STC6430-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6430-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00343-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 4 de marzo, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Aida Sof\u00eda Berr\u00edo Coa contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Penal) y la Fiscal\u00eda 59\u00b0 Seccional, ambos de Cartagena. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas esenciales al \u00abacceso (\u2026) a la administraci\u00f3n de justicia y a [la] observancia de los t\u00e9rminos procesales sin dilaciones injustificadas\u00bb, presuntamente trasgredidas por las dependencias acusadas, dentro del incidente de desacato n.\u00b0 \u00ab2020-00052\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que a continuaci\u00f3n se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (Sala Penal) se surti\u00f3 una acci\u00f3n de amparo, por demanda de la aqu\u00ed quejosa contra la Fiscal\u00eda 59\u00b0 Seccional de esa ciudad; decurso del cual provino fallo el 23 de abril de 2020, que por otorgar la ayuda implorada orden\u00f3 a esta \u00faltima entidad, como estamento investigador, imprimir \u00abel impulso procesal pertinente\u00bb a la causa punitiva arriba referenciada, en un plazo perentorio; bien, para \u00absolicitar la programaci\u00f3n de audiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb, ora, en procura de optar \u00abmotivadamente [por] el archivo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El extremo all\u00e1 accionante (la ahora precursora) propuso incidente por supuesto incumplimiento del mandato constitucional antes enunciado, en el que, el juez colegiado, previo llamamiento al involucrado Jes\u00fas Gilberto Garc\u00eda Castilla (fiscal 59\u00b0 Seccional) y a su \u00absuperior jer\u00e1rquica\u00bb directora Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar, dispuso abstenerse de proseguir con el desacato a trav\u00e9s de auto de 10 de marzo de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
3. A ra\u00edz de un nuevo pedimento incidental elevado por la parte all\u00ed promotora (ac\u00e1 tambi\u00e9n accionante), el Tribunal cognoscente otra vez cerr\u00f3 la tramitaci\u00f3n, luego del llamamiento a los involucrados e iniciaci\u00f3n, con prove\u00eddo de 16 de abril del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Dada la impetraci\u00f3n de una tercera solicitud similar \u2013por la actora de esta y aquella tutela\u2013 el corporado impartidor de justicia profiri\u00f3 pronunciamiento de abstenci\u00f3n de seguir adelante con el desacato, mediante providencia de 6 de agosto de 2021, en la que, adem\u00e1s, resolvi\u00f3 abrir \u00abINCIDENTE DE CUMPLIMIENTO\u00bb por separado, para la verificaci\u00f3n de la honra plena a la sentencia constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
5. El prenotado \u00abincidente\u00bb se halla pendiente de resoluci\u00f3n, luego de la realizaci\u00f3n de m\u00faltiples requerimientos al fiscal Garc\u00eda Castilla; el \u00faltimo de ellos hecho en interlocutorio de 13 de mayo de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
6. Aida Sof\u00eda Berr\u00edo Coa, titular del resguardo aqu\u00ed implorado y de los decursos incidentales acabados de aludir, critic\u00f3 por esta excepcional senda, en estricto compendio, que el cuerpo tribunalicio de Cartagena ha dilatado en el tiempo, sin justificaci\u00f3n, las amonestaciones que deber\u00eda recibir el titular de la fiscal\u00eda seccional, por el abierto incumplimiento de la orden tutelar, as\u00ed como que interpretara de forma equivocada, a partir del tercer desacato, el mandato de su propio fallo, que en ning\u00fan momento implicaba solicitar \u00abaudiencia de preclusi\u00f3n\u00bb en la investigaci\u00f3n penal por ella instaurada, sino por el contrario, llevar a cabo la \u00abformulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Tribunal perseguido memor\u00f3 lo sucedido y se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. Comparti\u00f3 copia de los paginarios disentidos. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 59\u00b0 Seccional acusada hizo recordaci\u00f3n de los pormenores de la causa punitiva materia del desacato. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Bol\u00edvar y los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda por \u00abimprocedente\u00bb, pues \u00absi lo pretendido es que [se] acate la orden impartida (\u2026) en el fallo que puso fin a una primera tutela, el mecanismo adecuado es el incidente de desacato\u00bb, m\u00e1xime si el iniciado por la aqu\u00ed interesada est\u00e1 pendiente de definici\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue intentada por la convocante, quien am\u00e9n de insistir en sus reproches y aspiraciones (menos la de \u00abcompulsar copias\u00bb), discrep\u00f3 de lo dirimido por el a-quo constitucional, por desenfoque en la lectura de las censuras. A\u00f1adi\u00f3 que no tiene m\u00e1s alternativa para forzar el cumplimiento de un fallo de amparo, despu\u00e9s de la vana iniciaci\u00f3n de \u00abtres incidentes de desacato y uno de cumplimiento\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias (\u2026) que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, que no es venturoso el amparo, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u2026\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos plenarios, \u00abparticularmente por \u201causencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez (\u2026) hubiera agotado en el interior del incidente (\u2026) esta misma situaci\u00f3n\u201d\u00bb1 o en vista de la pretermisi\u00f3n del \u00abtr\u00e1mite que en derecho corresponde\u2026\u00bb (CSJ STC11880-2018, 13 sep., rad. 01400-01). <\/p>\n
Excepcionalidad que consecuentemente se ha extendido a otros contextos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12; citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Y no es de menor importancia anotar que cuando el funcionario de conocimiento incurra en una actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitraria o antojadiza, puede injerir el juez de amparo con el fin de recuperar el orden jur\u00eddico si el afectado no dispone de otro medio de respaldo judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo tocante, se ha manifestado que, <\/p>\n
<\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u2018se detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado… (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
<\/p>\n
En ese contexto, se ha reconocido que cuando el juzgador natural dilata alguna tramitaci\u00f3n importante del proceso, se aparta de la jurisprudencia, sin aportar argumentos valederos o, de presentarse un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Circunscrito el debate al memorial impugnatorio, deviene palpable la trasgresi\u00f3n a los intereses esenciales de la tutelante, por parte del Tribunal fustigado, seg\u00fan pasa a dilucidarse. <\/p>\n
Es que el mencionado estamento judicial, a la postre, ha rehusado, sin raz\u00f3n v\u00e1lida alguna, resolver de manera definitiva y a fondo el \u00faltimo incidente de desacato presentado por la quejosa, y m\u00e1s a\u00fan, el \u00abINCIDENTE DE CUMPLIMIENTO\u00bb abierto desde el 6 de agosto de 2021 bajo la premisa de que el fiscal implicado encontr\u00f3 que es otra la persona que ha de ser investigada dentro de la causa penal base del decurso incidental. <\/p>\n
Y no puede ser de acogida la realizaci\u00f3n de m\u00faltiples requerimientos al funcionario incidentado (el m\u00e1s reciente, realizado el 13 de mayo de los corrientes), pues ello desconoce, en demas\u00eda, los t\u00e9rminos para la finalizaci\u00f3n de los tr\u00e1mites de desacato, se\u00f1alados en el decreto 2591 de 1991, con m\u00e1s veras si el descrito \u00abINCIDENTE DE CUMPLIMIENTO\u00bb lleva casi un a\u00f1o sin efectiva soluci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Circunstancias estas que se traducen, sin m\u00e1s, en una dilaci\u00f3n injustificada, por clara omisi\u00f3n del Tribunal de Cartagena en resolver adecuadamente respecto al cumplimiento o incumplimiento de la orden dada por tal corporaci\u00f3n en sentencia de 23 de abril de 2020, y por lo cual esta Sala de la Corte ha decantado, de tiempo atr\u00e1s, la subsistencia del amparo frente a supuestos como el de marras, cuando el retraso achacado carezca de explicaci\u00f3n v\u00e1lida; es decir, eventos <\/p>\n
\u2026producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada\u2026 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial (\u2026) que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior\u2026 (Destacado ajeno. CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00; reiterada, entre muchas otras, en STC901, 6 feb. 2020, rad. 2019-00550-01). <\/p>\n
<\/p>\n
Revisadas las pruebas aportadas a este asunto, se desprende el quebranto de la garant\u00eda al debido proceso, por cuanto el juzgado aqu\u00ed involucrado, ha tardado en resolver el mentado desacato sin excusa v\u00e1lida que justifique esa dilaci\u00f3n de t\u00e9rminos. <\/p>\n
N\u00f3tese, la actora el 23 de marzo de 2017 acudi\u00f3 ante el estrado convocado, para obtener el cumplimento del fallo de tutela que protegi\u00f3 su derecho fundamental\u2026, no obstante, a la fecha de esta decisi\u00f3n la autoridad acusada a\u00fan no ha definido dicho incidente, evidenci\u00e1ndose, por tanto, el transcurso de m\u00e1s de dos (2) meses, los cuales superan ampliamente el plazo de diez (10) d\u00edas definidos por la jurisprudencia constitucional para zanjar este tipo de reclamos. <\/p>\n
Al respecto, ese alto Tribunal [en CC T-367\/14] sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 no fija un t\u00e9rmino determinado o determinable para resolver el tr\u00e1mite incidental de desacato a un fallo de tutela, lo que, trat\u00e1ndose de un elemento esencial para armonizar con la Constituci\u00f3n implica la existencia de una omisi\u00f3n legislativa relativa. Al regular la Constituci\u00f3n la acci\u00f3n de tutela, en su art\u00edculo 86, y precisar que tanto la protecci\u00f3n de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez d\u00edas, de este mandato se sigue que para resolver el tr\u00e1mite incidental de desacato a un fallo de tutela no habr\u00e1n de transcurrir m\u00e1s de diez d\u00edas, contados desde su apertura. (\u2026)\u201d\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se le ordenar\u00e1 al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolver dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, el comentado decurso incidental\u2026 (Se resalt\u00f3. CSJ STC8955, 22 jun. 2017, rad. 01124-01; citada en STC8348, 7 jul. 2021, rad. 01980-00). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, esta Magistratura no puede referirse a la pretensi\u00f3n de que se prosiga con la investigaci\u00f3n penal, tra\u00edda por la promotora, ni mucho menos sugerir el sentido de la orden de tutela objeto del incidente disentido (de cara a la cr\u00edtica que apunta a inferir que lo mandado en el fallo fue llevar a cabo la \u00abaudiencia de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n\u00bb), por clara sustracci\u00f3n de materia. Esos temas deber\u00e1 dirimirlos el Tribunal accionado al zanjar el incidente. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Las anteriores deliberaciones, ergo, conllevan a infirmar el veredicto opugnado y, por ende, abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el Tribunal recriminado ha escatimado mayor esfuerzo en desatar, en el sentido que estime apropiado, el rito incidental criticado; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a disponer lo pertinente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, revoca la sentencia impugnada y, en su lugar, concede el resguardo implorado por Aida Sof\u00eda Berr\u00edo Coa. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena (Sala Penal), que en un t\u00e9rmino no mayor a cinco d\u00edas, contado a partir de su enteramiento, adopte la determinaci\u00f3n definitiva que en derecho corresponda respecto al \u00abINCIDENTE DE CUMPLIMIENTO\u00bb abierto a ra\u00edz del \u00faltimo reclamo de desacato instaurado por la ac\u00e1 tutelante (rad. n.\u00b0 \u00ab2020-00052\u00bb), atendiendo los razonamientos vertidos en las consideraciones de este fallo. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada en STC, 11 jun. 2015, rad. 01205-00. <\/p>\n
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