STC6442-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6442-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00121-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 19 de abril de 2022, con la cual neg\u00f3 el amparo promovido por la sociedad Mu\u00f1oz Hermanos F&N Compa\u00f1\u00eda S.A.S. contra el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 y el Juzgado Civil Municipal de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2021-00134-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora, por medio de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades acusadas. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que interpuso demanda ejecutiva en contra de Almacenes \u00c9xito S.A. con el fin de que se librara \u00abmandamiento de pago [\u2026] por la suma de [\u2026] $14.023.208 por concepto de saldo insoluto sobre el canon de arrendamiento del mes de noviembre de 2018 [\u2026] $20.978.616, por concepto del saldo insoluto sobre [los c\u00e1nones] de arrendamiento de [\u2026] diciembre de 2018 [\u2026] y enero de [\u2026] 2019\u00bb. Adem\u00e1s, se condene al pago de los intereses moratorios causados por el incumplimiento de las sumas acordadas en el contrato de arrendamiento de local comercial suscrito entre las partes1. En ese orden, el Juzgado Civil Municipal de Chocont\u00e1, -el 19 de noviembre de 2020- orden\u00f3 librar mandamiento de pago2. Frente a ello, el extremo pasivo contest\u00f3 y, propuso \u00abexcepciones de m\u00e9rito\u00bb3. <\/p>\n
2.2. El Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 -con resoluci\u00f3n del 27 de septiembre de 2021- decidi\u00f3 \u00abconfirmar en su integridad la sentencia proferida en audiencia de 13 de julio de 2021 (sic) proferida por el Juzgado Civil Municipal de Chocont\u00e1\u00bb5. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, la promotora, por v\u00eda de tutela, consider\u00f3 que los juzgados de instancia \u00abno cumplieron con la obligaci\u00f3n de valorar de manera conjunta la prueba allegada al proceso y con sustento en manifestaciones parciales, tanto en el interrogatorio de parte, como en las testimoniales recaudadas, [\u2026] raz\u00f3n que consideraron suficiente para concluir que los pagos hechos por la parte demandada satisfac\u00edan plenamente la obligaci\u00f3n\u00bb. Adem\u00e1s, adujo que no \u00abse comprende, la raz\u00f3n por la cual, se desestima una prueba documental que la misma parte demandante afirma que el contrato de arrendamiento se ci\u00f1e al clausulado pactado el 11 de junio de 2013, y de manera expresa en la carta de terminaci\u00f3n, hace alusi\u00f3n a la cl\u00e1usula cuarta referente al t\u00e9rmino de duraci\u00f3n, de lo que se concluye el desconocimiento de la supuesta modificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3, conforme a lo relatado, que se ordene \u00abdejar sin efecto las decisiones y se proceda a efectuar la valoraci\u00f3n conjunta de la prueba en los t\u00e9rminos que ordena la jurisprudencia y la ley procesal vigente\u00bb. <\/p>\n
II. LAS RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado Civil Municipal de Chocont\u00e1, manifest\u00f3 que \u00ablas decisiones controvertidas [\u2026] se resolvieron con la debida argumentaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, con valoraci\u00f3n probatoria razonada sin que de ellas se pueda derivar [una] presunta vulneraci\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. El Despacho Civil del Circuito de Chocont\u00e1, indic\u00f3 que la determinaci\u00f3n proferida \u2013el 27 de septiembre de 2021 \u00abest\u00e1 debidamente fundamentada y por tanto, [\u2026] no vulner\u00f3 derecho fundamental alguno de la accionante [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala constitucional a quo deneg\u00f3 el amparo, al considerar que de lo estimado por \u00ablos juzgados civil municipal y civil circuito de Chocont\u00e1, [\u2026] no se advierte capricho o arbitrariedad que deba ser sometido a control constitucional, pues el estudio del proceso permiti\u00f3 a los jueces de conocimiento considerar que deb\u00edan prosperar las excepciones planteadas por la parte ejecutada, dado que en efecto las partes hab\u00edan modificado el contrato de arrendamiento presentado como t\u00edtulo ejecutivo, conclusi\u00f3n a la que llegaron los juzgadores luego de analizar el material probatorio [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante indic\u00f3 que lo resuelto en primera instancia resulta apartado de la realidad pues, \u00ablo pretendido [\u2026] es precisamente que se revise la incidencia de la valoraci\u00f3n probatoria hecha de manera parcial en la que no se tuvieron en cuenta todos los elementos que arrojaba la realidad procesal, espec\u00edficamente se tuvo en cuenta que la modificaci\u00f3n del contrato de arrendamiento lo fue estrictamente con el valor del canon de arrendamiento, desestimando que con la misma prueba se estableci\u00f3 una modificaci\u00f3n del plazo [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron el derecho fundamental alegado por la tutelante. Ello pues, estim\u00f3 que no se realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n completa de los medios de convicci\u00f3n decretados y practicados al interior de la causa ejecutiva. <\/p>\n
2. Sobre el particular, se observa que la autoridad acusada -con providencia del 27 de septiembre de 2021- expres\u00f3 los motivos por los cuales resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. Para ello, comenz\u00f3 por indicar la regulaci\u00f3n comercial que rige el contrato de arrendamiento \u2013renovaci\u00f3n, desahucio, indemnizaci\u00f3n al arrendatario, subarriendo y cesi\u00f3n- y la definici\u00f3n que para este estructura el C\u00f3digo Civil. Por lo anterior, expuso que tanto en el \u00abcontrato de arrendamiento civil como comercial\u00bb, no es exigible ninguna formalidad adicional \u00abal mero acuerdo de voluntades entre arrendador y arrendatario, igualmente lo ser\u00e1 aquellas modificaciones que sobre esos elementos esenciales y tambi\u00e9n accesorios las partes acuerden\u00bb. Por tanto, resalt\u00f3 que las partes \u00abtienen libertad probatoria para acreditar la existencia de aquellos elementos esenciales -y accesorios- del contrato de arrendamiento, as\u00ed como para probar las modificaciones que en el curso del tiempo -recu\u00e9rdese que el contrato de arrendamiento es adem\u00e1s de tracto sucesivo- se acuerden\u00bb. <\/p>\n
2.1. En relaci\u00f3n con el material probatorio practicado al interior de la causa, indic\u00f3 que las partes concuerdan \u00abque para el mes de mayo de 2018 \u2013previo al vencimiento del t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del contrato de arrendamiento inicial-, se efectuaron conversaciones entre el representante legal de la [demandante] y Norberto Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez \u2013Analista costos de ocupaci\u00f3n de la Direcci\u00f3n Servicios Gesti\u00f3n de Activos-\u00bb, de lo que acordaron \u00abque el contrato se renovar\u00eda por 5 cinco a\u00f1os m\u00e1s, que el canon de arrendamiento durante los meses de julio de 2018 hasta junio de 2019 ser\u00eda por $11.300.000, de julio de 2019 hasta junio de 2020 lo ser\u00eda por $9.200.000 y para el tercer a\u00f1o luego de la renovaci\u00f3n, esto es el de junio de 2020 a julio de 2021 se revisar\u00edan las condiciones de acuerdo al comportamiento de ventas y resultados del almac\u00e9n\u00bb. Al respecto, rese\u00f1\u00f3 que lo descrito result\u00f3 el aspecto b\u00e1sico en el que se fund\u00f3 la apelaci\u00f3n, ya que \u00ab[\u2026] la modificaci\u00f3n en cuesti\u00f3n y del modo en c\u00f3mo fue interpretada por el a quo se tratar\u00eda de una novaci\u00f3n\u00bb. Frente a ello, y con fundamento en el art\u00edculo 1687 del C\u00f3digo Civil y precedente de esta Sala, estim\u00f3 que \u00abno cabe duda que [\u2026] Almacenes \u00c9xito S.A., como arrendatario y la sociedad demandante como arrendadora, en las negociaciones que tuvieron lugar en el mes de mayo de 2018 no hubo novaci\u00f3n alguna como lo consider\u00f3 el a quo y como err\u00f3neamente lo pretende hacer valer el apelante\u00bb. <\/p>\n
2.2. Para explicar lo descrito, resalt\u00f3 que el representante legal de la actora reconoci\u00f3 \u00aben su interrogatorio, que el objeto de aquella reuni\u00f3n con [\u2026] Norberto Rodr\u00edguez, no era otro que la ampliaci\u00f3n del plazo o renovaci\u00f3n por 5 a\u00f1os del contrato de arrendamiento inicialmente suscrito por los contratantes\u00bb. Adem\u00e1s, indic\u00f3 que el recurrente refiri\u00f3 que \u00abno pod\u00eda darse valor a aquellas negociaciones ni tenerlas como un verdadero acuerdo modificatorio de las condiciones del contrato inicial, pues en todo caso Norberto Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez no era ni es representante legal de la demandada\u00bb. En el punto, especific\u00f3 lo decidido por el juez de primer grado, quien anot\u00f3 que la persona citada actu\u00f3 como \u00abrepresentante aparente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 842 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb. <\/p>\n
2.3. Por otra parte, examin\u00f3 lo mencionado por la gestora, referente a que Rodriguez Rodr\u00edguez \u00aby Pedro Arias son [testigos] sospechosos \u2013como quiera que son empleados de la demandada-\u00bb. De cara a ello, fundado en el art\u00edculo 211 y la jurisprudencia de esta Sala, analiz\u00f3 que del dicho de ambos \u00abtestigos, no se evidencia \u00e1nimo alguno de favorecer deliberadamente a la parte demandada o por perjudicar a la demandante. Por el contrario, sus declaraciones son coincidentes con las dem\u00e1s pruebas aqu\u00ed recaudadas, especialmente con el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de [la demandante]\u00bb. Ello se ratific\u00f3 en \u00abel correo electr\u00f3nico de 24 de mayo de 2018 [\u2026], y que fue remitido [a las cuentas electr\u00f3nicas de la demandante], donde se relacionaron los acuerdos suscritos entre ambas partes. Por lo tanto, concluy\u00f3 que \u00abhabr\u00e1 de darse credibilidad a las declaraciones de los testigos Norberto Rodriguez y Pedro Arias y que, por tanto, la tacha de sospecha formulada [\u2026] no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
2.4. Ahora, en referencia con la representaci\u00f3n aparente considerada por el juez a quo, anot\u00f3 que se \u00abencuentra acreditado que en efecto Norberto Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, aunque no ostentaba \u2013ni ostenta en la actualidad- la calidad de representante legal de la sociedad demandada, \u00e9l al interior de la compa\u00f1\u00eda se encarga de la administraci\u00f3n de los contratos de arrendamiento sin necesidad de solicitar autorizaci\u00f3n alguna a otros directivos de Almacenes \u00c9xito S.A., ni mucho menos a su representante legal\u00bb6. Adem\u00e1s, discurri\u00f3 que \u00abaunque convenientemente en su declaraci\u00f3n el representante legal de la demandante, se\u00f1ala que el convenio verbalmente con Norberto Rodr\u00edguez no es v\u00e1lido por cuanto no era el representante legal de Almacenes \u00c9xito S.A., porque no se hab\u00eda elevado por escrito, sin embargo, aqu\u00ed ha quedado acreditado que Norberto Rodr\u00edguez s\u00ed ten\u00eda la capacidad de negociar las condiciones y\/o modificaciones del contrato inicial y que en efecto existi\u00f3 un acuerdo de voluntades entre las partes en cuanto a la renovaci\u00f3n del plazo por 5 a\u00f1os m\u00e1s y en modificar el valor del canon de arrendamiento, haciendo falta \u00fanicamente la \u201cformalizaci\u00f3n\u201d del aquel acuerdo elev\u00e1ndolo a escrito a trav\u00e9s de \u201cotrosi\u201d\u00bb. Aunque, ello tampoco es determinante, dado que \u00abno es un contrato solemne\u00bb. <\/p>\n
2.5. Tocante con la \u00abinasistencia del representante legal de la sociedad demandada a la audiencia concentrada programada por el a quo y desarrollada el 13 de julio de 2021, trae como consecuencia la confesi\u00f3n ficta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 372 del C.G.P. de los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda\u00bb, destac\u00f3 que dicha confesi\u00f3n es \u00abde tipo legal y por ende admite prueba en contrario\u00bb. Particularmente, se consider\u00f3 \u00absusceptible de confesi\u00f3n el [\u2026] hecho 7\u00b0 en el que se refiere que, la demandada incumpli\u00f3 su obligaci\u00f3n de pagar el canon de arrendamiento completo a partir del mes de julio de 2018 y hasta el mes de octubre de ese mismo a\u00f1o, y el hecho 9\u00b0 que refiere que para el 2019 -fecha de entrega del inmueble\u2013 el canon de arrendamiento ascend\u00eda a [\u2026] $20.978.616\u00bb. Al respecto, estim\u00f3 que \u00ab[\u2026] se encuentra del todo desvirtuada, pues de acuerdo a las pruebas [\u2026] valoradas, se tiene que para aquellos meses las partes modificaron verbalmente entre otras el valor del canon de arrendamiento, que en virtud de aquel acuerdo la demandante expidi\u00f3 las facturas Nos. 2237 -julio 2018-, 2260 -agosto 2018-, 2286 -septiembre 2018- y 2309 -octubre 2018-, cada una por la suma $11.300.000 (aportadas por la demandada y obrantes a r\u00f3tulo 009) y que aquellas fueron debidamente canceladas -as\u00ed incluso lo confes\u00f3 el demandante en su interrogatorio-\u00bb. De cara a los dem\u00e1s hechos, advirti\u00f3 que \u00abcuentan con prueba documental aportada por el mismo demandante \u2013como la suscripci\u00f3n del contrato en el 2013, la destinaci\u00f3n del local comercial, el otros\u00ed del a\u00f1o 2015, la terminaci\u00f3n del contrato, y la fecha de entrega- y as\u00ed los tuvo por probados el a quo\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. Y, por tanto, la providencia impugnada deber\u00e1 confirmarse. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del Juzgado atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n aportados (documentales y testimonios). <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de autoridad de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. En el punto, es necesario destacar que el juez de tutela s\u00f3lo interviene en la \u00abesfera probatoria\u00bb, cuando el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea ostensible, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la decisi\u00f3n, cuya ocurrencia no se advierte en el sub examine, pues no se observa un juicio il\u00f3gico o contraevidente del material probatorio7. <\/p>\n
3.2. En una palabra, esta Sala ha sostenido reiteradamente8 que el juez constitucional, en principio, no se ocupa de la valoraci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de las probanzas, pues, se insiste, ello ata\u00f1e al juez natural -con su respectiva independencia-9. <\/p>\n
5. Por lo considerado, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 a 7 del archivo PDF \u00ab0001 Demanda Anexos\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab0007 Mandamiento\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folios 3 a 13 Archivo PDF \u00ab0009Contestacion\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Archivo PDF \u00ab0032ActaAudiencia\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Archivo PDF \u00ab0045 Sentencia 2021-134 Ejecutivo, Confirma\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Tocante con la figura de la representaci\u00f3n aparente, se destac\u00f3 la sentencia SC11815-2016 de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
7\u0002 Esto es, en el caso concreto, no se advierte ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n positiva (CC T 916 -2008), ni defecto f\u00e1ctico en su dimensi\u00f3n negativa (por un lado, CC sentencias C-548 de 1997, C-874 de 2003 y C- 102 de 2005, por otro, CC T 949-003 y CC T 264-2009). <\/p>\n
8\u0002 CSJ STC 12201-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 1218-2021, CSJ STC 9218-2021, CSJ STC2870-2021, CSJ STC 1551-2021, CSJ STC 492-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 5632-2021, CSJ STC 11453-2021, CSJ STC 10575-2021, CSJ STC 8446-2021, CSJ STC 8187-2021, CSJ STC 7607-2021, CSJ STC 7609-2021, CSJ STC 7076-2021, CSJ STC 6617-2021, CSJ STC 6529-2021, CSJ STC 6398-2021, CSJ STC 6402-2021, CSJ STC 2870-2021, CSJ STC 11365-2020, CSJ STC 071-2021, CSJ STC 3903-2021, CSJ STC 942-2021, CSJ STC 7663-2020, CSJ STC 7483-2020, CSJ STC 7520-2021, CSJ STC 5668-2021, CSJ STC 5379-2021, CSJ STC 3980-2021, CSJ STC 10673-2021, CSJ STC 1453-2021, CSJ STC 10575-2021. <\/p>\n
9\u0002 Al respecto, \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 7065-2019, 5 jun., rad. 2019-01590-00, reiterada en STC8884-2020, 22 oct., rad. 2020-02553-00, STC 2462-2021, 12 de marzo de 2021, entre otras). <\/p>\n
10\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021, 12 de marzo de 2021). <\/p>\n
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STC6442-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6442-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2022-00121-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63801","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63801","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63801"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63801\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}