STC6419-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6419-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-00691-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 20 de abril de 2022, con la cual neg\u00f3 el amparo invocado por Henry David Casta\u00f1o Toro contra la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 como terceros con inter\u00e9s a las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 21-443892. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio -mediante auto 147496 del 3 de diciembre de 20211- admiti\u00f3 la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor promovida por Jorge Mauricio V\u00e1squez y Diana Katalina Murcia contra Henry David Casta\u00f1o Toro2. <\/p>\n
2.2. El actor -con memorial remitido el 14 de diciembre siguiente a las 16:54:32- interpuso recurso de reposici\u00f3n contra el auto admisorio3. Sin embargo, la autoridad atacada -con prove\u00eddo No. 11286 del 3 de febrero de 2022- resolvi\u00f3 rechazarlo por extempor\u00e1neo4. <\/p>\n
2.3. Contra la anterior determinaci\u00f3n, el demandante en la causa natural inco\u00f3 nuevamente recurso de reposici\u00f3n debido a que no se aplic\u00f3 el Decreto 806 de 2020 en lo relacionado con el conteo de t\u00e9rminos5, el cual fue decidido de manera negativa con providencia No. 30575 del 10 de marzo posterior6. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, el actor se duele de que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y sustantivo porque act\u00fao por fuera de lo estipulado por el Decreto 806 de 2020, aplicando e interpretando un precepto incorrecto -Ley 1480 de 2011-. Asimismo, afirm\u00f3 que la accionada profiri\u00f3 una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n con ocasi\u00f3n de la expedici\u00f3n del auto No. 30575, toda vez que no se le explic\u00f3 el motivo por el cual se deb\u00eda aplicar el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso y no lo establecido en el Decreto anteriormente citado. Finalmente, apuntal\u00f3 que se configur\u00f3 una violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n, ya que \u00abse dejaron de aplicar varias disposiciones de car\u00e1cter constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 se dejen sin efectos los autos Nos. 11286 y 30575, se le ordene a la accionada a aplicar el Decreto 806 de 2020 y, con base en esto, resuelva de fondo el recurso de reposici\u00f3n presentado el 14 de diciembre de 2021 contra el auto 147496 del 3 de diciembre anterior. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La coordinadora del Grupo de Gesti\u00f3n Judicial de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicit\u00f3 que fuera negado el amparo comoquiera que no se vulneraron los derechos fundamentales del actor. En este sentido, indic\u00f3 que \u00abtrat\u00e1ndose de las acciones de protecci\u00f3n al consumidor tramitadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, le es aplicable el r\u00e9gimen de notificaci\u00f3n consagrado en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 58 de la Ley 1480 de 2011, en concordancia con el art\u00edculo 292 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, motivo por el cual, en los tr\u00e1mites que adelanta, \u00abno se acude a las reglas consignadas en los art\u00edculos 290, 291 del C.G.P. y art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
2. Jorge Mauricio V\u00e1squez y Diana Katalina Murcia, relataron los hechos acaecidos en la causa natural, resaltando que el aqu\u00ed accionante \u00fanicamente busca \u00abcolocar trabas y demoras para supuestamente salvarse de una posible sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda impetrada. En efecto, puntualiz\u00f3 que \u00abno refulge la ocurrencia de una irregularidad procesal que constituya un defecto que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. As\u00ed las cosas, manifest\u00f3 que la decisi\u00f3n de la autoridad atacada no reluce arbitraria o caprichosa. Ahora bien, de cara a la notificaci\u00f3n realizada dentro de la causa, se\u00f1al\u00f3 que la accionada no se apart\u00f3 \u00abcompletamente del procedimiento legalmente establecido\u00bb pues, \u00abtambi\u00e9n pod\u00eda hacerse uso e invocarse las normas especiales de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor puesta bajo su conocimiento, particularmente las reglas especiales de procedimiento a que alude el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011, sin que tampoco se comprobara caus\u00f3 grave lesi\u00f3n a los derechos del se\u00f1or Casta\u00f1o, en la medida que fue legalmente enterado de la demanda en su contra\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el extremo activo quien indic\u00f3 que el Tribunal no identific\u00f3 correctamente el problema jur\u00eddico que le correspond\u00eda resolver. Esto, debido a que la queja elevada no gravitaba alrededor de si se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n, sino que esta se refer\u00eda a que la entidad accionada se apart\u00f3 del tr\u00e1mite establecido en el Decreto 806 de 2020 para el computo de t\u00e9rminos. En este sentido, resalt\u00f3 que el a quo constitucional en ning\u00fan momento analiz\u00f3 el alcance y el contenido del \u00abr\u00e9gimen especial\u00bb de notificaciones invocado por la Superintendencia. <\/p>\n
Asimismo, apuntal\u00f3 que el Colegiado no se pronunci\u00f3 sobre \u00abtodos los cargos y defectos denunciados en el escrito de tutela\u00bb, ya que, \u00abdentro del fallo de tutela el Tribual solamente se refiri\u00f3 al defecto procedimental absoluto, dejando sin respuesta los otros tres cargos planteados por la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales del actor, con ocasi\u00f3n de los autos Nos. 11286 y 30575 dictados en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor de radicado 21-443892-0. Ello pues, aduce que la autoridad accionada, al resolver el recurso de reposici\u00f3n incoado contra el auto admisorio de la demanda, no tuvo en cuenta que la norma aplicable era el Decreto 806 de 2020, por tanto, se configur\u00f3 defecto procedimental absoluto, sustantivo, desconocimiento de la Constituci\u00f3n y se profiri\u00f3 una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pero por las razones que aqu\u00ed se expondr\u00e1n7. <\/p>\n
3. Pues bien, del escrutinio del decurso procesal se evidencia que la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales es inexistente. Ello pues, a pesar de que se equivoca la autoridad accionada al se\u00f1alar que el Decreto 806 de 2020 no aplica a los tr\u00e1mites jurisdiccionales de su competencia, no es menos cierto que el impugnante inco\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n de manera extempor\u00e1nea. En efecto, el acto de enteramiento de la providencia cuestionada se llev\u00f3 a cabo el 6 de diciembre de 2021 y, el plazo con que contaba para cuestionarla venc\u00eda el 14 del referido mes y a\u00f1o a las 16:30 -hora en la que termina el horario de atenci\u00f3n de la Superintendencia de Industria y Comercio-8. Por tanto, como el tutelante remiti\u00f3 el correo electr\u00f3nico contentivo del recurso de reposici\u00f3n a las 16:54 p.m.9 no cabe duda que lo hizo por fuera del t\u00e9rmino. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no hallarse ninguna conducta atribuible a la autoridad convocada respecto de la cual pueda determinarse una amenaza o violaci\u00f3n de un derecho fundamental, debe declararse la improcedencia de la presente petici\u00f3n pues, <\/p>\n
\u00ab[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019 \u00bb. <\/p>\n
\u00ablo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2007)\u2019\u00bb (CSJ STC12717-2019. 19 de sep, rad. 2019-00549-01). <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, resulta menester indicar que tampoco se cumple con el presupuesto general de subsidiariedad, debido a que, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, el proceso cuestionado se encuentra en curso, espec\u00edficamente, se acaba de prorrogar el t\u00e9rmino para resolver la instancia -Auto 46372 del 18 de abril de 2020-10. Y, se decidi\u00f3 de forma negativa la solicitud de reforma de la demanda -Auto 46371 del mismo d\u00eda-11. <\/p>\n
En este sentido, es claro que el reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa. Esto pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes12. De no ser as\u00ed, la tutela se convertir\u00eda en un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo con el riesgo de vaciar las competencias asignadas a las distintas autoridades judiciales. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado, pero por las razones aqu\u00ed consignadas. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Notificado mediante correo electr\u00f3nico certificado del 6 de diciembre. Ver: folio 56, archivo \u201c21-443892-0\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 43. <\/p>\n
3\u0002 Ibidem., 58-63. <\/p>\n
4\u0002 Ibidem., 120 y 121. <\/p>\n
5\u0002 Ibidem., 126-129. <\/p>\n
6\u0002 Ibidem., 132-134. <\/p>\n
7\u0002 En este entendido, resulta imperioso resaltar que, contrario a lo argumentado en el fallo de primera instancia, no puede arribarse a la conclusi\u00f3n seg\u00fan la cual en temas de notificaci\u00f3n \u00abpod\u00eda hacerse uso e invocarse las normas especiales de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor puesta bajo su conocimiento, particularmente las reglas especiales de procedimiento a que alude el numeral 7 del art\u00edculo 58 de la ley 1480 de 2011 (\u2026)\u00bb. Esto, comoquiera que el Decreto 806 de 2020, en su art\u00edculo primero, expresamente estipula que lo reglado en esa normativa aplica para \u00ablas actuaciones de las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales\u00bb, por tanto, esta regulaci\u00f3n es de obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
8\u0002 Art\u00edculo 1\u00ba Resoluci\u00f3n N\u00b030579 del 16 de noviembre de 2006 <\/p>\n
9\u0002 Folio 58, archivo \u201c21-44892-0\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Disponible en: http:\/\/visordocs.sic.gov.co:8080\/consultaDocs\/index.jsf?&lspm=RnCwtpn0MHJqQsMTcQTTp1KGhgGZUUdqoLaZKYm6y9WT8YOCbZ9A35Ics147EuQw7qaR8hnaci2Ft4U1RDHMMb482s\/4GAxUv0n0gVN3uXM= <\/A><\/p>\n