STC6444-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6444-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01561-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nova Mar Development SA contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora del amparo, mediante apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se disponga \u00abrevocar y dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia\u2026\u00bb; y que se le ordene al Tribunal convocado \u00abque adopte las medidas necesarias con el fin de emitir un nuevo pronunciamiento de fondo o modifique el proferido\u2026 realizando la valoraci\u00f3n probatoria pertinente y revisando los fundamentos jur\u00eddicos de juicio expuestos\u2026 en especial atendiendo el precedente judicial horizontal\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. La Entidad de Gesti\u00f3n Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colombia EGEDA COLOMBIA present\u00f3 demanda de infracci\u00f3n de derechos de autor contra la accionante, con miras a que se declarara que el Hotel JW Marriott de Bogot\u00e1 comunic\u00f3 publicamente obras audiovisuales de titularidad de los productores que representaba, durante el periodo 2007 hasta la fecha de presentaci\u00f3n del libelo, que se decretara su responsabilidad y se condenara a pagar los respectivos perjuicios. <\/p>\n
2.2. La Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, en sentencia 4 de marzo de 2020, conden\u00f3 a la demandada a pagar $111.782.188 por lucro cesante del 1\u00ba de agosto de 2010 al 30 de junio de 2018, as\u00ed como $34.024.320 por lucro cesante causado desde la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
2.3. Tras ser apelada la referida determinaci\u00f3n, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, en fallo de 21 de octubre de 2021 modific\u00f3 el numeral cuarto en el sentido de precisar que el monto de la condena ascend\u00eda a $66.347.424 por lucro cesante; y en providencia de 17 de noviembre siguiente deneg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o correcci\u00f3n presentada. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la sociedad accionante que las pruebas allegadas no acreditaron las obras que se buscaban proteger; que las habitaciones hac\u00edan parte del \u00e1mbito privado de las personas al asimilarse al domicilio privado; y que la cuant\u00eda del supuesto da\u00f1o antijur\u00eddico causado carec\u00eda de respaldo probatorio. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que existi\u00f3 una valoraci\u00f3n defectuosa de la prueba -documental y testimonial-; que se desconoci\u00f3 el precedente horizontal; que no se realiz\u00f3 una debida interpretaci\u00f3n sist\u00e9mica del ordenamiento jur\u00eddico nacional aplicable, sino que se apel\u00f3 a un concepto de interpretaci\u00f3n prejudicial de un organismo jurisdiccional internacional, el que no era vinculante ni fuente de derecho. <\/p>\n
2.6. Adujo que se le obligaba a monitorear y vigilar la intimidad de los que se hospedaban en el hotel, pues deb\u00eda determinar si reproduc\u00edan all\u00ed las obran protegidas; que no se tuvo en cuenta el Decreto 1318 de 1996 sobre derechos de autor en hoteles; y que no se allegaron los contratos de gesti\u00f3n suscritos por los productores y\/o titulares de las obras, por lo que mal pod\u00eda atribuirse representaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 que se valor\u00f3 inadecuadamente el interrogatorio del representante legal, pues si bien aquel indic\u00f3 que exist\u00edan 264 habitaciones, no prob\u00f3 que en ellas se comunicaran las obras ni el da\u00f1o causado; y que la norma t\u00e9cnica le exig\u00eda contar como m\u00ednimo con se\u00f1al de televisi\u00f3n y televisi\u00f3n en las habitaciones, sea cual fuere la categor\u00eda del hotel. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho; que se configuraron los defectos f\u00e1ctico y sustantivo; que se present\u00f3 una violaci\u00f3n directa a la Constituci\u00f3n; que el extremo actor deb\u00eda probar el da\u00f1o causado; y que los falladores asumieron una competencia ajena a la atribuida legalmente. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor indic\u00f3 que se abstendr\u00eda de pronunciarse respecto de los hechos de la tutela, en la medida en que fue promovida contra una actuaci\u00f3n procesal emitida por el Tribunal acusado, autoridad que deb\u00eda brindar la respectiva respuesta. <\/p>\n
2. La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 se\u00f1al\u00f3 que la actuaci\u00f3n surtida no era contraria a la ley ni se enmarcaba en una v\u00eda de hecho; que lo que pretend\u00eda la actora era reanudar el debate de una controversia resuelta en providencia de 21 de octubre de 2021; y que el 17 de noviembre siguiente deneg\u00f3 la solicitud de aclaraci\u00f3n y\/o completaci\u00f3n elevada, por no cumplirse los presupuestos del art\u00edculo 285 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. EGEDA COLOMBIA refiri\u00f3 que no se observaba el requisito de la inmediatez; que no exist\u00eda vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno; que s\u00ed estaba acreditada su legitimaci\u00f3n por activa, pues demostr\u00f3 debidamente la representaci\u00f3n jur\u00eddica de los titulares de los derechos de las obras audiovisuales; que aport\u00f3 prueba de su repertorio de obras; que le correspond\u00eda al demandado comprobar que las obras pertenec\u00edan a titulares de derechos diferentes a sus asociados; que se encontraba debidamente probada la infracci\u00f3n al derecho de autor por la comunicaci\u00f3n p\u00fablica no autorizada de las obras audiovisuales, pues el acto no solo lo consumaba el huesped al encender el televisor, sino cuando el empresario crea las condiciones y medios para que aquel tenga acceso a la obra; que no hubo concertaci\u00f3n de tarifas porque no existi\u00f3 contrato de autorizaci\u00f3n o licencia, situaci\u00f3n imputable al extremo demandado; que las tarifas generales cumpl\u00edan con los par\u00e1metros de la proporcionalidad y de la normatividad aplicable; y que las habitaciones del hotel no se consideraban domicilio privado a efectos de exonerarse del pago. <\/p>\n
4. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ning\u00fan otro de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, habida cuenta que el Tribunal accionado, en la providencia criticada de 21 de octubre de 2021, tras hacer referencia a la normatividad aplicable en punto a los derechos de autor, as\u00ed como su interpretaci\u00f3n, consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026la Sala advierte que no existe error en la sentencia en cuanto al marco normativo y jurisprudencial que aplic\u00f3 para resolver el conflicto; tampoco que exista una indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, puesto que se ci\u00f1\u00f3 a las legal y oportunamente adosadas a la tramitaci\u00f3n, aun cuando si bien bajo el \u00e9nfasis de las pruebas documentales y confesi\u00f3n del representante legal de la parte demandada, quien reconoci\u00f3 que en las \u00e1reas comunes del hotel de su propiedad se registran actos de comunicaci\u00f3n de las obras p\u00fablicas de titularidad de los autores que representa la convocante, supuesto f\u00e1ctico que sirvi\u00f3 para establecer los presupuestos de las responsabilidad civil extracontractual, conclusi\u00f3n en donde tampoco se encuentra reparo alguno. <\/p>\n
Por lo anterior es que es que la inconformidad que mostr\u00f3 la parte demandante respecto del no reconocimiento de intereses sobre las sumas que se otorgaron como perjuicio concreto, no tiene vocaci\u00f3n alguna de prosperar, puesto que sobre ese puntual aspecto el funcionario de primer grado se remiti\u00f3 a lo que tiene sentado la jurisprudencia. <\/p>\n
En efecto, v\u00e9ase que en la sentencia SC-12063-2017 del 14 de agosto de 2017, a la que se hizo referencia en la sentencia de primer grado para negar la pretensi\u00f3n de condena por los intereses moratorios, la Corte Suprema de Justicia expres\u00f3 que\u2026 <\/p>\n
5. Ahora, frente a los reparos que plante\u00f3 el extremo demandado, se tiene que los identificados como i) y iii) aluden a la violaci\u00f3n del principio de congruencia consagrado en el art\u00edculo 281 del C.G.P., conforme al cual\u2026 <\/p>\n
Para el caso, auscultadas las actuaciones surtidas en el asunto bajo examen, no se advierte en qu\u00e9 medida haya resultado comprometido el comentado principio, menos, con bajo el argumento de que el juzgador de primer grado subsan\u00f3 la deficiencia que el demandado estima deriva de la falta de determinaci\u00f3n en la demanda, de los hechos que la actora pretend\u00eda demostrar con los documentos que adjunt\u00f3 a la misma. <\/p>\n
Al respecto, v\u00e9ase que en el ac\u00e1pite de la demanda \u201c5. PRUEBAS\u201d la demandante solicit\u00f3, de modo gen\u00e9rico, el decreto de las probanzas all\u00ed relacionadas \u201cpara demostrar los hechos expuestos en la presente demanda\u201d, es decir, obr\u00f3 en la oportunidad procesal prevista para tal efecto, como lo establece el inciso primero del art\u00edculo 173 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, si bien el canon 168 ib\u00eddem consagra que el juez rechazar\u00e1 las pruebas il\u00edcitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o in\u00fatiles, de tal previsi\u00f3n no se extracta que el solicitante del decreto de la prueba documental tenga que justificar cu\u00e1les son los hechos del proceso que con ella pretende demostrar, como si se exige, como por ejemplo, para la prueba testimonial, y la raz\u00f3n es obvia, puesto que de los documentos el juez puede apreciar desde la aportaci\u00f3n su contenido, lo que no sucede con los testimonios. <\/p>\n
Ahora, lo que si advierte el Tribunal es que los cuestionamientos sobre la pertinencia, utilidad, eficacia, y dem\u00e1s caracter\u00edsticas que debe tener la prueba en general, son aspectos que se deben debatir a m\u00e1s tardar en la fase del decreto de las pruebas, si se tiene en cuenta al tenor del art\u00edculo 372 del C.G.P., numeral 8\u00ba , el juez debe ejercer un control de legalidad sobre lo actuado con el fin de sanear los vicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas subsiguientes. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, en sentir de la convocada, se presenta la trasgresi\u00f3n del principio de congruencia en raz\u00f3n a que el funcionario de primera instancia acept\u00f3 una indebida tasaci\u00f3n respecto a las \u00e1reas de acceso al p\u00fablico, lo que no es cierto, por cuanto descart\u00f3 precisamente la viabilidad de las pretensiones sobre esas \u00e1reas comunes del establecimiento, aceptando para la tasaci\u00f3n del perjuicio solamente el n\u00famero de habitaciones del hotel lo que, a juicio de la Sala, no resulta err\u00f3neo si se tiene en cuenta que dicho extremo procesal no acredit\u00f3 que algunas de ellas no estuvieran dotadas de televisores que impidieran difundir la obra cuya protecci\u00f3n se reclama. <\/p>\n
Y en lo que resta del reparo, n\u00f3tese que la convocada aleg\u00f3 el indebido reconocimiento y cuantificaci\u00f3n de perjuicios, tras argumentar que la demandante no subsan\u00f3 los errores que le endilg\u00f3 en la objeci\u00f3n al juramento estimatorio; no obstante, se debe reconocer que tal cuantificaci\u00f3n est\u00e1 edificada sobre las tarifas que alleg\u00f3 la actora, las que se encuentran en el \u201cReglamento de Tarifas Generales\u201d registrado por la demandante ante la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, DNDA; aspecto que no traduce per se una indebida estimaci\u00f3n, en raz\u00f3n a que las condenas derivan de la confluencia de la infracci\u00f3n endilgada, ante la inexistencia de la autorizaci\u00f3n previa y expresa a que alude el art\u00edculo 158 de la Ley 23 de 1982, en el establecimiento de propiedad de la demandada, que por dem\u00e1s se encuentra enlistado en el precepto subsiguiente (art. 159 ib.). <\/p>\n
E incluso, el a quo se remiti\u00f3 a lo consagrado en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso en materia de perjuicios para descartar la procedencia de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio, con fundamento en la confesi\u00f3n del representante legal de la demandada en cuanto a los actos de comunicaci\u00f3n desplegados en las \u00e1reas comunes del establecimiento; e igualmente, coligi\u00f3 la viabilidad del lucro cesante reclamado con soporte en la inexistencia de la licencia o autorizaci\u00f3n a que se refiere la norma y en el reglamento que adjunt\u00f3, lo cual descarta que el reconocimiento y cuantificaci\u00f3n de perjuicios sea indebido, por cuanto proviene de entidad gestora y conocedora de los derechos que agencia. <\/p>\n
Adicionalmente, contrario a lo aludido por la demandada en cuanto a la necesidad de contar con un dictamen pericial, se tiene que las tarifas tenidas en cuenta, aportadas por la demandante, como se afirm\u00f3 en el libelo introductorio, reportan el cumplimiento de ciertos criterios tales como la proporcionalidad de los ingresos que obtenga el usuario con la utilizaci\u00f3n de las obras, la categor\u00eda del usuario, la capacidad tecnol\u00f3gica, el aforo del lugar y la modalidad de uso, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1066 de 2015 y en los art\u00edculos 13 y 15 de la Decisi\u00f3n Andina 351 de 1993 y 12 de la Ley 23 de 1982, todo lo cual descarta que sean infundadas y contrarias al principio de congruencia, como se insiste en el recurso. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n
En punto a los reparos ii) y iv), se observa que no solo con las pruebas adosadas con la demanda es posible tener por configurada la infracci\u00f3n a los derechos en cuya protecci\u00f3n se acude en esta acci\u00f3n, sino tambi\u00e9n con ocasi\u00f3n a la manifestaci\u00f3n contenida en la demanda de acuerdo con la cual \u201cEl efectuar esta comunicaci\u00f3n p\u00fablica sin preocuparse por obtener las licencias o autorizaciones que la ley exige constituye una grave negligencia\u201d\u2026, afirmaci\u00f3n con la que se traslad\u00f3 la carga de la prueba a la demandada, concretamente, en punto a acreditar que contaba con la autorizaci\u00f3n extra\u00f1ada por la actora, empero, de la que no existe vestigio alguno en el expediente, pese a que la convocante mediante comunicaci\u00f3n del 6 de febrero de 2015 la invit\u00f3 a llegar a un acuerdo sobre la comunicaci\u00f3n p\u00fablica de producciones audiovisuales sin autorizaci\u00f3n\u2026 <\/p>\n
Ahora, no est\u00e1 en duda que la demandada contrat\u00f3 los servicios de UNE y DIRECTV, porque as\u00ed lo demostr\u00f3, empero, ello no es suficiente para tener por desvirtuada la infracci\u00f3n, si en cuenta se tiene que, como lo puso de presente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina \u201cCuando un hotel u otro establecimiento de hospedaje coloca televisores en las habitaciones de los hu\u00e9spedes, as\u00ed como en ambientes como el lobby, el bar, el restaurante, el gimnasio u otros espacios de uso com\u00fan, y a trav\u00e9s de dichos televisores se difunde la se\u00f1al o emisi\u00f3n de una o m\u00e1s empresas de radiodifusi\u00f3n (de se\u00f1al abierta y\/o se\u00f1al cerrada), y dicha se\u00f1al o emisi\u00f3n contiene obras audiovisuales (pel\u00edculas, telenovelas, series, etc.), ello califica como un acto de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de dichas obras audiovisuales, en los t\u00e9rminos previstos en el Literal f) del Art\u00edculo 15 de la Decisi\u00f3n 351\u201d (Cfr. fl. 7 del archivo 178-IP-2020.pdf contentivo de la Interpretaci\u00f3n Prejudicial allegada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a esta tramitaci\u00f3n). <\/p>\n
Adem\u00e1s, porque en ese pronunciamiento dicha Corporaci\u00f3n indic\u00f3 que \u201cA trav\u00e9s de la instalaci\u00f3n de televisores por medio de los cuales los hu\u00e9spedes tienen la capacidad (potencial) de poder ver obras audiovisuales, los hoteles, como intermediarios, realizan un acto de comunicaci\u00f3n p\u00fablica de dichas obras para con sus hu\u00e9spedes. En consecuencia, los hoteles deben obtener la correspondiente autorizaci\u00f3n de los titulares de las obras audiovisuales (v.g., los productores de pel\u00edculas, telenovelas, series, dibujos animados, etc.) posiblemente representados por una sociedad de gesti\u00f3n colectiva, lo que significa que esta puede exigir el pago de las remuneraciones correspondientes\u201d (p\u00e1gs. 7 y 8 ib.); y porque \u201cEl hecho de que el hotel o establecimiento de hospedaje pague un monto determinado por el servicio de televisi\u00f3n por suscripci\u00f3n (se\u00f1al cerrada) no lo exonera de pagar la remuneraci\u00f3n correspondiente al titular de la obra audiovisual comunicada p\u00fablicamente o a la sociedad de gesti\u00f3n colectiva que representa a dicho titular\u201d (p\u00e1gs.. 8 y 9 ib.). <\/p>\n
Precisando que: <\/p>\n
\u2026contrario a lo que estima la convocada, las pruebas adosadas con la demanda s\u00ed permiten tener por configurada la infracci\u00f3n alegada, luego resultaba inane el decreto y pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial en la que ahora insiste, si con otras probanzas y actuaciones procesales era posible arribar a esa conclusi\u00f3n, como acontece con el incumplimiento de la carga de la prueba tras la inversi\u00f3n provocada por la actora en el libelo introductorio, se itera, cuando manifest\u00f3 que la propietaria del hotel viola los derechos de los productores audiovisuales con la comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras protegidas por el derecho de autor, sin que la convocada cumpliera con la carga de la prueba que tal aserto le puso a cuestas. <\/p>\n
De otra parte, sin desconocer que las habitaciones del hotel gozan del mismo amparo constitucional previsto para el domicilio, como lo afirm\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-282 de 1997, no se puede considerar que ello hace parte de la excepci\u00f3n al reconocimiento de derechos por comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras, como lo plantea la demandada, atendido que en esa providencia la Corte expres\u00f3 que \u201cDesde el punto de vista del establecimiento, no podr\u00eda \u00e9ste ampararse en la norma demandada para eludir el cumplimiento de sus obligaciones, correlativas a los derechos de los autores de las obras que ejecuta p\u00fablicamente, entendi\u00e9ndose por ejecuci\u00f3n p\u00fablica inclusive la difusi\u00f3n de sonidos o videos mediante redes internas destinadas a las habitaciones\u201d. <\/p>\n
Es decir, la Corporaci\u00f3n coligi\u00f3 precisamente que \u201cLa norma objeto de proceso, interpretada y aplicada bajo este segundo alcance, es, sin duda, inconstitucional. En efecto, vulnera abiertamente el derecho de los autores de obras art\u00edsticas, protegido por la Carta en el art\u00edculo 61, pues autoriza que una ejecuci\u00f3n claramente p\u00fablica y llevada a cabo con fines t\u00edpicamente identificables con el \u00e1nimo de lucro, como la que tiene lugar en hoteles y establecimientos de hospedaje, se excluya de las reglas estatuidas, a nivel nacional e internacional, sobre derechos de autor, en lo relativo a su consentimiento para la ejecuci\u00f3n y en lo pertinente al aspecto pecuniario de la misma\u201d, todo lo cual descarta el argumento de que por el hecho de ser una habitaci\u00f3n de hotel una extensi\u00f3n del domicilio, hace parte de la excepci\u00f3n al reconocimiento de derechos por comunicaci\u00f3n p\u00fablica de obras, lo que no es as\u00ed. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se advierte que en la decisi\u00f3n de primer grado el juzgador haya incurrido en una posici\u00f3n subjetiva desconocedora de los derechos de la convocada, como lo refiere en la alzada. <\/p>\n
Menos, cuando \u201c\u2026para que la sociedad de gesti\u00f3n colectiva sea acreedora del pago de las remuneraciones por las obras audiovisuales comunicadas p\u00fablicamente por el hotel, no es necesario que los hu\u00e9spedes accedan de manera efectiva a dichas obras (es decir, encender el televisor y apreciar las obras contenidas, por ejemplo, en la parrilla de canales de una empresa de radiodifusi\u00f3n de se\u00f1al cerrada), sino que basta que exista la posibilidad de que los hu\u00e9spedes puedan hacerlo en cualquier momento, ya sea desde las habitaciones, o desde otros ambientes como el lobby, el restaurante, el bar, el gimnasio u otros espacios de uso com\u00fan\u201d (ib.). <\/p>\n
En ese orden de ideas, se observa que tampoco encuentran acogida los reproches invocados por la demandada aqu\u00ed identificados como ii) y iv). <\/p>\n
Y sobre la \u00faltima inconformidad, adujo que: <\/p>\n
Todo lo expuesto con antelaci\u00f3n, sirve para desechar igualmente la \u00faltima de las inconformidades propuesta por la convocada, en tanto alude a que la autoridad de primera instancia se alej\u00f3 de los par\u00e1metros y probatorios, al otorgarle a las pruebas un alcance que no ten\u00edan y liquidar los perjuicios bajo par\u00e1metros no probados, postura que tampoco avala esta sede, si en cuenta se tiene que acudi\u00f3 a las tarifas allegadas por la demand[an]te como Sociedad de Gesti\u00f3n Colectiva de Derecho de Autor con autorizaci\u00f3n de funcionamiento otorgada mediante Resoluci\u00f3n No. 208 del 16 de noviembre de 2016 de la Direcci\u00f3n Nacional de Derechos de Autor, que representa a los productores audiovisuales nacionales e internacionales y gestiona en su nombre y representaci\u00f3n el derecho de autorizar la comunicaci\u00f3n p\u00fablica de sus obras audiovisuales. <\/p>\n
No obstante lo decantado en los \u00edtems anteriores, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 283 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026, se torna indispensable proveer sobre la actualizaci\u00f3n de la condena impuesta en el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia que se revisa\u2026 <\/p>\n
Siendo este \u00faltimo el monto de la condena por el que deber\u00e1 la convocada responder junto con las dem\u00e1s impuestas en la sentencia que se revisa, por raz\u00f3n de la improsperidad del recurso de apelaci\u00f3n que instaur\u00f3 contra tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, con apoyo en lo hasta ac\u00e1 disertado, se anuncia la modificaci\u00f3n del ordinal cuarto de la sentencia en tanto que, de conformidad con lo dispuesto en el canon 283 del C.G.P., se debe extender la condena hasta la fecha de la sentencia de segunda instancia; y se confirmar\u00e1 en lo dem\u00e1s, por encontrarse ajustada a las normas y jurisprudencia interna y comunitaria citadas por el sentenciador de primer grado en la determinaci\u00f3n y en atenci\u00f3n a la inviabilidad de los recursos de apelaci\u00f3n instaurados, circunstancia que torna igualmente improcedente imponer condena en costas a cargo de alguna de las partes de acuerdo con lo establecido en el canon 365 del C.G.P. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la sociedad peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la valoraci\u00f3n efectuada en la providencia cuestionada; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
4. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC6444-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC6444-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01561-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nova Mar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63803","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63803"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63803\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}