \u00absi bien estaba vinculado laboralmente desde antes del a\u00f1o 1990 s\u00f3lo lo fue como trabajador oficial despu\u00e9s de esa fecha\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 4 de octubre de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral convocada resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto y no cas\u00f3 la sentencia atacada. <\/p>\n
2.5. Al respecto, el tutelante afirm\u00f3 que la Sala convocada incurri\u00f3 en \u00abel defecto de violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n por la inaplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad o in dubio pro operario\u00bb, por cuanto debi\u00f3 aplicar dicho criterio al interpretar la norma convencional. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto o se anule la sentencia de la Sala de Descongesti\u00f3n 2 de Casaci\u00f3n Laboral. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
La Sala de Descongesti\u00f3n atacada pidi\u00f3 negar la protecci\u00f3n reclamada, toda vez que la determinaci\u00f3n adoptada se ajust\u00f3 a las normas que regulaban la materia y a los precedentes jurisprudenciales emitidos sobre el tema. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abla autoridad judicial accionada actu\u00f3 en derecho, y la acci\u00f3n de amparo constitucional, solo se fundamenta en las discrepancias de criterios frente a interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural en el proceso ordinario laboral\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el accionante, quien reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial y destac\u00f3 que, seg\u00fan lo indicado por el Constituyente de 1991, la interpretaci\u00f3n de las fuentes formales del derecho debe estar sometida a la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad y, en esa medida, pidi\u00f3 acoger sus pretensiones contenidas en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 4 de octubre de 2021, en tanto no cas\u00f3 la sentencia dictada el 19 de julio de 2017 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
2. De conformidad con las actuaciones procesales, se observa que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el ahora tutelante, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que no hab\u00eda lugar a casar el fallo del Tribunal. <\/p>\n
2.1. Para ello, precis\u00f3 que, al haber sido la sentencia de primera instancia desfavorable al Municipio de Pereira, el Tribunal, de conformidad con el art\u00edculo 69 del CPTSS modificado por el 14 de la Ley 1149 de 2007, estaba, en efecto, facultado para tomar en consideraci\u00f3n no solo \u00ablas condenas que le fueron impuestas, sino tambi\u00e9n para estudiar inclusive su condici\u00f3n de beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo\u00bb. <\/p>\n
2.2. Seguidamente indic\u00f3 que, aunque en principio podr\u00eda pensarse que dada la confesi\u00f3n del ente demandado, en el sentido de que no hab\u00eda discusi\u00f3n alguna respecto a que el actor era beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo, cuesti\u00f3n que dar\u00eda lugar a casar el fallo, lo cierto era que respecto de la interpretaci\u00f3n que deb\u00eda darse al punto 8 de la convenci\u00f3n celebrada entre el municipio y el sindicato de trabajadores el 13 de noviembre de 1990, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente hab\u00eda definido, en sentencia CSJ SL, 8 ag. 2007, rad. 29472, lo pertinente, as\u00ed: <\/p>\n
\u00abEn otro orden de consideraciones, el texto de la norma convencional establece: \u2018Los trabajadores oficiales que hubieran ingresado al Municipio de Pereira a partir del 1\u00ba de Enero de 1990, tendr\u00e1n derecho a la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n cuando cumplan todos los requisitos exigidos por la Ley para tal efecto. Los trabajadores que hubieren iniciado la prestaci\u00f3n de servicios al Municipio de Pereira con anterioridad al 1\u00ba de enero de 1990, tienen derecho a su jubilaci\u00f3n cuando cumplan veinte (20) a\u00f1os de servicios continuos o discontinuos, sin tener en cuenta la edad\u2019 (folio 107 cuaderno 1 \u2013 subrayado fuera de texto). <\/p>\n
Por su parte, el art\u00edculo 36 dispone que \u2018para todos los efectos legales se entiende, que las normas que integran la presente convenci\u00f3n son recopiladas de laudos y convenciones anteriores, siendo las \u00fanicas que regulan las relaciones obrero- patronales, entre el Municipio de Pereira y el sindicato de sus trabajadores oficiales\u2019 (folio 113 cuaderno 1 \u2013 subrayado fuera de texto). <\/p>\n
De conformidad con lo precedente, resulta razonable la posici\u00f3n del juzgador de segundo grado, en cuanto a que para acceder al beneficio de la pensi\u00f3n convencional se requiere que los veinte (20) a\u00f1os de servicios sean en calidad de trabajador oficial, pues es precisamente a esta clase de servidores a quienes se les aplica el acuerdo colectivo seg\u00fan la ley y el mencionado art\u00edculo 36 convencional. Admitida as\u00ed esta consideraci\u00f3n, no surge equivocada ni caprichosa la intelecci\u00f3n que a dicho canon imparti\u00f3 el fallador\u2026 <\/p>\n
Puestas as\u00ed las cosas, no puede estructurarse un error evidente de hecho, toda vez que la jurisprudencia de esta Sala ha asentado que cuando del contenido de una norma convencional admite dos o m\u00e1s interpretaciones, todas ellas razonables, el acogimiento de una u otra por parte del sentenciador no da lugar a la ocurrencia de un desatino f\u00e1ctico con el car\u00e1cter de manifiesto, que es el necesario para desquiciar el fallo, pues tal elecci\u00f3n no es cosa diferente que el desarrollo de la facultad establecida en el art\u00edculo 61 del C. P. del T. y de la S. S. que regla lo concerniente a la libre formaci\u00f3n del convencimiento, que comprende la autorizaci\u00f3n al Juez para optar por una de las lecturas posibles, ejercicio que no es atacable en casaci\u00f3n dado que desde ning\u00fan punto de vista puede configurar un error protuberante de hecho, por cuanto solamente tiene esta condici\u00f3n aquel que se aparte radicalmente del contenido del texto convencional\u00bb. <\/p>\n
Con base en ello, consider\u00f3 que no se configur\u00f3 error alguno por parte del Tribunal, toda vez que el se\u00f1or Tangarife Soto, a pesar de ser beneficiario de la convenci\u00f3n colectiva y de haber cumplido los 20 a\u00f1os de servicios como trabajador oficial, prestados entre el 11 de agosto de 1993 y diciembre de 2014, \u00abno satisfizo el requisito convencional de iniciar en tal calidad \u2018con anterioridad al 1\u00b0 de enero de 1990\u2019\u00bb, por cuanto dicha condici\u00f3n la tuvo solo desde 1993. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, era evidente que los cargos no ten\u00edan vocaci\u00f3n de prosperar. <\/p>\n
3. Analizada la providencia rebatida, se vislumbra que, independientemente de que la postura sea o no compartida, la Sala accionada estudi\u00f3 los reproches expuestos por el casacionista y motiv\u00f3 su determinaci\u00f3n razonadamente en las pruebas allegadas, la normativa y jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible del pacto colectivo y de la situaci\u00f3n evidenciada que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el Colegiado hall\u00f3 debidamente sustentada la decisi\u00f3n del Tribunal, en el sentido de que el recurrente no cumpli\u00f3 lo exigido en el acuerdo convencional, toda vez que, aunque su relaci\u00f3n de trabajo con el Municipio de Pereira inici\u00f3 antes del 1\u00b0 de enero de 1990, lo fue como empleado p\u00fablico y no como trabajador oficial, como lo enunciaba la norma convencional; y, en esa medida, al ser dicha vinculaci\u00f3n como trabajador oficial posterior al a\u00f1o 1990, no era viable reconocer la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica reclamada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso sub examine se observa que los cuestionamientos esgrimidos por el accionante, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones del ac\u00e1 tutelante. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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