STC6422-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6422-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02230-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Roberto Jos\u00e9 Forero G\u00f3mez frente a la sentencia de 9 de noviembre de 20211, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela que le instaur\u00f3 al Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, extensiva a los intervinientes en el juicio 2013-80282 \u2013 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 se ordene al juez plural le reconozca el estado de marginalidad descrito en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo Penal y redosifique la sanci\u00f3n. <\/p>\n
Como sustento, se\u00f1al\u00f3 que se encuentra privado de la libertad al ser condenado en sentencia del 28 de junio de 2016 por el Juzgado 33 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1 a 148 meses de prisi\u00f3n, por el delito de hurto calificado y agravado. La ejecuci\u00f3n de la pena est\u00e1 a cargo del Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas. <\/p>\n
Adujo que en el mes de febrero del a\u00f1o 2021 promovi\u00f3 petici\u00f3n de redosificaci\u00f3n de la pena con sustento en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo Penal, al ser v\u00edctima de desplazamiento forzado y analfabeta, la cual fue negada por el Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas mediante prove\u00eddo de fecha 9 de marzo de 2021. Decisi\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n y confirmada por el Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal, el 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el beneficio no fue solicitado con anterioridad a la condena, por cuanto el togado defensor omiti\u00f3 hacerlo. Sin embargo, en su sentir, la decisi\u00f3n rebatida \u00abafecta sus derechos fundamentales\u201d al cumplirse los presupuestos del art\u00edculo 56 del C\u00f3digo Penal, toda vez que cometido la conducta punible bajo la influencia de situaciones de marginalidad como la ignorancia y pobreza extrema. <\/p>\n
2. El Juzgado 4\u00ba de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias manifest\u00f3 que vigila la pena del se\u00f1or Roberto Jos\u00e9 Forero G\u00f3mez, y en decisi\u00f3n de marzo 9 de 2021 neg\u00f3 la petici\u00f3n del actor respecto de la redosificaci\u00f3n del quantum de la pena, con fundamento en no reunirse los presupuestos para dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad en el \u00fanico evento que le es permitido al juzgado. La Decisi\u00f3n fue objeto de revisi\u00f3n por el Tribunal Superior de Villavicencio Sala Penal quien confirm\u00f3 lo resuelto en providencia del 24 de agosto de 2021. <\/p>\n
3. La magistratura del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio Sala Penal, defendi\u00f3 su actuar sustentada en que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, al no configurarse los requisitos legales y jurisprudenciales para dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad, por cuanto no existe una sucesi\u00f3n o simultaneidad de dos o m\u00e1s leyes en el tiempo que le pudieran resultar favorables al reo para reducir la pena. <\/p>\n
4. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 el ruego por razonabilidad porque el Tribunal acusado explic\u00f3 con suficiencia las razones de derecho por las cuales no se cumpl\u00edan los presupuestos legales para acceder a la petici\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El auxilio no puede abrirse paso y, por ende, ha de confirmarse el fallo impugnado, debido a que la decisi\u00f3n cuestionada, al margen de que se comporta, no luce antojadiza o irracional en relaci\u00f3n a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica conocida por las autoridades accionadas. <\/p>\n
En efecto, las providencias proferidas por las instancias judiciales, fueron adoptadas con base en criterios de interpretaci\u00f3n razonable de las normas que regulan la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad para la redosificaci\u00f3n del monto de la pena, siendo procedente resaltar que, para el caso del auspiciante, no se configura una sucesi\u00f3n o simultaneidad de dos o m\u00e1s leyes que resulten propicias al enjuiciado, as\u00ed como tampoco se cumplen las circunstancias de marginalidad y pobreza contemplados en el art\u00edculo 56 del C\u00f3digo Penal, al momento en que el actor elev\u00f3 la petici\u00f3n, por cuanto las sentencias sancionatorias se encuentran ejecutoriadas, siendo inmodificables como se pretende. Y es que, en rigor, lo que plantea el gestor debi\u00f3 ser sustentado previo a la emisi\u00f3n del fallo para que el legislador lo hubiese valorado al instante de vitorear la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, se puede observar en el aparte del veredicto del juzgado de Ejecuci\u00f3n de Penas accionado, al sustentar la negativa de la solicitud, al indicar: <\/p>\n
Al respecto de la redosificaci\u00f3n de la pena, se\u00f1ala los pactos ratificados por Colombia, que hacen relaci\u00f3n a la posibilidad que el reo pueda acceder a la modificaci\u00f3n a su favor del quantum punitivo, entre ellos: <\/p>\n
La ley 74 de 1968, pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en su art\u00edculo 15 consagra: \u201c\u2026 si con posterioridad a la comisi\u00f3n del delito la ley dispone la imposici\u00f3n de una pena m\u00e1s leve, el delincuente se beneficiar\u00e1 de ello\u201d2. <\/p>\n
Por otra parte, en la ley 16 de 1972 convenci\u00f3n americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica en su art\u00edculo 9, ratifico lo expuesto en igual sentido, \u201c\u2026 si con posterioridad a la comisi\u00f3n del delito la ley dispone la imposici\u00f3n de una pena m\u00e1s leve, el delincuente se beneficiar\u00e1 de ello\u201d3 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Por ello, pretender hoy, por parte del penado, que el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, modifique la pena a \u00e9l impuesta en uno o varios procesos, en raz\u00f3n a que cuando ejecutaba la conducta punible presentaba una situaci\u00f3n de marginalidad y pobreza, no es procedente en esta etapa procesal, pues lo mismo no obedece a una ley m\u00e1s favorable sino a los criterios para la determinaci\u00f3n de la punibilidad, que solo pueden ser observados por el juez fallador, al momento de emitir la sentencia tal como lo dispone el Cap\u00edtulo Segundo del C.P.\u201d <\/p>\n
En el mismo sentido fue confirmada la decisi\u00f3n por el Tribunal accionado el 24 de agosto de 2021, luego de analizar el marco normativo, las circunstancias f\u00e1cticas y el desarrollo jurisprudencial sobre la materia, donde se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
Sobre este aspecto, el art\u00edculo 38 numeral 7 de la Ley 906 de dos mil cuatro (2004), establece que el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas conoce de la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad cuando \u00abdebido a una ley posterior hubiere lugar a reducci\u00f3n, modificaci\u00f3n, sustituci\u00f3n, suspensi\u00f3n o extinci\u00f3n de la sanci\u00f3n penal\u00bb. En tal sentido, la Sala debe precisar al recurrente que en su caso no se configuran los presupuestos legales, ni jurisprudenciales arriba enunciados, para dar aplicaci\u00f3n al principio de favorabilidad, pues a la fecha no existe una sucesi\u00f3n o simultaneidad de dos o m\u00e1s leyes en el tiempo que le puedan resultar favorables a efectos de reducir la sanci\u00f3n penal. En este asunto, tal como se evidencia, el penado no se encuentra de acuerdo con la forma como se realiz\u00f3 la tasaci\u00f3n de la pena en la sentencia condenatoria, ni el hecho que no se le haya reconocido la circunstancia de menor punibilidad de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, sin embargo, este no es el escenario procesal para manifestarlo, pues de haberlo considerado pertinente, cont\u00f3 con los recursos ordinarios y extraordinarios previstos para tal fin, no obstante, no los ejerci\u00f3 en debida forma, es decir, dicha posibilidad feneci\u00f3 al momento que las sentencias condenatorias acumuladas cobraron ejecutoria.\u201d <\/p>\n
Con ese panorama, no es posible afirmar que el juzgado y el Tribunal adoptaron una decisi\u00f3n de forma caprichosa, comoquiera que los apartes transcritos dan cuenta de que la determinaci\u00f3n reprochada fue debidamente fundada y de su lectura es posible concluir que cualquier autoridad puede llegar a la misma conclusi\u00f3n. As\u00ed las cosas, como quiera que la providencia no luce antojadiza, resulta palpable ser producto de una plausible ex\u00e9gesis de la normativa sobre la materia, lo que excluye la intervenci\u00f3n de la justicia constitucional, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
(\u2026) no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo (CSJ STC2827-2021). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, contrario a lo afirmado por el precursor, en el presente caso no logra advertirse la existencia de alg\u00fan yerro que amerite la injerencia supralegal, por tanto, no queda opci\u00f3n distinta que la de respaldar el desenlace rebatido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, la cual concedi\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte hasta el 25 de abril de 2022, no obstante, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 02 de mayo de 2022. <\/p>\n
2\u0002 Este pacto fue suscrito por Colombia el 21 de diciembre de 1966, aprobado mediante la ley 74 de 1968, dep\u00f3sito de instrumento de ratificaci\u00f3n en octubre 29 de 1969 y entrada en vigor para Colombia el 23 de marzo de 1966. <\/p>\n
3\u0002 Fue suscrita en San Jos\u00e9 de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobada mediante ley 16 de 1972, dep\u00f3sito de Instrumento de ratificaci\u00f3n el 31 julio de 1973 y entrada en vigor para Colombia el 18 de julio de 1978. <\/p>\n
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STC6422-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC6422-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-02230-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Roberto Jos\u00e9 Forero G\u00f3mez frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63789","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63789","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63789"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63789\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63789"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63789"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63789"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}