STC6437-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6437-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02073-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n el 2 de noviembre de 2021, con la cual neg\u00f3 el amparo promovido por Dar\u00edo Hern\u00e1n Lucio Ramos contra el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado, la Fiscal\u00eda Quinta Especializada, la Personer\u00eda y la Defensor\u00eda del Pueblo, todos de Buga, Valle del Cauca. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso penal de radicado 2015-00003-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y libertad, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. El Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito de Buga, con fallo del 28 de julio de 2017, decidi\u00f3 condenar al aqu\u00ed accionante a la pena principal de 384 meses de prisi\u00f3n por la comisi\u00f3n de los delitos de homicidio agravado, tortura, desplazamiento forzado, hurto calificado y concierto para delinquir agravado1. Inconforme con esa determinaci\u00f3n, la defensa interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. La Sala Penal del Tribunal de Buga, con prove\u00eddo del 25 de mayo de 2018, resolvi\u00f3 \u00abconfirmar en lo que fue materia de apelaci\u00f3n, la sentencia del 28 de julio de 2017\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que \u00abcontra esa sentencia procede el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos regulados en los art\u00edculos 207 y 210 ss. de la Ley 600 de 2000\u00bb2. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, el promotor, por v\u00eda de tutela, consider\u00f3 que, en su proceso, \u00abse invirti\u00f3 la carga de la prueba, la Fiscal\u00eda y el juez fallador optaron por proteger la investigaci\u00f3n soslayando [su] presunci\u00f3n de inocencia en raz\u00f3n al delito de homicidio, toda vez que [\u2026] los testimonios [surtidos] como pruebas no eran contundentes considerando que fueron esbozados por individuos que no concurrieron en el lugar de los hechos, adem\u00e1s ninguno de ellos [le] sindic\u00f3 directamente de ser el autor material del suceso. Como se concluye, [fue] acusado y condenado por [ese] homicidio simplemente por haber pertenecido a las A.U.C. [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se \u00abaplique la sentencia C-590\u00bb. Adem\u00e1s, se \u00abordene [\u2026] que se examine muy bien [su] proceso y que se investigue hasta el fondo, porque [es] inocente de ese homicidio para que se [le] otorgue todos [sus] beneficios y la protecci\u00f3n y garant\u00edas de todos [sus] derechos fundamentales y el derecho de [su] libertad\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Penal Especializado del Circuito de Buga, indic\u00f3 que en el fallo cuestionado se garantizaron \u00ablas garant\u00edas fundamentales a los sujetos procesales, por lo que se solicita denegar la presente acci\u00f3n p\u00fablica declarando que no se ha vulnerado derecho fundamental alguno\u00bb. Adem\u00e1s, recalc\u00f3 que el actor no \u00abinterpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, requisito de procedibilidad no satisfecho en el presente tr\u00e1mite constitucional, aunado a que tampoco se cumple con el principio de inmediatez si se tiene en cuenta el lapso transcurrido desde el momento en que cobr\u00f3 ejecutoria la sentencia condenatoria hasta ahora\u00bb. <\/p>\n
2. La Direcci\u00f3n Especializada de Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, inform\u00f3 que \u00abel accionante [\u2026] estuvo vinculado a una investigaci\u00f3n penal que se tramit\u00f3 en la otrora Fiscal\u00eda Quinta Especializada, le fue formulado Resoluci\u00f3n de Acusaci\u00f3n y se tramit\u00f3 el juicio en su contra, al final del cual fue vencido y se hizo merecedor del castigo que hoy padece en establecimiento carcelario\u00bb. <\/p>\n
3. La Defensor\u00eda del Pueblo de la Regional Valle del Cauca, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, pues se\u00f1al\u00f3 que \u00abno encuentra razones [\u2026] que permita ser objeto de la presente acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. La Personer\u00eda Delegada para la Promoci\u00f3n y Defensa de los Derechos Humanos de Buga, requiri\u00f3 \u00ababstener[se] de condenar a esa Agencia [\u2026], toda vez que de la [tutela] no se desprende dato alguno que justifique la vinculaci\u00f3n de es[a] dependencia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo deneg\u00f3 el amparo, al considerar que \u00abno cumple con el requisito general de subsidiariedad, toda vez que, contra la decisi\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Buga, proced\u00eda el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, [\u2026], sin que el actor hubiera acudido a dicho mecanismo de defensa\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante reiter\u00f3 lo aducido en su demanda inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales alegados por el accionante. Ello pues, estim\u00f3 que los jueces de instancia no realizaron una valoraci\u00f3n adecuada de las pruebas decretadas y practicadas al interior de la causa penal que se surti\u00f3 en su contra. <\/p>\n
2. De entrada, esta Corporaci\u00f3n advierte la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. Y, por tanto, la providencia impugnada habr\u00e1 de ser confirmada, pues no se atendi\u00f3 al requisito de inmediatez3. Ello es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia el \u00ab25 de mayo de 2018\u00bb, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, el \u00ab3 de agosto de 2021\u00bb4. Es decir, pasaron m\u00e1s de seis (6) meses despu\u00e9s de haberse emitido la decisi\u00f3n rebatida. <\/p>\n
2.1. Respecto al citado principio ha de precisarse que, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb5. En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
2.2. Sin embargo, cabe resaltar que dicha exigencia puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad del actor para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad, la permanencia en el tiempo de la amenaza, entre otras6. Sumado a ello, se ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada7. Bajo ese contexto, en el presente caso esta Corporaci\u00f3n no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que flexibilizan o eximan del principio de inmediatez, pues lo alegado y la falta de medio de convicci\u00f3n no justifican la tardanza anotada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab10.3 Anexo img20190827_14513028\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab10.4 Anexo img20190827_14532395\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Definido por la jurisprudencia constitucional como presupuesto necesario para la procedencia de la salvaguarda. <\/p>\n
4\u0002 Seg\u00fan se identifica en sello del escrito de tutela. <\/p>\n
5\u0002 Precisamente, la Sala ha reiterado que: \u00abEn efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea\u00bb. (\u2026) <\/p>\n
\u00abAquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC3069-2019, citada y reiterada en STC098-2022). <\/p>\n
6\u0002 As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010. <\/p>\n
7\u0002 Por cuanto \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb. Sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014. <\/p>\n
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STC6437-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6437-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-02073-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63798","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63798","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63798"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63798\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63798"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63798"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63798"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}