STC6455-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6455-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01492-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Dora Patricia Robayo Rojas contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Dieciocho de Familia de la misma localidad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, actuando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso, entre otras, supuestamente vulneradas por las autoridades convocadas. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que present\u00f3 demanda de filiaci\u00f3n extramatrimonial y petici\u00f3n de herencia (rad. n.\u00ba 1998-00525), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1, quien, el 13 de agosto de 2010, accedi\u00f3 a la primera parte del petitum, pero deneg\u00f3 la segunda, porque encontr\u00f3 acreditada una conciliaci\u00f3n que hab\u00edan suscrito las partes, la cual se estim\u00f3 como una \u00abventa o cesi\u00f3n de derechos herenciales a t\u00edtulo universal\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, formul\u00f3 apelaci\u00f3n, pero, el 17 de enero de 2011, la Sala de Familia del Tribunal Superior de esa ciudad confirm\u00f3 lo resuelto. Inconforme, recurri\u00f3 en casaci\u00f3n, no obstante, ese recurso se declar\u00f3 \u00abinadmisible\u00bb, dada su extemporaneidad, con lo que, en su criterio, ya agot\u00f3 los medios defensivos a su alcance. <\/p>\n
En ese orden, se\u00f1al\u00f3 que con la resoluci\u00f3n del tribunal ad quem se vulneraron sus prerrogativas, comoquiera que \u00abno es posible presumir que el contrato de conciliaci\u00f3n suscrito pretenda \u201centregarle como parte de la herencia\u201d y la daci\u00f3n del inmueble por el titulo universal de la petici\u00f3n de la herencia pues nunca se precis[\u00f3] que dicha conciliaci\u00f3n era t[\u00ed]tulo singular o universal\u00bb. <\/p>\n
3. En tal virtud, pidi\u00f3 dejar sin efectos las decisiones cuestionadas; y, en consecuencia, \u00abordenar la realizaci\u00f3n de inventarios, aval\u00faos y posterior liquidaci\u00f3n\u00bb, as\u00ed como \u00abla partici\u00f3n de los bienes inventariados y avaluados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El tribunal ad quem se limit\u00f3 a indicar que el proceso fue devuelto al despacho de origen el 12 de diciembre de 2012. <\/p>\n
2. El Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 explic\u00f3 que \u00abestudiados los hechos que motivaron la queja constitucional que nos ocupa, se indag\u00f3 sobre el proceso Filiaci\u00f3n Extramatrimonial y Petici\u00f3n de Herencia No. 11001-31-10-018-1998-00525-01 de Dora Patricia Rojas Oliveros contra Carlos Robayo Pab\u00f3n, encontrando que aquel fue remitido al juzgado 2\u00b0 de Ejecuci\u00f3n en Asuntos de Familia de Bogot\u00e1, mediante oficio 0407 del 7 de febrero de 2014, con ocasi\u00f3n al Acuerdo PSAA13-9984 del 5 de septiembre de 2013 y Circular CSBTC13-104 del 18 de diciembre del mismo a\u00f1o. Lo anterior tal como se advierte de la consulta del sistema de registro Siglo XXI, e informes secretariales presentados por el personal del Juzgado. En ese orden se concluye que el proceso se adelant\u00f3 conforme al tr\u00e1mite legal que gobern\u00f3 el asunto y a lo all\u00ed decidido se estar\u00e1 el Despacho\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial y petici\u00f3n de herencia que inici\u00f3 la libelista (rad. n.\u00ba 1998-00525), por confirmar, en segunda instancia, la denegaci\u00f3n parcial del petitum, supuestamente, en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. rad. 00294-00). <\/p>\n
3. Caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos y de las pruebas allegadas al plenario, encuentra la Sala que el sub ex\u00e1mine se enmarca dentro de la anterior hip\u00f3tesis, ya que la gestora promovi\u00f3 previamente otro amparo contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Dieciocho de Familia de la misma localidad, de id\u00e9nticos contornos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, en el cual tambi\u00e9n se pretendi\u00f3 la invalidaci\u00f3n de las resoluciones dictadas en el curso del proceso de la referencia (rad. n.\u00ba 1998-00525), a trav\u00e9s de las cuales se deneg\u00f3 parcialmente lo pedido. <\/p>\n
3.1. En efecto, el conocimiento de esa acci\u00f3n constitucional correspondi\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en la cual se profiri\u00f3 fallo desestimatorio (rad. 2012-01206, 21 jun.), tras colegir que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la presentaci\u00f3n de la tutela busca que se dejen sin efecto los fallos de 13 de agosto de 2010 y de 17 de enero de 2011 proferidas en su orden por el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 y la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, y as\u00ed las cosas, advierte la Corte, sin necesidad de evaluar el contenido de dichas providencias, que la tutela resulta improcedente habida cuenta que entre su proferimiento, y el momento de interposici\u00f3n del amparo, 5 de junio de 2012 (folio 130), trascurri\u00f3 un lapso superior al de seis meses estimado como razonable por la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, – a\u00fan teniendo en cuenta la fecha del auto de 14 de octubre de 2011 por el cual la Sala declar\u00f3 inadmisible el recurso extraordinario de casaci\u00f3n -, luego no puede la peticionaria recurrir a este medio de protecci\u00f3n constitucional para invocar la vulneraci\u00f3n de los derechos que reclama, puesto que, la notable tardanza en acudir a la tutela es muestra de una conformidad que, en principio, descarta el quebrantamiento inminente del reclamado. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
S\u00famase a lo precedente, la circunstancia de que respecto de la protecci\u00f3n del amparo que aqu\u00ed se trata igualmente concurre la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que no acepta esta acci\u00f3n cuando han existido otros mecanismos ordinarios de defensa que le permitan a los interesados controvertir ante la autoridad competente los hechos sobre los cuales se soport\u00f3 la queja constitucional. <\/p>\n
Para lo anterior basta decir, que la actuaci\u00f3n de que se duele la accionante pudo ser reexaminada de haber interpuesto dentro del t\u00e9rmino de ley, el recurso establecido en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo que, evidencia que acude a la tutela en forma alternativa, a pesar de que la misma no tiene tal caracter\u00edstica\u00bb. <\/p>\n
3.2. Aunado a lo anterior, con decisi\u00f3n de 8 de agosto de 2012, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, al resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta por la memorialista, ratific\u00f3 lo dispuesto en el primer grado de ese tr\u00e1mite, toda vez que: <\/p>\n
\u00abSi bien la normatividad vigente no establece un t\u00e9rmino de caducidad respecto de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que para lograr la efectiva protecci\u00f3n constitucional como medio expedito y \u00fanico ante la presunta afectaci\u00f3n de los derechos invocados, corresponde interponerla dentro de un t\u00e9rmino prudencial, por cuanto la tardanza la inhabilita como mecanismo inmediato para demandar la amenaza o violaci\u00f3n de los derechos fundamentales. (\u2026). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la raz\u00f3n aducida por la parte actora no justifica la comprobada demora con que se ejerci\u00f3 la acci\u00f3n constitucional frente al asunto cuestionado. <\/p>\n
De otro lado, examinado el expediente y los fundamentos de la acci\u00f3n, advierte la Sala que el amparo constitucional se torna improcedente conforme a lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la peticionaria debi\u00f3 acudir a los medios de defensa judicial que consagra la ley para exponer los motivos en que apoya su queja constitucional. <\/p>\n
En el presente caso, es claro que la parte accionante contaba con un medio judicial de defensa, tal como lo consider\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) la actuaci\u00f3n (\u2026) pudo ser reexaminada de haber interpuesto dentro del t\u00e9rmino de ley, el recurso establecido en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Al ser evidente que la accionante no utiliz\u00f3 apropiadamente los recursos legales previstos en su favor, no pod\u00eda pretender suplirlos por esa v\u00eda para enmendar su propia incuria, pues la acci\u00f3n constitucional no ha sido instituida para sustituir las omisiones de los sujetos procesales cuando en el momento oportuno no utiliz\u00f3 los medios de defensa judicial. <\/p>\n
Se ha de reiterar que la acci\u00f3n de tutela no es el instrumento apropiado para revivir t\u00e9rminos procesales vencidos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, ha de precisarse adicionalmente que no procede tampoco el presente amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, porque la documental aportada no tiende a demostrar en forma alguna esa hipot\u00e9tica afectaci\u00f3n, por lo que no hay lugar a su declaraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, es oportuno precisar que las referidas determinaciones quedaron en firme, en tanto que el expediente fue excluido de la selecci\u00f3n con fines de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, tal como se observa en la consulta realizada en la p\u00e1gina web de la Secretar\u00eda de dicha Corporaci\u00f3n (T-3630650), la cual se anexa a la foliatura. <\/p>\n
3.3. Conforme con ello, deviene di\u00e1fano para la Corte que las s\u00faplicas de estas causas son fundamentalmente las mismas, dado que se orientan, por igual, a combatir el contenido de las sentencias de instancia dictadas por las citadas autoridades, en el marco del proceso de filiaci\u00f3n extramatrimonial y petici\u00f3n de herencia rese\u00f1ado, aspecto que ya fue zanjado en la decisi\u00f3n que viene de memorarse. <\/p>\n
Sobre el particular, ha sostenido el precedente que: \u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Esta queja resulta temeraria, pues es el reflejo de un ejercicio repetido en un asunto, esencialmente id\u00e9ntico, en el que se replante\u00f3 un tema que ya hab\u00eda sido sometido al escrutinio y definici\u00f3n del juez constitucional, y no se suscita variaci\u00f3n alguna que permita reabrir el debate jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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