STC6462-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6462-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-00290-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de abril de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Lina Consuelo Novoa Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Diecinueve de Familia de esta ciudad, la Comisaria Novena de Familia del mismo lugar y Oscar Andr\u00e9s Pulido Pulido, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes de la actuaci\u00f3n objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, libertad y honra, que dice vulnerados por los accionados. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene \u00abdeclarar la nulidad de todo lo actuado a partir del d\u00eda 04 de enero de 2021 a la presente fecha\u00bb de los tramites adelantados tanto en la Comisaria como el Juzgado; que se disponga \u00abel levantamiento de las medidas que pesan [en su contra]\u2026 para efectos de cancelar las \u00f3rdenes de arresto que se encuentran habilitadas\u00bb; que se profieran \u00abde forma urgente los oficios correspondientes\u00bb; y que se \u00abcompulsen las copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n por el presunto delito de fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
2. La queja constitucional se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Oscar Andr\u00e9s Pulido Pulido present\u00f3 una medida de protecci\u00f3n contra la accionante, a la que se accedi\u00f3 orden\u00e1ndole que no agrediera f\u00edsica ni verbalmente a su esposo y no protagonizara esc\u00e1ndalos en la vivienda y trabajo, adem\u00e1s de tratamiento psicol\u00f3gico. Se adelant\u00f3 un primer incidente de incumplimiento, el que se declar\u00f3 probado por la Comisaria, imponi\u00e9ndole multa de 2 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes a la incidentada, decisi\u00f3n confirmada en consulta el 24 de agosto de 2018. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, se present\u00f3 un segundo incidente de incumplimiento, en el que con prove\u00eddo de 21 de enero de 2021 la Comisaria Novena de Familia de Bogot\u00e1 declar\u00f3 que la ahora accionante hab\u00eda incumplido por segunda vez la medida, por lo que orden\u00f3 su arresto por 30 d\u00edas, decisi\u00f3n confirmada en consulta el 1\u00ba de octubre de 2021. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la gestora que nunca fue notificada del tr\u00e1mite de incidente de incumplimiento de la medida de protecci\u00f3n; y que no la enteraron a la direcci\u00f3n que aparec\u00eda en el expediente, sino a la aportada por el incidentante. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el ad-quem no advirti\u00f3 que no pudo ejercer su defensa al no estar notificada; y que era temerario y de mala fe que su contraparte hubiese otorgado otra direcci\u00f3n distinta. <\/p>\n
LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Comisaria Novena de Familia de Bogot\u00e1 se pronunci\u00f3 frente a los hechos del escrito inicial e indic\u00f3 que el incidentante aport\u00f3 la direcci\u00f3n de la ahora accionante, en la cual se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n mediante aviso; que no le constaba la mala fe y\/o temeridad de Oscar Andr\u00e9s Pulido Pulido; que el estrado de familia confirm\u00f3 la decisi\u00f3n emitida; y que se sujetar\u00eda a la decisi\u00f3n que se emitiera dentro de esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
2. Oscar Andr\u00e9s Pulido Pulido se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda actuado de forma temeraria o de mala fe, sino que lo \u00fanico que pretend\u00eda era que se le protegieran sus derechos vulnerados por las reiteradas agresiones verbales y psicol\u00f3gicas de las que hab\u00eda sido v\u00edctima por parte de su ex esposa; que la ahora promotora s\u00ed conoc\u00eda la direcci\u00f3n; que la Comisaria pudo haber incurrido en error involuntario al enviar la notificaci\u00f3n, sin que la gestora manifestara que hubiere realizado gesti\u00f3n alguna al respecto; que la peticionaria de forma constante infring\u00eda las restricciones expuestas; que no demostr\u00f3 que agotara los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance; que la actora conoc\u00eda que ante el incumplimiento se le impondr\u00eda una sanci\u00f3n; que sus actuaciones se adelantaron con apego a la lealtad procesal; y que la quejosa present\u00f3 recusaci\u00f3n e incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, peticiones que se encontraban en tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. El Juzgado Diecinueve de Familia de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que en la solicitud de inicio del tr\u00e1mite de incumplimiento por segunda vez de la medida de protecci\u00f3n, el se\u00f1or Pulido Pulido report\u00f3 la direcci\u00f3n de notificaciones de la ahora accionante, por lo que verific\u00f3 que el enteramiento se hubiese surtido en ese lugar y lo consign\u00f3 en la decisi\u00f3n criticada. <\/p>\n
4. La Fiscal\u00eda Local 30 de esta ciudad adujo que no hab\u00eda conculcado prerrogativa esencial alguna en el proceso penal que adelantaba; y que no se establec\u00edan causales de nulidad en el recaudo de los elementos materiales probatorios. <\/p>\n
5. La Personer\u00eda de Bogot\u00e1 sostuvo que no ten\u00eda competencia para ejercer funci\u00f3n de Ministerio P\u00fablico ante los estrados de familia, pues la que deb\u00eda hacerlo era la Procuradur\u00eda; que no hab\u00eda violado derecho fundamental alguno; que no se le endilgaba responsabilidad; y que exist\u00eda falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
6. La DIJIN refiri\u00f3 que no exist\u00eda actuaci\u00f3n que vulnerara las garant\u00edas esenciales del gestor; y que solicitaba su desvinculaci\u00f3n de esta tutela. <\/p>\n
7. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues a la par con la tutela la accionante present\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n sustentada en los mismos hechos, petici\u00f3n pendiente de ser tramitada; y que en caso de que le resultare desfavorable contaba con la posibilidad de interponer los recursos de ley. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n aduciendo que no se hab\u00eda tramitado el incidente de nulidad; que radic\u00f3 una petici\u00f3n reiterando la petici\u00f3n de invalidez, la que no hab\u00eda sido contestada; que pese a que los accionados reconocieron que exist\u00eda una indebida notificaci\u00f3n, la orden de arresto segu\u00eda activa; y que se deb\u00eda declarar la nulidad de todo lo actuado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Con base en tales premisas, advierte la Corte que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida en que se encuentra en tr\u00e1mite la nulidad impetrada por la gestora. <\/p>\n
Luego, se observa que como la actuaci\u00f3n referida est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del juez natural, ya que lo contrario equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia, por lo cual la tutela resulta prematura. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u2026el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reiterase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01) (CSJ STC3524-2016, 17 mar. 2016, rad. 2016-00525-00). <\/p>\n
3. Finalmente, frente a los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n en punto a la tardanza en la resoluci\u00f3n de la nulidad propuesta, se observa que los mismos constituyen hechos nuevos, no incluidos en el libelo inicial, frente a los que no puede entrar a manifestarse la Sala en esta instancia, toda vez que desconocer\u00eda el derecho de defensa de los involucrados en esta situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026Es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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