STC6435-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6435-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-00225-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia el 17 de febrero de 2022, con la cual declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Henry Agredo Gallego contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2017-03980. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por la autoridad Judicial cuestionada al interior de la referida causa. <\/p>\n
2.1. En contra del accionante, se adelant\u00f3 proceso penal por el presunto delito de cohecho por dar u ofrecer. Asunto de conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Popay\u00e1n, quien, con prove\u00eddo del 17 de junio de 2021, decidi\u00f3 absolverlo de la conducta endilgada. <\/p>\n
2.2. Inconforme con esa decisi\u00f3n, la Fiscal\u00eda present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. El Tribunal cuestionado -con fallo del 22 de octubre de 20212- revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n recurrida. Y, declar\u00f3 penalmente responsable al actor del delito mencionado, imponi\u00e9ndole una pena principal de 48 meses de prisi\u00f3n. Adem\u00e1s, neg\u00f3 la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
2.3. En sentir del actor, el Tribunal atacado vulner\u00f3 sus derechos fundamentales, al condenarlo sin que est\u00e9 demostrada su responsabilidad, dado que no se valoraron adecuadamente las pruebas, y que fue condenado con base a las declaraciones de dos miembros de la Polic\u00eda Nacional, quienes lo inculparon de un delito que no cometi\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, reproch\u00f3 la gesti\u00f3n realizada por su apoderada, toda vez que dej\u00f3 vencer el t\u00e9rmino para presentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, solicit\u00f3 que se decrete la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal accionado. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n expres\u00f3 que, en el presente asunto, \u00abse adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que se ajusta a los par\u00e1metros sanos del derecho, se obedeci\u00f3 estrictamente la ley, y se actu\u00f3 dentro de las competencias otorgadas\u00bb. Tambi\u00e9n, pidi\u00f3 que se declare improcedente la acci\u00f3n de tutela propuesta, teniendo en cuenta que el actor no interpuso los recursos de ley contra la providencia emitida. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Popay\u00e1n, luego de relatar las actuaciones al interior del tr\u00e1mite, indic\u00f3 que \u00abno ha vulnerado derecho fundamental alguno al se\u00f1or HENRY AGREDO GALLEGO, que deba ser objeto del amparo constitucional, en consecuencia, respetuosamente se solicita, la desvinculaci\u00f3n de este Juzgado, en el presente tr\u00e1mite de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. El Fiscal 004 Seccional de Administraci\u00f3n P\u00fablica de Popay\u00e1n resalt\u00f3 que \u00abno se han vulnerado derechos algunos de los relacionados en la tutela, pues lo que se observa es que se pretende convertir esta tutela como instancia de casaci\u00f3n, desvirtuando el fin que se persigue frente a una sentencia que cumpli\u00f3 el tr\u00e1mite correspondiente que se obtuvo con presencia de una defensa t\u00e9cnica bastante acuciosa\u00bb. Por lo tanto, implor\u00f3 que se nieguen las pretensiones del peticionario. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional a-quo declar\u00f3 improcedente el amparo. Para ello, constat\u00f3 la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad pues, \u00ablos reproches que expone el actor ha debido presentarlos a trav\u00e9s del recurso de impugnaci\u00f3n especial, del cual no hizo uso, desechando as\u00ed el medio de defensa judicial a su alcance y perdiendo la oportunidad procesal id\u00f3nea para discutir lo pretendido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, con fundamento en los mismos argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del accionante, con ocasi\u00f3n de la providencia dictada el 22 de octubre de 2021, con la cual se revoc\u00f3 la sentencia absolutoria del 17 de junio del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
2. Pronto esta Sala advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la sentencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
3. Del an\u00e1lisis probatorio, se observa que mediante prove\u00eddo del 17 de junio de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funci\u00f3n de Conocimiento de Popay\u00e1n, resolvi\u00f3 absolver al querellante del delito de cohecho por dar u ofrecer. Frente a ello, el ente acusador formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. El 22 de octubre de 2021, el Tribunal censurado, al desatar la alzada, decidi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO. \u2013 REVOCAR la sentencia del 17 de junio del 2021, emitida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Popay\u00e1n, (C), para en su lugar, DECLARAR penalmente responsables a HENRY AGREDO GALLEGO, por el delito de COHECHO POR DAR U OFRECER (Art. 407 Ley 599\/00), imponi\u00e9ndole la pena principal de 48 meses de prisi\u00f3n y multa de 66.66 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por un lapso 80 meses. <\/p>\n
SEGUNDO. – NO CONCEDER la suspensi\u00f3n de la ejecuci\u00f3n de la pena prevista en el canon 63 del CP, por expresa prohibici\u00f3n legal. <\/p>\n
TERCERO. \u2013 L\u00edbrese la respectiva orden de captura\u00bb. <\/p>\n
3.2. Frente a esa determinaci\u00f3n, el actor guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
4. De lo narrado, esta Sala concluye la improcedencia del amparo, pues el querellante cont\u00f3 con la oportunidad de exponer a la autoridad recriminada las razones de su inconformidad para reclamar a favor de sus intereses y no lo hizo. En efecto, es ineludible que desperdici\u00f3 los medios de legales que tuvo a su alcance, concretamente, la interposici\u00f3n del recurso de impugnaci\u00f3n especial3 contra la sentencia dictada el 22 de octubre de 2021, que lo declar\u00f3 penalmente responsable por el delito de cohecho por dar u ofrecer. Igualmente, frente al mismo, si a bien lo ten\u00eda pudo impetrar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Mecanismos viables con los que contaba para ejercer la defensa de sus derechos. <\/p>\n
Por supuesto, tal omisi\u00f3n imposibilita el uso de esta senda constitucional si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias. Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha destacado que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
5. Finalmente, se comparte lo decidido por el Tribunal constitucional a-quo, en el sentido de que la omisi\u00f3n que le imputa el actor a su representante judicial, no es de recibo. Ello pues, este estaba habilitado para remover el mandato y designar otro profesional del derecho para que presentar\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n. Inclusive, de no contar con recursos, \u00abpod\u00eda acudir a la Defensor\u00eda del Pueblo, entidad que cuenta con una Oficina Especial de Apoyo para evaluar y presentar el recurso extraordinario (CSJ STP748-2018, STP3690-2020)\u00bb. Lo anterior, resulta contrario a la naturaleza residual de este amparo constitucional. <\/p>\n
6. Por lo considerado, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 4-30. Anexo 0002 121962Demanda.pdf <\/p>\n
3\u0002 Sobre la impugnaci\u00f3n especial, la Sala Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado en providencia AP1263-2019, radicaci\u00f3n n.\u00b0 54215, del tres (03) de abril de dos mil diecinueve (2019), sobre el derecho a impugnar la primera condena emitida en segunda instancia por los tribunales superiores. <\/p>\n
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