STC6454-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6454-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2021-02460-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de diciembre de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida, mediante apoderado judicial, por Julio Cesar Ramos Forero contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura, la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de Neiva, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de esa ciudad y la sociedad Metalpar Ltda., hoy Metalpar SAS, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, dignidad humana, salud, vivienda digna, trabajo, seguridad social, vida, integridad f\u00edsica y \u00absubsistencia en condiciones dignas\u00bb, presuntamente vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se disponga \u00abla revocatoria [de] los fallos de primera instancia\u2026; el de segunda instancia\u2026; y el de casaci\u00f3n\u2026\u00bb; que se declare \u00abque entre la empresa Metalpar Ltda\u2026 y [\u00e9l]\u2026 existi\u00f3 un contrato de trabajo, el cual termin\u00f3 por causal imputable al empleador\u00bb, que su \u00abdespido\u2026 es ineficaz por ser contrario a la Ley 361 e 1997\u00bb, que \u00abMetalpar Ltda, hoy Metalpar SAS deber\u00e1 reintegrar[lo]\u2026 al mismo cargo o a uno de igual o mejores condiciones acorde con las circunstancias de su padecimiento de salud\u00bb, \u00abreactivar la afiliaci\u00f3n\u2026 a la seguridad social integral desde la fecha en que orden\u00f3 su retiro\u2026\u00bb, y pagarle \u00abtodos los salarios y prestaciones sociales dejados de cancelar desde la fecha del despido declarado ineficaz y hasta la fecha en que se realice efectivamente el reintegro a su lugar de trabajo, para lo cual se ordenar\u00e1 la liquidaci\u00f3n correspondiente\u00bb, as\u00ed como \u00abla sanci\u00f3n moratoria contemplada en el art\u00edculo 65 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo\u2026\u00bb y \u00abla condena por despido sin la previa autorizaci\u00f3n del Ministerio de Trabajo y las costas procesales\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Julio Cesar Ramos Forero promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Metalpar Ltda., con miras a que se dispusiera su reintegro al cargo que desempe\u00f1aba y el pago de las acreencias, indemnizaci\u00f3n y dem\u00e1s sanciones por la ruptura del v\u00ednculo, pues no tuvo en cuenta su debilidad manifiesta derivada de su limitaci\u00f3n f\u00edsica que impon\u00eda el permiso del Ministerio de Trabajo para su despido. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, el que dict\u00f3 sentencia el 29 de septiembre de 2015, en la que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 2 de agosto de 2017 la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 dicha determinaci\u00f3n; y tras ser recurrida en casaci\u00f3n dicha providencia, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, el 30 de abril de 2020 no la cas\u00f3. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el accionante que tuvo un accidente laboral, que la lesi\u00f3n desencaden\u00f3 incapacidades m\u00e9dicas; que le fue terminado el contrato y los servicios de salud; y que no era cierto que se terminara la obra para la que fue contratado. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que su desvinculaci\u00f3n gener\u00f3 una interrupci\u00f3n dram\u00e1tica en la generaci\u00f3n de sus ingresos; que no se pidi\u00f3 autorizaci\u00f3n al Ministerio de Trabajo para su despido conforme con la Ley 361 de 1997 y la abundante jurisprudencia; y que se desestimaron sus pretensiones, desconociendo los precedentes constitucionales. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura indic\u00f3 que resolvi\u00f3 no casar el fallo dictado por el Tribunal Superior, en raz\u00f3n a los m\u00faltiples defectos t\u00e9cnicos que presentaba el cargo con el que se procur\u00f3 sustentar el recurso extraordinario; que se remit\u00eda a la sustentaci\u00f3n propuesta; que se pretend\u00eda convertir la tutela en una instancia adicional; que la sentencia emitida no era arbitraria o caprichosa, pues sus consideraciones se ajustaban a la Constituci\u00f3n y a la ley; que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues la decisi\u00f3n criticada fue proferida el 30 de abril de 2020; y que no se advert\u00eda la existencia de una v\u00eda de hecho o la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante que habilitara la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 el amparo al considerar que no cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, puesto el fallo fue emitido el 30 de abril de 2020, ejecutoriado el 7 de julio siguiente, y la tutela se present\u00f3 el 23 de noviembre de 2021, es decir, un a\u00f1o y tres meses despu\u00e9s; y que aunque jurisprudencialmente se hab\u00eda flexibilizado tal requisito, deb\u00edan mediar razones de peso para ello, lo que no se advert\u00eda en el presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n aduciendo que si bien que el fallo criticado fue proferido el 30 de abril de 2020, lo cierto era que no se tuvo en cuenta que el expediente fue devuelto al Tribunal convocado el 3 de septiembre siguiente, el que a su vez lo envi\u00f3 al Juzgado el 18 de noviembre de ese a\u00f1o, \u00faltimo que orden\u00f3 su archivo el 15 de enero de 2021; que en Neiva la vida administrativa y judicial fue afectada por la pandemia, lo que no se pod\u00eda dejar de lado; que compart\u00eda vivienda con sus suegros por la grave situaci\u00f3n econ\u00f3mica por la que atravesaba; que los efectos del Covid 19 se extendieron por 10 meses y 8 d\u00edas; que las circunstancias que dieron origen a la demanda persist\u00edan; y que se deb\u00eda analizar el presupuesto de la inmediatez en cada caso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que carece de actualidad, pues entre el fallo de 30 de abril de 2020; y la interposici\u00f3n de la tutela el 18 de noviembre de 2021, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, lapso fijado por la jurisprudencia de la Sala, como razonado y proporcional para activar este mecanismo excepcional. <\/p>\n
Es de advertirse que no son de recibo los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n, con los que el gestor pretende superar el anotado presupuesto, pues el t\u00e9rmino se contabiliza a partir de la decisi\u00f3n que denuncia como vulneradora de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
Respecto a dicho presupuesto: <\/p>\n
\u2026 si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido, (algo m\u00e1s de dos a\u00f1os), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ, STC 2 ago. 2007, rad. 2007-00188-01, reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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