STC6456-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC6456-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00076-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de mayo de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la tutela que Fernando de Jes\u00fas Mar\u00edn Parra le instaur\u00f3 a los Juzgados Promiscuo Municipal de Puerto Nare y Civil del Circuito de Puerto Berr\u00edo, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2018-00041. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad, tiempo razonable, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, derecho a la defensa, seguridad jur\u00eddica y tutela judicial efectiva\u00bb, para que se ordenara \u00abREVOCAR lo resuelto por los Juzgados Promiscuo Municipal de Puerto Nare y Civil del Circuito de Puerto Berrio, frente a lo resuelto en la solicitud de declaraci\u00f3n de nulidad dentro del proceso divisorio con radicado 2018-0041\u00bb y, en consecuencia, \u00abse declare la NULIDAD a partir del 21 de mayo del 2019, fecha desde la cual el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, perdi\u00f3 la competencia para seguir tramitando dicho proceso [y] en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, sea remitido el proceso al juez Promiscuo Municipal que deba seguir conociendo del proceso divisorio\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujo que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare admiti\u00f3 la demanda divisoria que le promovi\u00f3 Graciela Mar\u00edn Parra (n\u00ba 2018-00041), la que, notificada (21 may. 2018), contest\u00f3 (5 jun.), pero \u00ab(\u2026) despu\u00e9s de haber transcurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde que hab\u00eda sido notificada la demanda sin que se hubiera proferido sentencia\u00bb solicit\u00f3 la declaraci\u00f3n de nulidad con base en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso (10 sep. 2021), negada en decisi\u00f3n del 22 de noviembre \u00faltimo, confirmada por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berr\u00edo \u00abpor considerar que de acuerdo con el art\u00edculo 135 del C\u00f3digo General del Proceso no era procedente solicitar la nulidad\u00bb (1\u00ba mar. 2022). <\/p>\n
Calific\u00f3 tales determinaciones de transgresoras de las garant\u00edas invocadas, \u00abal negarse a aplicar el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso que de manera clara y expresa consagra cuando el juez pierde la competencia para seguir conociendo del proceso\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berr\u00edo se atuvo a lo solventado el 1\u00ba de marzo de 2022; mientras que el Promiscuo Municipal de Puerto Nare se opuso al auxilio y defendi\u00f3 la legalidad de su proceder. <\/p>\n
Graciela de Jes\u00fas Mar\u00edn Parra, \u00c1lvaro Mar\u00edn Parra y Gladys Loaiza Mar\u00edn Parra replicaron la \u00abdemanda\u00bb superlativa y exigieron \u00abdenegar la acci\u00f3n Constitucional pedida (\u2026), por indebida representaci\u00f3n o poder que lo acredite\u00bb. <\/p>\n
3.- El Tribunal Superior de Antioquia desestim\u00f3 el ruego, por falta del requisito de inmediatez, en atenci\u00f3n a que \u00abentre el hecho que se denuncia como depredador de las garant\u00edas fundamentales, que realmente es toda la actuaci\u00f3n del Juzgado accionado desplegada con posterioridad al 21 de mayo de 2019, fecha en que dice la parte actora, el funcionario accionado, perdi\u00f3 toda competencia para tramitar y decir el proceso objeto de queja constitucional, y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, han transcurrido m\u00e1s de seis (6) meses, pues n\u00f3tese que como viene explic\u00e1ndose el hecho que se denuncia como depredador de las garant\u00edas fundamentales comenz\u00f3 luego del 21 de mayo de 2019 y a la fecha de la acci\u00f3n de tutela han transcurrido casi tres a\u00f1os, por lo que es claro que pas\u00f3 m\u00e1s del tiempo que se\u00f1ala la jurisprudencia patria, sin que concretamente la parte aqu\u00ed interesada ejerciera esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De igual modo, hall\u00f3 razonables las providencias criticadas, dado que \u00ablas reflexiones de los funcionarios accionados no se muestran antojadizas, ni arbitrarias y, por el contrario, gozan de claro sustento objetivo, normativo y probatorio, resultado del an\u00e1lisis jur\u00eddico a la luz de la legislaci\u00f3n aplicable y de los principios procesales y jurisprudenciales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4.- Impugn\u00f3 el precursor argumentando que \u00ab(\u2026) en el presente caso, se debi\u00f3 amparar el DEBIDO PROCESO, toda vez que la acci\u00f3n de tutela fue colocada oportunamente, esto es, despu\u00e9s de que el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare y el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio, negaran la solicitud de nulidad solicitada con base en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que era est\u00e9, el momento a partir del cual se debi\u00f3 haber contado el termino para hacer la valoraci\u00f3n de la inmediatez\u00bb. Adem\u00e1s, acot\u00f3 que \u00abSi bien es cierto las actuaciones y los actos procesales celebrados hasta la fecha quedaron subsanados, era de esperarse que el juez Promiscuo Municipal de Puerto Nare, perdiera la competencia para seguir adelantando cualquier otra actuaci\u00f3n hacia futuro y para proferir la sentencia\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Liminarmente, distinto a lo afirmado en la primera instancia, asiste raz\u00f3n al recurrente cuando asegura haber formulado la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb contra los autos de 22 de noviembre de 2021 y 1\u00ba de marzo de 2022, dentro del semestre jurisprudencialmente tenido como prudente para incoarla (STC6690-2021), en tanto, ese l\u00edmite temporal contado desde la \u00faltima de esas datas, fenecer\u00eda el 1\u00ba de septiembre hoga\u00f1o, al paso que el escrito genitor fue radicado el pasado 21 de abril; de suerte que el estudio de fondo del asunto, se torna procedente. <\/p>\n
2.- No obstante, se advierte la improsperidad del resguardo y la consecuente convalidaci\u00f3n del fallo opugnado, ante la razonabilidad del pronunciamiento combatido (1\u00ba mar. 2022), pues si bien el suplicante atac\u00f3 tambi\u00e9n la directriz del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare (22 nov. 2021), el an\u00e1lisis de esta Corporaci\u00f3n se circunscribir\u00e1 al expedido por el Civil del Circuito de Puerto Berr\u00edo al cerrar el debate suscitado. <\/p>\n
3.- Descendiendo al sub lite, emerge que el interlocutorio recriminado, emitido el 1\u00ba de marzo de 2022, no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del expediente, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los elementos suasorios obrantes en la causa, de cara a la \u00absolicitud de nulidad de pleno derecho del art\u00edculo 121 de la Ley 1564 de 2012\u00bb. <\/p>\n
En efecto, el despacho querellado advirti\u00f3 que la \u00abnulidad\u00bb anhelada por el actor estaba saneada en los t\u00e9rminos del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso, soportando su disquisici\u00f3n, en la sentencia C-443 de 2019 que declar\u00f3 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abde pleno derecho\u00bb contenida en el canon 121 ib\u00eddem respecto de la invalidaci\u00f3n all\u00ed enunciada y, para ello precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn precedencia se cit\u00f3 la sentencia C-443-19, en la que la Corte Constitucional declar\u00f3 inexequible la expresi\u00f3n \u201cde pleno derecho\u201d que inicialmente estaba prevista en el art\u00edculo 121 del CGP. Asimismo, en la aludida providencia, tambi\u00e9n se estableci\u00f3 que la nulidad prevista en la norma en comento deb\u00eda ser alegada antes de proferirse la sentencia y es saneable en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 132 y siguientes del CGP. <\/p>\n
La demanda fue admitida el 20 de abril de 2018 y notificada personalmente al demandado el 21 de mayo de ese mismo a\u00f1o, de lo anterior, la parte pasiva dedujo que el plazo de un a\u00f1o, con el que contaba el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Nare, para proferir sentencia, fenec\u00eda el 21 de mayo de 2019 y que, por lo tanto, toda la actuaci\u00f3n posterior a esa fecha es nula. <\/p>\n
De acuerdo a la sentencia C-443-19, el hecho que la nulidad prevista en el art\u00edculo 121 del CGP no sea autom\u00e1tica, que deba ser alegada por las partes y que sea saneable, tiene como efecto inmediato en este asunto, que no tenga acogida la argumentaci\u00f3n del demandado y que, por ende, no sea nulo lo acontecido en este proceso desde el 21 de mayo de 2019, por las siguientes razones: <\/p>\n
<\/p>\n
El demandado, quien aleg\u00f3 la nulidad de lo actuado desde el 21 de mayo de 2019, cuando se cumpli\u00f3 un a\u00f1o desde que le fue notificada la admisi\u00f3n de la demanda, particip\u00f3 en el proceso con posterioridad a esa fecha, presentando \u201cOBJECIONES AL DICTAMEN PERICIAL\u201d el 7 de diciembre de 2020, y asistiendo a las audiencias realizadas el 11 de marzo y 10 de mayo de 2021. <\/p>\n
De esta manera, la misma parte que solicit\u00f3 la nulidad prevista en el art\u00edculo 121 del CGP, actu\u00f3 activamente en el proceso sin proponerla, dejando para el 10 de septiembre de 2021 la solicitud de nulidad, por lo que se considera saneada cualquier actuaci\u00f3n desplegada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Nare, excediendo el t\u00e9rmino de un a\u00f1o sin proferir sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
b. El inciso segundo del art\u00edculo 135 del CGP, establece: \u201cNo podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u201d\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, narr\u00f3 las actuaciones acaecidas en el juicio divisorio confront\u00e1ndolas con el contenido del art\u00edculo 410 ib\u00eddem y analiz\u00f3 la conducta de las partes y del funcionario de primer grado de cara al precepto 35 eiusdem, sobre lo que esgrimi\u00f3, <\/p>\n
\u00abPese a la claridad de la norma en comento, la demanda fue admitida sin que se hubiese anexado la partici\u00f3n, en su lugar, el demandante solicit\u00f3 que se designara partidor. Respecto a esta situaci\u00f3n en particular, referida a la omisi\u00f3n en el deber de aportar la partici\u00f3n, el demandado, quien ahora solicita que se declare la nulidad prevista en el art\u00edculo 121 del CGP, no realiz\u00f3, por la v\u00eda procesal que considerara adecuada, alg\u00fan reparo o reproche, por el contrario, al contestar la demanda manifest\u00f3 que estaba de acuerdo con el nombramiento del partidor. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en las condiciones previstas en el C\u00f3digo General del Proceso, como en el auto del 24 de abril de 2019 se decret\u00f3 \u201cLa divisi\u00f3n material del bien inmueble objeto de la presente demanda\u201d, una vez ejecutoriada dicha decisi\u00f3n, el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Nare, debi\u00f3 proferir la sentencia con base en los dict\u00e1menes aportados por las partes, sin embargo, como la partici\u00f3n no fue anexada, tal decisi\u00f3n no pudo proferirse, en su lugar, en auto del 15 de agosto de 2019, el a quo, design\u00f3 partidor, debiendo acudir al imprevisto tr\u00e1mite de designaci\u00f3n del partidor el cual, m\u00e1s de dos a\u00f1os y medio despu\u00e9s de haber iniciado, sigue sin culminar. <\/p>\n
Del recuento anterior se extra que aunque es cierto que todav\u00eda no se ha proferido sentencia que ponga fin a la instancia, ello es atribuible al funcionario judicial y a las partes, porque dejando de lado el procedimiento previsto en el art\u00edculo 406 y siguientes del CGP, el juez no exigi\u00f3 la partici\u00f3n y demandante y demandado, no la aportaron, cre\u00e1ndose un extra\u00f1o tr\u00e1mite de designaci\u00f3n de partidor, cuando esta actuaci\u00f3n no est\u00e1 consagrada en las actuales disposiciones del proceso de divisi\u00f3n material y es justamente esta \u00faltima actuaci\u00f3n la que ha demorado en demas\u00eda la decisi\u00f3n del asunto. <\/p>\n
De esta manera, se reitera que las partes e inclusive el funcionario judicial, han dado lugar al hecho que ha originado que no se haya proferido la sentencia a pesar de contar con el auto que decret\u00f3 la divisi\u00f3n material y, por lo tanto, el apelante FERNANDO DE JES\u00daS MARIN PARRA, con su conducta dio lugar al hecho que ahora repugna por la v\u00eda de la nulidad prevista en el art\u00edculo 121 del CGP, Es decir, al recurrente es atribuible el hecho que todav\u00eda no se haya proferido sentencia en este proceso de divisi\u00f3n material a pesar que casi tres a\u00f1os antes se decret\u00f3 la aludida forma de divisi\u00f3n, en tal sentido, en t\u00e9rminos de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 135 del CGP, no puede solicitar la nulidad\u00bb. <\/p>\n
Sobre el saneamiento de la \u00abnulidad\u00bb en comento, conforme a los preceptos 135 inc. 4\u00ba y 136 n\u00fam. 1\u00ba de la Ley 1564 de 2012, esta Corporaci\u00f3n ha asumido una postura similar, al sostener que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se debe precisar que las nulidades sustanciales pueden ser insaneables (absolutas) o saneables (relativas). Las absolutas son incompatibles con el sistema jur\u00eddico por ser il\u00edcitas (objeto o causa il\u00edcitos); o vician el acto desde su origen por no cumplir una condici\u00f3n de posibilidad para su surgimiento a la vida jur\u00eddica (requisitos ad substantian actus o incapacidad absoluta de quien intent\u00f3 constituir el acto fallido). Las relativas son todas las dem\u00e1s que no sean cualificadas como absolutas. <\/p>\n
Seg\u00fan el principio de convalidaci\u00f3n que rige en el derecho procesal civil, por regla general, todas las irregularidades procesales (inclusive las nulidades) se convalidan por el consentimiento de las partes: \u00absi el acto procesal nulo no es impugnado legalmente, queda revalidado por la aquiescencia t\u00e1cita o expresa de la parte que sufre lesi\u00f3n por la nulidad. (\u2026) De lo anterior se infiere que las nulidades de los actos procesales, por regla general no son absolutas, ya que pueden quedar revalidadas en la forma supradicha\u2026\u00bb. <\/p>\n
Tal principio se expresa en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que \u00abagotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se trate de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u2026\u201d; en el Par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 \u00ablas dem\u00e1s irregularidades del proceso se tendr\u00e1n por subsanadas si no se impugnan oportunamente por los mecanismos que este c\u00f3digo establece\u00bb; en el inciso segundo del art\u00edculo 135 \u00abno podr\u00e1 alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omiti\u00f3 alegarla como excepci\u00f3n previa si tuvo la oportunidad para hacerlo, ni quien despu\u00e9s de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla\u00bb; y, principalmente, en el art\u00edculo 136 ib\u00eddem \u00abla nulidad se considerar\u00e1 saneada en los siguientes casos: 1. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla no lo hizo oportunamente o actu\u00f3 sin proponerla; 2. Cuando la parte que pod\u00eda alegarla la convalid\u00f3 en forma expresa antes de haber sido renovada la actuaci\u00f3n anulada; 3. Cuando se origine en la interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n del proceso y no se alegue dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la fecha en que haya cesado la causa; 4. Cuando a pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa\u00bb. <\/p>\n
Como insaneables, el estatuto procesal s\u00f3lo contempla \u00abproceder contra providencia ejecutoriada del superior, revivir un proceso legalmente concluido o pretermitir \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb (art\u00edculo 136, Par\u00e1grafo). Todos los dem\u00e1s vicios procesales se convalidan o sanean de la manera prevista en el art\u00edculo 136 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Luego, al no estar la nulidad del art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General de Proceso taxativamente prevista como insaneable y al no ser una \u00abnulidad especial\u00bb, no es posible afirmar que es una anomal\u00eda procesal de tan grande magnitud que no es susceptible de convalidaci\u00f3n o saneamiento. <\/p>\n
De esta manera, si se actu\u00f3 sin proponerla, o la convalid\u00f3 en forma expresa, la nulidad quedar\u00e1 saneada, pero si la parte la formula en la oportunidad prevista en el art\u00edculo 134, siempre que se cumplan los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 135, y una vez verificado el supuesto de hecho indicado en el art\u00edculo 121 \u2013que como se explic\u00f3, no es objetivo y admite el descuento de demoras que no se deben a la desidia del funcionario\u2013, el juez deber\u00e1 declarar la consecuencia jur\u00eddica expresada en esa disposici\u00f3n. <\/p>\n
(…) Bajo los anteriores presupuestos conceptuales y frente a la conducta examinada, surge como evidente que el Tribunal encausado err\u00f3 al decretar la nulidad de lo actuado (\u2026), toda vez que no tom\u00f3 en consideraci\u00f3n que la nulidad de que trata el tan citado art\u00edculo 121, es de car\u00e1cter saneable (\u2026). <\/p>\n
En ese orden, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no confluye defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb pues en la resoluci\u00f3n fustigada fue desestimada \u00abla nulidad de pleno derecho\u00bb procesal interpuesta y se zanj\u00f3 la alzada conforme al arsenal probatorio, lo que pone en evidencia en este asunto, la existencia de una disparidad de criterios en torno a la apreciaci\u00f3n de las circunstancias que rodearon el sub judice, la hermen\u00e9utica judicial desplegada y la forma en la que el censor busca imponer su propia visi\u00f3n, acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se ratificar\u00e1 el veredicto confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese lo resuelto por el medio m\u00e1s expedito a los implicados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC6456-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC6456-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 05000-22-13-000-2022-00076-01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 4 de mayo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[49],"tags":[],"class_list":["post-63813","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-mayo-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63813","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=63813"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/63813\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=63813"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=63813"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=63813"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}