STC6458-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6458-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-00670-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de abril de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel Vicente Castro Pardo contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esta ciudad y el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Comisi\u00f3n de Disciplina Judicial, el Ministerio de Justicia y Derecho, y los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus prerrogativas fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, petici\u00f3n e igualdad, que dice vulneradas por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que el estrado acusado proceda a \u00abdecretar la revocatoria [de] la decisi\u00f3n adoptada el d\u00eda 15 de septiembre de 2021\u2026, entendiendo que el recurso de reposici\u00f3n y subsidiariamente de queja interpuesto el 8 de octubre de 2021, frente a la negativa de conceder apelaci\u00f3n, igualmente fueron desatados el 22 de noviembre de 2021\u00bb; que se ordene \u00abde manera inmediata la entrega del predio rematado y adjudicado en fecha 28 de julio de 2021\u2026 por cumplirse con el pago del arancel judicial en la suma de $10.588.368, el d\u00eda 29 de julio de 2021\u00bb; que se le d\u00e9 \u00abcontestaci\u00f3n a todos y cada uno de los interrogantes planteados mediante derecho de petici\u00f3n de fecha 7 de febrero de 2022\u00bb; que se \u00abrevo[que] el auto admisorio de fecha 10 de agosto de 2021…\u00bb; y se \u00abvincule al Ministerio de Justicia y del Derecho\u2026 por tener este ente de control conocimiento de los hechos mediante queja formulada el d\u00eda 22 de noviembre de 2021\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Dentro del proceso ejecutivo para la efectividad de la garant\u00eda real promovido por Manuel Vicente Castro Pardo contra Omar Pinto Su\u00e1rez, el 28 de julio de 2021 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 llev\u00f3 a cabo la diligencia de remate del bien objeto del proceso, el que le fue adjudicado al ejecutante por cuenta del cr\u00e9dito, quien posteriormente consign\u00f3 los aranceles. <\/p>\n
2.2. El Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica comunic\u00f3 al referido despacho que el 10 de agosto de 2021 admiti\u00f3 la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas del ejecutado; y con auto de 15 de septiembre de 2021 el estrado acusado suspendi\u00f3 la actuaci\u00f3n por la admisi\u00f3n de dicha solicitud, conforme con el art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. En providencia de 5 octubre siguiente se deneg\u00f3 la alzada y se dispuso que se le dar\u00eda el tr\u00e1mite de una reposici\u00f3n, por lo que el accionante formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja frente a la negativa de concederle la apelaci\u00f3n; y en prove\u00eddo de 25 de noviembre de 2021 se mantuvo la decisi\u00f3n de 5 de octubre anterior y se orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para que se surtiera la queja, la que fue desestimada. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 el gestor que pag\u00f3 el arancel; que solo faltaba llevar a cabo la diligencia de entrega, empero, el 15 de septiembre de 2021 se orden\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por la admisi\u00f3n de la solicitud de negociaci\u00f3n de deudas el ejecutado. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que no se hab\u00eda agotado la audiencia de conciliaci\u00f3n ni enviado el expediente a los jueces civiles municipales; que desconoc\u00eda si el ejecutado Pinto Suarez pag\u00f3 las expensas del tr\u00e1mite de insolvencia o se entendi\u00f3 desistido el mismo por su ausencia; y que pidi\u00f3 dicha informaci\u00f3n al centro de conciliaci\u00f3n, pero no le hab\u00eda sido contestada su solicitud. <\/p>\n
2.6. Adujo que los accionados incurr\u00edan en v\u00eda de hecho; que no se aplic\u00f3 el art\u00edculo 452 del C\u00f3digo General del Proceso; que se incurri\u00f3 en exceso ritual manifiesto, pues el inmueble ya no hac\u00eda parte del patrimonio del deudor por el remate; y que pese a los recursos interpuestos el despacho manten\u00eda su postura, lo que transgred\u00eda su propiedad, pues le imped\u00eda disponer del bien que le hab\u00eda sido adjudicado. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas e indic\u00f3 que el accionante ya hab\u00eda impetrado otra tutela, que le fue denegada; que hab\u00eda actuado conforme a los fundamentos legales y reglamentarios aplicables, particularmente, de acuerdo con las directrices del art\u00edculo 545 del Estatuto Procesal; y que se encontraba presto a acatar las determinaci\u00f3n que se adoptara. <\/p>\n
2. El Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica se\u00f1al\u00f3 que los t\u00e9rminos se suspendieron con ocasi\u00f3n del estado de emergencia econ\u00f3mica, social y ecol\u00f3gica decretada por el Gobierno Nacional; que los m\u00e9todos de resoluci\u00f3n de conflictos constitu\u00edan una herramienta eficaz, eficiente y econ\u00f3mica para garantizar el acceso a la justicia; y que al gestor se le permitir\u00eda valer sus derechos en las distintas etapas, en las que podr\u00eda objetar o manifestar sus inconformidades. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que la tutela no se dirig\u00eda en su contra; y que el 31 de marzo de 2022 dict\u00f3 auto inhibitorio en la queja presentada tras considerar que la conducta del funcionario querellado no constitu\u00eda falta disciplinaria, sin que la misma fuese cuestionada, por lo que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de la presente acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
4. El Ministerio de Justicia y Derecho adujo que no hab\u00eda vulnerado los derechos de petici\u00f3n y debido proceso del accionante; que le explic\u00f3 los argumentos jur\u00eddicos que imped\u00edan el acceso directo de aquel a la informaci\u00f3n deprecada; que se contest\u00f3 de fondo la solicitud interpuesta; y que no ten\u00eda injerencia en la transgresi\u00f3n o amenaza denunciada, por lo que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva y deb\u00eda ser desvinculada de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n sostuvo que exist\u00eda carencia actual de objeto por hecho superado, pues dio tr\u00e1mite a la investigaci\u00f3n disciplinaria propuesta, lo que le fue comunicado a la gestora. <\/p>\n
6. Conforme a los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
El Tribunal constitucional concedi\u00f3 parcialmente el amparo respecto del Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica y del Ministerio de Justicia y del Derecho, pues si bien no se hab\u00eda agotado la audiencia de negociaci\u00f3n de deudas, lo que no permitir\u00eda analizar la situaci\u00f3n, tambi\u00e9n era cierto que, de un lado, el aludido Centro de Conciliaci\u00f3n no dijo nada frente a la petici\u00f3n elevada por el accionante el 7 de febrero de 2022, por lo que se aplicar\u00eda la presunci\u00f3n de veracidad y, de otro, pese a que la Cartera convocada indic\u00f3 haber atendido oportunamente la queja presentada, no prob\u00f3 sumariamente que ello ocurri\u00f3. <\/p>\n
Deneg\u00f3 el resguardo frente a la decisi\u00f3n criticada, pues el juzgador convocado dio aplicaci\u00f3n a la normatividad vigente, soportando la providencia atacada en el art\u00edculo 545 del C\u00f3digo General del Proceso por encontrarse acreditada la aceptaci\u00f3n del procedimiento de negociaci\u00f3n de deudas de Omar Pinto Su\u00e1rez; que no advert\u00eda maniobra fraudulenta alguna; que la anotada norma implicaba la suspensi\u00f3n ipso iure de todos los asuntos ejecutivos adelantados contra el deudor, lo que no transgred\u00eda la Constituci\u00f3n ni el precedente jurisprudencial; que no observaba arbitrariedad o un proceder abusivo, pues los actos censurados no eran producto de capricho del fallador, sino de la ponderaci\u00f3n de los hechos, las probanzas y las disposiciones aplicables; que la tutela no era un nuevo recurso procesal ni estaba instituida para revivir t\u00e9rminos fenecidos; y que no se configuraba la temeridad, pues la tutela anterior fue denegada al encontrarse en tr\u00e1mite el recurso de queja. <\/p>\n
Le orden\u00f3 al Centro de Conciliaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n Equidad Jur\u00eddica y al Ministerio de Justicia y del Derecho que \u00abresuelvan las peticiones que el se\u00f1or Castro Pardo radic\u00f3 el 07 de febrero de 2022 y el 21 de noviembre de 2021, respectivamente\u00bb; y que \u00abnotifique su respuesta al tutelante, por los mecanismos id\u00f3neos para tal fin\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 parcialmente la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que se admiti\u00f3 la solicitud de insolvencia de persona no comerciante cuando ya se hab\u00eda llevado a cabo la almoneda y adjudicado el inmueble, por lo que se debi\u00f3 excluir dicho bien; que el ejecutado ten\u00eda la calidad de comerciante, por lo que los accionados fueron v\u00edctimas de un enga\u00f1o; que pareciera que prevalec\u00edan los derechos del deudor; que se denunciaron dos deudas sospechosas; que s\u00ed exist\u00eda una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; que el estrado acusado no efectu\u00f3 un an\u00e1lisis pormenorizado del proceso; y que no se daba primac\u00eda a los derechos sustanciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que se encuentra pendiente la resoluci\u00f3n del recurso interpuesto frente al auto de 15 de septiembre de 2021, con el que el despacho dispuso la suspensi\u00f3n del proceso, precisando que aunque lo formulado fue una improcedente apelaci\u00f3n, en auto de 5 de octubre siguiente, se consider\u00f3 que dada la inapelabilidad de aquel se le impartir\u00eda el tr\u00e1mite de reposici\u00f3n, en aplicaci\u00f3n de la figura pro recurso -par\u00e1grafo del articulo 318 del C\u00f3digo General del Proceso-, la que a la fecha no ha sido desatada. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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