STC6409-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6409-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01581-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Uner Augusto Becerra Largo instaur\u00f3 en contra de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia – Risaralda, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00946. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El actor, en nombre propio, exigi\u00f3 la guarda del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se ordenara: (i) Al juzgado acusado continuar con el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de la referencia y \u00abconsign[ar] cuanto tiempo tarda para resolver y por qu\u00e9 se niega\u00bb y, (ii) A la Magistratura censurada, que \u00aben futuras ocasiones no permita la violaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n perpetua y siempre aplique derecho sustancial\u00bb. <\/p>\n
Seg\u00fan el pliego introductorio y sus anexos es posible resumir el contexto f\u00e1ctico as\u00ed: <\/p>\n
Despu\u00e9s, de conformidad con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado por falta de competencia, rechaz\u00f3 de plano la demanda y la remiti\u00f3 a los Juzgados Civiles del Circuito de Pasto (6 may.); disposici\u00f3n que mantuvo inc\u00f3lume (22 sep.), al paso que desestim\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 Uner Augusto contra esa directriz (12 nov.). <\/p>\n
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto suscit\u00f3 conflicto de competencia (17 en. 2022) y esta Corporaci\u00f3n asign\u00f3 el asunto al despacho que en principio la avoc\u00f3, tras advertir que \u201cno pod\u00eda a su arbitrio separarse del conocimiento (\u2026), a menos que el demandado hubiese cuestionado dicho proceder, circunstancia que no acaeci\u00f3\u201d (11 mar.). <\/p>\n
Luego, el 18 de abril hoga\u00f1o el estrado enjuiciado inadmiti\u00f3 el libelo, porque: <\/p>\n
\u201c(i) No identific\u00f3 el derecho o inter\u00e9s colectivo amenazado o vulnerado conforme lo exige el literal a) del art\u00edculo 18 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
(ii) No alleg\u00f3 prueba tan siquiera sumaria que demuestre que en dicha entidad no hay ba\u00f1os para el uso de personas con dicha discapacidad, no cumplimiento con lo se\u00f1alado en el literal e) ibidem. <\/p>\n
(iii) Es necesario advertir que las acciones populares fueron presentadas en vigencia del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, cuyo objeto es la implementaci\u00f3n del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, incluidas las de la jurisdicci\u00f3n constitucional, estableci\u00f3 ciertos requisitos adicionales que deben cumplirse en la presentaci\u00f3n de las demandadas. Para el presente caso, el accionante no indic\u00f3 la direcci\u00f3n electr\u00f3nica en la que recibe notificaciones la entidad accionada, tr\u00e1mite que se encuentra a su cargo por tener de igual manera los elementos necesarios para encontrarla, tampoco acredit\u00f3 haber remitido por medio electr\u00f3nico y de manera simult\u00e1nea con la presentaci\u00f3n de estas demandas, copia del escrito introductorio y sus anexos, a los accionados, incumplimiento que conlleva a su inadmisi\u00f3n, pues as\u00ed lo establece el inciso 4 del art\u00edculo 6 del Decreto Legislativo 806 de 2020\u201d. <\/p>\n
Y, finalmente, lo \u201crechaz\u00f3\u201d al colegir que el quejoso no lo subsan\u00f3 en debida forma (9 may.). <\/p>\n
El accionante manifiesta inconformidad porque la lid \u201cest\u00e1 dilatada en el tiempo y no se aplica derecho sustancial\u201d y afirma que \u201csi la acci\u00f3n la puede presentar cualquier ciudadano (\u2026) no entiend[e] por qu\u00e9 se exigen requisitos de m\u00e1s para continuar\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia dijo que los requerimientos realizados al petente en el litigio \u201cest\u00e1n dentro de su alcance que adem\u00e1s no le exige ning\u00fan tipo de gasto econ\u00f3mico ni traslados\u201d. <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira afirm\u00f3 que el pleito cuestionado identificado con rad. 2021-00946 no ha sido remitido a esa Magistratura. <\/p>\n
El Defensor del Pueblo \u2013 Regional Risaralda y la Alcald\u00eda de Pasto pidieron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Becerra Largo anhela, seg\u00fan se desprende del escrito primigenio, invalidar el interlocutorio mediante el cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u201crechaz\u00f3\u201d por no haber subsanado, la \u201cacci\u00f3n popular\u201d que interpuso en contra del Bancolombia S.A. ubicado en la \u201ccalle 22#6-61, local B4\u201d de Pasto. <\/p>\n
2.- No obstante, anticipa la Corte el decaimiento de la salvaguarda por observase una conducta negligente y disiente en el precursor, quien desaprovech\u00f3 la herramienta con que contaba para ventilar el descontento que trae a este escenario especial. <\/p>\n
Ello, por cuanto, auscultado el cartapacio reprochado, se corrobor\u00f3 que el prove\u00eddo controvertido (9 may. 2022) notificado por estado electr\u00f3nico \u201cE24\u201d del d\u00eda siguiente, qued\u00f3 en firme en raz\u00f3n a que no fue refutado oportunamente por el impulsor a, pesar de que contra el mismo proced\u00eda el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb, de acuerdo con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, cuyo tenor precept\u00faa que \u00abcontra los autos dictados durante el tr\u00e1mite de la Acci\u00f3n Popular procede el recurso de reposici\u00f3n, el cual ser\u00e1 interpuesto en los t\u00e9rminos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb. <\/p>\n
Al respecto esta Sala tiene decantado, <\/p>\n
(\u2026) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026) (STC6663-2018, citada en STC15135-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC15135-2021). <\/p>\n
En este orden de ideas, luce innecesario examinar el fondo de la cuesti\u00f3n sometida a escrutinio, ya que la inobservancia de ese presupuesto general de procedibilidad frena cualquier intento de inmiscuirse en el debate. <\/p>\n
3.- Por \u00faltimo, las plegarias encaminadas a que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia \u00abconsign[e] cuanto tiempo tarda para resolver y por qu\u00e9 se niega\u00bb y el Tribunal Superior de Pereira \u00aben futuras ocasiones no permita la violaci\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n perpetua y siempre aplique derecho sustancial\u00bb, escapan de la \u00f3rbita constitucional, estatuida exclusivamente para la protecci\u00f3n de los \u00abderechos\u00bb ius fundamentales de los ciudadanos; adem\u00e1s, es a Uner Augusto a quien incumbe elevar directamente las rogativas que estime ante las autoridad competentes, para que \u00e9stas en el marco de sus funciones analicen y se pronuncien al respecto. <\/p>\n
4.- Ergo, surge impr\u00f3spero el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instaurada por Uner Augusto Becerra Largo contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia- Risaralda. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
<\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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