STC6463-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC6463-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-01587-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veinticinco de mayo de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Soraya Raad Garc\u00eda contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y a la defensa, que dice vulnerados por la sede judicial accionada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene revocar \u00abla sentencia de segundo grado de fecha cinco (5) de abril del a\u00f1o dos mil veintid\u00f3s dentro del proceso verbal de responsabilidad civil extracontractual seguido por la se\u00f1ora Luceyis Cristina Griego Quintero y otras, contra [ella], radicado con 13430-31-03-002-2019-00087-00, por medio de la cual la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cartagena (sic) revoc\u00f3 el fallo de primera instancia de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020), que dict\u00f3 el juez del conocimiento\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Luceyis Cristina Quintero y Emma Luc\u00eda Alem\u00e1n Guti\u00e9rrez, cada una en nombre propio y en representaci\u00f3n de sus respectivos menores hijos, promovieron acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual contra Soraya Raad Garc\u00eda, con la finalidad que les indemnizaran los perjuicios que sufrieron con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 2 de enero de 2017, en el que fallecieron sus familiares Wilman Jos\u00e9 Arreola Palomino y Jair Jos\u00e9 Sehuanes Vanega. <\/p>\n
2.2. Mediante sentencia del 30 de noviembre de 2020, que por solicitud de las partes fue anticipada, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 desestim\u00f3 las pretensiones, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte actora, siendo revocada el 5 de abril de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para en su lugar declarar la responsabilidad reclamada y en consecuencia condenar a la aqu\u00ed accionante al pago de los perjuicios que resultaron probados. <\/p>\n
2.3. En s\u00edntesis, expres\u00f3 la gestora del resguardo que la precitada decisi\u00f3n emergi\u00f3 \u00absin sustento probatorio\u00bb, al pasar por alto los medios de convicci\u00f3n que desvirtuaban la presunci\u00f3n de culpa que se le asign\u00f3, como son el croquis levantado por el agente de tr\u00e1nsito, el certificado de revisi\u00f3n t\u00e9cnico mec\u00e1nica del veh\u00edculo que ella conduc\u00eda al momento de los hechos y la prueba de alcoholemia negativa, \u00abentre otras pruebas indiciarias suficientes para destruir la presunta responsabilidad civil que se le achac\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2.4. Agreg\u00f3 que por los mismos hechos curs\u00f3 en su contra una actuaci\u00f3n penal por el presunto delito de homicidio culposo en accidente de tr\u00e1nsito, que finaliz\u00f3 con decisi\u00f3n absolutoria del Juzgado Penal del Circuito de Magangu\u00e9, proceso cuyas pruebas arrojan que el accidente ocurri\u00f3 por \u00abimprudencia del conductor de la motocicleta al chocarla contra la camioneta donde se movilizaba [ella]\u00bb. <\/p>\n
2.5. Asegur\u00f3 que la versi\u00f3n del agente de tr\u00e1nsito que elabor\u00f3 el croquis del accidente, no pod\u00eda tenerse como una simple hip\u00f3tesis, sino como \u00abhechos reales que el funcionario policivo describi\u00f3 de manera objetiva y desde el lugar de los hechos, valorados as\u00ed en el proceso penal\u00bb; asimismo, las marcas que quedaron en la camioneta involucrada, sugieren que no colision\u00f3 de frente con la motocicleta en que se desplazaban las v\u00edctimas, sino en su costado izquierdo posterior, lo que aunado a que el croquis revela que la moto circulaba alejada de su acera y que la camioneta no invadi\u00f3 el carril de \u00e9sta, descartan su culpabilidad en el fatal hecho, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n del juez de tutela a su favor. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena corrobor\u00f3 que dict\u00f3 sentencia de segunda instancia dentro del proceso cuestionado, \u00abcon fundamento en los precedentes normativos y jurisprudenciales que rigen la materia\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 hizo un breve recuento de las principales actuaciones procesales surtidas dentro del juicio criticado, expuso argumentos a favor del fallo que emiti\u00f3, con que neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, encaminados principalmente a evidenciar que la aqu\u00ed accionante fue condenada sin prueba de haber ocasionado el accidente, sino solo por haber estado conduciendo un veh\u00edculo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto la providencia de 5 de abril de la presente anualidad, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n que dict\u00f3 el 30 de noviembre de 2020 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9, no luce arbitraria, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que resultaban viables las pretensiones que se elevaron en el juicio cuestionado. <\/p>\n
Para ello, se observa que, en la decisi\u00f3n cuestionada, dicha autoridad expuso una definici\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, cit\u00f3 jurisprudencia sobre el ejercicio de actividades peligrosas con \u00e9nfasis en el desarrollo que all\u00ed se le ha dado al concepto de culpa, para luego anticipar que \u00abla sentencia impugnada parte de inadecuadas apreciaciones hermen\u00e9uticas y de inaplicaci\u00f3n de preceptos y de consolidadas l\u00edneas jurisprudenciales, con lo que arriba a una conclusi\u00f3n equivocada; en consecuencia, desde ya se anuncia que ser\u00e1 revocada. <\/p>\n
En efecto, contrario a la precisado en las consideraciones de la providencia atacada, la que en sus fundamentaciones acoge la tesis de la culpa presunta, da un giro abrupto a la hora de proceder a su juzgamiento para invertir la carga de la prueba. Es as\u00ed como el a quo hace inferencias partiendo de los escasos elementos probatorios arrimados al plenario, concretamente del informe t\u00e9cnico de accidente de tr\u00e1nsito el que le permiti\u00f3, en su criterio, concluir que la causa del accidente es atribuible al conductor de la motocicleta, porque los da\u00f1os de la camioneta fueron en la parte delantera del costado izquierdo, y de ello la deducci\u00f3n de una probable y posible invasi\u00f3n de la referida moto al carril del veh\u00edculo de mayor tama\u00f1o, la que refuerza en circunstancias como la ausencia de huellas de frenado, las condiciones normales del entorno y la pericia de la conductora demandada, la que porta su licencia de conducci\u00f3n, lo que descarta la hip\u00f3tesis de impericia. <\/p>\n
Ha de notarse c\u00f3mo arriba a conclusiones forzadas, que las hace descansar en factores de probabilidad o posibilidad, alejados, por ende, de la suficiencia de convicci\u00f3n. En contrav\u00eda de la tesis de la culpa presunta de la que parte su an\u00e1lisis, refiere que estas circunstancias le impon\u00edan a la demandante la obligaci\u00f3n de probar la habilidad y ausencia de responsabilidad de Wilman Arreola, conductor de la motocicleta y v\u00edctima, lo cual, dice la sentencia, no ocurri\u00f3, por lo que esta ausencia demostrativa releva de responsabilidad a la demandada, m\u00e1xime cuando se acogen los argumentos de la juez penal para aceptar la solicitud de preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal por el presunto punible de homicidio culposo\u00bb. <\/p>\n
Desde esta perspectiva, emprendi\u00f3 el respectivo estudio y encontr\u00f3 acreditado el hecho y la generaci\u00f3n del da\u00f1o, por lo que prosigui\u00f3 con el nexo de causalidad, sobre el que anot\u00f3 que \u00abaqu\u00ed no queda duda de que la consecuencia del accidente automovil\u00edstico en cuesti\u00f3n fue la muerte de las v\u00edctimas ya identificadas. As\u00ed lo dicen el informe policial y las propias versiones de las partes, lo que permite establecer meridianamente que el da\u00f1o sufrido, cuya indemnizaci\u00f3n se reclama, fue consecuencia del accidente, esto es, la necesaria relaci\u00f3n entre el hecho y el da\u00f1o est\u00e1n patentes e interrelacionados, con ellos el nexo de causalidad. Como se ve, para la finalidad de sentenciar la responsabilidad del agente bastante resulta la prueba recaudada\u00bb. <\/p>\n
Establecido lo anterior analiz\u00f3 la presunci\u00f3n de culpa en el evento de accidentes de tr\u00e1nsito, y para el caso concreto resalt\u00f3 que \u00aben estas circunstancias en las que ambos extremos de la colisi\u00f3n conduc\u00edan veh\u00edculos automotores, no opera la compensaci\u00f3n de culpas, ni la neutralizaci\u00f3n o aniquilamiento de las presunciones, sino que debe atenderse a la potencialidad de da\u00f1o de cada veh\u00edculo, a fin de establecer la equivalencia de esa potencialidad, como lo tiene sentado la jurisprudencia\u00bb, la cual cit\u00f3, para a continuaci\u00f3n encontrar que, \u00aben este caso, en el que impactaron una motocicleta y una camioneta, se desconocen a ciencia cierta las circunstancias de modo en que se produjo tal colisi\u00f3n; por ende, no puede establecerse un grado de equivalencia en cuanto a la potencialidad de da\u00f1o de cada automotor, en raz\u00f3n a que a la camioneta de placa MKZ831, marca Toyota, l\u00ednea Fortuner, adem\u00e1s de carrocer\u00eda wagon, tiene un cilindraje de 2694 cent\u00edmetros c\u00fabicos, mientras que la motocicleta de placa CVF63E, marca TVS, l\u00ednea TVS sport, tiene de 99 cent\u00edmetros c\u00fabicos de potencia, adem\u00e1s de sus dimensiones, la carrocer\u00eda de la primera que ofrece mayor grado de letalidad en un eventual choque. La diferencia es notable, de ah\u00ed, se repite, que no pueda establecerse, siquiera, una mediana equivalencia en cuanto a la potencialidad de da\u00f1o. As\u00ed las cosas, al veh\u00edculo de mayor volumen se le asigna mayor capacidad de da\u00f1o, por eso quien lo conduce asume la presunci\u00f3n de culpa, y en este asunto tal circunstancia le impon\u00eda a la demandada, si pretend\u00eda liberarse de responsabilidad, demostrar la causa extra\u00f1a -caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la v\u00edctima o de un tercero-, lo cual, desde luego, en este caso no ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En seguida matiz\u00f3 que, \u00abigualmente se tiene dicho que esa presunci\u00f3n de culpabilidad no es absoluta, lo que significa es que la carga de la prueba no la tiene el demandante, sino que se invierte, por lo que corresponder\u00e1 a la demandada demostrar la concurrencia de elementos extra\u00f1os liberadores de esa presunci\u00f3n que sean la causa del resultado, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la responsabilidad exclusiva de la v\u00edctima o de un tercero, los que tienen la capacidad de quebrar ese nexo causal. En el sub lite se presenta una situaci\u00f3n especial, y es la que tiene que ver con las resultas de la investigaci\u00f3n penal por el presunto homicidio culposo, la que, por solicitud del Fiscal Seccional 24, concluye con la declaratoria de preclusi\u00f3n en audiencia de 30 de junio de 2017, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Magangu\u00e9 conforme a lo previsto en los numerales 4 y 6 del art. 332 del CPP, por la atipicidad de la conducta e imposibilidad de desvirtuar la presunci\u00f3n de inocencia, debido a que de acuerdo con los art\u00edculo 94 y 96 de CNTT la causa pudo ser atribuible a la v\u00edctima, por la \u201cprobable\u201d invasi\u00f3n del carril de la camioneta por parte de la moto\u00bb. <\/p>\n
Con todo anot\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n penal en materia de responsabilidad civil por accidente de tr\u00e1nsito, en este caso, no tiene alcances liberatorios, por cuanto el da\u00f1o civilmente relevante tuvo ocurrencia, luego en consecuencia, se impone su reparaci\u00f3n\u00bb, aserto que respaldo en un pronunciamiento jurisprudencial, para despu\u00e9s puntualizar que, \u00abtra\u00edda esta reflexi\u00f3n al asunto que se decide, mientras que la probabilidad de invasi\u00f3n de carril pudo exonerar a la conductora de la imputaci\u00f3n penal, esa misma probabilidad, lejana de la certeza, por dem\u00e1s, no puede tener los id\u00e9nticos efectos para eximirla de la presunci\u00f3n de culpa que le asiste desde la perspectiva civil\u00bb. <\/p>\n
Por esta senda analiz\u00f3 las pruebas tra\u00eddas del proceso penal, con especial \u00e9nfasis en el croquis del accidente, del cual extrajo que el golpe en la parte delantera izquierda de la camioneta no es determinante por s\u00ed solo, a lo que puede sumarse que no hubo huella de frenado, de modo que estas circunstancias podr\u00edan servir a cualquier formulaci\u00f3n hipot\u00e9tica, y para arribar a cualquier conclusi\u00f3n deben existir elementos materiales de prueba o, por lo menos, indicios que la soporten, lo cual no ocurre en este caso\u00bb, de ah\u00ed que, la Colegiatura accionada concluyera que \u00aba la parte demandada -Soraya Raad Garc\u00eda- se le impon\u00eda la obligaci\u00f3n de demostrar la causal eximente de responsabilidad, en este caso, la que ella aleg\u00f3, \u201cCULPA EXCLUSIVA DE LAS V\u00cdCTIMAS\u201d, respecto de la cual no existen, m\u00e1s all\u00e1 de conjeturas, pruebas fehacientes de que el comportamiento de las v\u00edctimas fue el causante del suceso, el determinante en la producci\u00f3n del da\u00f1o. No se logr\u00f3, se repite, consolidar la defensa, como lo sostiene el apelante, pues la carga de la prueba no pod\u00eda invertirse como err\u00f3neamente lo sentenci\u00f3 el a quo. Nada m\u00e1s que el da\u00f1o y el hecho da\u00f1oso deb\u00edan ser demostrados por las demandantes, lo cual, en efecto, se cumpli\u00f3. No ten\u00eda por qu\u00e9 asign\u00e1rsele a la parte demandante la carga de demostrar que Wilman Arreola, conductor de la moto, conduc\u00eda con prudencia\u00bb. <\/p>\n
Por lo expuesto, finaliz\u00f3 el Tribunal, \u00abse concluye que se configuran en el presente asunto los factores axiol\u00f3gicos requeridos para la estructuraci\u00f3n de la responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de actividades peligrosas -conducci\u00f3n de veh\u00edculos automotores-, a cargo de la demandada, que conduce a imponer los resarcimientos a t\u00edtulo de da\u00f1os materiales y perjuicios morales\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de los gestores no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Colegiado querellado valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que, al haber una concurrencia de ejercicio de actividades peligrosas, lo procedente seg\u00fan la jurisprudencia aplicable, no era anular la presunci\u00f3n de culpa que recae sobre los involucrados en el accidente de tr\u00e1nsito, sino ponderar cu\u00e1l de ellos ten\u00eda mayor potencialidad de generar da\u00f1o, que en el caso particular era la aqu\u00ed accionante por haber estado conduciendo una camioneta, que es un veh\u00edculo de mayor tama\u00f1o y que brindaba m\u00e1s protecci\u00f3n que el de las v\u00edctimas del accidente, quienes se desplazaban en una motocicleta; por esta senda le asign\u00f3 a la aqu\u00ed accionante la obligaci\u00f3n de probar una causa extra\u00f1a para exonerarse de responsabilidad, lo cual consider\u00f3 que \u00e9sta no hizo, sin que para ello bastara la decisi\u00f3n penal que la exoner\u00f3 de responsabilidad. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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