STC6426-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6426-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00824-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 4 de mayo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 1 de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que neg\u00f3 la salvaguarda promovida, mediante apoderado, por Mar\u00eda Cecilia Mu\u00f1oz Urrego contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medell\u00edn, el Juzgado 7 Laboral del Circuito de la misma ciudad y las dem\u00e1s partes del proceso laboral de radicado 2002-00892. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante procura el respeto de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, seguridad social, vida en condiciones dignas y justas y a los \u00abprincipios de favorabilidad y progresividad de los derechos sociales\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La gestora, en su calidad de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del pensionado Sigifredo de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Bedoya, fallecido el 28 de febrero de 1999, instaur\u00f3 una demanda laboral contra el Instituto de Seguros Sociales, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes. <\/p>\n
2.2. El 15 de julio de 2005, el Juzgado 7\u00b0 Laboral del Circuito de Medell\u00edn conden\u00f3 a la demandada al reconocimiento y pago de la prestaci\u00f3n reclamada, decisi\u00f3n que fue confirmada el 15 de diciembre del mismo a\u00f1o por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la citada ciudad. <\/p>\n
2.3. El 3 de diciembre de 2007, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el recurso extraordinario interpuesto por el ISS, cas\u00f3 la sentencia atacada y, en sede de instancia, neg\u00f3 lo pretendido y absolvi\u00f3 a la accionada, porque no se acredit\u00f3 la convivencia, a la luz de lo normado en el art\u00edculo 47 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
De otra parte, mencion\u00f3 que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en varios fallos, ha indicado que era viable reconocer la pensi\u00f3n, aunque los c\u00f3nyuges estuvieran separados, cuando se presentan circunstancias particulares y especiales, como la fuerza mayor en aras de salvaguardar la integridad f\u00edsica de la esposa y de sus hijos, las que deb\u00edan ser apreciadas en cada caso. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se deje sin efecto la sentencia del 3 de diciembre de 2007 y, en su lugar, se emita una nueva que acceda a sus pretensiones. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS INTERVINIENTES <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que no se cumpl\u00eda con el requisito de inmediatez, dado que el fallo fue notificado el 16 de enero de 2008, por lo que no era viable afectar los principios de cosa juzgada y seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales, en liquidaci\u00f3n, manifest\u00f3 que la presente acci\u00f3n carec\u00eda de inmediatez y que \u00abNO se aprecia que la providencia de casaci\u00f3n se haya apartado de la Ley (\u2026) [pues] fue una consecuencia del examen de sus elementos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, a la luz de la normatividad aplicable\u00bb. A su vez, destac\u00f3 que carec\u00eda de facultad para pronunciarse sobre los casos relacionados con el r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida que estaban a cargo de Colpensiones. <\/p>\n
3. El Juzgado 7\u00b0 Laboral del Circuito de Medell\u00edn indic\u00f3 que el proceso de la referencia se encontraba archivado y que las decisiones judiciales estaban en firme. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional precis\u00f3, en primer lugar, que se pod\u00eda estudiar el fondo del asunto, toda vez que, acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el requisito de inmediatez no era aplicable a asuntos pensionales; no obstante, consider\u00f3 que deb\u00eda negarse el amparo, porque la determinaci\u00f3n cuestionada \u00abresponde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer de la accionante que (\u2026) pretende que por v\u00eda de tutela se realice una interpretaci\u00f3n diferente a la efectuada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime que la decisi\u00f3n objeto de controversia se profiri\u00f3 en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante, quien adujo que \u00abla discrecionalidad vertida en las decisiones atacadas afecta de manera grave y notoria mis derechos constitucionales fundamentales, en tanto desconocen la posibilidad tejida por la jurisprudencia de la misma Sala Laboral de la Corte, acerca de la acepci\u00f3n doctrinal denominada como C\u00d3NYUGE CULPABLE aplicable en materia de pensi\u00f3n de sobrevivientes, y lo que es peor a\u00fan, la perspectiva de g\u00e9nero que debe guiar el miramiento de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la accionante persigue la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la Sala accionada, al proferir la sentencia de casaci\u00f3n del 3 de diciembre de 2017, que defini\u00f3, en \u00faltimas1, el proceso ordinario laboral promovido contra el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, en tanto cas\u00f3 la sentencia dictada el 15 de diciembre de 2005 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn y neg\u00f3 la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse de esa manera las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; por tanto, solo en casos excepcionales se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable. <\/p>\n
3. Pues bien, advierte la Sala que la autoridad judicial convocada, al resolver el recurso de casaci\u00f3n promovido por el ISS, hoy Colpensiones, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que deb\u00eda casar el fallo dictado por el ad quem en el proceso de marras. <\/p>\n
Para ello, destac\u00f3 que estaba fuera de discusi\u00f3n que (i) el causante \u00abGonz\u00e1lez Bedoya obtuvo la pensi\u00f3n de invalidez mediante Resoluci\u00f3n 03425 del 13 de julio de 1989\u00bb; ii) que \u00abcontrajo matrimonio cat\u00f3lico con la demandante el 20 de septiembre de 1975\u00bb; iii) que \u00abel ISS mediante Resoluci\u00f3n 01748 de 28 de enero de 2000, le neg\u00f3 la pensi\u00f3n a la se\u00f1ora Mu\u00f1oz Urrego, por no convivir con el pensionado al momento de su fallecimiento\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, luego de precisar que el criterio de la sentencia 14445 del 18 de octubre de 2000 correspond\u00eda a situaciones excepcionales que no eran aplicables al caso analizado, resalt\u00f3 que, como el fallecimiento del se\u00f1or Sigifredo de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Bedoya ocurri\u00f3 el 28 de febrero de 1999, era evidente que la norma indicada para la resoluci\u00f3n del asunto era el art\u00edculo 47 inicial de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Frente a ello, concluy\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en los yerros endilgados, toda vez que, para la fecha en que ocurri\u00f3 el deceso del causante, la norma vigente era el art\u00edculo 47 inicial de la Ley 100 de 1993 y no el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Por lo expuesto, cas\u00f3 la providencia del juez plural y, en sede de instancia, luego de analizar tanto pruebas documentales como testimoniales, estableci\u00f3 que el se\u00f1or Gonz\u00e1lez Bedoya viv\u00eda desde el a\u00f1o 1984 en la casa materna al cuidado de su mam\u00e1 y que, con posterioridad al fallecimiento de esta, qued\u00f3 al cuidado de sus hermanos; adem\u00e1s, para la fecha de su deceso -1999-, su c\u00f3nyuge Mar\u00eda Cecilia Mu\u00f1oz Urrego y ahora tutelante estaba radicada en Estados Unidos desde hac\u00eda m\u00e1s de 10 a\u00f1os. Teniendo en cuenta lo anterior, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n proferida por el Juzgado 7\u00b0 Laboral del Circuito de Medell\u00edn, que conden\u00f3 al ISS a reconocer y pagar a la demandante Mu\u00f1oz Urrego la pensi\u00f3n de sobrevivientes y, en su lugar, absolvi\u00f3 al ISS de todas las pretensiones. <\/p>\n
4. Analizado lo anterior, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. En efecto, la Sala accionada estim\u00f3 que no era viable el otorgamiento de la prestaci\u00f3n reclamada en los t\u00e9rminos pretendidos, por cuanto en el juicio la actora no acredit\u00f3 la convivencia con el causante en los t\u00e9rminos exigidos en el art\u00edculo 47 inicial de la Ley 100 de 1993, preceptiva que era la aplicable, por ser la vigente al momento del deceso del se\u00f1or Sigifredo de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Bedoya. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. Sobre el particular, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Al respecto, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adicionalmente, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el escenario para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, como se reclama, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
Acorde con lo anterior, en el caso bajo estudio no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, para estudiar las motivaciones personales y particulares por las cuales la tutelante aduce, en esta instancia, que no conviv\u00eda con el causante, pues, como se indic\u00f3, esta no es una instancia para replantear los temas objeto de debate ni para reabrir un proceso en el cual las partes tuvieron la oportunidad de intervenir y ejercer su derecho a la defensa; sumado a que la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente en las pruebas consideradas, la normativa y la jurisprudencia relacionada. <\/p>\n
5. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso que se analiza, se impone mantener el fallo refutado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Al respecto, ha sostenido la jurisprudencia que, cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos, \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
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