STC6443-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC6443-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01470-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ultra Air S.A.S., William Shaw Lidsay, \u00d3scar Herrera Restrepo, Abel L\u00f3pez Campo y Juan Arango Villegas contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 D.C. y la Superintendencia de Industria y Comercio -Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial-. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Fast Colombia S.A.S. y a los dem\u00e1s intervinientes en el tr\u00e1mite cuestionado. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores, a trav\u00e9s de apoderado, procuran la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, honra, intimidad y habeas data, presuntamente quebrantadas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. De lo narrado en el escrito de tutela y de las probanzas allegadas, se extraen los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. El 21 de diciembre del 2020, Fast Colombia S.A.S. radic\u00f3, ante la Superintendencia de Industria y Comercio, una solicitud de pr\u00e1ctica de varias \u00abpruebas extraprocesales anticipadas\u00bb, con el fin de obtener la exhibici\u00f3n de unos documentos, la realizaci\u00f3n de una inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de perito y que se recibiera el interrogatorio de los all\u00ed convocados William Shaw Lidsay, \u00d3scar Herrera Restrepo, Abel L\u00f3pez Campo y Juan Arango Villegas. <\/p>\n
2.2. El 8 de febrero de 2021, por medio de auto 13499, se decretaron las probanzas y se orden\u00f3 el enteramiento de los interpelados. <\/p>\n
2.3. Notificados del auto inicial, los convocados lo recurrieron en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n, arguyendo, entre otras cosas, que la Superintendencia de Industria y Comercio carec\u00eda de competencia para gestionar el tr\u00e1mite y que se decretaron pruebas improcedentes e inconducentes, que pudieron ser solicitadas por derecho de petici\u00f3n, salvo que se demostrara que \u00e9ste no fue atendido, lo cual, afirmaron, no ocurri\u00f3. <\/p>\n
2.4. El 12 de abril siguiente, por auto 44246, se resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n propuesta, desestim\u00e1ndose lo relativo a la incompetencia alegada1 y revoc\u00e1ndose lo atinente al decreto de unas pruebas (inspecciones judiciales), por no reunirse los presupuestos de los art\u00edculos 189 y 236 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2.5. Este \u00faltimo pronunciamiento fue recurrido por ambas partes, adem\u00e1s de pedirse su aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n por la solicitante; los convocados alegaron similares argumentos sobre la falta de competencia y pidieron que se revocaran las pruebas decretadas, entre ellas, las que se pueden obtener por derecho de petici\u00f3n, pues el juez solo est\u00e1 facultado para ordenarlas si se demuestra que no se tuvo respuesta. <\/p>\n
2.6. En decisiones de 28 de mayo (Auto 64656) y de 18 de junio de 2021 (Auto 72685), respectivamente, se negaron las peticiones de aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n, se confirm\u00f3 el auto de 12 de abril de 2021 en lo relativo al hecho nuevo y se rechazaron los recursos de reposici\u00f3n y de alzada formulados, por improcedentes. <\/p>\n
2.7. En prove\u00eddo de 18 de junio de ese mismo a\u00f1o (Auto 72689) se fij\u00f3 fecha para la pr\u00e1ctica de las pruebas decretadas, prove\u00eddo que fue atacado en reposici\u00f3n y, en subsidio, en apelaci\u00f3n por el apoderado de los convocados, quien tambi\u00e9n pidi\u00f3 su \u00abaclaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.8. El 1\u00ba de julio siguiente, en audiencia, se neg\u00f3 la aclaraci\u00f3n y se rechazaron, por improcedentes, los recursos interpuestos. <\/p>\n
2.9. El 12 de julio siguiente, el procurador judicial de los interpelados radic\u00f3 un \u00abincidente de nulidad\u00bb, en el que puso nuevamente de presente diversas irregularidades, tales como la falta de competencia y la inviabilidad de decretar las probanzas que se pueden obtener por derecho de petici\u00f3n, sin demostrar que este no fue atendido. <\/p>\n
2.10. El 20 de agosto de 2021 (Auto 100216) se rechazaron, por improcedentes, los recursos impetrados frente al auto de 18 de junio y se desestim\u00f3 la solicitud de invalidez de toda la tramitaci\u00f3n pedida por los convocados. <\/p>\n
2.11. El 6 de octubre ulterior (Auto 120995) se neg\u00f3 el pedimento de adici\u00f3n del auto 100216 que presentaron los vinculados. <\/p>\n
2.12. El apoderado de los aqu\u00ed gestores recurri\u00f3 en apelaci\u00f3n los dos prove\u00eddos anteriores, recursos que fueron concedidos el 14 de octubre de 2021. <\/p>\n
3. Los censores tachan de irregular la actuaci\u00f3n surtida, por incurrir en defecto sustantivo, toda vez que, a la luz de la normativa aplicable, la Superintendencia de Industria y Comercio carec\u00eda de competencia para darle curso a la solicitud de pruebas extraprocesales y, por ende, se extralimit\u00f3 en sus funciones, al desplazar la competencia asignada a los jueces civiles municipales y del circuito, de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 18 y 20 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De otro lado, alegan que se incurri\u00f3 en defectos f\u00e1cticos, por cuanto se ignor\u00f3 \u00abla presunci\u00f3n de legalidad de los actos administrativos expedidos por la Unidad Administrativa Especial de Aeron\u00e1utica Civil\u00bb y se dio por probado, sin estarlo, \u00abel hecho del debido agotamiento del derecho de petici\u00f3n ante la Aeron\u00e1utica Civil, por parte de quien solicit\u00f3 la prueba extraprocesal anticipada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aseveraron que se desconoci\u00f3 el \u00abprecedente judicial\u00bb sentado por diversos \u00f3rganos de la Rama Judicial, sobre el alcance de las funciones jurisdiccionales previstas en el art\u00edculo 116 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que no puede ir m\u00e1s all\u00e1 de lo expresamente regulado en la ley, lo que, para el caso concreto, en su criterio, no est\u00e1 contemplado, pues la Superintendencia accionada solo asume esas facultades cuando se instaura un proceso de competencia desleal, seg\u00fan el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, pero no antes. <\/p>\n
Adem\u00e1s, conforme al art\u00edculo 29 Superior, si la Superintendencia de Industria y Comercio no tiene competencia para practicar las pruebas extraprocesales \u00abtodo el tr\u00e1mite adelantado con ese objeto, es nulo de pleno derecho y las pruebas que se pretenden practicar (\u2026) tambi\u00e9n ser\u00e1n nulas de pleno derecho y como consecuencia, no se podr\u00e1n hacer valer en ning\u00fan otro proceso\u00bb. <\/p>\n
Sobre la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 afirmaron que \u00abincurri\u00f3 en las violaciones se\u00f1aladas en esta demanda, en la medida que aval\u00f3 el proceder inconstitucional e ilegal de la Superintendencia de Industria y Comercio\u00bb. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado, exigen que se defina si los convocados \u00abefectivamente [han] violado o no la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia\u00bb y que \u00abse diga -si existe- cu\u00e1l es la ley que de manera precisa otorga competencia a la autoridad administrativa denominada Superintendencia de Industria y Comercio para desplazar a prevenci\u00f3n a los jueces civiles municipales y del circuito, en la pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n pidieron que se declare la falta de competencia de la Superintendencia accionada para tramitar la solicitud de pruebas anticipadas, se dejen sin valor las providencias emitidas por los convocados en primera y en segunda instancia y que, si se considera pertinente, se ordene enviar la petici\u00f3n a los jueces civiles del Circuito de Medell\u00edn y Rionegro. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado accionado alleg\u00f3 las actuaciones adelantadas. <\/p>\n
2. La Superintendencia cuestionada solicit\u00f3 desestimar el ruego, por no haber incurrido en v\u00eda de hecho alguna, toda vez que la competencia para conocer de los tr\u00e1mites dirigidos a la pr\u00e1ctica de las pruebas extraprocesales se la atribu\u00eda el par\u00e1grafo del art\u00edculo 589 del C\u00f3digo General del Proceso. Aunado a que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedencia de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
3. La apoderada de Fast Colombia S.A.S. se opuso a la prosperidad del amparo y sostuvo que la competencia de la Superintendencia para adelantar actuaciones como la criticada la otorgaban los art\u00edculos 24 y 183 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ya que la \u00absolicitud de pruebas extraprocesales (\u2026) hace parte de un proceso\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, los gestores pretenden se deje sin efecto todo lo actuado en el diligenciamiento reprochado, porque la Superintendencia de Industria y Comercio \u2013 Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial- carece de competencia para tramitarlo. <\/p>\n
2. Analizado el recuento f\u00e1ctico, en lo que ata\u00f1e a la queja dirigida contra la decisi\u00f3n del Tribunal convocado de 20 de enero de 2022, que resolvi\u00f3 lo pertinente a la nulidad por falta de competencia, se observa que el Tribunal accionado sostuvo <\/p>\n
\u00ab\u2026los argumentos que sustentan la petici\u00f3n de nulidad con apoyo en el numeral 1\u00b0 del mencionado art\u00edculo 133, esto es, \u2018[c]uando el juez actu\u00e9 en el proceso despu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u2019, no tienen vocaci\u00f3n de prosperar, pues lo cierto es que lo nulo es actuar despu\u00e9s de pronunciada una de ellas, de modo que, como lo indic\u00f3 el funcionario de primer grado, para que salga avante es ineludible que la referida \u2018falta de jurisdicci\u00f3n\u2019 o \u2018de competencia\u2019 haya sido declarada con anterioridad, y pese a ello, se d\u00e9 continuidad al asunto; no obstante, en el plenario as\u00ed no sucedi\u00f3, por el contrario, el juez a quo ha sostenido de forma categ\u00f3rica que se encuentra facultado para resolver sobre la solicitud extraprocesal invocada por Fast Colombia S.A.S\u2026 <\/p>\n
\u2026en cuanto a los dem\u00e1s argumentos que sustentaron la solicitud de nulidad, no err\u00f3 el funcionario de primer grado al rechazarlos de plano conforme lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que no est\u00e1n concebidos como motivos contaminantes del tr\u00e1mite. En este punto, se advierte que la estipulaci\u00f3n en cuesti\u00f3n resulta aplicable, dado que se trata de actuaciones adelantadas en el curso de un asunto de naturaleza jurisdiccional, tendiente a la obtenci\u00f3n de elementos de convicci\u00f3n que ser\u00e1n aducidos en un proceso de competencia desleal posterior, am\u00e9n de que quien lo adelanta en primera instancia act\u00faa como Juez de la Rep\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
2.1. Revisada la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no se vislumbra que sea abiertamente arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se estudiaron y evacuaron los argumentos expuestos por los recurrentes, reiterados ahora en sede de tutela. <\/p>\n
En efecto, la Superintendencia accionada se declar\u00f3 competente para conocer de la solicitud de pruebas extraprocesales, por ser el juez facultado, por virtud del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso, para conocer del juicio por violaci\u00f3n a las normas relativas a la competencia desleal; as\u00ed como por lo reglado en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 589 ibidem, que contempla que \u00ablas pruebas extrocesales (\u2026) practicadas ante quien ejerce funciones jurisdiccionales podr\u00e1n hacerse vale ante cualquier otra autoridad o particular con funciones jurisdiccionales\u00bb2. <\/p>\n
Con base en ello, el Colegiado querellado estim\u00f3 que no se hab\u00eda generado la nulidad alegada, dado que la Superintendencia no actu\u00f3 despu\u00e9s de decretar la falta de competencia, pues, por el contrario, siempre se declar\u00f3 facultada para tramitar el asunto y que la petici\u00f3n de pruebas extraprocesales s\u00ed era susceptible de ser tramitada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque se trataba de un aspecto de naturaleza jurisdiccional tendiente a la obtenci\u00f3n de las probanzas requeridas para un proceso de competencia desleal, cuyo conocimiento judicial est\u00e1 asignado a dicha entidad. <\/p>\n
2.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por los solicitantes, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia. Y, de otro, que la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en STC7607-2021). <\/p>\n
A su vez, la Sala ha considerado que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u2019 (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ag. 2013, rad. 2013-00125-01)\u00bb (cita ratificada en la STC15178-2019, de 7 de noviembre, rad. 2019-00445-01). <\/p>\n
2.3. Lo anterior se robustece, si se tiene en cuenta que esta Corte, en un asunto similar3, promovido contra la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que tambi\u00e9n se aleg\u00f3 la falta de competencia en \u00abla pr\u00e1ctica de unas pruebas anticipadas con el objeto de promover una acci\u00f3n de competencia desleal\u00bb, sostuvo que la decisi\u00f3n era razonable y que no se vulneraban los derechos fundamentales, pues lo que se planteaba era una \u00abdiferencia de criterio frente a la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio para decretar y practicar una prueba extraprocesal en los asuntos de que conoce\u00bb, determinaci\u00f3n que la Sala sustent\u00f3 en la competencia a prevenci\u00f3n asignada a dicha autoridad, de conformidad con lo previsto en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. En cuanto al segundo reproche, esto es, la inviabilidad de decretar las pruebas exigidas, en tanto pod\u00edan ser obtenidas en ejercicio del derecho de petici\u00f3n, salvo que se acreditara que \u00e9ste no fue atendido, cuesti\u00f3n que -aseveraron- no se demostr\u00f3, se advierte que, en el prove\u00eddo en menci\u00f3n, el Tribunal indic\u00f3 que ello no constitu\u00eda causal de nulidad, a la luz de lo previsto en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso y que no se configuraba la nulidad de pleno derecho de la prueba por violaci\u00f3n al debido proceso, porque \u00aba la fecha los elementos de convicci\u00f3n pretendidos por la peticionaria ni siquiera se han recaudado\u00bb, argumentaci\u00f3n que se sustent\u00f3 razonablemente en la normativa relacionada y en las actuaciones surtidas. <\/p>\n
Aunado a ello, ha de se\u00f1alarse que el decreto de pruebas qued\u00f3 definido en el prove\u00eddo del 12 de abril de 2021 (auto 44246), que resolvi\u00f3 la reposici\u00f3n propuesta por el mandatario de los solicitados frente al pronunciamiento de 8 de febrero de ese mismo a\u00f1o y cuya aclaraci\u00f3n se neg\u00f3 el 28 de mayo de 2021, pues los medios de impugnaci\u00f3n (reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n) que contra dicha determinaci\u00f3n de 12 de abril formularon los convocados fueron rechazados por improcedentes mediante auto 72685 de 18 de junio siguiente4, de manera que, habi\u00e9ndose presentado la acci\u00f3n de tutela el 9 de mayo de 2022, f\u00e1cilmente se aprecia que se super\u00f3 el plazo de seis meses que jurisprudencialmente se ha considerado como razonable para acudir a la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
Al respecto, ha dicho esta Colegiatura que los recursos improcedentes o peticiones posteriores no ampl\u00edan la oportunidad para instaurar la acci\u00f3n de tutela. En ese sentido, en un caso de similares perfiles al actual, la Corte precis\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) De la evidencia allegada, muy pronto se advierte que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, porque respecto de la directriz atacada proferida por el Juzgado Cuarenta y Uno de Peque\u00f1as Causas y Competencias M\u00faltiples, se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, por cuanto entre la fecha de la sentencia cuestionada (15 dic. 2020) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (27 ag. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de ocho (8) meses y doce (12) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Ahora, contrario a lo apreciado por los precursores, en el sub lite no se encuentra satisfecho dicho \u2018presupuesto\u2019, como quiera que el debate suscitado en dicho asunto se cerr\u00f3 con el fallo confutado y no cuando el juzgador del circuito dilucid\u00f3 el \u2018recurso de queja\u2019 propuesto -15 mar. 2021-, habida cuenta de la inidoneidad de la impugnaci\u00f3n propuesta, al tratarse de un juicio \u2018verbal sumario\u2019, por ende, de \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb (Se resalta, CSJ, STC13613-2021, radicado n\u00b0. 11001-22-03-000-2021-01861-01, reiterada en STC16510-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-04327-00). <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, esta Corporaci\u00f3n ha concluido, respecto de los recursos improcedentes y el t\u00e9rmino de inmediatez, que \u00ablas falencias de los interesados en el ejercicio de los mecanismos ordinarios de defensa previstos por el legislador en el curso del respectivo proceso no excusan el requisito de interposici\u00f3n oportuna de esta acci\u00f3n excepcional y subsidiaria\u00bb (STC16510-2021). <\/p>\n
4. De acuerdo con lo discurrido, se impone desestimar el ruego exigido. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Esto, por cuanto era \u00abdable se\u00f1alar que conforme a las competencias conferidas a este juzgador en virtud del art\u00edculo 24 del C.G.P. permiten, entre otras actuaciones, la recolecci\u00f3n de material probatorio decretada al interior de una prueba extraprocesal siempre que el asunto se trate de una infracci\u00f3n a derechos de propiedad industrial o de competencia desleal, como es el caso concreto, tal como se se\u00f1ala el par\u00e1grafo del art\u00edculo 589 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Auto del 12 de abril de 2021. <\/p>\n
3\u0002 STC9853-2018, de 2 de agosto, exp. 2018-01165. La providencia de la Superintendencia de Industria y Comercio all\u00ed censurada y frente a la cual esta Sala neg\u00f3 el amparo constitucional entonces invocado se motiv\u00f3 en que la competencia para asumir la pr\u00e1ctica de pruebas extraprocesales para los procesos jurisdiccionales asignados estaba contemplada en el art\u00edculo 24 del C\u00f3digo General del Proceso y en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 589 ibidem. <\/p>\n
4\u0002 En efecto, en el enunciado prove\u00eddo se indic\u00f3: \u00abEn lo atinente al recurso presentado por los solicitados, se rechaza el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el Auto No. 44246 en la medida que, revisados los argumentos expuestos, la providencia [de 12 de abril] no contiene puntos no decididos en el anterior. Como ya se explic\u00f3, en la providencia objeto de censura se resolvieron los reparos realizados por el extremo pasivo, sin que ello signifique que se trate de nuevos hechos o puntos decididos, raz\u00f3n por la cual no se acreditar\u00edan los requisitos establecidos en el art\u00edculo 318 del C.G.P., para dar tr\u00e1mite al recurso de reposici\u00f3n presentado (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Frente a la alzada, sostuvo: \u00abFinalmente, se rechaza[n] de plano los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos por los solicitandos (sic), por ser improcedentes conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 321 del C.G.P. T\u00e9ngase presente que no se cumple ninguna de las causales se\u00f1aladas en el art\u00edculo mencionado\u00bb. <\/p>\n
Dicho prove\u00eddo solo se pronunci\u00f3 de fondo sobre la compulsa de copias ordenadas, la cual confirm\u00f3, aspecto que no tiene que ver con las pruebas decretadas. <\/p>\n
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STC6443-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC6443-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01470-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Ultra Air […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63802","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63802","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63802"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63802\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}