STC6460-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6460-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-01516-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabio Arturo Jaramillo Guzm\u00e1n contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante, actuando a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia y debido proceso, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas, indic\u00f3 que Swiss Investment Limited inici\u00f3 un reivindicatorio en su contra (rad. n.\u00ba 2017-00051), cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, quien accedi\u00f3 al petitum, decisi\u00f3n ratificada por la Sala Civil del Tribunal Superior de esa localidad. <\/p>\n
Inconforme, formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a lo resuelto por el ad quem, concedido con prove\u00eddo de 26 de febrero de 2021 ante esta Corporaci\u00f3n, en el que, adem\u00e1s, se fij\u00f3 la cauci\u00f3n de $1.000.000.000, a efectos de no ejecutar el cumplimiento de lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
Sin embargo, ambas partes recurrieron en reposici\u00f3n, defensa en la que, al resolverse, se increment\u00f3 la cifra a pagar a $2.659\u00b4833.000, aspecto que, en su criterio, es irregular, en tanto que \u00abno [se] pod\u00eda tomar como aval\u00fao del predio la establecida en el a\u00f1o 2017, sino la del a\u00f1o 2020 que ascend\u00eda a la suma de $4.339.169.000\u00bb, pero, al desatar las subsiguientes reposici\u00f3n y s\u00faplica, se mantuvo lo resuelto. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, pidi\u00f3, en compendio, que se dejen sin efectos las rese\u00f1adas resoluciones y, en consecuencia, \u00ab[se] calcule y liquide el monto de la cauci\u00f3n de acuerdo con el aval\u00fao catastral del a\u00f1o 2020 que fij\u00f3 un monto del predio de $4. 339.169.000, aplicando para ello las normas utilizadas, que con seguridad y al rompe se avizora que resultar\u00e1 muy inferior al que tuvo como base un aval\u00fao no vigente, desfasado y violatorio de la ley\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el reivindicatorio (rad. n.\u00ba 2017-00051) que se inici\u00f3 contra el libelista, por fijar la cauci\u00f3n para suspender el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas mientras se surte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, supuestamente, de forma irregular y en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 fij\u00f3 la cauci\u00f3n para suspender el cumplimiento de las \u00f3rdenes impuestas en el curso del reivindicatorio que se inici\u00f3 contra el convocante (rad. n.\u00ba 2017-00051), no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En primer lugar, el tribunal ad quem refiri\u00f3 que \u00abla cauci\u00f3n a fijarse para efectos de decretar la suspensi\u00f3n del cumplimiento de los mandatos ejecutables de una sentencia, debe atender a los perjuicios que eventualmente ocasionar\u00eda tal suspensi\u00f3n a la parte vencedora, [y en el sub-lite] ello se circunscribe b\u00e1sicamente a lo que representar\u00eda para la sociedad demandante la suspensi\u00f3n de la orden de restituci\u00f3n y entrega del bien a su favor, que no es otra cosa que la falta de percepci\u00f3n de los frutos que pudieran derivarse del inmueble durante ese interregno\u00bb. <\/p>\n
De ese modo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcomo en el expediente no obra ning\u00fan elemento que d\u00e9 cuenta del valor concreto de los frutos que podr\u00edan percibirse en el lapso a que se ha hecho menci\u00f3n, como tampoco un estimado de ello, es necesario aplicar lo establecido en el art\u00edculo 717 del CC y lo dispuesto en el art\u00edculo 18 de la ley 820 de 2003\u00bb. Adem\u00e1s, a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abFrente al recurso de la parte demandada, este no podr\u00eda salir avante, en la medida [en] que, para calcular los frutos no podr\u00eda acudirse a lo establecido en el art\u00edculo 1617 del C Civil, pues ello aplica para la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por mora en obligaciones que comporten el pago de una cantidad determinada de dinero, cuesti\u00f3n por completo distinta a la orden impuesta en esa sede, de donde es claro que, para la cuantificaci\u00f3n y tasaci\u00f3n de la cauci\u00f3n en el asunto, debe procederse como se explic\u00f3 en el punto anterior\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, precis\u00f3 que \u00aben lo que ata\u00f1e a la solicitud de ampliar el t\u00e9rmino para prestar la cauci\u00f3n, se pone de presente que el inciso 4\u00b0 del art\u00edculo 341 CGP establece de manera imperativa, que aquella debe constituirse dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n, por manera que no ser\u00eda dable modificar ese lapso, m\u00e1xime que el art\u00edculo 117 ib. Se\u00f1ala que \u201clos t\u00e9rminos se\u00f1alados en este c\u00f3digo para la realizaci\u00f3n de actos procesales de las partes y los auxiliares de la justicia, son perentorios e improrrogables, salvo disposici\u00f3n en contrario\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos de la contraparte del gestor, adujo que \u00abno le asiste raz\u00f3n (\u2026) en que para la tasaci\u00f3n de la cauci\u00f3n deban tenerse en cuenta no solo el valor del inmueble objeto del proceso, sino los frutos que dej\u00f3 de percibir durante el tiempo [en] que los demandados han tenido la posesi\u00f3n del mismo, pues, en consonancia con lo dicho en la sentencia de primer grado, confirmada en esta instancia, fue restituir el bien y ninguna condena se profiri\u00f3 en lo que ata\u00f1e al pago de frutos, de donde se sigue que, para efectos de calcular la citada cauci\u00f3n, solamente puede atenderse a los perjuicios que se ocasionaren con la suspensi\u00f3n de la restituci\u00f3n dispuesta\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, coligi\u00f3 que \u00abs\u00ed hay lugar a aumentar el monto de la cauci\u00f3n, tomando en cuenta la \u00faltima certificaci\u00f3n catastral que reposa en el expediente, en la cual se indica que para el a\u00f1o 2017 el inmueble objeto de este proceso estaba avaluado catastralmente en $8.866.110.000, y aplicando lo dispuesto en el art\u00edculo 717 C. Civil (los frutos pueden corresponder al canon mensual de arrendamiento) y en el art\u00edculo 18 de la Ley 820 de 2003 (la renta mensual no puede ser mayor al 1% del valor comercial del bien, sin que este \u00faltimo exceda el equivalente a dos (2) veces el aval\u00fao catastral\u00bb. <\/p>\n
Por lo tanto, enfatiz\u00f3 en que \u00abpara efectos de modificar la cauci\u00f3n, se tendr\u00e1 en consideraci\u00f3n: i. como valor del bien, una y media vez el aval\u00fao catastral referido en el p\u00e1rrafo anterior, esto es, $13.299.165.00, ii. como frutos civiles mensuales el 1% del anterior monto, y iii. una estimaci\u00f3n razonable de lo que dure la suspensi\u00f3n, esto es, el lapso que tarde el tr\u00e1mite de la casaci\u00f3n en la Corte, veinte (20) meses. Como resultado de ello, entonces, la cauci\u00f3n se modificar\u00e1 y aumentar\u00e1 a $2.659.833.000\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, estableci\u00f3 que \u00absi bien en el auto atacado se tom\u00f3 el valor de $4.339.169.000 para realizar la operaci\u00f3n anterior, conforme la constancia de declaraci\u00f3n de pago de impuesto predial del a\u00f1o 2020 que se aport\u00f3 junto con el memorial de interposici\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, lo cierto es que dicho monto no habr\u00eda podido tenerse en cuenta, pues corresponde a un \u201cautoaval\u00fao\u201d como base gravable, sin que estuviera acreditado que catastralmente est\u00e1 avaluado en ese precio. En esa misma senda, tampoco podr\u00eda tomarse el valor que aparece en el recibo de pago de impuesto predial para 2018 que reposa en el legajo f\u00edsico, pues corresponde a una declaraci\u00f3n de autoliquidaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del censor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad accionada, en tanto no acogi\u00f3 sus argumentos. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por medio expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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