STC6412-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6412-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-01572-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Nayibis Esther Turizo Bele\u00f1o le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior y al Juzgado Noveno Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 13001 31 03 009 2022 00043 00 \/ 01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La actora invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, y defensa\u00bb para que se ordenara a la Magistratura querellada tener en \u00abcuenta la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n que present[\u00f3] oportunamente, en la sentencia de segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Para ello, adujo que en la acci\u00f3n de amparo que promovi\u00f3 en contra del Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, la Superintendencia Nacional de Salud y el Agente Interventor E.S.E Rio Grande de la Magdalena de Magangu\u00e9 (2022-00043), el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n que interpuso contra el fallo desestimatorio (7 abr. 2022). <\/p>\n
Indic\u00f3 que al no haber sido \u00abnotifica[d]a [d]el inicio del tr\u00e1mite de segunda instancia\u00bb, sustent\u00f3 el recurso ante el superior (6 may.), quien le inform\u00f3 que \u00abno e[ra] [el] competente para resolver[lo]\u00bb, de ah\u00ed que hubiese radicado memorial \u00abdemostr\u00e1ndole que s\u00ed [lo era]\u00bb (9 may.), sin que a la fecha de interponer este remedio hubiese obtenido respuesta. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que, de acuerdo con ello, se estructur\u00f3 una v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental absoluto\u00bb, en tanto no se le \u00abnotific[\u00f3] (\u2026) la providencia del Tribunal (\u2026) que dio inicio al tr\u00e1mite de la segunda instancia\u00bb ni, se dio \u00abtr\u00e1mite al memorial que radi[c\u00f3] sustentando la impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Noveno Civil del Circuito narr\u00f3 lo surtido en el juicio controvertido. <\/p>\n
La Supersalud y, el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social pregonaron la inviabilidad del reconocimiento, porque carecen de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal de Cartagena defendi\u00f3 la legalidad de su proceder, enfatizando que no existe norma que imponga en el tr\u00e1mite del amparo que \u00abdeba dictarse providencia para avocar el conocimiento de la impugnaci\u00f3n, como tampoco se habilita t\u00e9rmino alguno para presentar la sustentaci\u00f3n de los reparos sobre la decisi\u00f3n de primera instancia, puesto que la oportunidad procesal para cuestionar las decisiones de instancia ser\u00e1n los tres d\u00edas que se\u00f1ala la norma citada\u00bb. <\/p>\n
La Empresa Social del Estado Rio Grande de la Magdalena del Municipio de Magangu\u00e9 se opuso al auxilio, porque la notificaci\u00f3n del inicio del tr\u00e1mite de segunda instancia y la oportunidad para sustentar la impugnaci\u00f3n del fallo de primera instancia \u00abno est\u00e1n reguladas en el Decreto 2591 de 1991, ni en ninguna norma procesal\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se anuncia el decaimiento del resguardo, puesto que, de la revisi\u00f3n de los elementos demostrativos sometidos al escrutinio de esta Corporaci\u00f3n, no se observa la vulneraci\u00f3n referida, seg\u00fan pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, los reparos de la memorialista se cimentan en que el Tribunal Superior de Cartagena no le \u00abnotific\u00f3\u00bb el prove\u00eddo por medio del cual inici\u00f3 el tr\u00e1mite de segunda instancia en la salvaguarda n\u00ba 2022 00043, ni tuvo en cuenta la \u00absustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n\u00bb que radic\u00f3 el 6 de mayo \u00faltimo. <\/p>\n
No obstante, se destaca que el Decreto 2591 de 1991 en los art\u00edculos 30 a 32, establece que, emitida la sentencia constitucional de primer grado, se notificar\u00e1 a las partes e intervinientes, quienes podr\u00e1n impugnarla. Adem\u00e1s, que \u00abPresentada debidamente la impugnaci\u00f3n el juez remitir\u00e1 el expediente dentro de los dos d\u00edas siguientes al superior jer\u00e1rquico correspondiente\u00bb, que \u00abestudiar\u00e1 el contenido de la misma, cotej\u00e1ndola con el acervo probatorio y con el fallo (\u2026) Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, proceder\u00e1 a revocarlo, lo cual comunicar\u00e1 de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmar\u00e1 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
De suerte, que, dicha reglamentaci\u00f3n no prev\u00e9 la expedici\u00f3n de la \u00abprovidencia que d\u00e9 inicio al tr\u00e1mite de la segunda instancia\u00bb, como lo reclama la gestora y, por tanto, su no expedici\u00f3n no desconoce el \u00abdebido proceso\u00bb que ha de seguir esta especial justicia. <\/p>\n
Adicionalmente, se observa que, aunque la quejosa adjunt\u00f3 copia del escrito que titul\u00f3 \u00absustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n\u00bb, no existe prueba en el infolio confutado ni en esta excepcional v\u00eda, de que: i) La haya remitido al ad quem, ii) \u00c9ste le manifestara que \u00abno ten\u00eda competencia para desatar la impugnaci\u00f3n, ni iii) Le hubiese enviado a dicho juzgador comunicaci\u00f3n demostrando lo contrario. <\/p>\n
Lo evidenciado de los medios suasorios anexados, es que, el Tribunal de Cartagena ya profiri\u00f3 la sentencia de segundo grado, mediante la cual confirm\u00f3 la del a quo (16 de may.), determinaci\u00f3n contra la cual le queda la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional o, en caso de no ser seleccionada para dicho fin, el mecanismo de la insistencia. <\/p>\n
En ese orden, no puede predicarse la violaci\u00f3n de las prerrogativas superlativas invocadas, cuando el menoscabo revelado no se verific\u00f3. <\/p>\n
Sobre el particular esta Sala ha sostenido que, para la prosperidad del auxilio, \u201c(\u2026) no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u201d (STC, 5 sep. 2012, exp. 00630-014, reiterada en STC6835-2019 y STC7647-2020). <\/p>\n
2.- Ergo, surge clara el fracaso del ruego supralegal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Nayibis Esther Turizo Bele\u00f1o. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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